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miércoles, 10 de noviembre de 2021

"SUS DESEOS son ORDENES": GENERAL de GENERALES que PUSO al SECRETARIO de DEFENSA y MARINA,PIDE "ARROPAR" a SANTIAGO NIETO,NO QUITARLE CUSTODIA y MANDARLO a una EMBAJADA...avisenle a Cabeza de Vaca,que no termina de alegrarse.



Ayer martes fue un día de largas deliberaciones en Palacio Nacional y la salida de Santiago Nieto no es un asunto cerrado ni mucho menos al interior del staff presidencial. Según pudo conocer LPO, el general Audomaro Zapata, jefe del espionaje oficial, recomendó fuertemente contener al ex titular de la UIF mantenerlo cerca del Gobierno.

EL MERO MERO:


Zapata advirtió que Nieto debe conservar su numeroso sistema de custodia personal porque si el ex funcionario sufriera algún tipo de agresión sería un drama para el oficialismo. El mandamás del CNI conoce el nivel de amenazas que pesan sobre Nieto, que ha congelado cientos de cuentas asociadas a grupos del narcotráfico.

al cabo el no paga,pagan contribuyentes:


En paralelo, el general cree que Nieto ya no puede regresar a una posición de gabinete porque eso debilitaría el mando presidencial pero sí se debe analizar la posibilidad de retirarlo del país por la vía diplomática, preferentemente un consulado en EU o bien una embajada en Europa.

Audomaro tiene un predicamento muy fuerte sobre Andrés Manuel López Obrador. Meses atrás incorporó militares a la seguridad en las giras presidenciales y ahora reforzó las medidas de control al interior de Palacio Nacional.

A la vez existe inquietud sobre el rol que Pablo Gómez puede cumplir en la UIF. En el círculo presidencial se buscará en las próximas horas preservar a funcionarios promovidos por Nieto para que colaboren con el recién llegado. En esas conversaciones emerge de modo permanente la novedad de Gómez no tiene una gran predisposición a largas jornadas laborales.

En las últimas horas, en dicho ámbito, también se entiende que el malhumor presidencial no pasó tanto por la boda en si, sino más bien por asistentes como el dueño de El Universal Francisco Ealy Ortíz, la ex candidata del PAN a la presidencia Josefina Vázquez Mota o la diputada federal Carolina Viggiano.

Con informacion de:


CARTEL del GOLFO del "CONTADOR MATAPRIMOS CARDENAS "DESATA LEVANTADERO" en MATAMOROS con la COMPLACENCIA y COMPLICIDAD de CABEZA de VACA...lo quieren de aliado rumbo al 2022.



Alfredo Cardenas Martinez alias "El Contador y/o Mataprimos",jefe del Cartel del Golfo en Matamotros,fue aliado del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca desde 2016 y en una fracasada alianza que sumaba a los "Zetas Vieja Escuela" pretendían combatir a Zetas CDN en Ciudad Victoria,pero el mandatario fiel a sus costumbres termino "traicionándolo".


Aunque este distanciamiento,ya dio otro vuelco, pues ahora en el preámbulo de la elección de 2022, el trascendido advierte,Cabeza de Vaca y su gobierno buscan condescender con el cartel para sumarlo a los "nuevos vientos de cambio" que se avecinan,de tal suerte que el ambiente de inseguridad desatado en los últimos meses, han degenerado violencia extrema e inseguridad y  los ciudadanos de Matamoros, Tamaulipas, acusan al Cártel del Golfo (CDG), por el incremento alarmante de personas desaparecidas en ese municipio fronterizo.


En los últimos meses se han incrementado alarmantemente las denuncias por secuestro, al no tener confianza en la Fiscalía de Justicia de Matamoros, prefieren buscar a su familiar a través de páginas de redes sociales donde informan “Situaciones de Riesgo” (SDR), donde acusan a miembros del Cártel del Golfo por la privación ilegal de la libertad.

“Va para un año desaparecido y fuimos a buscarlo a la fiscalía porque vimos que hay un parecido a uno de los que encontraron, pero no nos quisieron dar información y se negaron a quererlos enseñar” denuncian familiares de Marco Antonio Delgado Barrientos, secuestrado por miembros del CDG el 21 de noviembre del 2020, en redes sociales.

Familiares de víctimas denuncian que es nula la información y mala la atención en la Fiscalía de Matamoros, los ministerios públicos y agentes investigadores, no quieren proporcionar la identidad de las personas rescatadas, consideran que la autoridad de la FGJT esta coludida con el Cártel del Golfo en Matamoros.

“Quisiera saber si el fue identificado, se parece a mi hermano, pero el día que asistimos a la fiscalía nos dijeron que no había nadie ni con su nombre, ni alguien parecido, solo los vi por una ventanilla, eran como 8 o 10 hombres y habían hecho 2 grupos, y el segundo grupo no lo vi, porque ya estaban identificados, he visto que muchos no han sido entregados a su familia y ya ni están en la fiscalía” denunciaron familiares José Fermín Martínez Moreno desaparecido el 18 de octubre del 2016.

RESCATAN 25 PERSONAS SECUESTRADAS POR EL CÁRTEL DEL GOLFO

Elementos del Ejército Mexicano rescataron a 25 personas que fueron privadas de su libertad, es decir, secuestradas por el Cártel del Golfo en el municipio fronterizo de Matamoros, Tamaulipas; fue en una casa de seguridad ubicada en la colonia las Cumbres, donde fueron localizados, esposados y amarrados, eran originarios del estado de Veracruz y Ciudad de México.

De acuerdo a las investigaciones preliminares se presume que los 25 secuestrados eran trabajadores de la zona, durante la operación fueron arrestadas tres personas que dijeron pertenecer al Cártel del Golfo, tenían armas de alto poder, que custodiaban a los privados de su libertad.

A través de Facebook varias familias niegan que le hayan entregado a su familiar, denunciando lo siguiente: “¿Realmente qué hizo la fiscalía de Matamoros Tamaulipas con los 25 secuestrados qué fueron liberados por Sedena? ¿Dónde están? ¿A quién sé los entregaron?

Las autoridades investigan las denuncias que realizaron algunos de los secuestrados, quienes indicaron que sus captores habrían ejecutado a tres de los detenidos y abusaron sexualmente de las mujeres.

Con informacion de:ElMañana de Nuevo Laredo/ (enlace original)

"SEÑOR de la TRANSA y las CONTROVERSIAS": GOBERNADOR CONTROVERTIDO de TAMAULIPAS INTERPONE OTRA COTROVERSIA contra la ORDEN de CAPTURARLO por "DELINCUENTE ORGANIZADO"...y lavar dinero a lo bestia.



El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nueva controversia constitucional contra la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, girada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en el Centro de Justicia Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, Iván Zeferín.

“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como Gobernador del Estado de Tamaulipas, contra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez”, señala el acuerdo.

un depredador nato de los fondos del publico:


El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó turnar el asunto al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que en los próximos días resuelva si admite a trámite o desecha la controversia constitucional del político panista.

Hace una semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el desechamiento que realizó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la primera controversia constitucional promovida por García Cabeza de Vaca en contra de la orden de aprehensión librada por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México.

Los ministros de la Segunda Sala confirmaron que el recurso fue extemporáneo, ya que el ministro Alcántara Carrancá solicitó al gobernador panista precisar la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de captura, quien a su vez aseguró que el 29 de junio de 2021 conoció del mandamiento judicial a través de medios de comunicación.

Sin embargo, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se desprendió que desde el 28 de mayo de 2021 un juez de amparo dio vista a Cabeza de Vaca sobre el informe rendido por el juez penal que emitió la orden de aprehensión en su contra, así como los delitos que se le imputan, la causa penal a la que pertenece y la fecha en que fue emitida, detalles suficientes para acreditar el conocimiento del acto impugnado.

“Por lo anterior, si el medio de control constitucional se recibió en la Suprema Corte el 29 de julio de 2021, conforme a la ley reglamentaria, es evidente que se excedió el plazo oportuno de 30 días hábiles para promover la controversia”, concluyó la Segunda Sala de la SCJN.

fuente.-

martes, 9 de noviembre de 2021

"PROYECTO PYTHON": LA DEA VA con TODO CONTRA el "MENCHO" ENEMIGO PUBLICO #1 de los EE.UU y su ORGANIZACION CRIMINAL "CARTEL de JALISCO"...y si no ayudan en Mexico,mejor no estorben.



La introducción masiva de fentanilo y opiáceos derivados, metanfetaminas, así como “drogas falsas” –que están matando de manera creciente a decenas de miles de adictos en Estados Unidos cada año– han provocado una gran presión social y de medios hacia el gobierno estadunidense, además de la alarma sanitaria; derivado de ello, surgió la urgente necesidad de contener al máximo posible el flujo de tales psicoactivos de potencia multiplicada en decenas de veces (100 veces más potente que la morfina) con relación a otros productos conocidos, los cuales ya son llamados en las calles de Estados Unidos “la muerte”. Por ejemplo, el carfentanilo es una droga para sedar a los elefantes, que puede ingresar o está ingresando ya a ese mercado en alguna modalidad (La Verdad, marzo de 2020).

Desde los organismos de seguridad e inteligencia del gobierno, particularmente la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Justicia, surgió el Proyecto Pythom (concebido durante el gobierno de Donald Trump, en sus términos iniciales), orientado a capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, y desmantelar la estructura organizativa y operativa de dicha organización. 

Apodado Mencho, este narcotraficante es hoy el “enemigo público número uno en Estados Unidos, y abatir a su cártel es visto como uno de los factores fundamentales de contención de la enorme oferta de fentanilo, drogas sintéticas y derivados opiáceos que entran al vecino país desde Canadá y México con materias primas de Asia, desde China e India. Son los nuevos ejes estratégicos en el mercado mundial de drogas.

Las investigaciones de la DEA han detectado algunas empresas en territorio mexicano vinculadas al CJNG y Los Cuinis: Máster Reposterías y Restaurante, SA de CV (restaurante en Zapopan, Jalisco, designado el 14 de septiembre de 2017 como tal, por ser propiedad de Abigael González Valencia y Jeniffer Beaney Camacho Cázares); Corporativo Sushi Provi, S de RL de CV; Kenzo Sushi y Bake & Kitchen (también ubicados en Guadalajara). Además, International Investments Holding, registrada en Guadalajara, y la gasolinera GBJ de Colima.

Si bien el programa de combate al CJNG no es nuevo, aunque sí reciente, es importante checar sus avances: han detenido a unos 750 integrantes del CJNG en Estados Unidos, la mitad han sido sentenciados ya, quienes fueron ubicados en diversas ciudades: Los Ángeles, Houston, Dallas, Nueva York, Atlanta, Chicago, sabiendo que Los Ángeles es uno o el principal centro de operaciones del CJNG en Estados Unidos, no el único. Nemesio Oseguera es requerido por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas por tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. La DEA estima en unos 150 laboratorios su capacidad de generación de drogas sintéticas y ubica a su cártel en 26 ciudades estadunidenses grandes, incluyendo Hawái, Honolulu y Puerto Rico.

Es probable que una operación tan grande y transfronteriza, como la del gobierno de Estados Unidos –con todos sus recursos (que son inmensos)–, más el trabajo amplio, complementario y convergente que realiza el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logre su objetivo estelar. Será cuestión de un poco de tiempo. Sería mejor, en el momento oportuno, una negociación de entrega pactada para evitar más derramamiento de sangre. Ello iría a tono con las proclamas del gobierno actual y demostraría que es una ruta factible.

Los antecedentes de este programa podemos ubicarlos en la Orden Ejecutiva que el entonces presidente Donald Trump aprobó en 2017, cuando condenó las operaciones del CJNG en Estados Unidos y ordenó a las fuerzas del orden federales que utilizarán el Grupo de Trabajo de Mitigación de Amenazas. Éste fue instrumentado por la administración de Barack Obama en 2011, que planeó y ejecutó “reformas estructurales” para mejorar la seguridad de las redes informáticas y proteger los informes secretos del gobierno, a raíz de las filtraciones de WikiLeaks en 2010.

El encargado del Departamento de Justicia, Brian A Bencczkowski, señaló que:

“Cuando el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva priorizando el desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales, el Departamento de Justicia respondió al llamado y apuntó directamente al CJNG. Consideramos que el CJNG es una de las amenazas de crimen organizado transnacional de mayor prioridad que enfrentamos. Y con el Proyecto Python, estamos entregando resultados frente a esa amenaza para el pueblo estadunidense”. (Univisión, marzo de 2020)

Todo indica que a diferencia del Cártel del Pacífico en donde se han sucedido diversas disputas de liderazgos que reacomodan cíclicamente la estructura jerárquica en torno al Mayo Zambada, o el caso de La Familia Michoacana desdoblada en Los Caballeros Templarios, incluso en Los Zetas, contrastan con el dominio que tiene Nemesio Oseguera en su organización: es prácticamente indisputable. La ausencia de divisiones o enfrentamientos es motivo del no debilitamiento de la organización como en los otros casos, y ello la hace extremadamente compacta, unificada y muy difícil de penetrar. El objetivo de capturarlo es entonces estratégico para desmembrar al cártel.

Al contrario, en razón de las divisiones de los grupos rivales, el CJNG ha podido aprovechar las mismas y los enfrentamientos con, por ejemplo, el Cártel del Golfo y el Cártel del Pacífico para avanzar en ambas zonas geográficas. De allí su extraordinaria expansión en relativamente poco tiempo. Por ello las detenciones masivas, las consignaciones judiciales y sentencias rápidas en Estados Unidos sobre personajes de niveles jerárquicos altos e intermedios, articulados con el CJNG, tratan de evitar un reagrupamiento en su mercado de exportación más importante.

Hoy el cerco tendido en México para su captura con apoyo logístico y de información directa de los servicios estadunidenses es de carácter regional: comprende cuatro estados cuando menos: Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán. Se trata de un mega-operativo.

Hay redadas constantes y decomisos grandes de dinero y cargamentos de drogas en Estados Unidos (se mencionan más de 400 millones de dólares decomisados), según declaró el administrador interino (entonces, 2020) de la DEA, Uttam Dhillon. Uno de los hijos del Mencho (Rubén) y su hermana (Jessica) han sido arrestados, uno en México y extraditado a Estados Unidos, la otra en el vecino país del norte. La ofensiva es total. El agente especial Bodner precisó otra característica importante: el CJNG domina el tráfico de drogas sintéticas porque controlan por completo el proceso productivo, no como otros cárteles que en el caso de la cocaína dependen de las entregas desde Sudamérica. (El Horizonte, marzo de 2020).

El control de Michoacán es estratégico por sus puertos y litorales del Pacífico mexicano que comunican a la región asiática, oriental y del sur. La fuerza armada de contención de esta expansión de “las cuatro letras” hacia Michoacán, además de las fuerzas federales, es la organización paramilitar Cárteles Unidos, con integrantes de otras organizaciones rivales del CJNG. La lucha es feroz, la estrategia de “las cuatro letras” es la asociación con organizaciones regionales y su rearme permanente, atacando con una fuerza de comandos de unos 60-80 hombres cada uno muy bien armados y distribuidos en el 75 por ciento aproximadamente del territorio nacional.

De allí las evidentes y fuertes presiones sobre el gobierno mexicano (las diversas reuniones y visitas en pocos meses, y la presencia del presidente AMLO en una de ellas; las videoconferencias con el presidente Joe Biden y Pamela Harris…) para que actúe con sus fuerzas federales y organismos de inteligencia en forma convergente y complementaria en México, de tal manera que esta ofensiva sea definitiva. Habrá más violencia en México, aunque se afirma que el “Pythom Project” es sólo el principio de una ofensiva continua y prolongada para terminar con esta organización, por considerarla en Estados Unidos una de las tres estructuras trans-criminales más peligrosas del mundo, después de la Mafia Roja o Rusa y las Tríadas chinas.

El cártel de las “cuatro letras” no es una organización clásica de narcotráfico trasnacional, o por lo menos ha evolucionado hacia otro estadio: es una organización con un concepto corporativo amplio, al estilo de las grandes mafias europeas abocadas a los negocios legales-ilegales. Intercambian desde minerales extraídos en Guerrero y Michoacán, entre otras zonas, hasta madera fina, los cuales son enviados en embarques; para el caso de las drogas sintéticas, ellos controlan el proceso productivo: trafican drogas químicas cuya materia prima importan en su mayoría de otros países, como China, India, Argentina o Chile.



La mercancía ingresa a México con la etiqueta de medicamentos, y casi enseguida se le añaden algunos productos, se empaqueta y comercializa en México y Estados Unidos. “El manejo de inventarios es muy rápido, eso les da un gran flujo de efectivo”, explica en un informe la organización de Consultoría Risk-Evaluation. Agrega: su grupo de dirección es pequeño, lo que permite tomar decisiones con rapidez, y además la mayor parte de sus ganancias se lavan fuera de México. La DEA lo considera “el cártel del siglo XXI” por sus atributos distintivos de los cárteles tradicionales.

Un caso particular que llama la atención es el de la empresa Tobbaco International Holding (también conocida como Corporativo TIH), vinculada por las autoridades al CJNG dado que varios de sus socios y representantes legales han sido investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta ha continuado expandiendo sus operaciones en México y anunció la apertura de una planta de producción de cigarrillos en Campeche, la cual conforme al RPP es propiedad de José Guadalupe Varela González, imputado por delitos de narcomenudeo que libró pero a quien le fue asegurada una propiedad en Chihuahua. Ya le llaman también “el cártel del tabaco”, un sector de actividad económica poco alcanzado por organizaciones del narcotráfico, que se sepa. Sólo que exige con amenazas de muerte a sus proveedores y clientes que no compren nada a la competencia (Proceso, abril de 2021).

Desde el punto de vista táctico-militar, la organización de las “cuatro letras” ha mostrado capacidad de acción no sólo por el derribamiento del helicóptero del Ejército Mexicano –que ha sido su acción más efectiva y espectacular– sino también mediante distintas emboscadas a las fuerzas militares y policiales en Tierra Caliente y otros lugares. Desde luego, no en un combate a campo abierto- en donde también confronta a grupos rivales e incluso a las autodefensas del Abuelo Farías y contra Cárteles Unidos, en su lucha por establecer el dominio completo para controlar el vital puerto de Lázaro Cárdenas y todo el litoral del Pacífico. Pero el operativo táctico principal de las fuerzas federales no son los enfrentamientos que demuestren la superioridad militar, ella se da por descontada, sino la presencia disuasiva y el cerco con fines de captura. Esto no se entiende siempre ni plenamente. Las fuerzas federales libran una guerra asimétrica no una guerra regular.

Existen videos ilustrativos de cuando los militares mexicanos capturan criminales que han presentado combate, el comandante al mando dice “ya no les tiren, ya no les apunten, hay que ser honorables”, e incluso les prestan primeros auxilios a los criminales heridos. El Ejército no libra una “guerra de odio”, el esfuerzo es comportarse dentro de lineamientos militares convencionales. Ojalá siempre lo consigan, porque la guerra asimétrica es muy compleja para un ejército profesional.

Es evidente que si realmente se quiere operar un cambio estructural en el mercado actual de estupefacientes prohibidos en cuanto a la oferta hacia el exterior de drogas desde México y la dinámica de violencia y operación del cártel, es imprescindible afectar severamente la estructura organizativa y operativa de la organización de las “cuatro letras” (claro, no sólo esa). La posible –de ninguna manera segura– captura de su líder Nemesio Oseguera puede provocar un gran impacto mediático y político social en México y júbilo en Estados Unidos. Pero no es lo que se busca más allá de ello, sino la transformación de la situación actual que pasa por el desmembramiento de todo el universo corporativo y operativo que hemos subrayado. Pero cuidado con la reacción violenta si no se procesa correctamente una eventual captura. Cuando se tiene muy cerca el “aseguramiento” del objetivo, el énfasis cambia de lo táctico militar al manejo político.

Jorge Retana Yarto

*Licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; candidato a doctor en gerencia pública y política social. Tiene cuatro obras completas publicadas y más de 40 ensayos y artículos periodísticos; 20 años como docente de licenciatura y posgrado; exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional.


EL "EJERCITO MILUSOS y la DEMOCRACIA ARMADA de AMLO": DECISIONES PRESIDENCIALES "ERRONEAS" DESVIRTUAN el MANDATO CONSTITUCIONAL...y quedan 34 meses de fracasos.



Todo titular del Poder Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de jurar, al momento de asumir el mandato popular, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de esos mandatos fundamentales, se encuentra en la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de las personas, preservar en la medida de lo posible su vida, evitando su pérdida prematura y violenta; pero también la seguridad y la paz al interior del territorio nacional, y su defensa ante posibles amenazas extranjeras.

Por ello resulta de la mayor relevancia el conjunto de decisiones que el Ejecutivo Federal ha tomado en los últimos tres años, modificando radicalmente las tareas y actividades que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas, a las que se les han encomendado, ya no solo tareas de seguridad pública y de corte policial, sino otras de carácter eminentemente civil.

En la tradición presidencialista mexicana, en democracia, todos los titulares del Ejecutivo han intentado dejar su “marca personal”, incorporando al texto constitucional todo aquello que consideran que debe prevalecer como parte del proyecto nacional. Por ello también, cuando se ha pretendido confrontar visiones o posiciones específicas del pasado, se ha modificado a la Constitución eliminando o reformando radicalmente amplios contenidos de la Carta Magna.

Desde esta perspectiva, el presidente López Obrador ha dado un paso adicional, pues no sólo ha avanzado en diversas reformas constitucionales, sino que también, mediante decisiones ejecutivas relativas al Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México, ha detonado transformaciones que, desde la perspectiva de expertas y expertos, desnaturaliza su función e incluso desvirtúa el mandato y orden constitucional.

Es importante subrayar entonces que, en la medida en que el presidente ha avanzado en su mandato, pareciera que ha ido adquiriendo un talante cada vez más militarista: ha determinado que el Ejército sea la base de la Guardia Nacional; y que, a su vez, ésta se responsabilice en los hechos, de las principales decisiones en materia de política migratoria.

Más aún, ha responsabilizado al Ejército de la construcción de las principales obras de infraestructura, pero no sólo eso, ha determinado que, al finalizar su construcción, habrán de administrar también tanto al Aeropuerto Felipe Ángeles como al Tren Maya. Y, junto con estas decisiones, ha determinado que la Marina Armada de México tome el control administrativo y logístico de los puertos y aduanas marítimas.

Se trata de decisiones inéditas no sólo en México, sino en la tradición democrática moderna; pues en el fondo, el argumento que públicamente ha esgrimido el Presidente es que, ya bajo su mando y control, los cuerpos castrenses no permitirán que, concluido su mandato, en algún momento esas actividades regresen a manos de autoridades civiles, bajo el supuesto de que, de hacerlo, regresaría la corrupción.

Esta noción responde a la visión patrimonialista que el Ejecutivo tiene del poder. Cree firmemente que los recursos del Estado “son de su proyecto” y que el mandato popular que le fue dado en las urnas en 2018, se traduce necesariamente en una especie de “autorización popular” para hacer con los recursos públicos todo aquello que él considera que es necesario para su proyecto, pues cree igualmente que es el proyecto de todo el pueblo y de todos aquellos “bien nacidos” en el territorio nacional.

Hay un error conceptual grave detrás de esos supuestos, que revelan una riesgosa veta autoritaria en las decisiones presidenciales: creer que la lealtad de las Fuerzas Armadas del Estado nacional mexicano es relativa a la persona que ocupa la titularidad del Ejecutivo, y no, como sí es el mandato constitucional, a la institución presidencial.

Preocupa que, detrás de la narrativa presidencial, se encuentra una velada amenaza que bien podría resumirse en la siguiente frase: “le entregaré lo más valioso de la nación a quien tiene armas para defenderlo; y quiero ver que quien gobierne después de mí, se atreva a quitárselos”.

Las armas de que dispone el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, tampoco les pertenecen en sentido estricto. Le corresponden a la nación y ésta se las entrega para que cumplan con el mandato supremo de defenderla, en el marco de lo que la Constitución y las leyes mandatan.

Hay otra idea que resulta cuando menos equívoca en la noción del Ejecutivo; y es que, por definición y naturaleza, considera como prácticamente imposible que haya corrupción en las instituciones castrenses de México. Pero la historia muestra que ninguna institución está nunca enteramente a salvo de este tipo de prácticas.

Así ha ocurrido en otros países con mucho mayor solidez democrático-institucional que la nuestra, como en el escándalo del tráfico de drogas, al menos tolerado por algunos oficiales del más alto rango del Ejército de los Estados Unidos de América, durante la guerra de Vietnam, utilizando, por cierto, como medio de traslado a los ataúdes de los soldados caídos en combate.

El presidente igualmente supone que el Estado, por definición, es más eficiente y capaz que los mercados privados. Un dogma igual de insostenible que el de su contrario neoliberal, el cual busca una retirada casi total del Estado de los asuntos de la economía.

Desnaturalizar a una institución castrense, en un contexto como el nuestro, en el que la amenaza permanente del crimen organizado es una realidad creciente; en un contexto de déficit de estatalidad, que tiene sustento en las decisiones mayoritarias de una “ciudadanía blanda”, no parece ser la mejor idea para llevar a nuestro país hacia una democracia más robusta. Más aún, cuando el presidente ha sido abiertamente explícito en su idea de que la teoría y tradición de los “derechos humanos” forman parte de modas pasajeras, y no son sino fruto de lo que él denomina como “neoliberalismo”.

Transformar a instituciones que tienen su origen en la defensa armada del país y su soberanía, en administradoras de empresas públicas, puertos y aeropuertos, es una decisión coyuntural que debe tener una ruta clara de salida en clave democrática y siempre pensando en la preservación del orden constitucional, y no en el cumplimiento o articulación de un proyecto que cada vez se antoja más lejano de concretarse en los próximos 34 meses que le quedan en sentido estricto a la administración.

En ese sentido, es importante decir que el presidente de la República debe reconocer que, quien le sustituya en el cargo podrá, con igual legitimidad democrática que la suya, decidir, en tanto comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cuáles son las tareas que les asigna y, en esa medida, ratificar, revertir o modificar las instrucciones que hoy están vigentes.

México cuenta con sus fuerzas armadas para garantizar su seguridad; y hoy las requiere más que nunca en su mejor forma y con sus mayores capacidades para hacer frente a la amenaza que constituye la monstruosa estructura, recursos y capacidad de que se han hecho los grupos delincuenciales en los últimos años.

fuente.-Mario Luis Fuentes/

"MAS GALARDONES": INDICE MUNDIAL "REPRUEBA POLITICA ANTIDROGAS de MEXICO y lo SITUA entre los 5 PAISES con PEOR DESEMPEÑO"...pero eso si,nuestro Presidente es "bien popular".



La política antidrogas de México está lejos de apegarse a las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, por lo que el Índice Global de Política sobre Drogas lo coloca entre los cinco países con el peor desempeño a nivel mundial en la materia.

En el índice, creado por el Consorcio para la Reducción de Daños Internacional, que agrupa a más de 190 organizaciones civiles especializadas en derechos humanos, México obtuvo 35 puntos sobre 100, y sólo está por arriba de cuatro países: Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil, por lo que se coloca en la posición 26 de entre 30 países evaluados.

La mayoría de los países evaluados en 2020 no cumple con las recomendaciones básicas propuestas por la ONU, y ninguno alcanza el puntaje de 100, advierte el organismo.

La puntuación más alta la obtuvo Noruega con 74 puntos, y Brasil la más baja, con 26.

La media de la puntuación es de 48 puntos de 100, precisó Marie Nougier, directora de Investigación y Comunicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas.

La herramienta, que evalúa 75 indicadores, revela que en México prevalece el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas, y el impacto desproporcionado del control de los estupefacientes sobre las personas marginadas en función del género, la etnicidad y la situación socioeconómica.

Además, indica, la aplicación de la ley en materia se centra en los delitos no violentos, especialmente por parte de las personas usuarias de drogas; hay un déficit de financiamiento para la reducción de daños; existe una enorme brecha entre las políticas gubernamentales y su aplicación para garantizar el acceso a los medicamentos bajo fiscalización, y los programas de desarrollo alternativo en zonas de cultivo ilegal siguen atrincherados en la prohibición y la erradicación.

"El índice refleja que a pesar de tener muchas opciones a disposición, los gobiernos siguen priorizando el castigo en lugar del apoyo. Las diferencias son muy grandes entre el Norte global y el Sur global sobre todo al legado del colonialismo; los fondos de las políticas deberían centrarse en salud y derechos en lugar de medidas punitivas.

"Cuanto más puntuación, mejor alineación con la posición de la Organización de las Naciones Unidas sobre drogas. Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Australia son los que ocupan los primeros cinco puestos; los que mejor lo están haciendo; en el otro lado, los últimos cinco serían Brasil, Uganda, Indonesia, Kenia y México", indicó Nougier.

Algunas organizaciones que participaron en el proyecto son: la Red europea de personas usuarias de drogas (EuroNPUD), la Asociación euroasiática de reducción de daños (EHRA), la Comisión global de políticas de drogas (GDPO)/Universidad de Swansea, Harm Reduction International (HRI) y el Consorcio internacional sobre políticas de drogas (IDPC).

Así como la Asociación de reducción de daños de Oriente Medio y Norte de África (MENAHRA), la Red de políticas sobre drogas de África Occidental (WADPN), la Red internacional de mujeres y reducción de daños (WHRIN) y Youth RISE.

fuente.-(imagenes/web)

ALCALDESA PRIISTA de YUCATAN le PUSO su NOMBRE a una AVENIDA de su MUNICIPIO "SIN AUTORIZACION"...y desata criticas y reclamos.



Fuertes críticas recibió en redes sociales la imagen de una avenida con el nombre de la alcaldesa de Conkal, Hiselle Díaz del Castillo, ya que el Ayuntamiento del mismo municipio señaló que esa vía es de nueva creación y no tiene autorización para usar en la nomenclatura el nombre de la edil priista.

La imagen de la "Avenida Hiselle Díaz del Castillo" circuló en redes sociales con muchas reacciones en contra por parte de los usuarios de las redes y, en especial, de los conkaleños que reprochaban esta acción de la alcaldesa, que se encuentra en su segunda administración al ser reelecta el pasado 6 de junio.

Luego de volverse viral en redes sociales, el Ayuntamiento de Conkal envió a los medios un escueto comunicado en donde responsabiliza a los constructores de esa calle.

“La avenida es de nueva creación y no tiene autorización para usar en su nomenclatura el nombre de la alcaldesa. La Dirección de Desarrollo Urbano procederá a notificar a los desarrolladores involucrados para que realicen los trámites correspondientes para determinar el número o nombres de las calles o avenidas involucradas”, se lee en el breve mensaje.

Por su parte, la alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo no se ha pronunciado respecto al tema, solamente hubo un comunicado en la página de Facebook del Ayuntamiento de Conkal.

fuente.-



MONSTRUOS del CJNG ARRIBA de "MOUSTRO BLINDADO" y en CARAVANA LLEGARON a REVENTAR PUEBLO en MICHOACAN "SIN que NADIE se los IMPIDIERA'...y lo hacen porque pueden.



La narcoguerra por Michoacán continúa. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos mantienen una disputa que siembra terror en el estado, el cual ha vivido bajo los disparos y la sangre durante los últimos años, situación que no cambia, sólo se intensifica.

En esta dinámica por demostrar su poderío, los sicarios realizan desfiles del terror durante sus irrupciones a municipios michoacanos en los que se asentarán para comenzar o engrosar su dominio. Y esta vez no fue la excepción.

Varios vehículos del CJNG, encabezadas por autos “monstruo”, aquellas grandes unidades con blindaje artesanal, fueron captados durante su ingreso y ataque a viviendas en Villa Victoria, un pequeño municipio al norte de Tehuantepec.

Los videos captados por cámaras de seguridad muestran la caravana, integrada por una decena de camionetas, que ingresó por la cabecera municipal de Chinicuila, Michoacán, que colinda con el estado de Colima.

De acuerdo con los informes, dicha situación se vivió alrededor de las 04:30 horas del pasado lunes 8 de noviembre, y no sólo causó terror por el desfile, pues los sicarios que se encontraban dentro de las unidades también aprovecharon para atacar carros y viviendas de los vecinos.

Los sonidos de múltiples disparos rompieron con la calma de las personas que aún se encontraban en cama, y algunas nubes de humo, provocadas por la pólvora, quedaron en el aire de las calles, hasta que la guardia comunitaria les puso un alto y repelió a los criminales.

Este enfrentamiento duró aproximadamente una hora y media. Al final, los presuntos sicarios del CJNG se retiraron del lugar. Autoridades michoacanas, hasta el momento, no han presentado un reporte sobre personas heridas o fallecidas.

No obstante, resaltaron que sí hubo daños materiales en hogares, negocios y vehículos, los cuales fueron perforados en varias ocasiones. Además, como medida precautoria, se suspendieron las clases, tanto en el municipio como en algunas comunidades cercanas.

La disputa por el control de la producción y trasiego de drogas en Michoacán ha dejado varios saldos rojos durante las últimas semanas. Sólo cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, al menos siete cuerpos descuartizados fueron encontrados al interior de un taxi estacionado en Ciudad Hidalgo, junto con una cartulina que atribuye la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación contra los Correa.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que el hallazgo de los cadáveres fue en la esquina de Avenida Cuauhtémoc Norte y la calle Leona Vicario, en plena colonia Centro del lugar.

Además, en pleno festejo de Día de Muertos, 11 personas, de Tangamandapio, jornaleros, estudiantes y deportistas, fueron halladas muertas el martes en la Tenencia de Tarecuato. Sus nombres eran Rodrigo, Juan Fernando, Carlos Rodriguez, Víctor Salvador y Juan Carlos. Los demás fueron reservados por ser menores de edad.

Todos fueron asesinados tras entrar a un territorio en disputa entre los cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación. El grupo se dirigía al predio Los Lavaderos en busca de panales cuando fueron interceptados por miembros del crimen organizado. Alertados por el retraso, las autoridades salieron en su búsqueda y se encontraron a las once personas en el suelo y con el tiro de gracia. Según las versiones de la propia autoridad, la zona es un foco rojo por su cercanía al estado de Jalisco (al oeste de México).

De acuerdo con los testimonios de los familiares, los occisos buscaban panales con abejas para colocarlos en la ofrenda de Muertos. Una tradición de más de 500 años de aquella comunidad indígena.

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REPORTAN a EMILIO LOZOYA "AISLADO y VIGILADO" 24 HORAS al DIA en CELDA del RECLUSORIO NORTE...podrian causarle daño otros internos.



Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, será vigilado las 24 horas del día y, por ahora, se evitará su contacto con el resto de la población penitenciaria.

No se trata de una decisión unilateral de las autoridades carcelarias, sino también de una acción encaminada a acatar una orden judicial.

En la audiencia del miércoles, al ordenar su encarcelamiento, el juez José Artemio Zúñiga recordó a la Fiscalía General de la República (FGR) que en el Reclusorio Norte también hay personas que están recluidas por la denuncia que presentó Lozoya en agosto de 2020.

Aunque el juzgador no dio nombre, se refería a Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN y quien fue el primer político de alto nivel detenido y metido a prisión derivado de la denuncia del exfuncionario federal.


“Hay que garantizar su protección”, subrayó el juez al notificar su cambio de medida cautelar.

Según reportes oficiales, Lozoya ingresó a las instalaciones del Reclusorio Norte a las seis de la tarde, dos horas y media después de que concluyó la audiencia en la que se ordenó en su contra la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.

A su entrada le fue aplicada la certificación general sobre su estado de salud física y psicológica, esto como parte del protocolo que se aplica a todos los reos de reciente ingreso.

Igualmente, en atención al protocolo de salud y para descartar que sea portador de COVID-19, Lozoya fue ubicado en un área de acceso restringido con registro de bitácora.

No es la misma zona donde están otros personajes de la política como Javier Duarte, el propio Jorge Luis Lavalle o el abogado Juan Collado.

“Está ahora en una zona de observación sanitaria y, aunque inminentemente será trasladado a otra, no compartirá celda con otros políticos presos”, refirieron las autoridades.

Destacaron que la vigilancia a Lozoya durante su estancia en esa prisión se mantendrá para salvaguardar su integridad. Esto incluye revisiones periódicas de manera presencial, así como videovigilancia.

Explicaron que, al tratarse de un personaje público y mediático, no puede ser llevado con el resto de la población. Lozoya, ahora, está en proceso de integrarse a la vida del penal. Fue fichado y se le exigió ya portar el uniforme color caqui que se usa en las cárceles de la capital.

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"DISCO DURO es la PRUEBA MAS DURA": LA FGR 'ENCIERRA" a SUJETO LIGADO a ESPIONAJE con "PEGASUS" a la PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI...ella hizo las pesquisas.



La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a un sujeto vinculado a la empresa KBH TRACK, operadora mexicana de la israelí NSO Group, por presuntamente estar involucrado en el espionaje telefónico a periodistas con el programa Pegasus.

Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron el pasado 1 de noviembre en Querétaro a Juan Carlos García Rivera, empleado de Proyectos y Diseños VME S.A de C.V., empresa del grupo empresarial KBH, con base en una orden de aprehensión.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur vinculó a proceso a García Rivera por el delito de intervención de comunicaciones privadas y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, es decir, para que la FGR y la defensa reúnan sus datos de prueba.

"Como medida cautelar, se determinó que esta persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso", informó la Fiscalía.

La carpeta de investigación que hoy tiene en la cárcel a Rivera García fue iniciada por denuncia de la periodista Carmen Aristegui, quien aportó un testigo a la Fiscalía que a su vez proporcionó las pistas que llevaron a obtener evidencias del presunto espionaje.

La dependencia federal explicó que Rivera fue procesado en términos del artículo 51 del Código Penal Federal, que permite aumentar hasta en una tercera parte las penas privativas de libertad cuando el delito se comete en contra de un periodista con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión.

Por esta razón, si el ahora procesado fuera declarado culpable, el castigo que podrían imponerle sería de 8 a 16 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

La empresa KBH TRACK -de la que formaba parte la compañía a la que pertenecía el ahora procesado- es propiedad del israelí Uri Emmanuel Ansbacher, quien huyó de México hace más de dos años.

La compañía de Ansbacher era la operadora mexicana de la israelí NSO Group, que en el sexenio pasado vendió a distintas dependencias del Gobierno Federal el software intrusivo Pegasus.

El 20 de julio pasado la FGR informó que había cateado las oficinas de KBH TRACK en la Ciudad de México, en las que halló evidencias que demuestran que el ex comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, tenía intervenido su teléfono y estaban grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional.

"En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar a un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales", dijo la FGR, en julio pasado.

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"AJUSTICIARON al VERDUGO 4T": SANTIAGO NIETO "VOLABA ALTO y una TURBULENTA DOLARIZA lo DESPLOMO al SUELO"...y Salgado Macedonio le hace burling.



Santiago Nieto ha dejado sus dos últimos cargos públicos como un ave de tempestades.

En el 2017 salió de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) con la amenaza de ir a la cárcel por al menos seis investigaciones en su contra y tras denuncias de Emilio Lozoya y del Partido Verde, por violación al sigilo de las investigaciones que llevaba a cabo.


Anoche renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que se revelara que el fin de semana contrajo matrimonio con la consejera electoral Carla Humphrey, en un lujoso hotel de Antigua, Guatemala, y tras la retención de algunos de sus invitados por transportar 35 mil dólares en efectivo un vuelo privado.

NO AGUANTARON LA TUBULENCIA:


De 48 años de edad y originario de San Juan del Río, Nieto es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro e inició su carrera en el servicio público como asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el DF y luego en el Consejo General del IFE de 1997 a 2000, con el consejero Jaime Cárdenas.

Más tarde, colaboró con la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF del 2000 al 2003 y en los siguientes cuatro años laboró como secretario Técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Instituto de la Judicatura Federal.

También fue secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante y en 2008 fue designado por el Senado de la República como Magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del PJF.

Apunta alto

El Senado de la República lo designó titular de la FEPADE el 19 de febrero de 2015, un cargo en el que cobró notoriedad por apuntar alto a la hora de elegir a los personajes contra los que ejercería la acción penal.

Nueve meses después de haber llegado a la FEPADE, Nieto pidió la orden de aprehensión contra el entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, por la firma de un contrato de 2.3 millones de pesos para la distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino durante la campaña del Partido Verde en ese año.

La juez federal Rosa María Cervantes negó la orden de captura, rechazando aplicar la nueva ley electoral y declarando como inconstitucional el delito imputado. Pero Escobar renunció a la Segob.

En respuesta, el senador Pablo Escudero denunció al Fiscal por violar la confidencialidad de la averiguación previa, dado que informó de la solicitud de captura, y el principio de presunción de inocencia.

Dos años más tarde, en octubre de 2017, Nieto dijo a REFORMA que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le había enviado una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte", dijo en aquella ocasión.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave".

Enseguida, Lozoya presentó dos denuncias contra Nieto por violar la Ley de Amparo y abuso de funciones.

Casi en forma simultánea, el 20 de octubre de ese año Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de Procurador, removió al titular de la FEPADE "por faltar al código de conducta de la PGR".

Aunque trató de impugnar la remoción, el ex Fiscal luego se desistió del intento y acusó haber sido objeto de amenazas. Así se despidió de la FEPADE, 13 meses antes de que concluyera el mandato que le había sido encomendado.

Con la 4T

En mayo de 2018, invitado por el equipo de Marcelo Ebrard, Nieto se sumó a la campaña del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de diciembre de 2018 lo designó titular de la UIF.

En ese cargo, se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos de esta administración, librando batallas en las que hasta ayer había salido avante. Fue el verdugo de figuras públicas que el presidente juzgaba como emblemáticas del "antiguo régimen".


Nieto fue el responsable de que Eduardo Medina Mora renunciara al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la UIF le bloqueara las cuentas por unas horas a él y su familia.

La misma operación empleó para obligar a dimitir a Carlos Romero Deschamps como líder del Sindicato Petrolero y también contra el mismo Lozoya, a cuya familia bloqueó la cuentas bancarias.

Sin inmovilizarles las cuentas, también se querelló contra el último responsable de la PGR en el sexenio pasado, Alberto Elías Beltrán, quien lo acusó de tomar venganza por haberlo despedido de la FEPADE.

Denunció también al entonces presidente del Tribunal Electoral del PJF, José Luis Vargas, y a Édgar Elías Azar, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Las diferencias

Es justamente en la FGR donde Nieto empezó a tener complicaciones. Lo que primero era un secreto a voces, luego trascendió al público por voz de los protagonistas.

Cuando Nieto empezó a reprochar a la FGR la falta de resultados en las investigaciones por lavado de dinero, iniciadas por querellas de la UIF, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía, reviró que sus denuncias carecían de pruebas y sustento.

Rompieron lanzas e incluso se cancelaron unas reuniones periódicas que ambas dependencias sostenían para darle seguimiento a los casos conjuntos.

Durante la gestión de Nieto, la UIF tuvo un inconveniente que nunca pudo quitarse de encima: la jurisprudencia que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, precisamente por un proyecto de Medina Mora, que sólo autoriza los bloqueos de cuentas bancarias de dicha unidad por pedido de una autoridad extranjera.

Y pese a ese obstáculo, la UIF presumió números sin precedentes a lo largo de esta administración. Apenas en mayo pasado anunció que llevaba 21 mil 375 cuentas congeladas con más de 4 mil millones de pesos, la cifra más alta en casi dos décadas.

Nieto renunció ayer tras el escándalo de su boda y de los 35 mil dólares en efectivo que transportaban algunos de sus invitados.

Pero también dejó el cargo, cuando ya habían cambiado la panorama político y sus aliados. Ya se habían ido los titulares de la Segob, la Consejería Jurídica y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con quienes interactuaba frecuentemente antes de lanzarse contra cualquier objetivo.

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"VULGARES SICARIOS a las ORDENES de ORTEGA SIU": ACUSAN a la ARMADA y la FGR de "PROTEGER MARINOS que COMETIAN CRIMENES para COMBATIR al CRIMEN" en TAMAULIPAS...y todos los caminos conducen a Cabeza de Vaca.



El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, denunció complicidad entre autoridades de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para actuar en contra de víctimas de desapariciones forzadas, atribuidas a personal naval, para “deslindar de responsabilidad penal a los marinos”.

SE CAYO OTRA FARSA ACALLADA:


Luego de que en días pasados se diera a conocer que el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas concedió un amparo para liberar a 12 marinos, de un total de 45 acusados por la desaparición de al menos 27 personas, Ramos Vázquez dijo que se armó “toda una estrategia jurídica” a favor del personal naval, y responsabilizó de ello al almirante Marco Antonio Ortega Siu, exjefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina; al fiscal Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, y al director jurídico de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, Julio César Pulido Segura.

Para el defensor, que documentó más de una treintena de desapariciones ocurridas entre febrero y mayo de 2018, atribuidas a integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales, los funcionarios mencionados “han tramado una estrategia institucional para deslindar de responsabilidad penal a los marinos involucrados en las desapariciones, especialmente a los mandos medios y altos de la institución”.

Agregó que debido a esa estrategia se “han omitido actos de investigación por espacio de tres años, soslayando evidencia sólida y testigos, (…) insistiendo en criminalizar a las víctimas y relacionarlas con grupos delictivos”.

Ramos Vázquez acusó a Galván Gallardo de instruir a dos agentes del Ministerio Público Federal, Antonio Salcedo Cruz y Lester Bautista Mejía, “para presionar a las víctimas a caer en contradicciones, hostigar a testigos y ocultar evidencias que prueban la participación directa de más de un centenar de marinos en las desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de 2018”.

El defensor anunció que en la próxima reunión con representantes del gobierno federal solicitará la renuncia de los funcionarios de la FGR y de la CEAV señalados, porque a tres años de litigio “no hay resultados favorables ni en las investigaciones ni en las búsquedas, todo es una simulación para desesperar a las familias y que se cansen”.

Ramos Vázquez destacó que con la liberación de los 12 marinos se corre el riesgo de que vuelvan a cometer violaciones graves a derechos humanos, “como sucedió con Alfredo Reyes Mondragón, quien después de participar en las desapariciones forzadas de Tamaulipas hizo lo mismo en Guanajuato en 2018”.

El presidente del CDHNL emplazó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a pronunciarse públicamente por la decisión del juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, de amparar a los 12 marinos involucrados en las desapariciones que dieron lugar a la recomendación 36VG/2020, que derivó en una disculpa pública encabezada por Encinas.

Por su parte, Georgina Hernández Morales y María Natividad Ballesteros Rodríguez, madres de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Ballesteros Loaiza, detenidos por marinos el 2 de febrero de 2018 y quienes permanecen en calidad de desaparecidos, lamentaron enterarse por los medios de comunicación y no por la CEAV del amparo que benefició a perpetradores de los hechos. 

“Los asesores jurídicos que tenemos de la CEAV no nos informan nada, no nos ayudan en nada”, reprocharon las mujeres al destacar que el viernes 5, cuando los marinos salieron de la prisión del Campo Militar Número Uno, sostuvieron una reunión virtual con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para dar seguimiento a la recomendación 36VG/2020, en la que están consideradas 27 de más de una treintena de desaparecidos a manos de personal naval en 2018.

Por esos hechos están abiertas tres causas penales por las que en abril fueron detenidos 30 marinos y un mes después 15 elementos más, con lo que sumaban 45 procesados. 

De acuerdo con los familiares de las víctimas, el pasado viernes 5 se acordaron 15 puntos de búsqueda entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para iniciar los trabajos este lunes. 

Ante la liberación de 12 de los 45 procesados, Manuela Trinidad Ramírez, madre de Daniel Gerardo García Ramírez, desaparecido junto con Marco Antonio Romero Sánchez el 15 de abril de 2018, sostuvo que lo único que buscan los familiares de los desaparecidos es localizarlos y el esclarecimiento de los hechos.

“Queremos justicia y queremos que se castigue a los marinos responsables de estas desapariciones; ya basta de tanta impunidad”, dijo la señora Manuela.

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