Como “un mal chiste” o “un placebo” para curar la enfermedad es como califican los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) las acciones del gobierno de México para combatir la corrupción y lo acusan de bloquearles cualquier intento de trabajo o investigación sobre la materia.
Un reporte de The New York Times señala que los integrantes del CPC manifestaron su enojo porque el gobierno les ha obstaculizado investigar temas como el uso de herramientas de espionaje contra civiles, el desvío de millones de pesos a través de universidades públicas (La Estafa Maestra) o la acusación de sobornos de Odebrecht, en los que está inmiscuido Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Cuando en 2016 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se instauró un mecanismo de participación ciudadana, que es el CPC, el cual no ha tenido oportunidad de efectuar investigaciones a profundidad.
“Es un mal chiste, fui ingenuo cuando arrancó el sistema, creía y tenía la esperanza que iba a funcionar. Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, expresó a Luis Pérez de Acha, quien forma parte del comité.
De acuerdo con Octavio López Presa, otro integrante del CPC, el gobierno tiene pánico de que puedan encontrar algo o hallar a los responsables de actos de de corrupción.
“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo y resaltó que cuando el gobierno se dio cuenta que el CPC actuaría de manera imparcial eso no le gustó y comenzaron a bloquearlos.
Las piedras en el camino
Los miembros del CPC señalan que hay varios obstáculos para el combate a la corrupción, uno de ellos es que todavía no se designan a los magistrados en justicia administrativa, quienes tendrían que atender las acusaciones que surjan.
El CPC lamenta que los poderes que supuestamente les otorgaron sólo están en papel, mientras que el gobierno les ha respondido que ellos no deben investigar la corrupción sino ayudar a establecer políticas y coordinarse con las autoridades que tengan la competencia para indagar los delitos relacionados.
Los casos bloqueados
Jacqueline Peschard, presidenta del CPC, asegura que cuando intentaron discutir el espionaje contra civiles por parte del gobierno, les fue retenida información por parte de las seis agencias gubernamentales en el SNA. Una de las personas que votó contra la discusión de este tema fue Arely Gómez, quien era la titular de la Procuraduría General de la República cuando fue utilizado el programa espía; actualmente es la secretaria de la Función Pública.
El gobierno compró ese programa espía que se utiliza para buscar terroristas y redes criminales, pero fue empleado contra periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.
Sin embargo, el gobierno indicó en un comunicado que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un delito de corrupción, por lo que no era un tema para el SNA.
Otro caso es el de Odebrecht, la constructora brasileña que habría pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurarse contratos, de los cuales 6 millones presuntamente terminaron en manos de un solo servidor de alto nivel.
La investigación apunta a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cercano al presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de 2012.
Por ese señalamiento, la Fiscalía en Delitos Electorales (Fepade) investigaba a Lozoya, pero el fiscal encargado, Santiago Nieto, fue destituido tras señalar que el inculpado trató de presionarlo para eximirlo. A la fecha, no hay titular de esa dependencia.
Los integrantes del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, pero el gobierno negó que así haya ocurrido.
Cuando la investigación de La Estafa Maestra mostró que más de 3 mil millones de pesos fueron desviados por dependencias de gobierno mediante universidades públicas, el CPC pidió información a 99 agencias gubernamentales, de las cuales sólo les ha respondido una.
Así, la creación de este sistema anticorrupción solo ha quedado en una máscara que el mismo gobierno utiliza como truco.
“El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino al cambio”.
Al sistema le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción, el cual no ha sido nombrado por el enredo que se generó tras la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR y a que no se han designado tampoco al Fiscal General de la República.
Además, varios estados del país no han implementado sistemas locales anticorrupción, que debían estar desde el pasado 19 de julio; sin embargo, no han cumplido con su obligación.
No obstante, los integrantes del CPC coinciden en que a pesar de las dificultades que han encontrado y que enfrentarán en el futuro no se van a rendir y seguirán dando la pelea por combatir la corrupción en México.
Con información de :Animal Político/ The New York Times
