Fuerza Civil acabó al servicio privado de la empresa del “júnior” de la política Fosfo Fosfo, el jefe de la oficina del Gobernador, Miguel “Mike” Flores. Y la ley… les vale “madres”
El gobernador Samuel García movilizó el pasado viernes a la policía estatal, no para enfrentar la creciente delincuencia de Nuevo León, sino para recuperar un camión de la empresa privada propiedad de su compadre, amigo y colaborador, Miguel “Mike” Flores.
El camión fue detenido por una falta de tránsito en el municipio panista de San Nicolás, por lo que el ejecutivo estatal ubicó esa “agresión” dentro de la guerra civil que libra contra todo lo que huela al PRI y al PAN en su entidad. Y mandaron a la tropa de Fuerza Civil al “rescate”.
Eso desencadenó una ofensiva que confrontó a las policías estatales y municipales, en un hecho que desembocó en una frustrada intentona para que la policía estatal de Nuevo León asumiera las funciones de la policía del municipio de San Nicolás.
Y como consecuencia, los alcaldes de Apodaca, Guadalupe, Juárez y Pesquería se vieron obligados a enviar refuerzos de sus mismas policías municipales para frustrar lo que interpretaban como un intento golpista del Estado contra la policía municipal nicolaíta.
Al final del día, Fuerza Civil acabó al servicio privado de la empresa del “júnior” de la política Fosfo Fosfo, el jefe de la oficina del Gobernador.
Y la ley… les vale “madres”.
Ya en el transcurso de la semana, Samuel García venía dando cátedra de Derecho Electoral, al ningunear al Congreso del Estado en lo que sería el necesario permiso que los legisladores nuevoleonenses le tendrían que otorgar si el gobernador se decide a salir a buscar la Presidencia por Movimiento Ciudadano.
Presumiendo sus “maestrías” y “doctorados” en Derecho, Samuel García dijo que ya le había hallado la cuadratura legaloide a una posible negativa del Legislativo. El permiso se lo daría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde despachan los amigos magistrados que en 2021 fueron a cenar con él a Monterrey para salvarlo de la cárcel, cuando se le descubrieron los 17 millones de pesos desviados de sus empresas y las de su papá, para financiar su campaña a gobernador.
Y la ley… les vale “madres”.
Es al mismo Congreso local al que el gobernador del estado le tiene vetadas todas las nuevas legislaciones aprobadas desde hace más de un año, las que simplemente no envía para su publicación en el Periódico Oficial y que, por lo tanto, a pesar de su aprobación por la mayoría legislativa, no pueden entrar en vigor. En pocas palabras, Samuel García tiene secuestrado al Poder Legislativo de Nuevo León.
Y la ley… les vale “madres”.
Nada distinto a lo que sucede con los alcaldes priistas y panistas, los que no son de Movimiento Ciudadano, y que tienen un año esperando que se les entregue el prometido fondo para obras por dos mil 500 millones de pesos. Por ahora, la receta de los munícipes para lograr fondos del gobierno emecista es simple: traicionen a su partido y véndanse al Partido Naranja. Solo así les darán los apoyos.
Y la ley… les vale “‘madres”.
En el fondo de lo que somos testigos es cómo un imberbe de la política, que despacha como gobernador de Nuevo León, está sin recato al servicio del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser usado como títere en la elección presidencial 2024. Los expedientes que le tienen a Samuel García en Palacio Nacional son tan, pero tan comprometedores, que sólo tiene una salida: coopera o cuello.
Por eso acabó por ir a sacar un Amparo familiar en un juzgado de Tamaulipas. Le hacía falta que les otorgaran protección a sus papás, a sus suegros, a sus hermanos, a su esposa y a él mismo, de lo que le pudieran fincar en cualquiera de las instancias, la estatal o la federal. Se siente acorralado.
Y la ley… les vale “madres”.
Por eso es oportuno recordar aquel precepto de don Jesús Reyes Heroles y adecuarlo a la realidad… Si la política no la hace el gobernador Samuel García, la política acabará por hacerse en contra suya.
Fuente.-Ramon Alberto Garza/
