En lo que va del año, cuatro exgobernadores han sido detenidos acusados de corrupción y uno más está prófugo de la justicia. La era de los considerados virreyes en México está llegando a su fin de tan baja credibilidad.
Todo indica que la
era de los virreyes está terminando en México.
Como nunca antes,
gobernadores y exgobernadores están siendo perseguidos por la justicia o, al
menos, condenados por la opinión pública.
Investidos desde el
año 2000 con un manto de poder absoluto en sus regiones, los gobernadores
incrementaron su poder, al tiempo que el país comenzaba a experimentar la
alternancia política.
Ante un poder que no
se controlaba desde la Administración central, los mandatarios hacían y
deshacían en sus entidades sin rendir cuentas; ahora, sin embargo, la suerte ya
no les sonríe como antes.
Presionados por
lograr buenos resultados electorales y preservar el poder, el Gobierno federal
y el PRI han emprendido una cacería contra gobernadores y exgobernadores
acusados de cometer delitos de corrupción y desviar cientos de millones de
pesos para beneficio personal.
Como en ningún otro
sexenio, son varios los gobernadores que ahora están encarcelados o sujetos a
procesos judiciales; y esta circunstancia no va a ser desperdiciada desde el
poder en un momento de tan baja credibilidad.
Los gobiernos de la impunidad
Lejos quedaron aquellos
tiempos en que el candidato Enrique Peña Nieto se refería a los jóvenes
políticos priistas que formaban la nueva generación de gobernadores.
“Son jóvenes, o
actores, de la nueva generación política, el gobernador de Quintana Roo, Beto
Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de
Chihuahua; el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva
que han sido parte del proceso de renovación del partido”, dijo el entonces
candidato presidencial en mayo del 2012.
Salvo el mencionado
entonces gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, los otros tres
personajes son requeridos por la justicia por haber cometido delitos de
corrupción: el uso de recursos públicos con fines privados, el desvío de miles
de millones de pesos del erario para sus cuentas personales o la compra de
bienes para su beneficio, o la comisión de otros delitos que permitieran
engrosar sus cuentas bancarias.
Y no son los únicos,
pues se suman a otros mandatarios que han sido señalados por la justicia y que
hoy se encuentran en prisión o son parte de un proceso judicial.
Ahí quienes han sido
procesados: Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León; Luis Armando Reynoso
Femat, de Aguascalientes; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Narciso
Agúndez Montaño, de Baja California Sur; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto
Borge, de Quintana Roo.
A quienes se suman
quienes están en prisión: Andrés Granier, de Tabasco; Mario Villanueva, de
Quintana Roo; Jesús Reyna, de Michoacán; Guillermo Padrés, de Sonora; Tomás
Yarrington, de Tamaulipas; y Javier Duarte, de Veracruz.
Varios de ellos han
alcanzado su destino en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Muchos de quienes
hoy ocupan las primeras planas de los diarios nacionales por sus hechos
delictivos, ayer posaban sonrientes y abrazados a las primeras figuras de poder
en el país.
Justicia invisible
El encuentro de
mandatarios estatales con la justicia no se había visto en ningún otro sexenio.
Con el expresidente
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron dos gobernadores: en 1989,
Xicotencatl Leyva, de Baja California, quien no apoyó su candidatura
presidencial; y en 1992, Guillermo Cossío Vidaurry, de Jalisco, a quien se
acusó de presunta negligencia en el caso de la explosiones de Guadalajara.
Ambos solo pidieron licencia a sus cargos.
Con Ernesto Zedillo
(1994-2000), pidieron licencia tres gobernadores: Eduardo Robledo Rincón, de
Chiapas, en 1995 –tras solo dos meses de ejercer el cargo- porque el EZLN se
negaba a dialogar con el Gobierno federal si él seguía en la gubernatura.
Sócrates Rizzo, de
Nuevo León, en 1996, por escándalos de corrupción; y Rubén Figueroa Alcocer, de
Guerrero, en 1996, porque organizaciones sociales lo señalaron como autor
intelectual de la masacre de Aguas Blancas.
En abril de 1999,
meses antes de terminar la presidencia de Ernesto Zedillo, el entonces
gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue acusado de tener vínculos
con el narcotráfico. Dos días antes de que terminara su periodo como mandatario
estatal, huyó y no fue aprehendido sino hasta el 2001, ya en el sexenio de
Vicente Fox.
Con Zedillo, los
gobernadores comenzaron a pedir mayor libertad para manejar sus estados.
Incluso, el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, tuvo un
enfrentamiento con el Gobierno federal. Fox se convertiría en el año 2000 en el
primer presidente de la República del PAN.
Con Vicente Fox
(2000-2006) se crearía la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como
un mecanismo de defensa de los gobernadores –mayormente priistas- que se habían
quedado sin el patronazgo de un presidente de la República de su partido.
Con tal de mantener
la estabilidad del país, Fox procuró respetar la independencia de los gobiernos
estatales y darles recursos económicos para lo que solicitaran.
El modelo se repitió
con el panista Felipe Calderón (2006-2012). Empañado por el conflicto electoral
del 2006 y tratando de ganar legitimidad, el expresidente enfocó su relación
con las entidades en los aspectos de seguridad; los gobernadores, por su lado,
fueron objeto de un escaso control y aprovecharon para endeudar a sus entidades
por generaciones enteras.
A pesar de los
escándalos de mandatarios como el priista Humberto Moreira, de Coahuila, sobre
quien pesaba la sospecha de actos de corrupción y supuestos vínculos con el
crimen organizado, Felipe Calderón esperó hasta este 2017 para acusarlo
públicamente.
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