En julio de 2020, Proceso publicó en su edición impresa 2280 un reportaje que daba cuenta, a partir del testimonio de un testigo, de la participación activa del Ejército y otras fuerzas de seguridad pública en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este miércoles, más de seis meses después, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que si los militares cometieron "errores" por este caso, deberán pagar por ellos. En ese escenario, Proceso publica íntegramente el trabajo periodístico en cuestión por el interés de nuestros lectores.
La investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó, el sexenio pasado, a una “verdad histórica” y ésta limitaba la responsabilidad de los hechos al crimen organizado. Ahora, en nuevas indagatorias que lleva adelante la Fiscalía General de la República, sale a la luz un hecho grave: la supuesta participación de miembros del Ejército –algo que se negó reiteradamente en el gobierno peñanietista– en la desaparición y ejecución de los estudiantes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En contraste con la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército mexicano, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos: detuvieron a numerosos jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares para interrogarlos y después los entregaron al grupo criminal que los destazó, incineró y disolvió en ácido.
La hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala, entre el 26 y el 27 de septiembre de ese año, establece que los restos de los jóvenes fueron sepultados y esparcidos en varios lugares; esto se comprobó con el caso de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos fueron localizados a 800 metros del basurero de Cocula, donde la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que se incineró a los 43.
Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indican también que ese cártel entregaba sobornos a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero, y por ello participaron en la desaparición de los normalistas, según documentos que obtuvo Proceso.
Detalles de la participación de militares en La Noche de Iguala, que tanto se había negado durante el gobierno de Peña Nieto, emergen en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014 que integra el fiscal Omar Gómez Trejo, ante quien uno de los testigos “de identidad reservada” aseguró que comenzó desde que los estudiantes llegaron a Iguala.
“Entre la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, declaró Juan, quien afirmó que los estudiantes fueron detenidos en grupos, uno de los cuales fue llevado por militares armados, en vehículos oficiales, a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
“La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no puedo precisar quién iba al frente de los militares que se llevaron a los muchachos”, afirmó el testigo, quien, como miembro de Guerreros Unidos, aseguró que tuvo “conocimiento de los hechos directamente, vía radio, pláticas y porque los vi”.
En marzo, en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, los padres de los 43 normalistas exigieron no sólo proceder contra el exjefe policiaco Tomás Zerón de Lucio, contra quien se libró orden de aprehensión, sino contra los militares que participaron en la Noche de Iguala (Proceso 2263).
En el escrito que entregaron, los padres de familia les exigieron “proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.
Y le exigieron a López Obrador que “reitere sus instrucciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren proactivamente entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que ocurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero al momento de los hechos”.
Conforme a la narración del testigo Juan, quien ingresó al grupo delincuencial bajo las órdenes de los hermanos Mario, Adrián, Sidronio y Ángel Casarrubias Salgado –fundadores y jefes de Guerreros Unidos–, y de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, en el ataque a los normalistas sí participaron activamente militares.
En la declaración ministerial consultada por el reportero se establece la participación de miembros del 27 Batallón de Infantería, pero también del 41 Batallón de la misma arma, que compartía cuartel en Iguala, en el lugar donde llegaron los normalistas a bordo de autobuses, detrás de los cuales iban sicarios armados del grupo contrario a Guerreros Unidos, que luego supuestamente se “mezclaron” con los jóvenes.
Los que viajaban en “cinco o seis” camionetas eran sicarios de Onésimo Marquina Chapa, que de aliado pasó a rival de Guerreros Unidos, y supuestamente se infiltraron en los estudiantes. El operativo lo dirigió El Güero Mugres, responsable de “relaciones públicas” del cártel y de entregar los sobornos a militares; su orden fue: “¡Pártanles la madre!”.
El testigo narró las instrucciones que dio El Güero Mugres, su superior: “Y empezó a movilizar en un principio a las autoridades, Policía Federal, Ejército, Policía Estatal, la Policía de Caminos, la Federal Ministerial, la Municipal ya estaba controlada por ser del municipio donde operaba el grupo. Empiezan a atacar a los muchachos a balazos, no era algo dirigido contra ellos, pero al estar mezclados los muchachos con la gente de Onésimo, según informaron los halcones a Los Tilos, fue que se debía contener y no se sabía quién era estudiante y quién no, el ataque fue general”.
Detenidos en grupos
Los Tilos, según el testigo, era un grupo de sicarios de Guerreros Unidos comandado por los hermanos Palacios Benítez, y otro grupo del cártel lo encabezaba Nicolás Nájera Salgado, El Cholo. Cada facción se hizo cargo de un grupo de los normalistas, quienes previamente, según el testigo, habían sido detenidos por soldados y policías.
“De las personas que fueron detenidas, una parte se las entregaron a Víctor Hugo Benítez Palacios, Osiel Benítez Palacios, Salvador Benítez Palacios, Orbelín Benitez Palacios para interrogarlos, para saber quiénes venían con el grupo contrario al que operaba en Iguala. Les fueron entregados por la colonia Martín Aceves, por lo solitario del camino. Esto lo dijeron los Benítez Palacios después.
“Y otra parte se los llevó la Policía Estatal y el Ejército para saber quiénes venían con el grupo contrario al que operaba en Iguala, o sea, la gente de Onésimo que tenía camionetas detrás de los autobuses.”
Agregó: “la Policía Estatal se los llevó a una casa en Iguala… La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón; tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no sé si los entregaron a los estatales o municipales, y ésos a Los Tilos y a la gente de Nicolás Nájera”.
Lo que sí supo, asegura el testigo, es que los militares sí entregaron a los muchachos a los narcotraficantes que, conforme a esa versión, los habrían asesinado: “los de la Policía Estatal y del Ejército son entregados a Nicolás Nájera, se los entregaron para destazar, y no fue en un solo momento, sino por varios momentos que llevaban cuerpos al crematorio y recogían y tiraban”.
En la declaración ministerial, rendida en febrero de este año, el testigo asegura que ninguno de los normalistas capturados quedó con vida.
“En el transcurso de la madrugada, como a las dos de la mañana del 27 de septiembre de 2014, El Güero Mugres preguntó qué sucedía y se le fue informando, vía radio, por parte de quienes se llevaron a las personas, que varios de los que había detenido estaban muertos, no se dio el número de muertos, fueron muertos a golpes.
“Víctor Hugo (Benítez Palacios) fue quien informó a Juan Salgado, alias El Indio o El Caderas, y a su vez al Güero Mugres, por la frecuencia de radio, que muchos quedaron en el interrogatorio, o sea por golpes, y decidieron matarlos a todos para no dejar ningún cabo suelto.”
Este testigo de la FGR, quien asegura que conoció los detalles porque tenía un radio de telecomunicación y porque participó en una reunión en la que los involucrados contaron lo sucedido, insiste en que los normalistas fueron detenidos en dos grupos.
“Los estudiantes fueron divididos. De los que se había llevado la estatal se los entregaron a Nicolás Nájera Salgado y se los llevó a una casa que él tenía por la colonia Los Granjeles, unos iban vivos y otros muertos, pero no se supo el número de cada uno.”
En esa casa, según el relato, un número no identificado de estudiantes fueron asesinados y después incinerados en el horno crematorio de la funeraria El Ángel, de Iguala: “los destazaron y se llevaron los cuerpos destazados a un crematorio en bolsas de plástico transparente. Se hicieron varios viajes en camionetas. Se destazó para que cupieran en el horno crematorio”.
Esto ocurrió entre las tres y las cuatro de la madrugada del 27 de septiembre y los restos y las cenizas se metieron en las mismas bolsas de plástico que, según el relato de Juan, fueron esparcidas en Coacoyula, cerca de Iguala, y en un paraje hacia Taxco.
El otro grupo de estudiantes, conforme a ese relato, fue desaparecido de otra manera: “los que se llevaron los Benítez Palacios dijeron que los habían hecho agua: disolverlos en ácido y luego echarlos al drenaje”.
Militares corruptos
Y es que la participación de elementos del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas en Iguala, rechazada siempre por el gobierno de Peña Nieto, obedeció a la corrupción, conforme al expediente de la FGR.
“Algunos mandos del Ejército estaban en la nómina del grupo; los elementos que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, eran los que estaban trabajando ese día”, aseguró el testigo, a quien el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa interrogó para obtener más detalles.
–¿Quién era el enlace entre elementos del 27 Batallón y Guerreros Unidos?
–Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres.
–¿Sabe cuánto se pagaba a los elementos del 27 Batallón por su pertenencia al grupo delictivo?
–Se pagaba mensualmente, según el cargo era lo que variaba. Un teniente andaba entre 60 mil y 80 mil pesos, un capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un general ya es cosa seria lo que se da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres.
–¿Quién recibía el dinero que se pagaba a los elementos del 27 Batallón por su pertenencia al grupo delictivo?
–Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres, lo recolectaba entre los miembros del grupo Guerreros Unidos y él se encargaba de hacerlo llegar a quien se debía entregar; la cooperación se hacía y luego se iba a entregar. Se sabía que el dinero se entregaba porque a esa gente que se le mandaba el recurso se le preguntaba si había llegado y cuánto le llegaba.
Pero en la “nómina” de Guerreros Unidos no sólo había efectivos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, sino del 41 Batallón de Infantería, que ocupaban entonces las mismas instalaciones. Y miembros de éste también participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según el testigo, “fueron varios” miembros del 41 Batallón los que participaron en los hechos, y a la pregunta de qué actividad desplegaron éstos, respondió: “pues igual, detenciones de los muchachos, pues comparten cuartel con el 27 Batallón”.
–¿Quiénes son los integrantes del 41 Batallón que realizaban actividades a favor del grupo delictivo?
–No puedo decirles, pues ahora no tengo seguridad garantizada para protegerme en mi vida diaria.
–¿Quién del grupo Guerreros Unidos daba órdenes a los elementos del 41 Batallón respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014?
–Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres.
–¿Quién era el elemento del Ejército que se encontraba al frente de los elementos que participaron del 41 Batallón respecto de los hechos del 26 y 27 de septiembre?
–No le puedo decir quién era por lo mismo, pero sé quién era y en su momento les podré decir quién era.
–Diga si los elementos del 41 Batallón usaron vehículos para concretar su participación respecto de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
–Igual que la anterior del 27 Batallón, en sus vehículos militares, que eran varios.
El testigo respondió que, además de los vehículos oficiales, los elementos del 27 y del 41 batallones también usaron sus armas en la noche de Iguala.
“El Güero Mugres”, clave
Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, no había sido identificado en las investigaciones de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto como un personaje prominente de Guerreros Unidos, pese a que, según Juan, fue quien coordinó el operativo contra los normalistas:
“Era el enlace entre el grupo Guerreros Unidos y las autoridades estatales y federales, hacía los pagos y acuerdos entre las autoridades cooptadas y el grupo. Él era como el de relaciones públicas con todos los niveles de gobierno y él actuaba bajo las órdenes de los Casarrubias, pues sólo Mario estaba preso. Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres, comenzó a dirigir el operativo en contra de los estudiantes.”
En julio de 2015, Pérez Lagunas fue detenido en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana lo identificó como jefe de Guerreros Unidos en ese municipio y en Tonatico, y dedicado al trasiego de droga de Iguala a Toluca.
Pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación 160181000105615, en la que se detalló que al momento de ser detenido traía droga y portaba dos armas de fuego –un rifle Iver Johnson Arm, calibre .30 mm, y una pistola Glock, calibre .45–, Pérez Lagunas obtuvo su libertad.
Y sólo se supo de él hasta dos años después, el 27 de febrero de 2017, cuando fue atacado a balazos por desconocidos, en Iguala, a 100 metros de un retén del Ejército. Su esposa, Yoselyn Díaz Velázquez, y su suegra resultaron heridas y él mismo las llevó al hospital Jorge Soberón Acevedo, donde murió la primera y donde fue supuestamente detenido por soldados.
Pérez Lagunas recuperó la libertad tras esos hechos con igual sigilo que en 2015, y a un año del ataque en su contra en Iguala fue supuestamente abatido a balazos en Tonatico, Estado de México, el 29 de marzo de 2018, según reportes de prensa.
La nota de la agencia Guerrero Noticias describió que “desangrado y recostado al interior de un automóvil fue encontrado un hombre sin vida a escasos metros de su domicilio”, en Tonatico. Presentaba disparos de arma de fuego y junto a él se localizaron 15 casquillos percutidos al parecer de un arma AK-47 y una calibre 9 milímetros.
La nota sigue: “al lugar arribaron familiares de la víctima, el cual fue identificado como Jesús Pérez Lagunas, alías el Güero Mugres, de 28 años, por lo que dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar al lugar confirmaron que el masculino carecía de signos vitales”.
***Este reportaje forma parte del número 2280 de la edición impresa, publicado el 12 de julio de 2020 .
