En entrevista con este semanario, José Refugio Rodríguez Núñez –cabeza del equipo de abogados de Joaquín Guzmán Loera– afirma que el capo ya contrató a un litigante californiano para negociar su entrega a la justicia estadunidense… entrega condicionada a una reducción de la pena. De ahí el interés del sinaloense por interponer amparo tras amparo contra su extradición –necesita tiempo y lo está consiguiendo. Y de ahí, también, la prisa del gobierno de Enrique Peña Nieto por mandar cuanto antes al narcotraficante a Estados Unidos.
Joaquín Guzmán Loera se le puede adelantar de nueva cuenta al gobierno de Enrique Peña Nieto. La urgencia que el presidente ahora ha expresado para entregarlo a Estados Unidos puede quedar en nada. De acuerdo con su defensa, El Chapo está abierto a una negociación con las autoridades estadunidenses.
“Está abierto a ese escenario”, asegura su abogado José Refugio Rodríguez Núñez en conversación con Proceso. Esa posibilidad la consideró desde antes de fugarse del penal del Altiplano, en julio pasado.
Incluso, de acuerdo con Rodríguez Núñez, desde entonces entró en contacto con un abogado de California, estado donde una corte federal lo requiere desde 2001 por tráfico de cocaína.
La estrategia de la defensa de Guzmán, recapturado el viernes 8, es alargar el proceso de extradición y ganar tiempo para un eventual acuerdo con Estados Unidos. Si México autoriza su entrega a la justicia estadunidense, cambian las reglas del juego y los términos de una posible negociación.
“En el escenario de la negociación estaría la entrega voluntaria. Desde su anterior detención lo conversamos”, dice Rodríguez Núñez, encargado tanto de la defensa penal como de lo relativo al proceso de extradición del sinaloense.
Guzmán, quien en abril próximo cumplirá 59 años, podría buscar una reducción de sentencia a cambio de declararse culpable y de una penalización millonaria, pero el abogado dice desconocer los términos de la eventual negociación que estará a cargo del estadunidense.
Al posible acuerdo de los estadunidenses y el líder del Cártel de Sinaloa se ha sumado otro despacho de abogados, del cual Rodríguez Núñez evitó dar datos. De las conversaciones intervenidas a la actriz y empresaria Kate del Castillo con El Chapo y el otro abogado de éste, Andrés Granados Flores, se desprende que Joshua L. Dratel, con despacho en Nueva York, estaría dispuesto a defender a Guzmán Loera de forma gratuita.
Especializado en juicios y apelaciones penales y civiles, después de las conversaciones filtradas al diario Milenio, Dratel negó que hubiera ofrecido sus servicios. Según publicó ese periódico el martes 12, Del Castillo le dijo al Chapo que el abogado estadunidense aceptó “¡¡¡representarte sin cobro, pro bono!!!”.
Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, son dos de las jurisdicciones estadunidenses donde Guzmán Loera es requerido por tráfico de drogas. También lo es en Miami, Florida; El Paso, Texas; Chicago, Illinois; Concord, Nueva Hampshire, y San Diego, California.
En su página en internet, el despacho de Dratel dice haber recibido premios nacionales e internacionales por su solución de destacados casos criminales, además de haber defendido a clientes de alto perfil y atendido asuntos sobresalientes que van desde delitos cibernéticos y de negocios hasta terrorismo y acusaciones relacionadas con drogas. También dice llevar expedientes de extradición desde y hacia Estados Unidos.
Equipo de abogados
En el tema de la extradición de Guzmán, el gobierno de Peña Nieto pasó de la negativa a la aceptación, luego de que El Chapo lo exhibiera internacionalmente cuando se fugó del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015.
En la primera posición, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que Guzmán debería pagar primero su condena en México y luego podría ser enviado a Estados Unidos. Pero para eso tendrían que pasar 300 o 400 años, ironizó.
Recapturado Guzmán, el gobierno peñanietista de inmediato declaró que el narcotraficante sinaloense podría ser extraditado a Estados Unidos, por lo menos después de un año, de acuerdo con sus estimaciones del proceso judicial.
El viernes 22 Peña Nieto dijo ante empresarios y funcionarios reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que su gobierno quiere extraditar “lo más pronto posible” a Guzmán Loera. “La indicación que tiene la PGR es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente”.
Durante su participación en el foro “Una nueva agenda para América Latina”, el mandatario señaló que para su gobierno la fuga fue “un momento difícil, de tensión… pero lo más importante es que se logró su reaprehensión” y que México tiene la intención de entregarlo a Estados Unidos, aunque el proceso depende del Poder Judicial.
Pero Guzmán Loera se le podría adelantar y buscar antes un acuerdo con Estados Unidos, de acuerdo con Rodríguez Núñez, quien el sexenio pasado litigó dos de los asuntos más controvertidos del gobierno de Felipe Calderón.
Junto con Raúl Carrancá litigó a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas tras la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro decretada por Calderón. Participó también en la defensa de algunos de los acusados del “michoacanazo”, con el cual el entonces presidente intentó encarcelar a varios funcionarios y alcaldes perredistas de Michoacán acusados de mantener nexos con la delincuencia organizada.
Se sumó a la defensa de Guzmán Loera a las pocas semanas de que el jefe del Cártel de Sinaloa fue detenido en febrero de 2014, en Mazatlán, Sinaloa. Desde entonces se ha hecho cargo del grupo de litigantes que lo representa en las causas penales que se siguen en México en su contra, así como en el proceso de extradición.
Desde esa detención, después de 13 años de estar prófugo (en los gobiernos del PAN), Guzmán Loera tramitó diversos amparos contra su extradición, y luego de su recaptura logró la suspensión provisional, para evitar ser enviado de manera inmediata a Estados Unidos.
Ante la confusión en torno al equipo de los actuales abogados de Guzmán Loera, Rodríguez Núñez precisa que, además de él, están acreditados ante las autoridades penitenciarias como sus representantes legales Andrés Granados Flores y los hermanos Cynthia y Carlos Castillo Castillo. Aclara que Juan Pablo Badillo Soto, quien ha tramitado los amparos contra la extradición, sí trabaja para Guzmán, pero ahora no ha tenido acceso a su cliente.
En cambio, dijo desconocer a Jorge Olmos Fuentes, quien según el responsable de las prisiones federales, Eduardo Guerrero Durán, aseguró que se había acreditado como defensor del sinaloense. En entrevistas que dio la semana pasada, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social aseguró que Olmos Fuentes era el quinto abogado acreditado.
En esas entrevistas a diversos medios, Guerrero Durán aseguró que Guzmán estaba deprimido y confirmó que un perro prueba su comida como medida de seguridad para evitar que sea envenenado. Guzmán, además, es vigilado por perros entrenados para seguirlo por su olor cuando se desplace en el penal.
Sin que tuviera esas medidas, luego de su detención en febrero de 2014, Guzmán nombró a un equipo de siete abogados: Rodríguez Núñez, Granados Flores, Badillo Soto, Héctor Manuel Rábago Romero, Teresita de Jesús Contreras Espinosa, Óscar Manuel Gómez Núñez y Carlos Omar Ramón Barajas.
De todos ellos Guzmán ratificó después de su reaprehensión a Rodríguez y a Granados. De acuerdo con la PGR, el segundo fue quien sirvió para la recaptura del Chapo en Los Mochis, Sinaloa.
Según la PGR, fue el seguimiento a las comunicaciones de Granados con Kate del Castillo lo que le permitió enterarse de la intención del Chapo de filmar una película autobiográfica.
Rodríguez Núñez afirma que Granados Flores no cometió ningún delito, por lo que puede seguir siendo abogado de Guzmán. Incluso, dice, ha declarado en dos ocasiones ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en relación con la fuga, en julio pasado, sin que se le haya fincado ninguna responsabilidad.
La primera vez permaneció más de 24 horas en la SEIDO, y la segunda 10 horas, pero no ha sido acusado de nada, insiste Rodríguez Núñez. La primera vez que declaró fue en cuanto El Chapo se evadió de El Altiplano, el 11 de julio de 2015.
En cambio, Óscar Manuel Gómez Núñez está bajo proceso penal: la PGR lo acusa de haber hecho los pagos para la construcción del túnel. Granados no tuvo nada que ver con ese hecho y se mantiene en la defensa de Guzmán Loera, contrapone Rodríguez Núñez.
El litigante, además, lleva la defensa de su colega Gómez Núñez, y del cuñado de Guzmán, Édgar Coronel Aispuro, a quien la titular de la PGR, Arely Gómez, acusa de haber organizado y supervisado la construcción del túnel.
Rodríguez Núñez niega que su cliente lo haya designado para coordinar la publicación de su autobiografía.
Información de inteligencia señala que durante su permanencia en El Altiplano, tras ser detenido en Mazatlán, El Chapo valoró con sus abogados la publicación de una autobiografía llamada El ahijado, en la que hablaría de su vida personal y de su actividad como narcotraficante (Proceso 2038).
Según esa información, “Benito”, como estuvo identificado Guzmán en su anterior reclusión en El Altiplano, “mostró interés en la publicación del libro, el cual lleva como título El ahijado, (en el que) narra los sucesos más relevantes de su vida”, incluida su anterior detención en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014. Además, tendría “anécdotas, hechos reales, conflictos, alianzas, rupturas, traiciones, parejas sentimentales, entre otros temas”.
“A mí no me dijo nada del Ahijado. Lo que sí hablamos durante ese tiempo fue la idea de hacer una película autobiográfica. Por eso se contactó a Kate del Castillo”, asegura.
El abogado también afirmó que, como en la reclusión anterior, Emma Modesta Coronel Aispuro es quien aparece como la esposa acreditada del Chapo para visitarlo en El Altiplano, además de sus hermanas Armida y Bernarda y su madre, María Consuelo Loera López.
Petición de Estados Unidos
A los tres días de su reaprehensión, Guzmán Loera obtuvo de la juez noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, el inicio a trámite de un amparo para evitar su entrega inmediata a Estados Unidos.
Su defensa solicitó el recurso legal con el argumento de que su cliente estaba además expuesto a maltrato físico, deportación, destierro, incomunicación o desaparición forzosa.
El amparo fue tramitado ante el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Distrito Federal, que decretó la suspensión de oficio de la extradición pero desechó los otros alegatos de la defensa.
Enseguida, el juzgado declinó su competencia y el expediente recayó en el Juzgado Noveno, cuya titular revalidó la suspensión y admitió a trámite el amparo bajo el número 47/2016. En una audiencia realizada el 10 de enero en El Altiplano, Guzmán ratificó la demanda de amparo.
Este recurso busca combatir la solicitud de extradición tramitada por Estados Unidos desde 2001, cuando El Chapo se escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El expediente de extradición está radicado desde entonces en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con el número 3/2001.
La petición de extradición forma parte de la acusación que hay contra el sinaloense en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, en San Diego, que lo acusa de tráfico de cocaína desde 1996, aunque se le imputan cargos en otras cuatro entidades de Estados Unidos.
A partir de la acusación en San Diego, la ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en México hizo la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 16 de junio de 2015, un mes antes de que El Chapo se evadiera del Altiplano. La Cancillería le dio vista a la PGR de la petición de Estados Unidos.
El 29 de julio siguiente, cuando ya Guzmán se había fugado, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a petición de la PGR, ordenó su detención con fines de extradición. Los agentes de la procuraduría adscritos a la Interpol México le dieron cumplimiento formal a esa orden el domingo 10, a las 20:45 horas, tras su reaprehensión el viernes 8 en Sinaloa.
El juez dio también un plazo para que, antes de que termine enero, la defensa de Guzmán aporte pruebas y argumente contra el pedido de extradición, en lo que apenas es la primera etapa del proceso judicial de esa solicitud.
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