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lunes, 8 de febrero de 2021

EL "MINI-LIC ,el MAYITO GORDO y las CUENTAS por PAGAR ": CAPTURAS,DELACIONES,JUICIOS COMPLEJOS y RETRASOS con PRORROGAS...los socios tomaron caminos distintos.



Socios de toda la vida, miembros de la organización Sinaloa, los Zambada y los Dámaso tomaron caminos distintos desde las capturas y delaciones de unos contra otros. 

Pero después de años en las cárceles americanas, sus juicios siguen la misma ruta de retrasos y prórrogas, donde los jueces alegan complejidad para continuarlos o hasta la pandemia se señala como pretexto para mantener los procesos judiciales en su contra. Tanto como en el juicio de Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, como en el de Dámaso López Serrano, el MiniLic, las razones que fiscales y jueces dan a conocer documentalmente coinciden: los procesos están estancados desde hace más de un año. 

El ‘MiniLic’

Apenas el 8 de enero pasado se pospuso de nuevo una audiencia preliminar en el proceso judicial en Estados Unidos contra Dámaso López Serrano, y que estaba programada para el 21 de enero de 2021. Se reprogramó para el próximo 11 de marzo.



Sería la décima vez que se pospone una audiencia en contra del MiniLic. Todo cambió en marzo de 2018 cuando acusó a más de 100 integrantes de la organización a la que él mismo pertenecía, el Cártel de Sinaloa, como se menciona en los documentos judiciales de los Estados Unidos. A partir de entonces todo se volvió oficios para posponer audiencias, reprogramarlas y volverlas a posponer.

El MiniLic tenía apenas ocho meses detenido cuando empezó a delatar a sus ex socios o miembros de la organización junto con su padre. El 27 de julio de 2017 por la mañana llegó solo al puesto fronterizo con Calexico, se identificó ante el agente de migración y lo escoltaron ante varios agentes de la DEA que ya lo estaban esperando. Once días después, el 11 de agosto, respondió al juez de la Corte de San Diego, California, que no era culpable de los cargos que le imputaban: introducción de drogas y lavado de dinero. 

Dámaso López Serrano cambio de parecer en enero de 2018 y aceptó la culpabilidad de los cargos que le imputaban los fiscales americanos, con una diferencia que se conocería en marzo de ese año: delataría a 125 miembros de la organización Sinaloa, entre ellos Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco e Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo. También están en la lista los hijos de Joaquín Guzmán, los Chapitos, entre otros de distintos rangos y funciones.

Los fiscales Adam L. Braverman y Matthew Sutton, esperan pruebas para fortalecer acusaciones contra quienes enfrentan acusaciones en Estados Unidos, y llegado el caso que el mismo López Serrano podría aportar su testimonio contra narcotraficantes en careos judiciales.

Desde entonces, la declaración de culpabilidad y la aceptación de acusar a otros miembros, en marzo de 2018, las audiencias preliminares se han pospuesto una sobre otra. Lo único posible de saber sobre el MiniLic, casi tres años después, es donde se encuentra preso, aún cuando constantemente es reubicado por temor a represalias de integrantes del Cártel de Sinaloa, que supuestamente han contratado pandillas para que lo golpeen “y le rompan la cabeza”, dentro de la prisión.

El MiniLic está ubicable, a diferencia de su padre, Dámaso López Núñez, quien desapareció del Buró de Prisiones desde que declaró contra el Chapo en el juicio en Brooklyn. Dámaso padre desde entonces desapareció del padrón de prisiones que el gobierno americano mantiene como una base de datos abierta para consultas.

La semana pasada se cumplió un año que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Feadle, solicitó la extradición a México de López Serrano, luego de obtener una orden de aprehensión en su contra como autor intelectual del periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017, apenas dos meses antes de que se entregara a la DEA en Estados Unidos.Ricardo Sánchez, el Fiscal especial, explicó hace un año a Ríodoce la situación del MiniLic:

“Tiene que acabar su proceso (en Estados Unidos), tiene que tener una sentencia, eso es fundamental y eso está establecido en el tratado; lo que hay es un caso de excepción que si él ya está juzgado allá, ya tiene su condena, nos los pueden enviar, lo podemos juzgar y se lo regresamos nuevamente para que siga purgando su pena allá, nos lo mandan nada más para que los juzguemos y se lo regresamos nada más para que termine su pena allá antes de empezar a compurgar su pena acá”.

“Pero si es un proceso, no esperemos una resolución en los próximos meses, eso es algo que hay que decirlo con todas sus palabras, es algo que puede tomar un año, dos años y dependerá de Estados Unidos qué negociación haya tenido con Dámaso”.

Un año después de la orden de aprehensión del juez mexicano, todo sigue congelado: El proceso contra Dámaso López hijo que lleva los Estados Unidos, incluso el avance de las delaciones como testigo protegido haya hecho a los fiscales americanos o a las agencias, y por también las peticiones del gobierno mexicano para interrogarlo o extraditarlo en su caso.

El ‘Mayito Gordo’

Los mismo pasa en los procesos judiciales contra los dos hijos de Ismael Zambada presos en Estados Unidos. Prórrogas y suspensiones. La más reciente por sospechas de contagio de Covid.

Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, según documentos del Departamento de Justicia (USDOJ), se cree estaba contagiado por el coronavirus, se lee en el expediente 14-cr-00658, radicado en el Distrito Sur de California, y fechado desde noviembre 17 de 2020, “la necesidad de prórroga ha superado el mejor interés del público y del acusado, y lo mejor es suspenderlo a tener un juicio rápido”.

Agrega también que “el Tribunal determina además que el hecho de no conceder una prórroga privaría a todos los abogados (el Gobierno y la defensa) del tiempo razonable necesario para una preparación eficaz, a pesar de su debida diligencia, y resultará en la inutilidad de los procedimientos”, señala el documento firmado por la jueza Dana M. Sabraw, en poder de Ríodoce.

Justo en las fechas de estas diligencias judiciales se cumple un año de que el Mayito Gordo se declaró inocente de los cargos que lo acusa el gobierno americano –en diciembre de 2019-, entre ellos conspirar para importar y distribuir metanfetaminas, cocaína, heroína y mariguana. 

Zambada imperial había sido detenido en 2014 por la Marina Armada de México en un operativo en la sindicatura de El Salado, Culiacán, Sinaloa, corazón de las operaciones de su padre. Y cinco años después perdió todos los amparos que impedían su extradición a los Estados Unidos.

Cumplido un año en las prisiones americanas, el Mayito Gordo solo ha tenido dilaciones en su proceso por una u otra razón, la última muy ambigua porque las fuentes del USDOJ no determinan con precisión si el Mayito Gordo estaba infectado o no de Covid, y sólo se limitaron a decir que eran sólo algunos de los casos que se habían suspendido debido a la contingencia sanitaria.

El receso es largo y sostenido, la prorroga está desde el 30 de marzo de 2020, y el argumento era entonces que se trataba de un caso “complejo y excluido”, y que apresurarlo podía “resultar en un error judicial”. Y ahora, la Covid.

El proceso judicial de Zambada Imperial sigue la ruta que en su momento marcaron los casos de Vicente Zambada Niebla (medio hermano del Mayito Gordo), Serafín Zambada Ortiz (también medio hermano), y Reynaldo Zambada García (su tío), en donde las audiencias preliminares se fueron extendiendo, y al final al menos el Zambada Niebla y el Rey habrían llegado a acuerdos con la fiscalía estadounidense integrándose al programa de testigos protegidos, mientras que Serafín, quedó libre desde septiembre de 2018.

fuente.-Artículo publicado el 31 de enero de 2021 en la edición 940 del semanario Ríodoce./

LYDIA CACHO y la "JUSTICIA" desde el EXILIO: POR EXHIBIR la "COMPRA y VENTA de NIÑAS de 4 a 13 AÑOS CONVERTIDAS en ESCLAVAS SEXUALES de POLITICOS y EMPRESARIOS...fue aplastada por la maquinaria judicial.



Escribo este texto desde España, donde me encuentro protegida en desplazamiento forzado por la violencia de la delincuencia organizada de mi país en mi contra. Hubiera querido estar en el hogar que me construí en Quintana Roo (México) desde hace casi dos décadas, pero de allí me vi obligada a huir tres meses después de que girara la orden de aprehensión internacional en contra de tres hombres de poder: el exgobernador de Puebla Mario Marín, el multimillonario Kamel Nacif Borge y el exjefe de la policía de Puebla Adolfo Karam Beltrán.

El primero ordenó a toda la maquinaria judicial y policiaca de su Estado que yo fuese detenida arbitrariamente para ser torturada, y si fuera necesario, según lo policías, asesinada, para proteger a la red de pederastia, trata y pornografía infantil a la que pertenece el empresario Nacif; el tercero orquestó con obediencia. Mi detención, encarcelamiento y subsecuente persecución judicial respondía a un claro pacto de impunidad construido por Nacif, quien invirtió recursos privados en la campaña de Marín y le cobró esa inversión con la finalidad de silenciar mi trabajo periodístico que revela la red de compra venta y violación de niñas de entre cuatro y 13 años, el lavado de dinero sucio de diferentes orígenes y los negocios opacos entre políticos y empresarios consumidores de sexo con niñas esclavas.

No lograron silenciarme, pues aquí estoy escribiendo nuevamente, no sin un enorme costo personal que pocas veces evidencio al hablar del caso.

Eran las 10.39 de la noche del 3 de febrero cuando estaba hablando con mi agente literaria respecto a mi nuevo libro. Casualmente había encendido mi celular mexicano, que utilizo muy poco; entró la llamada del fiscal y mi agente me instó a responder: No, dije con hartazgo, seguro me dirán que tenían de nuevo cercado a Marín y se les escapó otra vez. Responde, insistió Andrea, y contesté aun con ella en mi otra línea en altavoz. Al otro lado del teléfono estaba la voz entrecortada y agitada del fiscal especial de delitos contra periodistas, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Lydia, dijo, acabamos de detener a Mario Marín en una zona complicada de Acapulco, mi equipo acaba de tirar la puerta de una casucha para entrar… ya lo tenemos.

Felicidades, fue mi respuesta inicial mientras sonreía con una sorprendente tranquilidad, sentada sola en un pequeño departamento que rento en Madrid. Lo llevaremos a la cárcel de Cancún en un par de horas para presentarlo ante el juez, aseveró el fiscal. Muy bien, respondí. Entonces el fiscal me pidió que le diera unos minutos antes de anunciar el arresto. Mi respuesta fue inmediata: no se preocupe Ricardo, anúncienlo ustedes, yo lo retuiteo. ¿De verdad?, preguntó casi incrédulo y casi puedo apostar que feliz. Gracias, respondí, buen trabajo. Colgamos. Andrea me dijo que hiciera lo propio, ya hablaríamos más tarde.

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Me levanté y fui hacia la puerta blindada que tiene doble cerrojo, revisé que estuviese cerrada, cerré las puertas de los dos balcones como si tuviese que acorazarme una vez más. Al pasar por la cocina de nuevo, el espejo que cubre una pared me devolvió mi propia imagen en jeans, descalza, con un sweater blanco y una sonrisa inmensa, casi aniñada. Sola, sin nadie a quien pedirle un abrazo, a quien decirle mirándole a los ojos lo que tenía en mente: uno menos, nos faltan otros, pero al fin cayó.

Caminé a la sala y apagué mi teléfono mexicano, no quería que me llamara nadie, no estaba lista para el torbellino mediático. Le marqué al director de Artículo 19, la organización de defensa de libertad de expresión que desde hace años lleva mi caso, quienes se han jugado mucho durante años por defenderme. Si yo tuviese que pagar mi defensa legal como hice durante años, no podría alimentarme ni pagar renta, ni siquiera podría pagarme un teléfono celular. Llamé a mi hermana y envié un mensaje a mi familia para avisarles que estaba bien, que habían arrestado al gobernador que ordenó mi tortura y que apagaría mis teléfonos porque no estaba lista para hablar. Mi familia, como siempre amorosa, comprensiva y solidaria, me felicitó tan ecuánime como yo misma estaba y me dijo que descansara.

15 años, dije haciendo cuentas en voz alta a solas, lo logramos, carajo. Volví a marcarle a mi agente y hablamos brevemente sobre ello, ella exultante, yo tranquila le dije que no quería extenderme sobre el tema. Sabía que era apenas el principio del tercer round contra las mafias de tratantes de niñas protegidos por el sistema político.

El Gobierno mexicano acaba de liberar al general Salvador Cienfuegos, vinculado con pruebas irrefutables a la delincuencia organizada. También negociaron con el exdirector de Pemex arrestado en España protegido por la mafia rusa. No es tiempo de cantar victoria, comienzan a moverse los más poderosos para proteger sus intereses y los del gobernador, yo no soy nadie en su esquema, solo una incómoda reportera a la que subestimaron siempre. Ellos confían en sus alianzas con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, siempre fiel a los intereses del PRI y de quienes la llevaron a la Suprema Corte de la Nación hace años.

“Esta no es una guerra personal contra un puñado de poderosos criminales, es una batalla de la sociedad mexicana contra la explotación sexual comercial infantil, el blanqueo de capitales y los ataques contra la prensa”, escribí en mi libreta roja.

Apagué mis teléfonos sin ver los mensajes de algunas de las sobrevivientes de esa red que confiaron en mí. Los vi al día siguiente. Casi con la misma parsimonia con que yo actué, ellas celebraron la detención en espera de un juicio que sabemos que podrá durar entre dos meses y dos años, dependiendo de cuánto decida alargarlo el equipo legal del exgobernador a fin de halar los hilos del poder en turno para negociar su libertad.

Este será el primer juicio de un gobernador llevado a prisión por una mujer, por una periodista que ha sobrevivido de todo durante 15 años. Lo soporté gracias al apoyo inconmensurable de colegas periodistas y de una sociedad que salió a las calles para exigir justicia para las niñas víctimas y para quien documentó su historia. En silencio escribo en mi libreta cuántas primeras veces hemos logrado con este caso: la creación de la primera ley contra la pornografía infantil vinculada con la trata de menores de edad; la primera sentencia de 112 años por explotación sexual infantil; la primera vez que ministros de la Suprema Corte publican un libro para denunciar la corrupción dentro de esa magna institución; la primera sentencia de un policía torturador de periodistas; la primera orden de aprehensión internacional, surgida a partir de investigaciones periodísticas contra un empresario vinculado con múltiples delitos.

Desde hace diecisiete meses que salí de México para resguardad mi vida anhelaba el día del arresto del gobernador, no por sed de venganza, más bien por la clara conciencia de que el país necesita la certeza de que la justicia puede tocar a las redes políticas de trata de personas que tantas infancias ha robado en México. Es una sed de justicia compartida que millones de personas deseamos saciar con la certeza incontrovertible de un juicio transparente que nos recuerde que vale la pena denunciar los crímenes contra los derechos humanos y el intento de silenciar a quienes los denunciamos. Es una sed por abrevar de la no repetición de la compraventa de niñas y niños, del asesinato, violación y tortura de periodistas.

Al día siguiente hablo con el experto de prófugos internacionales de Interpol, discutimos la noticia. Señora Cacho, le queda claro que no podrá volver a su país ¿verdad?, me dice con voz ronca intentando suavizar la pregunta. Sí, respondo sin más, suspirando en el exilio. Recuerde que no está sola, asegura intuyendo mi aislamiento emocional.

Vamos tranquilamente a este tercer asalto. Ha sonado la campana y en silencio nos preparamos para subir nuevamente al ring de la pelea por la verdad contra un sistema que protege la mentira. Intuyo que ganaremos, no sin complicaciones, nadie dijo que es fácil defender los derechos humanos contra un sistema construido sobre sus flagrantes violaciones. Apago la luz, duermo tranquilamente en el pequeño departamento protegido mientras el gobernador lo hace en una prisión igual a aquella en que me mandó encerrar y violar. En la oscuridad cada uno reflexionará sobre su vida. Tengo claro que esa batalla de la paz interior la gané yo hace tiempo.

fuente.-Lydia Cacho/Diario Español/

DESDE el "SALINATO" PUERTAS ABIERTAS a la DEA en MEXICO "DONDE CRECIO el COMBATE al NARCO y TAMBIEN los NARCOS"...si esa era la idea,salio bien.



En 1992 un documento oficial del gobierno mexicano le puso límites al accionar de la DEA en territorio nacional. Pero el evidente fracaso de la lucha antinarco permitió que esos límites fueran sobrepasados –Los Pinos se hizo de la vista gorda– por los agentes estadunidenses, que desde entonces acrecentaron su número –gracias también a Vicente Fox– y actuaron a su placer.

WASHINGTON (Proceso).– El fracaso de los gobiernos de México en su lucha contra el narcotráfico desde 1992 a la fecha, permitió a la DEA –en violación a un acuerdo bilateral– mantener y aumentar el número de sus agentes en el país, revelan documentos oficiales.

Fechado el 26 de octubre de 1992, un expediente oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –cuya copia obtuvo Proceso–, expone las “normas” que regían para los agentes de la DEA en México y que estuvieron vigentes hasta los cambios hechos hace unos días por la misma dependencia.

El documento “Reglas Específicas para Normar las Actividades de los Agentes y Técnicos Especializados de la Drug Enforcement Administration (DEA) en México” expone el incumplimiento de los acuerdos por parte de los agentes estadunidenses, y que fueron tolerados por los gobierno mexicanos ante sus fallas por parar al narco.

“Los agentes y personal técnico especializado de la DEA será de un máximo de 39 elementos con calidad de agentes y 32 administrativos o técnicos especializados”, dice el documento oficial de 13 páginas.

Desde ese octubre de 1992, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la función y distribución de los agentes de la DEA en México tenía objetivos de injerencia condicionados al avance en el combate al trasiego de drogas y la captura de narcotraficantes, lo que nunca ocurrió.

“Este número –de agentes– se reducirá en forma gradual, en la medida en que la Procuraduría General de la República incremente su infraestructura de atención al narcotráfico”, indican los documentos y que exponen claramente que ante el fracaso de la lucha antinarco, la DEA en México creció.

El gobierno de Salinas de Gortari, por conducto de la SRE, autorizó la distribución de los 39 agentes de la DEA de la siguiente manera: tres en la dirección de la dependencia ubicada dentro de la embajada de Estados Unidos en la capital, en el consulado general en la Ciudad de México otros 14, en el de Guadalajara, cuatro; en Mérida, tres; en Hermosillo, cinco; en Mazatlán, cinco y otros cinco en Monterrey.

Los 39 agentes, sin contar a los 32 funcionarios administrativos de la DEA cuya estancia se autorizó, se limitarían a realizar actividades de desarrollo e intercambio de información, apoyo técnico y capacitación. Nada más.

Como resultado de los oficios del Departamento de Estado y a nombre del Departamento de Justicia, entre 1992 y 2006 la SRE autorizó al gobierno de Estados Unidos elevar a 42 el número de esos agentes.

Proceso intentó obtener la fecha o fechas en que se dio luz verde al ingreso a México de otros tres agentes de la DEA, pero por tratarse de “información confidencial” ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni la SRE mexicana proporcionaron esos datos.

El único dato correspondiente al incremento de agentes de la DEA entre 1992 y 2006 obtenido por el reportero, fue que los tres policías antinarcóticos extranjeros fueron asignados a Tijuana.
Más agentes

En los últimos meses del sexenio de Vicente Fox, por presiones de Washington el exmandatario mexicano aceptó acreditar a otros 12 agentes de la DEA y que abriera oficinas regionales en Monterrey, Nuevo Laredo y Nogales.

Narrado en detalle en el libro La DEA en México (Grijalbo, 2013) de la autoría del reportero, la negociación para aceptar a los 12 nuevos agentes y las tres oficinas regionales estuvo a cargo de Gerónimo Gutiérrez, entonces subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte por parte del gobierno foxista; por la DEA fue José Baeza, jefe de la dependencia estadunidense en la capital mexicana.

–¿Hubo algún condicionamiento por parte del gobierno de México? –preguntó a Baeza el reportero para la elaboración del libro.

–Que no lo hiciéramos público; nos pidieron que hiciéramos lo necesario para que el pueblo mexicano no se enterara. No querían que los ciudadanos mexicanos supieran que nos dieron el permiso para tener 12 agentes y tres oficinas más en México –respondió Baeza.

Con la venia de Fox, desde hace 15 años la DEA cuenta con 54 agentes y un número desconocido de personal administrativo superior a los 32 autorizados en el sexenio salinista, que operan en el país.

Fuente.-

"PURO GARGANTON": LOS 5 NARCOTRAFICANTES MEXICANOS "MAS BUSCADOS" por la DEA...unos dejan rastro, otros ni sombra.



Estados Unidos ofrece millonarias recompensas por capos del narcotráfico mexicano. A través de su Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) el país publica una lista con los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses.

Los siguientes son cinco narcotraficantes de México por los que la DEA está dispuesta a pagar grandes cantidades de dólares por información que lleve a su captura.

El Mencho

Existe una recompensa de USD 10 millones: la ofrece la agencia antidrogas de los Estados Unidos a cualquiera que brinde información sobre el paradero de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho.


El presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabeza la lista del Departamento de Justicia de los criminales más buscados. El capo michoacano, también conocido como El señor de los gallos, es querido por la división de la DEA con sede en Los Ángeles por ser sospechoso de cinco delitos federales: intento y conspiración, posesión, manufactura, y distribución de sustancias controladas, actos prohibidos, y penalidades.

En Naranjo de Chila ― un pueblo al sureste de Michoacán― nació el 17 de julio de 1966, uno de los seis hermanos de una familia de productores de aguacate.

Uno de los hijos de El Chapo

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los herederos de la fracción de su padre del Cártel de Sinaloa, fue incluido a la lista de los más buscados de la DEA en septiembre de 2018. Uno de los hijos mayores del capo, mejor conocido como Alfredillo, es requerido por la Corte de Chicago, en el Distrito de Illinois, para juzgarlo por conspirar para poseer con al intención de importar, exportar, y distribuir sustancias controladas a Estados Unidos. Entre ellas cocaína, heroína, y marihuana.




Jesús Alfredo Guzmán Salazar junto con la actriz Kate del Castillo (Foto: Archivo)

Junto a sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, Alfredillo presuntamente controla la fracción del Cártel de Sinaloa después de la caída y el arresto de su padre, El Chapo Guzmán.

En 2016 una fotografía suya con Kate del Castillo, tomada durante la reunión que la actriz y Sean Penn tuvieron con su padre, dio la vuelta al mundo.

En Instagram existe una cuenta a nombre de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sin embargo, abogados de Guzmán Loera han negado en distintas ocasiones que algún integrante de la familia tenga redes sociales.

De acuerdo con su perfil público con el que cuenta la DEA, Alfredillo habría nacido en 1983, tiene piel blanca, pero se desconoce su estatura y peso.

Los documentos del caso 1:09-cr-00383 en contra de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, en Estados Unidos, a los que Infobae México tuvo acceso, revelan que Alfredillo actuó como coordinador logístico que tuvo a su cargo entregas de cantidades de cocaína y heroína de varios kilogramos a Estados Unidos en nombre del Chapo y la facción Guzmán-Loera del Cártel de Sinaloa, así como entregas de cantidades a granel de dinero a su padre.

Rafael Caro Quintero

El principal sospechoso por el homicidio del agente encubierto de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar, Rafael Caro Quintero es el quinto narcotraficante más buscado por el gobierno estadounidense.


Rafael Caro Quintero apareció por primera vez tras salir de la cárcel en una entrevista con video incluido en 2016 (Foto: Archivo/Captura de pantalla/Proceso)

También conocido como El narco de narcos, fundó en 1980 el ya extinto Cártel de Guadalajara, reconocida como la primera organización criminal grande de tráfico de drogas en México.

Fue arrestado en Costa Rica en 1985 y liberado del penal federal de Puente Grande el 9 de agosto del 2013. Actualmente tiene 67 años y permanece prófugo de las autoridades estadounidenses y mexicanas. La Administración de Control de Drogas ofrece una recompensa de USD 20 millones a quien declare su ubicación.

El registro de la DEA tiene a la ciudad de Guadalajara como el último lugar donde estuvo Rafael Caro Quintero.

Su más reciente imagen circuló en redes sociales en marzo pasado. En el retrato, el narcotraficante aparece junto a un joven del que no se conoce la identidad. El hombre usa una playera blanca, el cabello negro y parece que fue tomada al interior de una casa.


Su más reciente imagen circuló en redes sociales en marzo pasado (Foto: Archivo)

Tiempo atrás, Caro Quintero no reapareció en una foto sino que lo hizo en video y hasta concedió una entrevista. Había pasado unos tres años de que había salido de la cárcel y ya vivía huyendo de las autoridades estadounidenses.

Habló con la periodista Anabel Hernández para la revista semanal Proceso. Se escuchó la voz de un hombre que confesó haber dejado de ser narcotraficante desde hace 31 años.

En esa ocasión se veía ligeramente más delgado, usaba una camisa azul oscuro con puntos amarillos y una gorra. La periodista habló con él en una habitación sencilla, similar a las casas de las zonas rurales de México.

El Mayo Zambada

Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, a sus 72 años, es presuntamente una de las cabezas del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con diversos testimonios, actualmente es la persona más influyente dentro la organización criminal que fundó en 1990, después de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo.


Es buscado por la división de la DEA que se encuentra en El Paso, Texas, la cual lo acusa de 14 delitos federales (Foto: Archivo)

Es reconocido por ser el narcotraficante en activo más veterano de todo México, además de ser contemporáneo del famoso capo colombiano Pablo Escobar y nunca haber sido arrestado.

Es buscado por la división de la DEA que se encuentra en El Paso, Texas, la cual lo acusa de 14 delitos federales. El Vicentillo, su hijo, fue arrestado en 2009 y en 2019 declaró en contra de El Chapo Guzmán durante su juicio en la Corte de Brooklyn, Nueva York. Ese día narró cómo su padre, El Mayo, traficaba toneladas de droga desde México hasta Estados Unidos.

Rafael Everado Sánchez-García

Nacido en 1964, existen dos posibles locaciones con el registro de su última ubicación: Mira Loma, en California, o Juanacatlán, en el estado de Jalisco, México (Foto: DEA)


El menos conocido de la lista, Rafael Everado Sánchez-García es buscado por la división de Los Ángeles, California, de la agencia antidrogas por el delito de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.

Nacido en 1964, existen dos posibles locaciones con el registro de su última ubicación: Mira Loma, en California, o Juanacatlán, en el estado de Jalisco, México.

Fuente.-

"VIVA la TRANSPARENCIA HIPOCRITA": AMLO ROMPIO RECORD en 2020" con 80.3% de CONTRATOS ADJUDICADOS "SIN LICITAR,SIN LICITUD"..."la mujer del cesar no solo debe ser honrada, sino tambien parecerlo".



El Gobierno federal rompió en el 2020 su propio récord en compras sin licitar, con 80.3 por ciento de contratos adjudicados de forma directa al cierre del año.

Además, los recursos públicos entregados mediante ese mecanismo alcanzaron la cifra histórica de 189 mil 488 millones de pesos.

Como botón muestra, antes del cierre del año la Secretaría de la Defensa Nacional asignó, sin licitación de por medio, al menos 10 contratos por 355 millones de pesos para la compra de 70 mil paquetes de electrodomésticos y despensas para los damnificados de Tabasco.

Y aunque el Gobierno argumenta que el incremento en las adjudicaciones directas se debe a la pandemia de Covid-19, datos oficiales de la Secretaría de Hacienda confirman que ese apartado justifica sólo el 27 por ciento del aumento en adjudicaciones en el año.

El restante 73 por ciento del incremento de adjudicaciones directas no tiene que ver con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria, de acuerdo con un estudio de Investigación Aplicada y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De los 137 mil 809 contratos reportados durante el 2020, 110 mil 629 se entregaron por adjudicación directa, figura que, según la ley, debería ser la excepción y no la regla, a fin de reforzar la lucha contra la corrupción y el derroche de recursos.

El mecanismo de invitación a por lo menos tres personas, que también es discrecional, dado que es realizado por la propia autoridad, se utilizó en 7 mil 549 contratos, el 5.5 por ciento del total.

En contraste, la licitación pública, que según la Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y contratación, sólo representó el 11.2 por ciento del total, que equivale a 15 mil 379 contratos.

Con ello, las licitaciones públicas tocaron su punto más bajo, pues la única cifra cercana a los niveles de 2020 se vio en 2017, cuando llegó a 12.6 por ciento del total. 

El contrato individual más caro adjudicado directamente ese año corresponde al Tramo 4 del Tren Maya, por 25 mil 849 millones de pesos para ICA Constructora.

El punto más alto de las adjudicaciones directas durante la última década había sido en el 2019, primer año del actual Gobierno, cuando alcanzaron 78.1.

fuente.-

En el "MAR,el AIRE y la TIERRA": EXIGEN EXPLICAR el "GUARDADITO" de la SEDENA "REYES de la OPACIDAD y el OCULTAMIENTO"...deberian ser excepcionales en vez de entes de excepción.



Diputadas de Oposición aseguraron que el Gobierno federal debe explicar por qué aumentó en mil por ciento el saldo del fideicomiso de las Fuerzas Armadas (Fipade) mientras que rubros como salud, educación o la compra de vacunas sufren la escasez de recursos.

UNA TRANSA BIEN ARMADA:


REFORMA publicó este domingo que en los dos años de esta Administración, el saldo del Fideicomiso de Administración de Equipo Militar (Fipade), creado en 2007, pasó de 5 mil 40 millones en 2018 a 48 mil 779 millones de pesos en 2020, lo que equivale a un incremento de 967 por ciento.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, recordó que a lo largo de esta Administración ningún rubro ha registrado un incremento similar, pese a que el País atraviesa por una crisis sanitaria y económica.

Tagle advirtió que los recursos que cada año incrementan el saldo del Fipade no son ajenos al erario, por lo que se trata de presupuesto que se reduce a otras áreas de la Administración Pública Federal.

"Mientras que al Ejército se le esté inyectando todo, hay otras áreas de Gobierno que las están desmantelando, que las están dejando prácticamente sin operatividad y eso tiene que pararse", aseveró.

La diputada federal expuso que el incremento del mil por ciento al Fipade es un ejemplo del poder que le ha dado esta Administración a las Fuerzas Armadas, ya que sus nuevas atribuciones van desde la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar hasta el control de las aduanas.

Ante ello, llamó al Gobierno federal a hacer públicas las razones por las que destina más recursos al Fideicomiso.

"Quien ha tenido la definición de aumentar los recursos es el Gobierno federal, la Sedena no es autónoma, no es como el INE o cualquier órgano autónomo que tiene que hacer su presupuesto y la Cámara aprobarlo, aquí formalmente la que le da los recursos es la Secretaría de Hacienda", expresó.

La legisladora pidió también a la Sedena transparentar el uso del dinero público depositado en el fideicomiso, ya que es normal que la información referente a esta institución sea clasificada como reservada.

"El primer llamado es a que simple y sencillamente se transparenten todos estos recursos y, segundo, a que los recursos no sigan incrementándose de manera discrecional", insistió.

En tanto, la diputada panista Adriana Dávila coincidió en que el incremento del mil por ciento del fideicomiso es un ejemplo del enorme poder que han adquirido las Fuerzas Armadas en los dos últimos años y que es incongruente con las críticas que como candidato hizo el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador a las acciones que tomó Felipe Calderón en materia de seguridad pública.

"Nosotros entendemos que, además, uno de los temas por los que el Presidente llegó fue, justamente, el de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, una crítica brutal, intensa, muy fuerte a Felipe Calderón que fue, con todo respeto lo diré, la que más desgastó su Gobierno, impulsada por López Obrador y hoy lo que tenemos es una militarización", expuso.

Un caso que evidencia la fuerza de las Fuerzas Armadas y en específico del Ejército, aseguró, es lo que está sucediendo con el ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, cuyo caso fue desestimado por la Fiscalía General de la República luego de que fue extraditado desde Estados Unidos.

"El caso que más evidencia la fuerza del Ejército es el regreso de Cienfuegos, de casos muy similares por los que está pasando, por ejemplo, Genaro García Luna, que bueno, Genaro sí es un corrupto, pero Cienfuegos no", consideró.

El Gobierno federal, añadió Dávila, está obligado a rendir cuentas sobre el Fipade, y no descartó solicitar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional la comparecencia de funcionarios públicos relacionados con dicho instrumento.

Fuente.-

"NO ENTREGAMOS RESTOS INCOMPLETOS": La FISCALIA JALISCO la HIZO PEREGRINAR 2 AÑOS para RECUPERAR RESTOS de su HIJO...debian darle solución y le daban problema.


Después de dos años de peregrinar, tras identificar a su hijo Miguel Ángel, Eva logró que le entregaran sus restos.

El joven fue plagiado junto a familiares de su patrón por sujetos armados, en la colonia Parques de Santa Cruz en Tlajomulco, el 15 de mayo de 2019.

Fragmentos de su cuerpo fueron extraídos de una fosa en la colonia Santa Anita, de Tlaquepaque, el 19 de mayo. Desde entonces, ella estuvo en su búsqueda, hasta que en octubre fue a la morgue metropolitana donde se le practicó un examen genético y se encontraron coincidencias.

Fue así que Eva debió insistir por la entrega de los restos de su hijo, quien trabajaba como mesero en una taquería.

En dos ocasiones le aseguraron que entregarían los restos de Miguel Ángel, sin embargo el personal del Servicio Médico Forense, le señaló que “no se entregan restos incompletos”.

Los empleados del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses negaban la entrega bajo argumento de que faltaban papeles que debían ser enviados desde la Ciudad de México.

La señora Eva dio a conocer su caso, apoyada por la asociación civil ‘Da Vida a Tlaquepaque’, que también la auxilió en hacer los trámites.

A raíz del encuentro con medios de comunicación, los trabajadores del Servicio Médico Forense y la Fiscalía, le recriminaron la difusión del caso, y la conminaron a evitar informar más sobre el caso.

Antes de entregar los restos de Miguel Ángel, le insistieron a Eva Ochoa, que si no se consolidaba el trámite, “era porque ella dejó de asistir a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.

Después del mediodía, una carroza fúnebre recogió los restos del muchacho para celebrar su velatorio y sepultarlo.


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"PURO SINALOA": MALANDROS del CDS le "DAN GUSTO al DEDO y DISPARAN las MATRACAS de ALTO PODER como SI les SOBRARAN CARTUCHOS"...armas son muy pendejas en manos de peligrosos.



Presuntos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa (CDS) se exhibieron en redes sociales mientras en alguna zona que controlan en México.

En un video que circulan en redes sociales, al menos cuatro de los sicarios del grupo delictivo comandado a nivel nacional por Ismael “el Mayo” Zambada se muestran fuertemente armados y disparan armas de grueso calibre.


La difusión de estos videos se da en medio de la creciente disputa de grupos criminales en varios puntos de México e incluso se da luego que en la capital mexicana, el grupo criminal recibiera un duro golpe, luego de que fueran decomisadas 1770 libras (803 kilogramos) de cocaína con valor de más de $11 millones de dólares en un lujoso departamento ubicado en la alcaldía de Coyoacán en Ciudad de México, que posiblemente pertenecía a un grupo del narcotráfico proveniente del estado de Sinaloa, al norte de México.

Ocurrió durante el operativo, realizado en la colonia Coapa Súper 4, dos personas fueron detenidas, las cuales, son originarias del estado de Sinaloa y se presume que transportaban la droga en dobles fondos adaptados en automóviles.

Los dos detenidos se identificaron como Carlos “N” y Gerardo “N” provenientes del estado de Sinaloa, a quienes les aseguraron 11 armas largas, 4 cortas, teléfonos celulares, documentos diversos y tres vehículos, detallaron las autoridades.

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"ARRIBA las MANOS POLICIAS": FEDERALES HEREDEROS de la EXTINTA AFI en la FGR "NO COMPRUEBAN la LANA GASTADA"...no saben que hicieron con el 60%.


Heredaron el oscuro prestigio de la AFI y de la Policía Federal… y al parecer también sus costumbres. Una auditoría interna revela que los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) no pudieron comprobar el 60% de sus gastos realizados durante el primer año y medio de la actual administración.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la falta de control y transparencia en la partida presupuestal “gastos de la seguridad pública y nacional”, que se reparte entre algunas instituciones federales y que fue muy cuestionada en el sexenio de Enrique Peña Nieto por haber derrochado de manera opaca miles de millones de pesos.

Se trata de la misma partida, la 33701, por la que recientemente se dictó orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), vinculado a casos de tortura durante las indagaciones para dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa



López Obrador ha criticado esta partida: 

“Ante la detección de falta de control y transparencia en la utilización de las partidas 33701 ‘Gastos de seguridad pública y nacional’ y ‘55102 Equipo de seguridad pública y nacional’, el Comisariato del Sector Seguridad Nacional impulsó la elaboración de las ‘Disposiciones específicas para el Ejercicio de los Recursos Presupuestarios’”, señaló AMLO en el documento de su Segundo Informe de Gobierno, en el punto de: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

No obstante, en esta administración se siguen manejando recursos con la misma opacidad. Tal es el caso de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República –que encabeza Alejandro Gertz Manero–, pues hay varios millones pendientes de comprobar.

Entre 2019 y el 31 de mayo de 2020, se autorizaron a la PFM recursos por 336.2 millones de pesos, de los cuales sólo pudo comprobar alrededor de 40%, quedando sin saber el destino de 201.7 millones, señala una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

En detalle, se indica que en 2019 se les dio a los policías federales ministeriales 269 millones de pesos con cargo a la partida 33701. A través de actas circunstanciadas para la comprobación del gasto sólo se pudieron constatar 29.8 millones, que sumados a reintegros a la Tesorería por 59.8 millones de pesos dan 90 millones que se pudieron comprobar de los 269 gastados. 

Al final fueron 179.3 millones los que no se pudieron corroborar a qué se dedicaron en 2019. Mientras que entre el 1 de enero y el 31 de mayo se les otorgó 67.2 millones, pero de igual manera hubo gastos sin comprobar por 22.4 millones. 

Lo anterior da una suma sin comprobar, en el periodo de 2019 al 31 de mayo de 2020, de 201.7 millones de pesos de los 336 millones que se les autorizó. 

Dentro de las tareas de la PFM está el apoyo a las investigaciones de los fiscales para la persecución de delitos, operaciones de inteligencia, protección a víctimas y testigos. 

 

Algunas de las irregularidades encontradas por el Órgano Interno de Control. 

UNA PARTIDA POLÉMICA

De acuerdo con el mismo informe de gobierno se establecieron aspectos internos para regular el control y el procedimiento interno para el ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo a estas partidas, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

No obstante, en lo revisado de la PFM, el OIC de la FGR refiere que es de importancia reforzar e implementar mecanismos de control que permitan contar en tiempo y forma con la documentación e información que respalde las operaciones del gasto efectuadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

La partida 33701 fue altamente señalada durante la gestión de Enrique Peña Nieto, porque terminó erogando más de 40 mil millones de pesos, incluso la administración de López Obrador ha abierto investigaciones. Por ejemplo, de acuerdo con una nota de Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública tienen en la mira a la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong.

En noviembre del año pasado, medios nacionales reportaron que la Fiscalía giró dos ordenes de aprehensión contra Tomás Zerón, —implicado en la tortura de testigos en caso de los 43 de Ayotzinapa—, esto por el desvió de recursos de la partida 33701.

A esta partida también están relacionados controversiales actos de espionaje, pues recursos de esta han sido destinados para la compra de software, el caso de relevancia fue el de Pegasus comprado a una empresa israelí para monitorear a periodistas y activistas.

VIÁTICOS Y CONTRATOS

Otros gastos con cargo a dicha partida con irregularidades son los viáticos y en la contratación de bienes y servicios, revela el OIC.

Con base en el análisis que se llevó a cabo, en el caso de los viáticos, estadías, pasajes de autobús y claves (pago a informantes) que halló que en 97 casos no había documentación justificativa y comprobatoria que respalde el gasto de poco más de 2 millones de pesos.

Los divide en dos, en los de justificación hubo 34 casos por 364 mil 800 pesos por concepto de viáticos “sin el oficio de la comisión que justifique la entrega de los recursos a los servidores públicos”.

En tanto que en los de comprobación, determina que fueron 72 casos sin reporte de actividades o informes de comisión por un millón 598 mil pesos, así como un caso por pago a informantes de 100 mil pesos que no se comprobaron los recursos erogados.

En lo que corresponde a contratos suscritos por la PFM, se tiene que en uno adjudicado a Neolinx de México, S.A. de C.V para la prestación del servicio "Echo- Plataforma de consulta y análisis de datos masivos". Se pagó el 31 de diciembre de 2019 al proveedor un importe de 22 millones 225 mil pesos, (un equivalente un millón de dólares más IVA) esto considerando un tipo de cambio de 19.16 pesos.

Pero ese día en el Diario Oficial de la Federación se registró un tipo de cambio de 18.87 pesos, entonces el monto a pagar debió ser de 21 millones 892 mil pesos, una diferencia cambiaria pagada de 333 mil 268 pesos. 

Es así como el OIC concluye que de los resultados determinados en la auditoria “Compras y Gastos en Seguridad Pública y Nacional”, practicada a la PFM dependiente de la Coordinación de Métodos de investigación de la FGR, dicha unidad administrativa presenta deficiencias en la integración y control de la documentación, así como en la autorización, justificación y comprobación de los recursos erogados, ocasionada principalmente por el alto volumen de las operaciones registradas.

Un informe de la propia FGR dice que en la administración pasada no se contaba con registros de las cargas de trabajo del personal ministerial, por lo que se encontró una distribución inadecuada de trabajo: 213 agentes del ministerio público llevaban de 1 a 5 asuntos, según el organismo autónomo en 2019 el número de agentes con esta carga se redujo a 143.

Las deficiencias persisten en esta administración, pues las mismas se hallaron desde Peña Nieto, se observa en informes de la Auditoría Superior de la Federación. 

fuente.-@ptcervantes/


"YA TENEMOS un CHINGO de MENTIRAS,BIEN POCAS VACUNAS y se ESTAN ACABANDO las ILUSIONES"...la espera los fallos se pagan con vidas humanas.



Millones de ciudadanos mexicanos han creado una ola incontenible de registros en una página de la Secretaría de Salud para que padres y abuelos mayores de 65 años reciban la vacuna contra Covid-19. La verdad es que nadie sabe cuándo ocurrirá eso. En contraste, hay previsiones serias de que una vacunación masiva puede tardar dos años, hasta 2023.

Las perspectivas son igualmente sombrías sobre recuperación económica. Colombia, Chile y Perú repuntarán antes (no antes del próximo año), México está al final de la fila: será hasta 2025, tras concluir el sexenio, cuando el crecimiento regrese al nivel que tenía al iniciarse. 

En sus dos reapariciones tras contagiarse del coronavirus, el presidente López Obrador ha subrayado el potencial de la esperanza para que las cosas mejoren. Debería considerar un principio más democrático: decir la verdad. 

El Presidente y un segmento importante de sus colaboradores hablan con el país de espaldas a una guerra que en nombre de las vacunas se libra en el planeta en tres frentes: su desarrollo o descubrimiento, su distribución y la asignación de licencias para producirlas. 

Este conflicto planetario tiene desde luego un frente financiero (ante la escasez, las vacunas son más caras cada día), otro geopolítico y uno más, ético.

La vacuna AstraZeneca, con asiento en Inglaterra, está siendo descartada en Europa para gente de 65 años y más. Pfizer, en el eje de Estados Unidos, incumple sus acuerdos con todo el mundo, nuestro país incluido. Covax, la apuesta de la ONU para apostar por la equidad, se desplomó porque los laboratorios le dieron la espalda.

La mezquindad y acaso motivos peores agudizan nuestro horizonte. El “estratega” contra la pandemia, el doctor López-Gatell Ramírez, está en una cruzada personal en favor de la opción rusa, la Sputnik V, y en contra de dos opciones chinas, en particular CanSino. Al final de la semana dijo que ésta había apenas iniciado su trámite de autorización. En octubre aseguró que esa vacuna podía atraer contagio por sida pues usa un adenovirus 5. Se la ha olvidado decir que es exactamente lo que ocurre con Sputnik V.

Curiosamente, el hombre de la semana fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que acumula un extenso lapso de virtual desaparición. El jueves, un documento firmado por varias eminencias médicas, entre ellos David Kershenovich, director del Instituto Nacional de Nutrición (la casa académica y científica de Alcocer por décadas), no ha podido impedir la muerte de un amplio porcentaje de sus pacientes de Covid, ante la falta de recursos en sus unidades de terapia intensiva. Cuando la esperanza y las mentiras acaben fallando, el legado no podrá ser otro que la vergüenza.

fuente.-Roberto Rock/

LA UNIDAD ESPECIAL ANTI-COVID le CAYO a "DOÑA CELIA,SUSPIRANTE MORENA de DON AMLO" a GOBERNAR QUERETARO por BAILAR SIN CUBREBOCAS...130 desalojadas voluntariamente a la fuerza.


La Unidad Especial AntiCovid dispersó un acto de la precandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, quien se observa en el evento bailando sin cubrebocas en medio de la pandemia por coronavirus.

Y QUIEN ES LA DOÑA:


De acuerdo a lo informado por la Unidad, en la reunión partidista había más de 130 personas, por lo que de manera voluntaria los asistentes desalojaron el lugar y finalizaron el evento.

El pasado 17 de diciembre, Maya García fue elegida como candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro.

Ese mismo día, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, felicitó a la candidata por ganar la encuesta interna del partido. Además de señalar que el PRI y el PAN han establecido un régimen de corrupción y complicidades durante años en ese estado.

Fuente.-