La Contraloría del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) detectó transas en la construcción de tres obras del
Poder Judicial de la Federación (PJF).
El órgano encontró
irregularidades, fallas de construcción y pifias en los proyectos de sedes del
PJF en Coahuila, Tlaxcala y Colima.
En esas obras se invertirán más
de mil 200 millones de pesos.
Por ejemplo, en Torreón, la obra
de 420 millones de pesos otorgada a la Constructora Jonap, contemplaba un
edificio de 40 metros de altura de sus 8 pisos, pero ignoró su cercanía con el
aeropuerto, donde sólo se permiten construcciones de hasta 11 metros.
El responsable de las fallas y
falta de supervisión es el ex director general de Inmuebles y Mantenimiento del
CJF, Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en febrero renunció luego de que en
la cajuela del vehículo oficial que tenía asignado fueran encontrados 3 millones
4 mil pesos.
Algunas versiones aseguran que
ese dinero era producto de "moches" pagados por las constructoras
beneficiadas con obras del CJF.
Pérez asegura que los recursos le
fueron "sembrados" para desprestigiarlo.
Según distintos oficios remitidos
por el contralor Marino Castillo al pleno del Consejo, también enfrenta
procedimientos de responsabilidad administrativa Rosa María Vizconde Ortuño, ex
secretaria ejecutiva de Administración y quien fungía como jefa de Pérez
Maqueda.
En Torreón, se deberá diseñar un
nuevo proyecto en los terrenos que fueron donados por el Mandatario Rubén
Moreira y el ex Alcalde de Torreón y actual Gobernador electo, Miguel Riquelme.
La imposibilidad de levantar una
torre de entre 35 y 40 metros de altura, según reportó la auditoría 26 DAO-
703/2017, fue por no haber observado las restricciones establecidas por la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), pues el predio se ubica en el
cono de afectación de la terminal aérea.
En Tlaxcala, donde la empresa
Agregados y Maquinaria del Caribe construye un inmueble en Apizaco con una
inversión de 370 millones de pesos, se detectaron "diversos
incumplimientos relevantes en los sistemas constructivos en la etapa de
cimentación".
Respecto de la obra de Colima, donde se gastarán 424 millones, las
auditorías 69 y 22/DAO/2017 detectaron "diversas irregularidades que
podrían ser constitutivas de una probable causa de responsabilidad administrativa.
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