Desde hace cuatro años la PGR no ha pagado ni una sola recompensa por información que ayude a capturar a un capo del narcotráfico. El temor se arraiga entre la ciudadanía, a pesar de los millones que ofrecen las autoridades por la colaboración.
Delatar a un capo del crimen organizado es un riesgo que cualquiera teme correr, aunque haya una recompensa de millones de pesos.
En el mundo del crimen organizado les llaman desde soplones hasta sapos, en el Gobierno Federal se refieren a ellos como informantes o colaboradores. Como sea que se llamen, es una actividad que va en desuso, al menos en el Programa de recompensas de la PGR.
De acuerdo con datos de la propia dependencia federal, hace cuatro años —cumplidos este noviembre — que nadie ha cobrado una recompensa por delatar a un capo ante la PGR o por encontrar alguna persona desaparecida.
La información se solicitó desglosada desde el año 2000 a la fecha, pero la PGR indicó que las ocho recompensas reportadas fueron cobradas en 2010 y 2011. El entonces procurador, Arturo Chávez Chávez, autorizó celebrar un mandato para la administración de recursos para el pago de recompensas con cargo al presupuesto de la institución, el cual se realizó con Nacional Financiera.
Los beneficiados con las recompensas de la PGR recibieron 50 millones 832 mil pesos. Una sola persona obtuvo 30 millones en febrero de 2011.
Un mes antes cayó José Balderas Garza, “El JJ”, y, cinco meses antes, en agosto de 2010, fue detenido Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, capos de la droga por los que se ofrecía esa cantidad de dinero.
En noviembre de 2011, se entregó otra recompensa por 10 millones; en marzo de 2011, una por 4 millones y en noviembre de 2010 se entregó otra por 3 millones.
En enero de 2010 se reportó la entrega de dos recompensas por 666 mil pesos cada una.
La PGR indica que entregó en ambas un millón 332 mil pesos del programa.
En marzo pasado, Reporte Índigo difundió unas conversaciones en las que se revela la operación de una red de funcionarios de la PGR y presuntos informantes que trafican con los recursos del programa de recompensas de la propia dependencia.
Los audios ponen en evidencia que las gratificaciones que paga la PGR a cambio de información que ayude a detener criminales son negociables y repartidas entre personas coludidas con empleados de la dependencia federal.
En las conversaciones se habla de una recompensa por un millón de pesos.
La única que reconoce la PGR por este monto es la entregada en septiembre de 2011.
En las grabaciones se involucra a Abraham Eslava Arvizu, quien se desempeñó como responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tras la salida de Jesús Murillo Karam como procurador general de la República.
Un presunto informante de la PGR, identificado como Luis Heredia Rojas —ubicado como empresario de giros negros de la Ciudad de México— pone al tanto a uno de sus socios sobre un “bisnes” de un millón de pesos.
El negocio del que hablan es el cobro de una recompensa.
Tras la publicación de esa noticia por este diario en marzo pasado, la PGR dijo que investigará la red de funcionarios e informantes que traficó con el programa de recompensas.
La PGR, ya encabezada por la procuradora Arely Gómez, informó que será la Visitaduría General la que realice la investigación de esta denuncia que involucra a Abraham Eslava Arvizu, que estaba como encargado de la SEIDO.
“Sobre los probables actos indebidos en la operación del Programa de Recompensas, la Procuraduría General de la República, a través de la Visitaduría General, inició un expediente de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos informados”, señala la carta enviada a Reporte Indigo.
El comunicado está firmado por Eduardo Zerón García, encargado del despacho de la Oficina de Comunicación Social de la PGR.
La protección viene incluida
El acuerdo A/004/10 de la PGR indica que las recompensas se deben ofrecer y entregar en efectivo, en un solo pago o en exhibiciones periódicas a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos.
La recompensa, de acuerdo con este acuerdo, se entrega con cargo al presupuesto de la PGR y sólo por asuntos relacionados con delitos calificados como graves por la ley.
Los informantes reciben un número confidencial, y luego de corroborar la veracidad de los datos un Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas autoriza el pago.
La PGR asevera que tanto el número de identificación, el nombre y todos los datos de identificación del informante “se mantendrán bajo la más estricta reserva y confidencialidad”.
El mismo acuerdo considera la posibilidad de que un informante sea protegido en caso de que la información que aporte ayude a la localización de un capo peligroso.
“El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información de PGR (Cenapi) someterá a consideración del procurador los casos en que sea necesario brindar protección a quienes aporten información verídica y útil, o presten auxilio eficaz, eficiente, efectivo y oportuno al Ministerio Público de la Federación, en los términos del presente acuerdo y los acuerdos específicos respectivos, o a otras personas relacionadas, de conformidad con las disposiciones aplicables, siempre que existan indicios suficientes que hagan presumir la existencia de un riesgo para su vida o integridad corporal”, indica.
Actualmente, existen al menos 182 acuerdos publicados por la PGR para la búsqueda de personas peligrosas como integrantes de la delincuencia organizada o que llaman a la ciudadanía para que se aporte información sobre hechos delictivos específicos, como los ataques contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Michoacán, los granadazos de Morelia en 2008 o el incendio del Casino Royale en 2011 en la ciudad de en Monterrey, Nuevo León, entre otros.
n marzo pasado, Reporte Índigo difundió unas conversaciones en las que se revela la operación de una red de funcionarios de la PGR y presuntos informantes que trafican con los recursos del programa de recompensas de la propia dependencia.
Cero decomisos a ranchos de capos
En materia de decomisos de casas, ranchos, residencias, empresas, mansiones y dinero en cuentas bancarias, en 15 años la PGR les hace “lo que el viento a Juárez” a los principales capos de la droga en México.
Ni una choza, ni casitas, ni un terrenito. Nada. No se diga una mansión. La PGR reconoce que al menos a seis de los capos de la droga más importantes no les ha quitado ni un inmueble.
Los capos que libran la acción de la Procuraduría en la materia son Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada García, Nemesio Oseguera Cervantes, Servando Gómez Martínez y Vicente Carrillo Fuentes.
En la mayoría de los casos, las respuestas de la PGR son “igual a cero”, con base en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indica que no es necesario declarar formalmente la inexistencia de la información requerida, específicamente en casos que se requiere un dato estadístico.
La PGR precisa que la información entregada a través de la Oficialía Mayor “está sustentada con los informes que realiza el agente del Ministerio Público federal”.
En el caso de la respuesta sobre los decomisos a Guzmán Loera, la PGR agrega que “la información está sustentada con los informes que realiza el agente del Ministerio Público federal, por lo cual pueden existir aseguramientos ministeriales que dada la situación jurídica y estado procesal en que se encuentran, pueden no estar reportados ante este Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (unidad dependiente de la Oficialía Mayor)”.
Si bien la Oficialía Mayor de la PGR no tiene reporte de decomisos contra estos capos, a otros miembros de la delincuencia organizada el agente del Ministerio Público sí les ha quitado bienes y la Fiscalía ha tomado nota.
El reporte actualizado de decomisos en materia de cuentas bancarias, empresas, inmuebles y dinero en efectivo indica que sí hay actividad en este rubro contra las organizaciones criminales, aunque la PGR se negó a detallar la actividad por cárteles de la droga debido a que no contaba con ese nivel de desglose.
En casi 15 años la PGR reporta el aseguramiento de 2 mil 367 cuentas bancarias, es decir, un promedio aproximado de 150 registros bancarios por año de 2001 a noviembre pasado. El año en que más decomisó fue 2014, cuando fueron aseguradas 655 cuentas. Este 2015 se muestra una caída notoria en el decomiso de cuentas bancarias, pues hasta el 24 de noviembre pasado, fecha en que se entregó la solicitud, hay reporte de 71 registros bancarios inmovilizados, cuyos montos no se detallan.
Acerca de empresas incautadas a miembros del crimen organizado, en los últimos años la PGR sólo ha verificado el aseguramiento de cinco empresas. El año pasado decomisaron tres, una más en 2012 y este año otra más.
En el rubro de “inmuebles”, la PGR indica que en esta casi década y media se decomisaron 3 mil 733. El año con mayor actividad fue 2009, cuando se incautaron 506 casas, departamentos y ranchos, entre otros, a la delincuencia organizada.
En los años posteriores se decomisaron 477 inmuebles en 2010, 474 en 2011 y en 2012 se aprecia un descenso mayor, pues se reportan 317 aseguramientos de propiedades. En 2013 fueron 197, en 2014 suman 273 y de enero a noviembre de este año hay registro de 77 aseguramientos.
En materia de dinero en efectivo, la PGR distingue en su información cuatro apartados, dólares, euros, moneda nacional y “otras monedas”.
Los dólares estadoounidenses son la moneda más decomisada al crimen organizado, pues el informe indica que les fueron asegurados 693 millones 384 mil 383 pesos. En pesos mexicanos, en estos casi 15 años suman 607 millones 537 mil 310 pesos los que le fueron incautados a la delincuencia organizada.
En lo referente a euros, la sumatoria indica que fueron asegurados 2 millones 2 mil 125 unidades. En lo referente a “otras monedas”, la información indica que son 18 millones 758 mil nueve unidades.
Sin reporte a PGR
Aunque a Joaquín “El Chapo” Guzmán le han asegurado al menos 16 casas y cuatro ranchos, la PGR no recibió notificación de tales decomisos por parte del Ministerio Público.
Uno de estos, en el departamento con el número 401 del edificio Torre Miramar, en pleno malecón de Mazatlán, Sinaloa, donde la Armada de México localizó a Guzmán.
El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, relató que la persecución del capo fue difícil porque tenía al menos siete casas que se comunicaban entre sí por túneles e incluso por el drenaje público.
“Entre el 13 y el 17 de febrero (2014) fueron localizados algunos domicilios en los que acostumbraba a estar y en algunos de ellos, inclusive, lo que dificultó la detención, se encontró que estaba conectado por medio de túneles con siete casas, ubicadas no sólo por túneles sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad”, mencionó entonces Murillo Karam.
En la documentación —obtenida a través de una solicitud de transparencia— la PGR indica que se tiene un total de “cero” decomisos de inmuebles, casas, terrenos, empresas y cuentas bancarias aseguradas a Guzmán.
“Sin embargo, es de señalar que esa unidad administrativa enfatizó que la información anterior está sustentada con los informes que realiza el Ministerio Público federal, por lo cual, pueden existir aseguramientos ministeriales que dada la situación jurídica y el estado procesal en que se encuentran, pueden no estar reportados a esta Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales”, indica la PGR.
La PGR publicó en comunicados que tras las operaciones para la captura del jefe del cártel de Sinaloa el 22 de febrero de 2014, en las que fueron aprehendidos otros 12 integrantes del crimen organizado, también se aseguraron 97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 mm, dos explosivos, seis mil 44 cartuchos, nueve granadas de fragmentación, cuatro granadas de 40 mm para arma larga, 14 casas, 38 equipos de comunicación y 43 vehículos de los cuales 19 tenían blindaje antibalas.
También se aseguraron 4 mil 690 dólares en efectivo, 420 mil 820 pesos y tres mil 110 kilos la metanfetamina conocida como crystal, 82 kilos de cocaína y 25 kilos de mariguana.
Lavadoras de ‘La Tuta’
A Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profesor”, la PGR le quitó al menos siete artículos, entre lavadoras, secadoras y otros enseres para el hogar.
En el listado no se aprecia ningún inmueble decomisado al cabecilla de Los Caballeros Templarios, a quien le decomisaron tres camionetas y dos autos, un “accesorio bélico” no detallado, 25 equipos de comunicación, 38 artículos catalogados como “otros” y los siete considerados como “línea blanca”.
La dirección de la Oficialía Mayor de la PGR hace la misma anotación acerca de que la información “está sustentada con los informes que realiza el agente del Ministerio Público federal”.
En lo referente a armamento, a “La Tuta” le fueron aseguradas 17 armas , 24 cargadores, 737 cartuchos y municiones, tres explosivos y 19 accesorios para armamento.
A la PGR también le fue reportado el decomiso de un kilogramo de cocaína y uno de metanfetamina.
“La Tuta” reporta decomisos a partir del año 2009, pues de 2001 a 2008 que considera la PGR el reporte muestra “cero” decomisos.
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