El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la falta de control y transparencia en la partida presupuestal “gastos de la seguridad pública y nacional”, que se reparte entre algunas instituciones federales y que fue muy cuestionada en el sexenio de Enrique Peña Nieto por haber derrochado de manera opaca miles de millones de pesos.
López Obrador ha criticado esta partida:
“Ante la detección de falta de control y transparencia en la utilización de las partidas 33701 ‘Gastos de seguridad pública y nacional’ y ‘55102 Equipo de seguridad pública y nacional’, el Comisariato del Sector Seguridad Nacional impulsó la elaboración de las ‘Disposiciones específicas para el Ejercicio de los Recursos Presupuestarios’”, señaló AMLO en el documento de su Segundo Informe de Gobierno, en el punto de: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
No obstante, en esta administración se siguen manejando recursos con la misma opacidad. Tal es el caso de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República –que encabeza Alejandro Gertz Manero–, pues hay varios millones pendientes de comprobar.
Entre 2019 y el 31 de mayo de 2020, se autorizaron a la PFM recursos por 336.2 millones de pesos, de los cuales sólo pudo comprobar alrededor de 40%, quedando sin saber el destino de 201.7 millones, señala una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.
En detalle, se indica que en 2019 se les dio a los policías federales ministeriales 269 millones de pesos con cargo a la partida 33701. A través de actas circunstanciadas para la comprobación del gasto sólo se pudieron constatar 29.8 millones, que sumados a reintegros a la Tesorería por 59.8 millones de pesos dan 90 millones que se pudieron comprobar de los 269 gastados.
Al final fueron 179.3 millones los que no se pudieron corroborar a qué se dedicaron en 2019. Mientras que entre el 1 de enero y el 31 de mayo se les otorgó 67.2 millones, pero de igual manera hubo gastos sin comprobar por 22.4 millones.
Lo anterior da una suma sin comprobar, en el periodo de 2019 al 31 de mayo de 2020, de 201.7 millones de pesos de los 336 millones que se les autorizó.
Dentro de las tareas de la PFM está el apoyo a las investigaciones de los fiscales para la persecución de delitos, operaciones de inteligencia, protección a víctimas y testigos.
Algunas de las irregularidades encontradas por el Órgano Interno de Control.
UNA PARTIDA POLÉMICA
De acuerdo con el mismo informe de gobierno se establecieron aspectos internos para regular el control y el procedimiento interno para el ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo a estas partidas, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
No obstante, en lo revisado de la PFM, el OIC de la FGR refiere que es de importancia reforzar e implementar mecanismos de control que permitan contar en tiempo y forma con la documentación e información que respalde las operaciones del gasto efectuadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
La partida 33701 fue altamente señalada durante la gestión de Enrique Peña Nieto, porque terminó erogando más de 40 mil millones de pesos, incluso la administración de López Obrador ha abierto investigaciones. Por ejemplo, de acuerdo con una nota de Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública tienen en la mira a la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong.
En noviembre del año pasado, medios nacionales reportaron que la Fiscalía giró dos ordenes de aprehensión contra Tomás Zerón, —implicado en la tortura de testigos en caso de los 43 de Ayotzinapa—, esto por el desvió de recursos de la partida 33701.
A esta partida también están relacionados controversiales actos de espionaje, pues recursos de esta han sido destinados para la compra de software, el caso de relevancia fue el de Pegasus comprado a una empresa israelí para monitorear a periodistas y activistas.
VIÁTICOS Y CONTRATOS
Otros gastos con cargo a dicha partida con irregularidades son los viáticos y en la contratación de bienes y servicios, revela el OIC.
Con base en el análisis que se llevó a cabo, en el caso de los viáticos, estadías, pasajes de autobús y claves (pago a informantes) que halló que en 97 casos no había documentación justificativa y comprobatoria que respalde el gasto de poco más de 2 millones de pesos.
Los divide en dos, en los de justificación hubo 34 casos por 364 mil 800 pesos por concepto de viáticos “sin el oficio de la comisión que justifique la entrega de los recursos a los servidores públicos”.
En tanto que en los de comprobación, determina que fueron 72 casos sin reporte de actividades o informes de comisión por un millón 598 mil pesos, así como un caso por pago a informantes de 100 mil pesos que no se comprobaron los recursos erogados.
En lo que corresponde a contratos suscritos por la PFM, se tiene que en uno adjudicado a Neolinx de México, S.A. de C.V para la prestación del servicio "Echo- Plataforma de consulta y análisis de datos masivos". Se pagó el 31 de diciembre de 2019 al proveedor un importe de 22 millones 225 mil pesos, (un equivalente un millón de dólares más IVA) esto considerando un tipo de cambio de 19.16 pesos.
Pero ese día en el Diario Oficial de la Federación se registró un tipo de cambio de 18.87 pesos, entonces el monto a pagar debió ser de 21 millones 892 mil pesos, una diferencia cambiaria pagada de 333 mil 268 pesos.
Es así como el OIC concluye que de los resultados determinados en la auditoria “Compras y Gastos en Seguridad Pública y Nacional”, practicada a la PFM dependiente de la Coordinación de Métodos de investigación de la FGR, dicha unidad administrativa presenta deficiencias en la integración y control de la documentación, así como en la autorización, justificación y comprobación de los recursos erogados, ocasionada principalmente por el alto volumen de las operaciones registradas.
Un informe de la propia FGR dice que en la administración pasada no se contaba con registros de las cargas de trabajo del personal ministerial, por lo que se encontró una distribución inadecuada de trabajo: 213 agentes del ministerio público llevaban de 1 a 5 asuntos, según el organismo autónomo en 2019 el número de agentes con esta carga se redujo a 143.
Las deficiencias persisten en esta administración, pues las mismas se hallaron desde Peña Nieto, se observa en informes de la Auditoría Superior de la Federación.
fuente.-@ptcervantes/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: