“Cadena perpetúa sin posibilidad de libertad condicional… [Su] sangriento reino como cabeza del Cártel de Sinaloa ha terminado, y el mito de que no podía enfrentar a la justicia ha sido enterrado”, dijo el fiscal federal Richard Donoghue a los medios afuera del juzgado de Brooklyn en el que Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 acusaciones, incluida delincuencia organizada (Continuing Criminal Enterprise, en inglés), que a su vez contempla homicidio, y por la cual Guzmán recibirá, con casi total certidumbre, cadena perpetua.
El juicio duró tres largos meses en los que diario, normalmente antes de las siete de la mañana, el capo de 61 años era llevado a través del Brooklyn Bridge desde Manhattan hasta el juzgado; cada tarde, alrededor de las 16:30, la misma rutina de regreso a su celda.
Al jurado le tomó seis días decidir el destino de Guzmán, quien se veía “anonadado” mientras leían su veredicto y antes de voltear a ver a su esposa, Emma Coronel, quien entre lágrimas alzó los dos pulgares, de acuerdo con un reportero de The New York Times que estaba dentro del juzgado.
Para cuando Donoghue estaba reunido con los medios al exterior de la sala, Guzmán probablemente estaba de vuelta en su celda, bajo seguridad máxima y a la espera de la condena que le impondrá el juez Brian Cogan el 25 de junio.
Durante más de tres décadas, Guzmán ha cultivado una mitología, y gracias a quienes han ayudado a crear esos mitos, se ha convertido en una especie de Robin Hood, o por lo menos en un capo calculador con visión empresarial. Ha hecho que las autoridades mexicanas se conviertan en un hazmerreír, pues ha escapado de dos cárceles de máxima seguridad y ha mantenido el control de su imperio de narcotráfico desde la propia cárcel y también mientras estuvo prófugo. Se ha convertido en un tema polémico para los agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration, Administración para el control de drogas), quienes se pelean por adjudicarse el crédito de su captura al mismo tiempo que le dan palmadas en la espalda a sus contrapartes mexicanas, todo esto en la era de Donald Trump.
Pero en el juzgado de Brooklyn, frente a un diverso equipo de fiscales de Brooklyn y Miami —donde el gobierno ha litigado varios casos de lavado de dinero—, con un juez serio de apellido Cogan, su última batalla es más bien un último aliento.
Los esfuerzos para convencer al jurado de que Guzmán es sólo un peón en un juego mucho más grande y maligno que juegan políticos corruptos y policías no sirvieron de nada.
Desde el primer día del juicio, el equipo legal de Guzmán buscó mostrarlo como víctima. Mientras esperaba a que el juicio comenzara una fría mañana de diciembre, Eduardo Balarezo, que con anterioridad había defendido al empresario farmacéutico chino Zhenli Ye Gon frente a cargos de importación de narcóticos y lavado de dinero, y a Alfredo Beltrán Leyva frente a una acusación de tráfico de drogas, describía el proceso entero como un “desmadre”. Sus socios en lo que se conocería como Team Chapo, William Purpura y Jeffrey Lichtman, habían defendido ambos a diversos capos en ocasiones anteriores. El salto a la fama de Lichtman fue cuando defendió al mafioso John Gotti.
El juez Cogan, a quienes sus antiguos colegas han descrito en distintos perfiles como eficiente, duro, rápido y a veces implacable pero siempre con compasión, dijo desde uno inicio que no aceptaría idioteces. Nombrado como juez por George W. Bush, Cogan ha desempeñado el cargo desde 2006. Amonestó desde un inicio a la defensa de Guzmán por alentar a los testigos que cooperaron con el gobierno a que lanzaran acusaciones de corrupción política sin tener evidencia para respaldarlas. A veces ni siquiera era claro que la defensa tuviera un plan específico para cada testigo. Sin embargo se mantuvo en la misma línea, a pesar de que Cogan intentaba eludir la vergüenza pública de que estas acusaciones fueran escuchadas por el jurado y por el público. Para cuando el testigo Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, apodado Alex, testificó que el expresidente Enrique Peña Nieto había aceptado un soborno de cien millones de dólares para detener la búsqueda nacional de Guzmán, el juez permitió que el testimonio fuese público. La defensa se mostró incrédula ante el alegato: “El señor Guzmán paga el soborno y se le persigue como animal. ¿Tiene sentido eso?”, preguntó Lichtman, antes de hacer hincapié en cómo Ismael El Mayo Zambada, a quien la defensa identificó como el verdadero líder del cártel de Sinaloa, había vivido una vida relativamente tranquila mientras el gobierno perseguía a Guzmán. “El Mayo era libre como pájaro”, le dijo Lichtman al jurado. “Su trabajo es descubrir por qué. ¿Quién creen que pagó el soborno [a Peña]?”, preguntó de forma retórica, insinuando que había sido Zambada.
No obstante, nunca se presentó nada que semejara si quiera evidencia de que este soborno se había llevado a cabo. La defensa no hizo ni las preguntas más básicas después de la acusación –¿Cómo se le entregó el dinero a Peña y en dónde? ¿En una casa en el Estado de México? ¿Un rancho en Atlacomulco? ¿Un sótano blindado en Los Pinos? Alex Cifuentes –su hermano, Jorge Cifuentes, también declaró– no podía recordar la fecha exacta del soborno, lo cual se entiende, pero seguramente debería haberse acordado del método de entrega de una suma tan grande de dinero si alguien le hubiera preguntado directamente. ¿Y por qué necesitaría Guzmán sobornar a Peña? El presidente de México puede ser el Comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas, pero hablarle a la Marina o al Ejército para pedirles que dejaran de buscar a Guzmán hubiera sido impensable incluso para él. Durante la administración de Calderón, a finales de 2008, dos altos mandos se atrevieron a enviar al General Mario Acosta Chaparro –encarcelado previamente por vínculos con el Cártel de Juárez– a las montañas de Sinaloa para intentar convencer al Chapo de disminuir la violencia. La reunión fue confirmada por dos agentes de inteligencia, uno estadunidense y otro mexicano. Según el exagente estadunidense, la reunión fue un “acto corrupto”, porque Acosta Chaparro debió haber arrestado a Guzmán ahí mismo. Otro exagente antidrogas de Estados Unidos dijo que todavía existe un área gris alrededor de las intenciones del general y de la reunión. “Si Acosta se reunió con él para que se rindiera, eso no es una actividad corrupta”, dijo. “Si fue ‘pagar para jugar’ —págame y te dejo jugar—, eso sí es corrupto”. Los testigos en el juicio de Guzman no declararon sobre la reunión; Acosta Chaparro fue asesinado a tiros a plena luz del día en la Ciudad de México en 2012.
Durante el juicio a Guzmán, Alex Cifuentes también dijo que Guzmán había sobornado a un general, pero no dio ningún nombre y nadie se lo preguntó –ni pidió pruebas. Jesús Rey Zambada declaró que Guzmán intentó sobornar a Santiago Vasconcelos, el exfiscal encargado de crimen organizado, pero al no conseguirlo, intentó matarlo.
Varios exagentes de la DEA han resaltado, desde su muerte en 2008, que Vasconcelos era incorruptible.
Poco se sabe sobre la Comadre María, la intermediaria que, según declaraciones de los testigos, supuestamente le dio el dinero a Peña al mismo tiempo que le conseguía niñas adolescentes a Guzmán. ¿Es ella una testigo que coopera con el gobierno de Estados Unidos y está bajo su custodia? ¿Era ajonjolí de todos los moles, un enlace criminal, alguien que podía contactar al presidente y a traficantes de menores con el propósito de conseguirle placer sexual a los capos mexicanos? ¿Los Estados Unidos y México la tienen vigilada dado que presuntamente envió fotos de niñas a Guzmán a través de un correo electrónico que pudiera intervenirse? ¿Es ella un fragmento de narcoimaginación o al menos una figura compuesta y exagerada, fabricada como leyenda en este submundo en caso de que los tenientes del cártel fuesen detenidos y necesitasen desviar la atención? Quizás nunca lo sabremos.
Los agentes y sus acciones
Aunque los testigos que cooperaron con el gobierno se hayan robado el espectáculo en el juicio, lo más importante fue la ausencia de agentes de la DEA, en particular Andrew Hogan, el agente que –según su libro– encabezó la persecución final de Guzmán. De haber perseguido a Guzmán tanto tiempo –cinco años, según su cuenta–, ¿no sería él el mayor experto en el tema?
Nadie llamó a Hogan para que testificara, según un exfuncionario estadunidense antidrogas que conoce el caso, porque Hogan se llevó una gorra negra de beisbol del departamento de Guzmán en Culiacán antes de capturarlo en Los Mochis. El robo es un delito, así sea uno agente gubernamental o extranjero. Al mismo tiempo, el robo de la gorra implica que Hogan alteró la escena del crimen, pues la gorra pudo haber contenido el ADN de Guzmán. No habría ayudado para demostrar la culpabilidad de Guzmán, pero podría haber dañado la reputación de la DEA. La editorial de Hogan dijo que no daría entrevistas sobre el tema. El exagente antidrogas estadunidense dijo que Hogan es un “idiota”, y agregó que sus acciones pudieron haber destruido la acusación entera.
El exfuncionario estadunidense piensa que el robo representa un problema más serio dentro de la DEA: existe una jerarquía, dijo, en la que los hombres blancos son ascendidos en lugar de sus compañeros latinos. Sucede muy seguido, dijo, que los hombres blancos son los que toman los puestos administrativos más altos, y se convierten en una especie de grupo cerrado, mientras que los latinos hacen el trabajo duro, como las investigaciones a nivel de calle. Parte de esto es lógico –la mayoría de los cárteles en Estados Unidos no son blancos, y gran parte del trabajo de la DEA se ha enfocado, de manera histórica, en América Latina. Pero el exfuncionario dice que también se trata de “racismo puro y duro”. Los hombres blancos en la DEA, dijo, no se cuidan tanto como los latinos. Si un latino hubiese hecho lo que hizo Hogan, dijo el exfuncionario, jamás hubiera sido ascendido. Después del arresto de Guzmán, Hogan se retiró de la agencia.
Pero las tensiones van más allá de los problemas raciales. Como en cualquier arreglo de cooperación internacional, en particular cuando se trata de trabajo de investigación en temas sensibles, hay un elemento de jerarquía dentro de la DEA. Uno de los colegas de Hogan que ayudó arrestar a Guzmán, un agente latino llamado Víctor Vázquez, fue fotografiado con uniforme militar mexicano y con arma en mano; ambas cosas ilegales en nuestro país. En el banquillo, Vázquez declaró que sus contrapartes en la policía mexicana eran demasiado corruptas como para formar parte de la operación de captura; Vázquez, enlace de la DEA con la Marina, pidió que la Policía Federal no participara y sólo lo hiciera la Marina. A pesar de sus declaraciones sobre corrupción, fue fotografiado en incumplimiento de la ley; sin embargo el hecho mismo no causó daños mayores.
“Supe de algunos rumores de que la DEA andaba armada y a veces incluso formaba parte del Ejército y la Marina”, dijo un exagente de inteligencia mexicano que trabajo de manera estrecha con la DEA en el país durante el gobierno de Felipe Calderón. “Pero nunca lo vi con mis propios ojos ni escuché una versión creíble de que sucediera, y hubiese hecho todo lo que podía para evitarlo y mantener el cumplimiento de la ley”. Los agentes de la DEA no tienen permiso legal de portación de armas en el país (ni tampoco de utilizar uniformes del Ejército), pero según varios exmiembros lo han hecho durante décadas con aprobación tácita del gobierno. “Esto muestra el poco respeto a las leyes mexicanas, al Ejército mexicano, y al profesionalismo de nuestra Policía”, dijo el exfuncionario mexicano. “No les importa violar la ley. Eso muestra que nos creen inferiores, que la ley en [nuestro] país no es tan importante como la ley en el suyo”.
El exagente de la DEA que tildó a Hogan de “idiota” también está enojado con Vázquez. “Imagina a un agente de la PGR aquí en Estados Unidos con uniforme militar. ¿Qué tan grande sería el escándalo si eso sucediera?”.
Una solución asequible, dijo el exfuncionario, sería que los agentes de la DEA que vienen a trabajar a México fuesen aprobados por el gobierno mexicano. “Si la DEA aprueba a los funcionarios mexicanos, creo que deberíamos hacer lo mismo –los mexicanos deberían revisar a los de la DEA. Es un asunto de reciprocidad. Tener mexicanos que necesitan aprobación de Estados Unidos pero no al revés nos dice que los mexicanos deben ser aprobados pero los estadunidenses no. Esto crea una dinámica donde los mexicanos son vistos como inferiores”. Dijo, sin embargo, que pensaba que la mayoría de agentes y funcionarios mexicanos que trabajaron con la DEA recibían trato respetuoso después de haber sido aprobados. “No era para nada tenso. Una vez que los aprobaban, la DEA los consideraba valiosos. Ellos veían hacia arriba a los agentes de la DEA porque la DEA les daba entrenamiento y equipo táctico, cosa que agradecían”.
La DEA tiene una tradición amplia de investigaciones bien armadas, pero en tiempos recientes ha estado en la línea de fuego más que nunca –en particular por el comportamiento de algunos agentes en América Latina y la aparente falta de supervisión sobre informantes confidenciales. Un reporte del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) de 2015 confirmó que en Cartagena, Colombia, agentes de la DEA disfrutaron durante años de la compañía de prostitutas contratadas por los mismos cárteles que deberían haber investigado. (El DOJ también concluyó que el manual de la DEA no tenía indicaciones específicas sobre el comercio sexual en países donde esta actividad es legal) Este reporte hizo que el diputado Trey Gowdy crucificase a la entonces administradora de la agencia, Michele Leonhart, durante una audiencia de una comisión legislativa. “Ni siquiera puedo emitir una recomendación. No puedo despedir a nadie, no puedo recomendar una sanción”, dijo Leonhart en respuesta a una pregunta sobre sus facultades para castigar a agentes de la DEA que violen las reglas de la agencia sobre la prostitución. “Hay un manual por el cual se rigen los oficiales. Tienen una guía de castigos, desde amonestación hasta despido”.
Desde una auditoría realizada en 2016 respecto a exceso de pagos y exceso de confianza en los informantes, la DEA dice que ha hecho cambios importantes y ahora toma en cuenta que los informantes no son necesariamente confiables. Pero el exfuncionario estadunidense dice que la DEA aún no tiene un buen liderazgo y buena supervisión, y que el juicio de Guzmán fue una vez más un foro de debate respecto al valor que se le da a los informantes. La defensa una y otra vez argumentó que el gobierno de Estados Unidos estaba prácticamente patrocinando a criminales, socios de Guzmán, para que se convirtiesen en ciudadanos estadunidenses a través de un programa especial de visados. En el cierre de su alegato, Lichtman se refirió a Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, como un “animal asqueroso y mentiroso” para intentar convencer al jurado de que ignorara todo su testimonio y creyese que el gobierno había, con conocimiento y a propósito, hecho testificar a criminales y a mentirosos. Otro testigo, Vicente Zambada Niebla, no pudo testificar, como hizo en Chicago durante las audiencias previas a su propio juicio, que la DEA le había permitido operar a cambio de información sobre cárteles rivales. El motivo por el cual no pudo testificar sobre el asunto fue que el alegato simplemente no era verdad. Según un agente que supervisaba operaciones en la Ciudad de México cuando Zambada Niebla se reunió con dos agentes en marzo de 2009, sus acusaciones generaron investigaciones periodísticas que concluyeron que durante años la DEA actuaba en contubernio con el cártel de Sinaloa. Lo que en realidad sucedió fue un proceso conocido como triage, en el que la DEA y sus contrapartes mexicanas priorizaban asuntos, a veces utilizando información de un cártel para ir en contra de otro. En el caso de Zambada Niebla, esto implicó reunirse con él en una ocasión el Hotel Sheraton María Isabel, aunque de manera accidental, según el supervisor. Zambada Niebla y Humberto Loya Castro básicamente acorralaron (metafóricamente) a los agentes de la DEA en el lobby y los obligaron a reunirse en su cuarto; la reunión posterior se llevó a cabo conforme a las reglas, según agentes, y no sucedió nada. No estaban autorizados ni a llegar a un trato ni a detener a los capos. Horas después de la reunión, Zambada Niebla fue detenido por el Ejército, que no recibió ninguna información de la DEA pero que sí seguía a Zambada Niebla, según el exfuncionario estadunidense que supervisó la operación. Los agentes de la DEA fueron castigados por permitir que Zambada Niebla y su acompañante los pusieran en esa situación, dijo el exfuncionario.
Es posible que Zambada Niebla no tuviera permiso de declarar largo y tendido porque su padre y él seguían buscando llegar a un acuerdo con la DEA incluso después de haber sido detenidos y extraditados. De acuerdo con Jack Riley, exagente de la DEA que ayudó a descubrir las conexiones de Guzmán en Chicago, y que antes estuvo involucrado en investigaciones para detenerlo desde El Paso, Texas, Zambada Niebla se convirtió en informante casi de inmediato tras llegar a Estados Unidos, pero su información sirvió poco y nada para detener a Guzmán. “No había nada relacionado directamente con el Chapo”, dijo. Sólo información que llevó a algunos cargamentos de drogas aquí y allá. Pero a través de Zambada Niebla la DEA supo que su padre, El Mayo, quería entregarse, según Riley.
“Sabíamos que eran chingaderas”, dijo Riley respecto los supuestos motivos de Zambada para entregarse. Sin embargo, a través de sus abogados, la DEA le consiguió un teléfono celular para comunicarse con él –y seguirlo. No lo detuvieron, pero sí se enteraron de cuando Zambada le dio a su hijo permiso para declarar en contra de Guzmán. “Básicamente le dijo ‘está bien, hijo. Coopera. Haz lo que tengas que hacer’”, dijo Riley. En cuanto a seguir a Zambada, el celular fue una “idea inútil”, dijo Riley, porque El Mayo seguro estaba a cientos de teléfonos de distancia y operando “a oscuras” para cuando las autoridades lograran intervenir la conversación, según Riley.
Nada de esto surgió en el juicio, y Riley –hoy retirado– no fue llamado a declarar. Pero la larga historia de comunicación entre la DEA y Guzmán, que llega hasta 1998, tampoco salió a la luz. Encerrado en Puente Grande, Guzmán había intentado conversar con ellos sobre corrupción política. El agente de la DEA Joe Bond y el analista de inteligencia Larry Villalobos se reunieron con él –se disfrazaron de trabajadores sociales– y tomaron notas que al final no fueron utilizadas en el juicio. No se lo pudieron llevar o si quiera escuchar las acusaciones de Guzmán. Pero incluso después de su fuga en 2001, Guzmán intentó buscar a Bond, aunque Bond siempre le negó un acuerdo.
Todos y cada uno de los agentes –activos y retirados– de la DEA entrevistados por el gobierno de Estados Unidos o periodistas sobre lo dicho por Zambada Niebla –que fue mucho–, han negado que en algún momento haya habido un acuerdo con el cártel.
Las dudas que permanecen
Si el juicio de Guzmán ha mostrado algo es que demostrar culpabilidad más allá de duda razonable no es sencillo, ni siquiera cuando, como dice uno de los fiscales principales, Andrea Goldbarg, se tiene “una avalancha de evidencia” –decenas de miles de documentos, grabaciones, mensajes de texto, videos, e incluso la infame entrevista de Sean Penn para la revista Rolling Stone. 56 personas, 14 de las cuales trabajaron para Guzmán, testificaron en su contra.
Al final, fue la decisión del gobierno simplificar todo lo que condenase a Guzmán. Guzmán, sentado en el juzgado cada día, escribiendo notas a sus abogados y conversando en secreto, decidió no declarar. El motivo principal, según el exfuncionario estadunidense, es que el jurado reconocería en definitiva su voz en las cintas que escuchó durante el juicio.
Los siete fiscales de la Fiscalía General del distrito este de Nueva York no podían hablar entre ellos sobre el caso, y a veces improvisaban conforme avanzaba. A veces se equivocaban: un primer error de un fiscal fue declarar que Guzmán había entrado en conflicto con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El padrino, cuando este último supuestamente era la cabecilla del cártel de Tijuana –en realidad era el jefe del cártel de Guadalajara–. En el público hubo quien se dio cuenta del error, aunque el jurado probablemente no lo haya hecho. (El fiscal incluso me negó haber cometido el error. Quizás testimonios posteriores o evidencia en otros juicios nos muestren nueva información que expliquen este cambio narrativo. El gobierno declinó comentar sobre el caso.)
En vez de intentar acusarlo de cientos de homicidios, de narcotráfico y lavado de dinero como varios exagentes pensaron que sucedería, los fiscales eligieron 10 cargos en particular –incluido uno que engloba el concepto empresa criminal continua, en el cual cabe todo aquello que se considere parte del cártel de Sinaloa– que se centran en narcotráfico. Aunque esto permitió que el juez Cogan limitase el testimonio sobre corrupción política –dado que no tenía vínculo directo con la acusación de conspiración de narcotráfico–, sí permitió también que los fiscales ignorasen preguntas clave. ¿Guzmán en efecto mandó matar a alguien? “El gobierno no debe demostrar que se cometió un solo homicidio”, explicó Goldbarg al jurado en su alegato final, después de describir un homicidio en las montañas de Sinaloa en el que Guzmán supuestamente participó. “Lo único que tiene que demostrar es que el indiciado acordó, con al menos una persona, matar [al testigo Miguel Ángel Martínez Martínez]… Los soplones morían”. Si alguien hacía algo que no le gustara a Guzmán, también moría. El homicidio de Rodolfo Carrillo Fuentes, el cual supuestamente consultó Guzmán con Zambada y Juan José Esparragoza, conocido como El Azul, mostró que Guzmán podía ordenar asesinatos. “El acuerdo mismo es el crimen”, dijo Goldbarg. “Tienen que acordar el crimen, no llevarlo a cabo”. Goldbarg dibujó a Guzmán como alguien que siempre quiso evadir la justicia, y también como alguien que siempre quiso huir y que nunca quiso enfrentar a un jurado.
¿Lavó dinero Guzmán? No hubo necesidad de volver a investigar a los grandes bancos que lavaron el dinero del cártel de Sinaloa cuando el propio hermano de Guzmán, Arturo, miembro de la empresa criminal, fue detenido en 1990 mientras cruzaba la frontera entre México y Estados Unidos con 1.2 millones de dólares en su coche. Guzmán podría incluso tener deudas de hasta 20 millones de dólares, según Alex Cifuentes, pero eso no afectaba su habilidad para participar en conspiraciones criminales. Arturo, según la fiscalía, planeaba regresar el dinero a México para volver a invertir el dinero –suficiente como para ser acusado de lavado.
¿Permitieron las autoridades mexicanas que Guzmán escapara por la puerta principal de Puente Grande en 2001 o huyó en un carrito de lavandería con un cómplice? ¿Se beneficiaron Dámaso López y la esposa de Guzmán, Emma Coronel, de corrupción policiaca cuando planearon el escape de 2015 del Altiplano o fue pura pericia? El jurado no recibió ninguna evidencia dura de corrupción (pero sí vio video y audio de los guardias de seguridad cuando se dieron cuenta que Guzmán ya no estaba en su celda), así que tuvo que haber creído que Guzmán se escapó por sí solo. El jurado no escuchó los tan vergonzosos detalles de que, en 2015, sólo unos meses antes de la fuga de Guzmán, el agente Riley se reunió con agentes mexicanos –en particular con el jefe de seguridad Enrique Francisco Galindo Ceballos– y les advirtió que tenían inteligencia que sugería que Guzmán buscaría escaparse por un túnel. “Me vio”, dijo Riley de Galindo: “Pinche gringo, no me digas cómo hacer mi trabajo”. Riley estaba furioso, pero después alabó los esfuerzos de ambos gobiernos en su colaboración por recapturar a Guzmán en menos de un año, tal y como hicieron otros exagentes de la DEA.
Una y otra vez, la defensa intentó demostrar que El Mayo Zambada era el líder del cártel de Sinaloa, así como distraer la discusión hacia la corrupción política, pero una y otra vez los fiscales lo evitaron. No importaba que Guzmán a veces tomara órdenes de Zambada; su relación era una sociedad, así que no importaba quien fuese el líder del cártel. Para demostrar la culpabilidad de Guzmán, Goldbarg dijo varias veces que lo único que necesitaba demostrar el gobierno estadunidense es que le había dado órdenes a un grupo de al menos cinco personas, y que era “un jefe, uno de varios jefes o uno de los jefes más importantes”.
Sólo un jefe de los jefes. Destinado a pasar el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad en cumplimiento de lo que el fiscal Donoghue llamó “una condena de la que no hay ni escape ni regreso”.
fuente.-Malcolm Beith
