Humberto del Bosque Gutiérrez denunció la sospecha de un “arreglo” entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impedir que un grupo de marinos sea enjuiciado por el homicidio de su hijo Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrido en 2013 en Anáhuac, Nuevo León.
Señaló que tras la muerte del joven, en agosto de ese año, se abrió la averiguación previa AP/PGR/NL/DSCP-I/2086/D/2013, pero supuestamente hace seis meses la agente ministerial federal Elvira Reyes la dio por concluida.
Dijo que la funcionaria no consignó el caso al juez, ni la CNDH ha querido enviar la recomendación correspondiente por el homicidio de su hijo, en el que están involucrados el capitán de Fragata Raúl Sánchez Labrada; el teniente José Domingo Sánchez Salinas, y los cabos Alfi Ahumada Espinosa y Carlos Adán Verdugo Amarilla.
En la averiguación también están señalados los marinos Ivanhoe Manuel Cisneros Chinchilla, David Sotelo Mendoza, Renato Juárez Arellano y Eliseo Sánchez Patrón.
Humberto del Bosque Gutiérrez consideró inadmisible que al concluir la investigación el juez no tomara el caso para dictar la orden de aprehensión de los involucrados, por lo que supone que hay un acuerdo cupular entre las instituciones para impedir que avance el asunto.
“La investigación que emprendió la PGR en la delegación de Escobedo, Nuevo León, ya está concluida, pero no quieren consignar, porque parece que no tienen autorización superior. La CNDH concluyó el documento de la queja, pero no ha emitido la recomendación y no sabemos por qué, si ya terminaron la investigación”, dijo.
Añadió: “Lo que me da a pensar es que hay contubernio entre ellas, acuerdos por arriba entre PGR, Secretaría de Marina y CNDH para ponerse de acuerdo, porque ni avanza la investigación, ni se hace la debida consignación”.
De acuerdo con la denuncia que presentó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día de los hechos Armando Humberto se encontraba en una plaza del municipio de Anáhuac y tuvo una discusión con una persona, con quien incluso intercambió golpes.
Cuando llegó a su casa, su padre le sugirió que acudieran a la comandancia municipal para aclarar los hechos, pero ahí les dijeron que no había personal que los atendiera, por lo que regresaron a su domicilio.
Posteriormente hicieron llegar una notificación al joven para que se presentara en las instalaciones de Policía, porque personal de la Marina quería “platicar” con él. Armando subió en su coche Mustang y el padre lo siguió en su camioneta.
En el trayecto, explicó el padre, tres patrullas conducidas por marinos interceptaron el vehículo de su hijo, lo subieron a una de las unidades oficiales y un elemento de la Secretaría de Marina se llevó el Mustang.
Minutos después el padre se dirigió a la base militar en el poblado de Colombia y le notificaron que el joven estaba detenido y que posteriormente le darían más datos.
Una hora después le informaron que Armando no estaba detenido ahí y que no había sido arrestado, por lo que de inmediato presentó una denuncia ante la PGR.
El 3 de octubre de 2013, un grupo de cazadores encontró abandonado en una brecha de Colombia el Ford Mustang modelo 2000 con placas de Texas que conducía Armando Humberto al momento de su detención, y dieron aviso a las autoridades.
En una inspección de los alrededores, investigadores federales encontraron los restos humanos de Armando, quien aún portaba documentos personales que lo identificaron. Su personalidad fue verificada a través de exámenes de perfil genético.
En la investigación que siguieron los agentes federales tras la desaparición, se comprobó que los policías municipales que estaban en la barandilla admitieron que la víctima había sido detenida por los marinos.
Y de acuerdo con Raymundo Ramos, presidente de la CDHNL, en la averiguación los involucrados se responsabilizan mutuamente de la suerte del joven.
En días recientes Humberto del Bosque Gutiérrez se reunió en la PGR con los subprocuradores de Derechos Humanos, Eber Betanzos, y de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, quienes se comprometieron a revisar la averiguación y dar una fecha para la consignación del expediente.
“Sin embargo, hasta ahora no dan señales de que vayan a cumplir su palabra”, concluyó Ramos.
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