Era
un hombre alto, algo corpulento, de cabello negro muy corto y piel muy morena,
que hacía que resaltara su tradicional camisa blanca. En 2008 llegó desde
Uganda y fue a parar al estado de Guerrero, tenía entonces 54 años y había sido
destinado como sacerdote a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, hasta que
desapareció.
Se llamaba
John Ssenyondo, era misionero camboniano. El 30 abril de 2014, después de
oficiar una boda en la pequeña comunidad indígena de Nejapa, en Chilapa, -un
lugar incrustado en el centro de la zona montañosa de Guerrero-, unos hombres
armados llegaron por él y se lo llevaron. Seis meses después, sin
querer, encontraron su cuerpo en una fosa clandestina en el mismo municipio de
Chilapa, cuando pobladores buscaban a sus familiares desaparecidos en la zona.
Había sido enterrado junto a otras 13 personas y los cuerpos presentaban
rastros de tortura. Cuando fue asesinado tenía 60 años de edad. Antes de
ser trasladado a la iglesia de Nejapa, había trabajado durante un tiempo en la
parroquia de Tlacotepec, en la comunidad de Los Hoyos, municipio de Heliodoro
Castillo, un lugar también peligroso.
Nejapa y
Tlacotepec, los dos lugares en que estuvo Ssenyondo, se ubican en regiones
estratégicas para el cultivo de amapola y la instalación de laboratorios
clandestinos para la producción de drogas sintéticas. La disputa por el
territorio entre grupos criminales modificó la tranquilidad de la zona desde
2008, con enfrentamientos, asesinatos, secuestros, extorsiones y hasta la expropiación
ilegal de bienes por parte de los delincuentes.
Se trata
también de zonas con altos índices de pobreza y marginación, en donde los
pobladores rezan para que el agua no les falte a sus sembradíos, en donde
muchas de las calles no están pavimentadas y muchas casas tienen techos y
puertas de lámina. Allí, en ese lugar, a pesar de la sangre y las presiones, a
pesar de que le robaron su carro y varios enseres de la iglesia, John Ssenyondo
siguió trabajando y nunca pidió su cambio. Allí lo mataron.
A casi dos
años de su asesinato, las razones del crimen del padre misionero camboiano aún
no han sido esclarecidas por las autoridades y mucho menos los responsables
detenidos. Pero para los habitantes de Chilapa no hay duda, tampoco para la
iglesia local, su muerte fue el resultado de meses de roces con el grupo
criminal de “Los Rojos”, que lo habían declarado una persona non grata.
Este no es ni el primero ni el último caso en el país. Desde 1990 hasta el 2015
se han documentado 51 crímenes contra miembros de la iglesia en México, entre
los que se cuentan un cardenal, 39 sacerdotes, un diácono, tres religiosos,
cinco laicos, un sacristán y una periodista católica; además de dos sacerdotes
desaparecidos.
Y es que
asesinar a un sacerdote, un diácono o a un religiosos tiene un objetivo para el
crimen organizado, de acuerdo al patrón que han seguido los casos ocurridos en
el país. Se pretende, con su muerte, generar terror en la población y eliminar
a un líder que une a la comunidad, para desarticularla y volverla vulnerable.
Tal y como ocurre con otro tipo de líderes comunitarios.
Según el
informe de la agencia Fides -órgano de información de las obras misioneras
pontificias-, en el 2014 México volvió a encabezar la lista de América Latina,
como uno de los países más violentos y peligrosos para el sacerdocio,
registrando cinco asesinatos, lo que representó casi la tercera parte de todos
los crímenes de clérigos ocurridos en el mundo en ese año.
Salvo el
padre John Ssenyondo, que era misionero camboniano, los otros cuatro religiosos
muertos en 2014, a consecuencia de la violencia o de su trabajo pastoral en
México, eran diocesanos: el padre Rolando Martínez Lara fue asesinado en
Canalejas, estado de México, durante un aparente robo en su parroquia; el
seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta, de tan sólo 21 años, fue secuestrado y
asesinado en Chihuahua durante Semana Santa; el sacerdote de 42 años José Acuña
Asención Osorio, fue asesinado en San Miguel Totolapan, Guerrero, y su cuerpo
fue encontrado en las aguas del río Balsas, y el clérigo Gregorio López
Grosotieta, de 39 años, fue secuestrado y asesinado en el municipio de
Tlapehuala, en la región de Tierra Caliente también de Guerrero.
Se
incrementan los ataques Aunque durante el sexenio del Felipe Calderón 17
sacerdotes fueron asesinados, una cifra que fue catalogada como alta a nivel
mundial, las muertes registradas durante el gobierno actual amagan con superar
el saldo de su predecesor. Y es que en la administración de Enrique Peña Nieto
los ataques contra sacerdotes aumentaron 400%, de acuerdo con el Centro
Católico Multimedial (CCM). En tan sólo tres años de gobierno han sido
asesinados once curas de manera violenta, mientras que otros dos permanecen
secuestrados.
En su trabajo
titulado “El riesgo de ser sacerdote en México”, el Sistema Informativo de la
Arquidiócesis de México (Siame) indicó que de acuerdo con los datos del reporte
del CCM, la tendencia de atentados contra sacerdotes registró un alza de 120%
en los primeros tres meses del 2015, en comparación con todo el tercer año de
la administración anterior. Coincidentemente el
Papa Francisco visitará cuatro de los estados mexicanos considerados por la
iglesia como de los más peligrosos para la vida religiosa, por el registro de
agresiones que existen: el estado de México, Michoacán, Chihuahua y la Ciudad
de México. Y se prevé que sea en Morelia donde el máximo jerarca de los
católicos hable sobre los riesgos del trabajo pastoral y los desafíos que
enfrenta ante los ataques que existen en México y que las autoridades mantienen
en la impunidad.
Pero
para la iglesia católica, en realidad considera la mitad del país como
peligrosa para ejercer un trabajo pastoral, en su lista aparecen los estados de
Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Baja
California, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Durango, Colima,
Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco y Coahuila. No obstante, los asesinatos
y secuestros no son el único temor al que se enfrentan los clérigos en México.
De acuerdo con los reportes, los miembros de la iglesia también son víctimas de
extorsión, robos o ataques a balazos; además de las amenazas de muerte, que en
el último lustro se incrementaron un 113%.
Según una publicación del diario El País, de 2005 a finales del año
pasado, 3 mil 220 templos, entre ellos, la Catedral Metropolitana, habían sido
profanados. Los daños causados, tan solo por irrupción y vandalismo contra
imágenes sagradas, mobiliario y objetos religiosos, se estima en 10 millones de
pesos.
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