Los archivos revelados por los Guacamaya Leaks confirman que, en la 4T de Andrés Manuel López Obrador, los militares han echado a andar un consorcio empresarial que administrará aerolíneas, aeropuertos, trenes de carga y pasajeros, desarrollos turísticos y hasta el comercio exterior, a la par de generales encumbrados en esta administración y cercanos al presidente de la República que construyen sus propios grupos empresariales a través de sus familiares.El caso más revelador es el del general Audomaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia —antes Cisen—, cuya familia ha participado y participa activamente en negocios de seguridad privada y a partir de junio del presente año en el sector inmobiliario y de comercialización de combustibles, a través de por lo menos una cuarteta de empresas propias y otras más afiliadas.
Es pública la operación y contratación en dependencias del sector público de la empresa Sedegral, Seguridad Privada, Defensa General SA de CV, en la que, según los documentos del Registro Público de Comercio, la accionista mayoritaria es la esposa del militar tabasqueño, Diana Yamilet Hernández Zárate, y en la que también se encuentra enlistado como socio su hijo, Óscar Audomaro Martínez Hernández.
La firma, constituida el 8 de septiembre de 2012, ha obtenido siete contratos durante el presente gobierno, principalmente con dependencias relacionadas con el Ejército o encabezadas por un militar, como lo son Banjercito y el Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocido como Birmex. Los números depositados en la plataforma CompraNet indican que sus negocios con el gobierno han superado los 50 millones de pesos.
La novedad es que, el pasado 17 de junio de 2022, Diana Yamilet Hernández Zárate y su hijo Óscar Audomaro Martínez crearon tres nuevas empresas para la familia en la localidad de Pachuca, Hidalgo: “Centro Inmobiliario MZSE” SA de CV, “Inmobiliaria Macuspana GCentsur” SA de CV y “Operadora de Combustibles GSC Sureste” SA de CV; esto ante el Notario número 14 de esa localidad, Juan Alberto Flores Álvarez.
Madre e hijo son socios en el Centro Inmobiliario MZSE, aunque la primera con el 98% de las acciones y el segundo con el 2% restante. En el caso de Inmobiliaria Macuspana GCentsur, Diana Yamilet es socia minoritaria de una persona moral identificada como Comercializadora Volcrón SAPI de CV; la proporción de acciones es de 40-60%, mientras que, en el caso de Operadora de Combustibles GSC Sureste, la señora Hernández Zárate es socia en la misma proporción de la persona moral Grupo Centurión Combustibles SAPI de CV.
No existe registro en las plataformas oficiales de las empresas que se asociaron con la esposa del general Audomaro para participar en el mercado inmobiliario y de distribución de combustibles; tampoco existen datos, hasta el momento, de que estas jóvenes razones sociales hayan ingresado al padrón de proveedores u otorgado algún tipo de servicio a las dependencias del gobierno federal o de las administraciones estatales.
Los mercados a los que se enfocan los objetos sociales de estas compañías, según las actas constitutivas, son propios del sector privado; aquellos en los que se requiere de inversiones millonarias para ser apenas un pequeño jugador. Hablamos, entre muchas otras cosas, de almacenamiento y comercialización de gasolina, diesel y Gas LP, o de proyectos como la construcción, compra, enajenación y administración de inmuebles residenciales, industriales, comerciales y hasta hoteleros.
Se trata de un proyecto ambicioso para la familia de un general en funciones que, en teoría, sigue los principios de austeridad de la 4T, sin importar que entre sus amistades íntimas hayan estado personajes que hicieron por muchos años negocio con el poder, como el recientemente fallecido abogado Jesús Hernández Alcocer.
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