PEMEX y la "ORDEÑA IMPUNE",GASTAN "BILLETAL" en TECNOLOGIA que HACE REIR a "CHUPADUCTOS"...a Carteles les resulta "rientable".

Petróleos Mexicanos gastó miles de millones de pesos en la compra de aviones y helicópteros para reforzar su seguridad, una inversión que no impidió una fuerte caída en el número de detenciones por robo de combustible de sus ductos.

Pemex diseñó una estrategia contra la ordeña de combustible... que ha hecho reír a los delincuentes.

Ante el robo de los ductos de combustible por parte del crimen organizado, la empresa productiva del Estado implementó un operativo para la rápida acción ante las ordeñas -como se le conoce comúnmente a la extracción ilegal de gasolinas- y la detención de estos criminales, pero las detenciones y consignaciones se desplomaron por los suelos.

Las cifras del combate a la ordeña revelan una caída en las detenciones de ordeñadores a los ductos de la empresa productiva del Estado, así como la realización de consignaciones para la detención de culpables por el hurto de combustible de los ductos.

TE RECOMENDAMOS:

EL "TRIANGULO ROJO",ASI ROBAN CARTELES CON AYUDA de PEMEX y SOBORNANDO MILITARES...la medicina que cura,también enferma.

Las cifras del promedio de los nueve años anteriores —de 2007 a 2015— , de acuerdo con un informe oficial en poder de Reporte Indigo obtenido vía transparencia, indican que hubo 317 detenciones de probables responsables en promedio cada año, en tanto que en 2016 la cifra cayó a 41 capturas.

Es decir, si se comparan las detenciones de este último año completo con los años anteriores la detención de ordeñadores de los ductos de Petróleos Mexicanos cayó 87 por ciento. Si antes caían 10 personas implicadas en robo de gasolinas, ahora apenas una.

Programa antiordeña

Esta caída en las detenciones se da en el primer año tras el arranque del programa denominado “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex”, en las que destina aviones y capacidad operativa para el resguardo de los ductos patrimonio de la nación en los que se traslada el combustible para el surtimiento de las estaciones.

TE RECOMENDAMOS:

LA GASOLINA,"ROBO del SIGLO",60% del COMBUSTIBLE EXTRAIDO con PEÑA NIETO...fue mas fácil subir el precio que combatir a los ladrones.

Para el proyecto que procuraba el resguardo de las instalaciones petroleras y los ductos se destinó, de 2013 a 2015, una inversión de 2 mil 521 millones 48 mil pesos. Tan solo en 2015 se utilizaron 571 millones de pesos para la compra de equipo, aviones y autos, principalmente, con el que enfrentarían las acciones de los criminales en los ductos de la petrolera.

Solo en 2015, de acuerdo con un informe de la Cuenta Pública de ese año dado a conocer hace unos días, Pemex adquirió nueve aeronaves y 41 vehículos terrestres, entre camionetas blindadas y camionetas Land Rover.

El programa de la petrolera estatal fue realizado por la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) y estableció la necesidad de adquirir 41 vehículos terrestres, nueve aeronaves y la instalación de un Centro de Mando y Control para implementar “patrullajes e inspección de la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex con equipo terrestre y aéreo; intercepción e interrupción rápida y efectiva de las acciones del crimen organizado, mediante la movilización y desplazamiento rápido del personal por vía aérea y terrestre, y conocimiento integral por parte de las autoridades de Pemex y Sedena”.

Las aeronaves, vehículos y el centro de mando quedaría a disposición y resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con el informe.

La petrolera realizó contratos para el personal encargado del manejo del equipo de vigilancia estratégica, el mantenimiento del equipo de seguridad, arrendamiento de camionetas blindadas, servicio integral de los vehículos, sobre todo los vehículos tácticos utilizados para las operaciones contra los ordeñadores.

En las operaciones contra el crimen organizado en los ductos de Petróleos Mexicanos participa personal de diferentes corporaciones, tales como fuerzas armadas y fuerzas federales en común con personal de Pemex debido a que las tomas clandestinas deben ser controladas por personal especializado.

Hay decomisos; pocas detenciones

Tan solo en este mes hay reporte del aseguramiento de miles litros de combustible robado... y un solo detenido.

En Nuevo León, la PGR aseguró 55 mil 900 litros de hidrocarburo en Allende, luego de cumplimentar una orden de cateo otorgada por un juez.

En la operación, la Policía Federal Ministerial decomisó cinco vehículos, cuatro cajas de tráiler y 44 contenedores llenos, con capacidades para mil y mil 200 litros, 24 contenedores vacíos con capacidades para mil litros; otro más, metálico, que almacenaba 7 mil 500 litros, así como material utilizado para las tomas clandestinas, como bombas y mangueras.

Este operativo estaba relacionado con otro efectuado el 27 de febrero, en el que se aseguraron 8 mil 200 litros de hidrocarburo en ese mismo municipio de Allende.

El 9 de marzo, la PGR de Jalisco informó sobre la integración de ocho carpetas de investigación luego de que fueron localizadas 13 tomas clandestinas y el 13 de marzo se encontraron tres más en los municipios de Ayotlán y Tala.

Ese mismo día, en Guaymas, Sonora, la Policía Federal (PF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) inhabilitaron un toma clandestina y aseguraron casi 10 mil litros de hidrocarburo.

En todas las operaciones, sólo se reportó una detención. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición de la PGR de Jalisco, a una persona con 10 mil litros de hidrocarburo que fue detenida gracias a una denuncia anónima en Tlajomulco de Zúñiga.

Las ordeñas además pueden ocasionar daños al medio ambiente. Esta semana en Nuevo León los diputados del PAN localizaron una megaordeña en Linares.

Los diputados solicitaron la intervención de la Profepa ante el derrame de diésel, que podría tener implicaciones serias al medio ambiente.

“La Profepa carece de atribuciones para regular, supervisar y sancionar en materia de protección al medio ambiente, las actividades del sector hidrocarburo, incluido el transporte de los hidrocarburos por ducto”, indicó.

La atención de las ordeñas en materia ambiental corresponden a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA), de acuerdo con la Profepa.

Los jugueteos

El programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex contó con apoyo para la compra de “juguetitos tipo GI-Joe” para ir a la caza de los criminales que succionan los ductos.

La petrolera adquirió un avión Gulfstream G550 2010 y un Citation Sovereign 2009, utilizados par la “movilidad táctica y estratégica de funcionarios de alto nivel, para tomas de decisión y otras actividades de seguridad nacional”. Los aviones costaron 733 y 203 millones de pesos, respectivamente.

Para poder patrullar los sitios sospechosos varias veces al día y contar con movilidad táctica y estratégica, de funcionarios de alto nivel, para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional, se adquirió por 118 millones de pesos un helicóptero Eurocopter. Además, otros tres aviones Cessna usados y tres helicópteros para patrullaje de zonas sospechosas.

En la flota de resguardo se adquirieron tres camionetas Chevrolet Express 2013 a un precio de 97.8 millones, dos camionetas Land Rover Defender 2013 por 63.9 millones, así como 30 vehículos todoterreno Zibar que costaron 59 millones de pesos, utilizados para “patrullar, interceptar, interumpir, de manera rápida y efectiva, la criminalidad en tierra”, de acuerdo con el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2015. La compra incluye también cinco vehículos Tiger que costaron 8 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos montó una estación terrestre denominada Cuartel General C-4 desde la que “se comandarán y controlarán las misiones aéreas de aviones y helicópteros, mediante la concentración de información”. Este centro de control de las operaciones costó 575 millones de pesos.

“Del presupuesto ejercido en el proyecto de inversión, por 2 mil 521 millones de pesos, se determinó que las primeras adquisiciones realizadas y recibidas de diciembre 2013 a abril 2014 fueron tres aeronaves (un avión Gulfstream, un avión Cessna Sovereign y un helicóptero Eurocopter EC-145), por mil 56 millones de pesos (41.9% del total del proyecto de inversión), cuyo destino fue el traslado de funcionarios de alto nivel, para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional.

“Los restantes mil 464 millones de pesos (58.1% del total del proyecto de inversión) correspondieron a adquisiciones realizadas y recibidas de agosto 2014 a agosto de 2015 y su destino fue la realización de patrullajes y vigilancia de las instalaciones estratégicas y ductos de Pemex, actividades que se iniciaron en junio de 2015”, asegura el Informe del Resultado e la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.

Hay investigación en marcha

La Auditoría Superior de la Federación solicitó que se investigue la compra de aviones y vehículos para el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex”.

El ejercicio de estos recursos fueron objeto de una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y solicitó realizar “investigaciones pertinentes” por posibles actos u omisiones de servidores públicos de la petrolera que en su gestión reportaron erróneamente el presupuesto ejercido del programa que buscaba fortalecer las capacidades operativas de Petróleos Mexicanos.

La ASF refiere en su análisis que Pemex es una empresa de mucha importancia para el desarrollo del país debido a su incidencia en la actividad productiva. Los diferentes servicios, el transporte y el comercio, por mencionar algunos rubros, están directamente vinculados con la petrolera estatal.

“Su seguridad resulta una función estratégica para su adecuada conducción, operación y crecimiento. Para llevar a cabo esta tarea se creó la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE), adscrita a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, área que tiene a su cargo establecer un sistema integral de seguridad, que permita disuadir, prevenir y desarticular cualquier acción violenta en contra de los recursos humanos y materiales de Pemex y de sus empresas productivas subsidiarias, bienes de producción e insumos necesarios para sus actividades”, refiere el Informe de la Cuenta Pública. 

Fuente.-

MEXICO: 3 ASESINATOS por HORA,72 al DIA en VIOLENTO INICIO de 2017: REVELA INFORME ...la solución también es problema.

Los primeros 59 días del año (enero y febrero) fueron violentos: en promedio, mataron a 3 personas cada hora, 72 por día.

De acuerdo con las cifras oficiales, en enero hubo 2 mil 156 homicidios dolosos; y en febrero, 2 mil 98, para dar un total de 4 mil 254 muertes violentas.

Este 2017 comenzó con más ejecuciones que en los primeros 4 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. El año pasado, en enero y febrero hubo 3 mil 164 asesinatos, es decir, más de mil muertes menos que ahora.

Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el actual sexenio se han cometido más de 83 mil 300 homicidios dolosos. No obstante, de acuerdo con el semanario Zeta, ya son más de 90 mil víctimas mortales.

Aquí las estadísticas del gobierno:

Victimas2017_022017 by Aristegui Noticias on Scribd

fuente.-

LA "PROCU de HIDALGO" DIO CHANCE a MILITAR para "MALTRATAR y MATAR" a la ESPOSA...otra vez la criminal negligencia.

Entre mayo y agosto de 2014, la joven J. fue golpeada, violada y amenazada de muerte en cinco ocasiones, por el mismo sujeto: su ex pareja sentimental, Cleotilde Espinosa Terrón, soldado de la 18 Zona Militar, asentada en el estado de Hidalgo.

En el último ataque, ocurrido el 14 de agosto de 2014, J. fue asesinada a balazos.

Todos los ataques previos sufridos por esta madre de dos niños –uno de siete y otro de seis años–, fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tan pronto como ocurrieron; pese a ello, las autoridades nunca hicieron nada para proteger a la víctima, aún cuando los delitos denunciados (lesiones, violación, secuestro), deben perseguirse de manera obligatoria tan pronto como son reportados, tal como establece la ley.

El militar Cleotilde Espinosa Terrón asesinó a J. y al hermano de ésta, enfrente de los hijos de la víctima. Luego se dio a la fuga.

Este militar, sin embargo, no fue el único agresor de J. y sus hijos: tal como consta en la recomendación 01/17 de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, esta mujer y sus dos pequeños, fueron también víctimas de maltrato, negligencia y denegación de auxilio, por parte del mismo gobierno estatal hidalguense, concretamente de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, y la Secretaría de Salud estatales.

Círculo de impunidad

J. y el soldado Celotilde Espinosa Terrón vivieron en unión libre durante siete años, entre 2006 y 2013, tiempo en el que engendraron dos hijos, y tiempo también durante el cual la joven sufrió siempre violencia física por parte de su pareja.

Para finales de 2013, sin embargo, J. denunció esta situación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, organismo que tardó cinco meses más en proceder contra el acusado, el cual fue consignado penalmente y recluido en una cárcel… por dos días.

Un mes después, en junio, el militar invadió la vivienda de J. y la golpeó, enfrente de sus hijos, para luego darse a la fuga.

J. denunció los hechos a la Procuraduría, cuyo personal le sugirió a la víctima otorgar el perdón al militar, para evitarse así más problemas. La joven se negó e insistió en que se procediera penalmente, y sólo así, la Procuraduría aceptó tramitar una orden de reaprehensión en contra del militar.

No obstante, el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a emitir esta orden de reaprehensión, por considerarlo una molestia para el acusado. Debido a ello, J. abandonó su vivienda y huyó a casa de su madre.

Ese era un inmueble cuya ubicación conocía Espinosa Torreón, y durante el mes de mayo, el militar allanó dos veces esa vivienda.

En ambas ocasiones, el militar golpeó a la joven madre, y la violó. La segunda ocasión, usó una pistola para golpear a la mujer.

Ambos ataques fueron denunciados a la Procuraduría estatal que, tal como en junio, no hizo nada por dar seguridad a J. y sus hijos.

En julio de 2014, es decir, dos meses después de ser procesado penalmente (durante dos días), el soldado Cleotilde Espinosa atacó nuevamente a su ex pareja, esta vez secuestrándola.

Según la denuncia de la familia, el militar extrajo a la joven madre de la casa en la que se refugiaba a golpes, tirándola del cabello, y apuntándola con una pistola, para introducirla en un vehículo. Luego, puso a bordo a los dos niños y se fue, con rumbo desconocido.

Tal como reportó J. tras ser liberada, su expareja, en complicidad con otro militar no identificado hasta la fecha, la mantuvieron toda la noche privada de la libertad en una vivienda, junto con sus hijos.

Ahí, la joven fue torturada, violada y, por enésima vez, amenazada de muerte.

Luego de que fue liberada por sus captores, junto con sus hijos, J. buscó de nuevo ayuda de las autoridades, aunque ya no a la Procuraduría, sino a la 18 Zona Militar, a la que estaba adscrito el soldado Espinosa Terrón.

En dichas instalaciones, sin embargo, el personal militar se negó a ayudarla y la remitió al DIF estatal… Y el DIF estatal la redirigió a la Procuraduría de Hidalgo.

Tal como establece la recomendación 01/17 de la Comisión estatal de Derechos Humanos, tampoco en esta ocasión la Procuraduría procedió en contra del agresor. De hecho, la Procuraduría se negó a catalogar este hecho como un delito de violación, y fue clasificado como “violencia familiar”.

En cambio, por primera vez la Procuraduría se ofreció a remitir a J. a la Secretaría de Salud estatal, para que esta dependencia diera albergue a la joven madre, y a sus dos hijos, en un lugar secreto, en el que pudiera estar a salvo de su ex pareja.

En ese lugar, dirigido por la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría de Salud hidalguense, J. y sus hijos recibirían cobijo y atención psicológica, supuestamente, por tres meses.

Días después de su ingreso, no obstante, J. y sus hijos fueron expulsados del albergue.

La razón: haber exigido una jarra de agua y papel de baño para atender a uno de sus hijos, quien presentaba fiebre y diarrea, a pesar de lo cual no se le había proporcionado ninguna atención médica.

J. denunció también que, en ese albergue, las mujeres eran obligadas a cocinar alimentos que no les proporcionaban y, en cambio, las mujeres refugiadas sólo recibían comida en mal estado, lo que tenía enfermos a todos los niños ahí albergados.

Además, denunció que el personal maltrataba y gritaba a las mujeres que estaban ahí, precisamente, para recibir atención psicológica por haber sufrido violencia extrema.

Tales inconformidades fueron catalogadas por la Secretaría de Salud estatal como una “conducta agresiva” de la joven madre, por lo cual no sólo fue expulsada del albergue, sino que le fue negada la canalización a algún otro lugar en el que su seguridad estuviera preservada.

Por sus propios medios, la familia de J. logró que la joven y sus hijos fueran recibidos en otro albergue, el cual, no obstante, la joven decidió abandonar siete días después.

El 14 de agosto de 2014, tras salir de este segundo albergue, J. se dirigió, junto con sus hijos y un hermano, a la casa de la que había huido en junio, y de la que deseaba extraer sus pertenencias.

Ese mismo día, el soldado Cleotilde Espinosa Terrón invadió dicha vivienda y la asesinó (igual que a su hermano), enfrente de los niños.  Luego escapó.

Sola

¿Por qué J. decidió abandonar el albergue en el que fue recibida, luego de que la Secretaría de Salud la expulsó de sus instalaciones? ¿Por qué J. decidió volver a su antigua casa?

Según la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, existen casos en los que “la indefensión y la desesperanza producidas en ella (la víctima) por un maltrato intenso y prolongado, además del deterioro en la autoestima y la falta de redes sociales, dificultan la toma de decisiones y generan miedo al futuro, ante escenarios posibles como estar ‘sola’, y lleno de retos para los que quizá no está preparada”.

En un caso como estos, señala la Comisión, si la víctima agredida enfrenta, después, “una violencia de mayor severidad”, puede darse el caso de que decida regresar a los ámbitos de inseguridad de los que, paradójicamente, buscaba inicialmente escapar.

En este caso, J. huía de la violencia extrema de su ex pareja, y al pedir ayuda a las autoridades recibió, en cambio, aún más violencia, por lo cual decidió volver a la vivienda de la que había escapado, a pesar de que sabía que ahí era vulnerable a nuevos ataques.

Justicia al estilo Hidalgo

Para intentar ocultar que J. fue expulsada del albergue de la Secretaría de Salud, dicha dependencia de gobierno alteró documentación oficial, lo cual también fue comprobado por la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Esa es, sin embargo, una anomalía cometida por las autoridades de forma posterior a la muerte de J.  La mayoría de las irregularidades, y las más graves por sus consecuencias, fueron cometidas cuando ella seguía viva, y pedía auxilio.

Según el testimonio de J. el personal de la agencia del Ministerio Público de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por ejemplo, la presionó para que retirara la primer denuncia que presentó contra su agresor, y le otorgara el “perdón legal”, a lo cual la joven víctima se negó.

Luego, el mismo personal del MP (perteneciente a la Procuraduría estatal), dejó pasar dos ataques más contra J., y no fue sino hasta el tercero que solicitó la “reaprehensión” del agresor, sin embargo, no presentó “elementos de convicción suficientes” para que dicha medida se aplicara.

De esta forma, la Procuraduría “fue omisa en procurar en todo momento la protección de una víctima del delito”, lo que no sólo viola la ley mexicana, sino también tratados internacionales suscritos por México, tal como determinó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.

Además, el personal de la Procuraduría nunca notificó a la víctima que tenía derecho a una “orden de protección” que garantizara su seguridad y la de sus hijos.

De hecho, J. pidió apoyo a la Procuraduría para que agentes de policía la acompañaran a sacar sus pertenencias de la vivienda de la que había huido, apoyo que nunca le fue otorgado.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo concluyó que el Tribunal Superior de Justicia del estado también violó los derechos de J. y sus hijos, ya que el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a ordenar la reaprehensión del soldado agresor, argumentando que eso implicaba “un acto de molestia en contra de Cleotilde Terrón, quien debía conservar su presunción de inocencia”.

La Comisión de Derechos Humanos Estatal, sin embargo, detectó que el Juez, en realidad, nunca esgrimió esos argumentos al negarse oficialmente a emitir la orden de reaprehensión, ya que ninguno de esos planteamientos fue incluido en el auto en el que desechó dicha solicitud.

Tales argumentos, en defensa de la presunción de inocencia del acusado, fueron planteados por el juez sólo hasta que se le solicitó un informe sobre sus actos, luego de la muerte de J.

Además, insistió la Comisión de Derechos Humanos, garantizar la presunción de inocencia del acusado no le impedía “actuar en protección de las víctimas del delito”, y no lo hizo.

A todo ello, se suma la negativa de la Secretaría de Salud a brindar auxilio a J. y a sus hijos, a quienes expulsó de su albergue para mujeres víctimas de violencia, por haber osado exigir una jara de agua y un rollo de papel para atender a su hijo enfermo, sin proveerlos de un lugar en el que su vida estuviera segura.

Para la Comisión de Derechos Humanos, la impunidad de los delitos contra las mujeres en Hidalgo, de los cuales el caso de J. es sólo un ejemplo, “envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno (…) Además, la inacción y la indiferencia ante las denuncias de violencia de género, reproducen la violencia que se pretende atacar, e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”.

Paradójicamente, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo no hizo ningún pronunciamiento sobre el personal de la 18 Zona Militar, que se negó a auxiliar a J., a pesar de que denunciaba delitos cometidos por uno de sus elementos.

Peor aún: a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos acreditó todas estas irregularidades por parte de funcionarios específicos de las dependencias de gobierno involucradas, declinó la posibilidad de promover por sí misma denuncias administrativas y penales contra dichos funcionarios.

Por el contrario, la Comisión dejó la decisión de proceder, o no, en contra de estos servidores públicos, en manos de las mismas dependencias de gobierno para las que trabajan.

Epílogo: libertad

Cleotilde Espinosa Terrón está prófugo desde hace dos años y siete meses.

“Efectivamente –explicó en entrevista Éder Arteaga, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo–, se sigue buscando a esta persona, que en este momento se encuentra prófuga, y quien enfrenta una orden de localización y aprehensión.”

–¿Cómo pueden secuestrar, torturar, violar, cinco veces, a una joven en Hidalgo, sin que pase nada? –se preguntó al representante oficial de la Procuraduría hidalguense– Es decir, ella denunció ante la Procuraduría cada uno de estos ataques, ¿por qué nunca se hizo nada?

–Es precisamente eso lo que se pretende saber –respondió el funcionario–: qué es lo que pasa, cuáles fueron las razones por las cuales no se procedió conforme a lo que indican los protocolos.

El representante de la Procuraduría de Hidalgo detalló que, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del estado emitiera la recomendación relacionada con la joven J., esta dependencia aceptó “instruir para que se incrementen las técnicas de investigación y localización de esta persona (el homicida, Cleotilde Espinosa Terrón), y también capacitar al personal de la Procuraduría sobre derechos de las víctimas”.

Eso es todo.

El funcionario subrayó que “hay ocasiones en que la Comisión (de Derechos Humanos de Hidalgo) solicita que se separe del cargo a personas en específico, por las faltas que haya encontrado, pero en este caso no es así.”

Pese a ello, explicó, el caso será analizado por la Contraloría interna, para determinar si existió algún procedimiento inadecuado por parte del personal de la Procuraduría.

Eventualmente, eso podría derivar en un procedimiento administrativo contra los funcionarios implicados… y sólo al final de este proceso, para el cual no hay un plazo establecido, podría saberse si algún funcionario incurrió en responsabilidad penal, por abandonar a J. a su suerte.

Fuente.-AnimalPolitico

APLICACION de "SECUESTROS y BALACERAS" DIO PREMIO a TAMAULIPECOS en TAIWAN...la calamidad transformada en oportunidad.

Los jóvenes tamaulipecos Martín Andrés Gómez Reyna y Carlo Alejandro Zavala Morales ganaron el tercer lugar en la Feria Internacional de Ciencia de Taiwán 2017, con una aplicación para dispositivos electrónicos móviles con la cual se pueden reportar balaceras y secuestros.

En México tenemos un problema muy grave con la falta de rapidez con que se atiende una emergencia, dijo Martín Andrés sobre la aplicación, llamada EmerApp+ (Emergencia Aplicación Plus).

En mayo de 2016, él y Zavala Morales ganaron en Querétaro un certamen nacional de desarrollo de software y multimedia con EmerApp+, y con ella se acreditaron para competir en febrero pasado en Taiwán, en la categoría ciencias de la computación, con creadores de 25 países. Los primeros dos lugares los ganaron desarrolladores del país anfitrión y los mexicanos el tercero.

Con la aplicación es posible reportar emergencias con o sin conexión a Internet. Los reportes son redirigidos a una red social interna, única y exclusiva de la aplicación, y a las autoridades de seguridad y servicios de emergencias, dijo Zavala, a quien se le ocurrió esta aplicación tras sobrevivir a un intento de secuestro.

Ambos son estudiantes de la Universidad Politécnica de Altamira y comenzaron a desarrollar EmerApp+ en 2015, cuando aún estaban en bachillerato. Queremos que se use primero para Tamaulipas porque la inseguridad es prioridad, apuntó Zavala.

La aplicación, que sigue en construcción, clasifica y da seguimiento a las emergencias (médicas, accidentes automovilísticos, percances generales o desastres naturales, así como lugares o situaciones de riesgo). Un beneficio adicional serán las estadísticas de incidencia por zonas y por tipo de emergencia, aunque todavía están trabajando en el algoritmo.

Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México, donde tres cárteles disputan el negocio de las drogas.

Fuente.-

JAIME RODRIGUEZ,el "BRONCO" se CONVIRTIO en "PONY"...se juntaron el hartazgo,el desencanto y la mediocridad.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” llegó a la gubernatura de Nuevo León gracias al hartazgo del electorado y al voto “anti”, anti Rodrigo Medina, anti PRI, anti PAN, anti sistema…

Se vendió como “independiente”, pero su dependencia destaca en varios aspectos. Primero, traicionó en parte a su electorado porque no ha cumplido sus promesas de campaña. Y luego, ha intentado evitar el desgaste del poder con la inacción porque pretende llegar a la candidatura presidencial en 2018.Al Bronco muy pronto se le olvidó gobernar. Llegó a la gubernatura el 4 de octubre de 2015 y en año y medio no ha hecho nada significativo, más bien se ha dedicado a nadar de muertito como guardando las formas para lanzarse nuevamente al ruedo electoral.

Sus promesas, la mayoría incumplidas, han provocado una gran decepción. Había ilusión, había deseos de cambio, había una expectativa fundamentada en su discurso, pero la realidad ha terminado por lanzar un balde de agua fría a los nuevoleoneses.

Y es que “El Bronco” empezó su Gobierno con el pie izquierdo de manera voluntaria. Rodrigo Medina no está en prisión como prometió y seguramente nunca estará encarcelado. La impunidad de su antecesor es asociada a un pacto por debajo de la mesa, porque el caso judicial fue armado de manera lamentable por la subprocuraduría, algo que algunos activistas consideran que fue a propósito.

El siguiente paso fallido fue incumplir su promesa de quitar la tenencia. Argumentando problemas financieros, el nuevo Gobernador no solo no retiró la tenencia llegando, sino que solicitó a los diputados no eliminarla y planteó que el cobró a los ciudadanos se fuera quitando gradualmente.

Su promesa de honestidad también está en duda. El primer escándalo fue el llamado “cobijagate”, un caso de compra de 200 mil cobertores con precios inflados realizado por el subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, quien registro cada cobertor con un precio de 144.90 pesos y resulta que el mismo tenía un costo en el mercado de 51 a 54 pesos. Este caso de quedó en la impunidad, ya que solamente se saldó con la dimisión del funcionario, pero nunca se investigó judicialmente.

En su pasado informe de Gobierno la mentira fue un recurso utilizado por el Gobernador de Nuevo León. Entre otras cosas dijo que su Gobierno se había ahorrado 700 millones de pesos en la reciente negociación de la armadora de vehículos Kia, pero el nuevo convenio no se ha hecho público.

Luego, engañó a los ciudadanos diciendo que por primera vez su Gobierno se había ahorrado 140 millones de pesos de intereses por tener dinero en el banco, pero esa misma cantidad también se la ahorraba el Gobierno anterior.

A pesar de que “El Bronco” se presentó al electorado como una víctima de la violencia y en particular de la muerte de su hijo que primero estuvo desaparecido, el Gobernador se ha negado a apoyar a las madres de los desaparecidos.

A ellas y a la sociedad en general les ha incumplido la promesa de crear tres fiscalías que atiendan los casos de desaparición que en Nuevo León se cuentan por miles. A las madres las recibió solamente al inicio de su mandato para ofrecerles una disculpa por haber dicho que sus hijos estaban desaparecidos porque en algo andaban.

En términos de género, “El Bronco” ha mostrado su machismo en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando dijo que a las niñas “gordas” no las quería nadie y consideró a las mujeres que dan a luz por medio de cesáreas como “malas madres”.

Además, el Ejecutivo estatal se ha negado a declarar la alerta de género a pesar de haberse registrado decenas de feminicidios desde su llegada al poder.

A la comunidad LGBTTI también les ha quedado mal. Incumplió su compromiso de encabezar la marcha del orgullo gay. Y declaró que las parejas del mismo sexo que quisieran caerse se fueran a Saltillo, lugar donde está permitido.

En el ámbito ecológico, “El Bronco” también sale reprobado. Algunos ecologistas lo consideran un “depredador ambiental” por no cuidar las áreas verdes y por no haber clausurado las pedreras a pesar de haberlo prometido en campaña.

Como es sabido, “El Bronco” se peleó con una buena parte de los medios de comunicación. Y así ha gobernado, haciendo gala de su nepotismo e incluyendo a miembros de su familia en el Gobierno.

A pesar de todo lo anterior, a pesar de haber caído estrepitosamente su nivel de aceptación, “El Bronco” anda en campaña preparando su candidatura a la presidencia.

Su propaganda incluye videos ridículos con un discurso facilón que pretende impactar en la gente de a pie gracias. Su creativo Memo Rentería, quien se adjudica el triunfo de “El Bronco” sigue produciendo materiales visuales muy criticados. Uno de los últimos, relacionado con el ahorro del agua fue muy criticado porque decía que para cuidar el agua, era mejor comer tacos.

Luego, lanzó un video con imágenes de su campaña a la gubernatura, invitando a todos a ser “locos y atrevidos” a cambiar el mundo. Y aún hay más: se comparaba con el “loco” de Albert Einstein a quien según él, la gente tampoco le creía.

Mientras “El Bronco” sigue en campaña rumbo a la presidencia, Nuevo León se hunde cada día más: el desempleo, el incremento de la pobreza, el aumento de la violencia y la corrupción gubernamental, son males que permanecen con su supuesta “independencia”.

La pregunta surge de manera inmediata: ¿Puede ser un mal Gobernador un buen Presidente?

Fuente.-Twitter: @SanjuanaMtz

LUJOSA MANSION del "REY de los DRAGONES" en el "CIMARRON" CONOCE a PEÑA NIETO...si los muebles hablaran del puñado de ilustres.

La lujosa y amplia residencia localizada sobre un terreno de varios acres en el número 1500 de la calle Trinity del exclusivo fraccionamiento El Cimarrón de Mission, Texas, resulta conocida para algunos exgobernadores y funcionarios mexicanos: Ricardo Monreal, Humberto Moreira, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Natividad González Parás o Rodrigo Medina.

Algunos de ellos y otros más, como el exgobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, tuvieron al dueño de esa mansión, Luis Carlos Castillo Cervantes, como su proveedor favorito durante sus administraciones.

Castillo Cervantes ahora se encuentra preso en Texas acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.Durante las audiencias en las cortes de Texas salió a relucir la amistad entre Peña Nieto y Castillo Cervantes, también conocido como El Rey de los Dragones.

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Foto: Germán Canseco.

“El señor (Guillermo) Flores Cordero testificó que Castillo Cervantes fue amigo de Eugenio Hernández, Humberto Moreira y del presidente Enrique Peña Nieto en los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México”, se escucha en los audios de las audiencias obtenido por Apro, las cuales fueron conducidas por la fiscal Julie Hampton.

Castillo Cervantes, a través de su empresa Immex, obtuvo durante años onerosos contratos adjudicados por los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, y algunos más, a cambio de sobornos que entregaba en efectivo, en algunas ocasiones en su residencia de la calle de Trinity, la cual está valuada en unos tres millones de dólares.

El gobierno federal también le entregó varios contratos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Entre 2013 y 2015 Castillo Cervantes obtuvo convenios por unos 2 mil 400 millones de pesos para mantenimiento de carreteras en 12 estados del país, a través de cinco empresas que utilizaron la maquinaria conocida como “Dragón” que representaba a su empresa Immex.

Los detalles de las transacciones y los sobornos que pagaba a los exgobernadores y al gobierno federal ahora se encuentran en el acuerdo de “clemencia” para su reducción de condena que Castillo Cervantes pactó con los fiscales de Texas.

Ese acuerdo actualmente se mantiene como sellado en la Corte del Distrito de Bexar. No obstante, durante las audiencias previas a que se le dicte condena salieron a relucir algunos detalles sobre el tema.

Apro obtuvo audios de esas audiencias que fueron conducidas por la fiscal adjunta Julie Hampton.

La confesión de Castillo Cervantes ahora debe preocupar a todos los exmandatarios y funcionarios asistentes a las fiestas y cónclaves que se celebraron en Trinity, sobre todo por el uso que dará a ese testimonio la nueva administración de Donald Trump.

¿Quién es Castillo Cervantes?

Originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, Castillo Cervantes es miembro de una familia de agricultores. Durante su juventud fue piloto de autos de carreras y compitió en algunas. Salió a principios de la década de los noventa del pequeño poblado huyendo debido a que tuvo un accidente en su auto Corvette, donde murieron dos menores, para refugiarse en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía de esa nación.

Cuando regresó a México se inició en el mundo empresarial como representante de la empresa Cutler Repaving Inc, la cual desarrolló una innovadora máquina recicladora de pavimento para dar mantenimiento a avenidas y carreteras.

Para cuando la maquinaria de Cutler arribó al país, la empresa ya había repavimentado más de 250 millones de metros cuadrados en Estados Unidos. Su máquina conocida como “Dragón” calienta, tritura y mezcla el pavimento deteriorado con nuevo asfalto para repavimentar los caminos.

Entre los primeros clientes de Immex estuvieron municipio de Tamaulipas, como la ciudad de Reynosa. De ahí brincó al gobierno del estado y rápidamente se extendió a Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí.

Lo que debería ser un rentable negocio legal, se transformó rápidamente en una empresa multimillonaria ilegal, debido a contratos inflados y la venta de su maquinaria sobrevalorada a estados, municipios y al gobierno federal.

Gracias a los contratos millonarios que obtuvo desde 2000 al 2015, El Rey de los Dragones comenzó a financiar campañas de políticos de todos los partidos. Entre otros, los candidatos a gobernador de estados como Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Estado de México recibieron apoyos para sus campañas.

Humberto Moreira recibió un millón de dólares para su campaña. Castillo Cervantes recuperó su inversión con decenas de contratos inflados cuando el profesor ganó la gubernatura, precisa la investigación de los fiscales de Texas.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Foto: Benjamin Flores

En 2006, Proceso publicó que “los dragones” llegaron al Estado de México de la mano de Alfredo del Mazo, quien presentó a Castillo Cervantes con Enrique Peña Nieto. A partir de ahí Peña y El Rey de los Dragones se hicieron amigos, documentó la fiscal adjunta Julie Hampton.

Como ciudadano americano, también comenzó a financiar campañas en Estados Unidos. Entre otras la del alcalde de Mission, jueces del Valle de Texas y de al menos un gobernador.

“Moches” en efectivo

Durante las audiencias, la fiscal Hampton detalló la entrega de sobornos que realizó El Rey de los Dragones para los entonces gobernadores Eugenio Hernández y Humberto Moreira, testimonio que fue ratificado por Guillermo Flores Cordero, otro empresario detenido por lavar unos 30 millones de dólares para el exgobernador de Tamaulipas y quien acaba de ser liberado gracias a su colaboración con los fiscales.

Castillo Cervantes entró al estado de Coahuila por la puerta grande. Primero con el gobernador Enrique Martínez y Martínez, y luego con Humberto Moreira, donde una buena cantidad de contratos sobrevalorados.

El tamaulipeco Javier Villarreal, extesorero de Moreira, introdujo a su paisano con el gobernador que abandonó su cargo para convertirse en presidente del PRI.

El testimonio de Cervantes Castillo describe los pagos de 10% de los “moches” por los contratos obtenidos.

Humberto Moreira recibió al menos tres sobornos. Uno de ellos fue entregado en la residencia de Trinity a su entonces secretario de Desarrollo Social Jorge Torres López.

Javier Villarreal fue testigo y cómplice de esas transacciones y fue quien abrió las cuentas bancarias en Texas para depositar el pago de millones de dólares en sobornos por los contratos de pavimentación que obtuvo Castillo Cervantes por parte de gobierno de Coahuila.

En una ocasión, Castillo entregó a Torres López un total de 80 millones de pesos, alrededor de 4 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, aunque el peso valía casi el doble que en ese momento, dijo Hampton durante las audiencias.

“El señor Villarreal estuvo presente en dos de las entregas y conoce también una tercera”, aseguró Hampton.

“Después de que el señor Castillo entregó la última cantidad de dinero, el señor Villarreal y el señor Torres llevaron bolsas de dinero a la residencia privada del señor Torres; llevaron las maletas a un dormitorio y el señor Torres abrió las bolsas y juntó pilas de efectivo a la bolsa hasta que contenía aproximadamente 40 millones de pesos mexicanos”.

“Esa misma noche el señor Villarreal y el señor Torres entregaron el dinero en la residencia del señor Moreira en Saltillo”.Gracias a las confesiones de Javier Villarreal, Castillo Cervantes fue detenido y acusado por lavado de dinero, ya que sabía que el movimiento de fondos para pagar sobornos representaba un fraude bancario. Hasta ahora se le ha incautado un jet y 36 millones de dólares.

En la última audiencia celebrada el pasado 4 de enero en Corpus Christi se declaró culpable y espera que su sentencia sea menor a 20 años de prisión, gracias a su acuerdo con los fiscales para la reducción de condena.

“Cero diplomacia en las cortes de Texas”

Una fuente que habló con Apro bajo la condición de que se respetara su anonimato, contó que durante la administración del presidente Barack Obama el secretario de Estado, John Kerry, realizó una inusitada recomendación a los fiscales de Texas:

“Que fueran diplomáticos para no ofender a México” durante los juicios que se celebraron contra conocidos narcotraficantes y empresarios relacionados con los cárteles, como el caso del empresario veracruzano Francisco “Pancho” Colorado Cessa.

Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Octavio Gómez

Incluso en las acusaciones contra Castillo Cervantes se manifestó esa diplomacia. En los documentos de la Corte de Texas, los fiscales señalaron que trasladó millones de dólares para pagar sobornos en “una nación extranjera”, para no mencionar el nombre de México.

En otros juicios los fiscales también evadieron resaltar las conexiones de las organizaciones del narcotráfico con funcionarios mexicanos.

Sólo en una ocasión la Corte de Texas rompió la diplomacia. Ocurrió en el juicio contra el jefe de plaza en Piedras Negras de Los Zetas, Marciano Millán Vázquez, celebrado a mediados de julio de 2016 en San Antonio.

La defensa del capo intentó alegar la inocencia de Marciano Millán presentando documentos oficiales del gobierno de Coahuila. Uno fue la “carta de no antecedentes penales” y otro un oficio de la Procuraduría estatal negando que existiera una investigación criminal contra su cliente.

La respuesta de la Corte federal de Estados Unidos fue: “El documento mexicano no es fiable, ya que se generó en el estado de Coahuila, cuyas autoridades han sido cómplices del cártel de Los Zetas en el tráfico de narcóticos”.

Esa misma actitud se espera por parte de los fiscales de Texas en la era de la administración Trump, cuando salgan a la luz los cómplices en los ilícitos que describió Castillo Cervantes en su confesión para que se reduzca su condena.

fuente.-

"CAYERON" 271 MIL DOLARES en "BOCINAS de JEEP" en ADUANA de REYNOSA...sonaban a dinero narco.

El Servicio de Administración Tributaria informó del aseguramiento de 271,000 dólares en efectivo que una persona trataba de introducir ilegalmente a México, en el Puente Internacional Anzaldúas, dependiente de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas.

Derivado de las labores  que efectúa personal de aduanas, se emitió una alerta que permitió identificar a un vehículo Jeep, con placas de Nuevo León, que ingresó al país por el carril de Nada que declarar, que al someterse al mecanismo de selección automatizado y debido a la alerta le correspondió luz roja por lo que se procedió a la revisión.

Al hacer la inspección física y por medio de aparatos de revisión no intrusivos se encontró, en el interior del vehículo, una caja, aparentemente de bocinas, que contenía paquetes con aproximadamente 271,000 dólares que no habían sido declarados, por lo que se procedió al aseguramiento.

Con esta cantidad asegurada suman ya aproximadamente un millón de dólares en efectivo y documentos que la Aduana de Reynosa ha asegurado en lo que va de este año y el año anterior.

Las divisas, el conductor y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para las acciones legales correspondientes.

fuente.-