La frase de la ministra Maria Estela Rios, proferida en plena discusión del pleno de la Suprema Corte no es certificado de inocencia para ningún “perseguido político” de ocasión; es la confesión incómoda de que el derecho penal mexicano se usa como garrote, pero también de que eso no legitima la impunidad de nadie.
Qué dijo realmente la ministra
En plena discusión sobre si el peculado debe prescribir, María Estela Ríos suelta la bomba: en México sí hay persecución política, “ni modo, así es”, al advertir que la imprescriptibilidad podría convertir al Ministerio Público en arma facciosa.
Traducido a jerga jurídica, está describiendo el riesgo de un «ius puniendi» convertido en instrumento de vendetta, donde la ausencia de plazos claros le abre la puerta al uso selectivo del proceso penal contra adversarios incómodos, muchos que ya lo hubieran resuelto si ya se hubieran entregado.
El problema es que lo dice como quien comenta el clima: reconoce un vicio estructural del sistema sin cuestionar al poder político que la impulsó a la Corte a la que ha servido como asesora jurídica de Andres Manuel Lopez «Hablador».
En un Estado que presume “no somos iguales”, admitir que la persecución política “se da en nuestro país” es casi una confesión de parte de un órgano que debería ser el dique frente a esos abusos, no su notario.
El contexto jurídico: peculado, prescripción y garrote penal
La discusión de fondo era si el peculado —desvío de recursos públicos— puede o no prescribir, es decir, si el Estado tiene un plazo máximo para perseguirlo.
La mayoría de la Corte decidió que sí prescriba, porque no lo equipara a delitos de lesa humanidad, y porque un delito imprescriptible puede ser usado como amenaza permanente contra cualquier servidor público, real o ex.
Ríos plantea justamente ese equilibrio: que la víctima no cargue con un proceso eterno, pero que el expediente no se quede guardado en un cajón para sacarlo solo cuando convenga políticamente.
Ahí su frase tiene un contenido técnico claro: está reconociendo que el diseño de los plazos de prescripción tiene una dimensión de garantías frente a la persecución política, no un cheque en blanco para rateros de cuello blanco.
Su proclama rápidamente fue retuiteada por un aludido en expedientes penales.
La admisión vergonzosa
Lo vergonzoso no es que diga que hay persecución política; lo vergonzoso es el “ni modo, así es”, como si fuera una fatalidad natural y no el resultado de decisiones concretas de fiscales, jueces y, sí, ministros alineados al gobierno en turno.
En boca de una ministra identificada con el obradorismo, suena más a descripción resignada del modus operandi del régimen que a denuncia institucional de una desviación del poder punitivo.
En derecho constitucional eso tiene nombre: reconocimiento de un uso desviado del «ius puniendi», incompatible con el principio de igualdad ante la ley y con el derecho a no ser sometido a procesos penales con fines espurios.
En lenguaje llano: la ministra está aceptando que el sistema de justicia se usa como filero político, pero en lugar de sonar escandalizada, parece estar justificando que, bueno, “así funcionan las cosas”, mientras se decide que el peculado sí tendrá fecha de caducidad.
Por qué no es “absolutoria” para Cabeza de Vaca
Francisco García Cabeza de Vaca lleva años presentándose como “perseguido político” para barnizar de martirio opositor un expediente que incluye acusaciones de delincuencia organizada, lavado y huachicoleo fiscal, entre otras joyas.
Ha denunciado que Morena y sus operadores presionan a Fiscalía y Poder Judicial para cercarlo, y exhibe cada movimiento judicial como prueba de que el aparato penal se usa para descarrilarlo políticamente.
Que una ministra admita que en México existe persecución política no convierte automáticamente en inocente a todo político perseguido imputado que se autoproclama víctima del régimen.
En lenguaje procesal: la declaración de Ríos no es prueba exculpatoria, no es cosa juzgada, no es precedente que acredite ausencia de delito; a lo sumo, confirma el contexto estructural de selectividad penal en el que se litigan causas como la suya.
Cuando Cabeza de Vaca retuitea el video, busca convertir una advertencia sobre los riesgos del diseño de la prescripción en constancia notarial de que él pertenece al club de los perseguidos, no de los imputados con buenos abogados.
Es una jugada política: reencuadra una discusión técnico-penal sobre peculado como si la ministra hubiera dictado sentencia absolutoria moral para todos los acusados que gritan “persecución” más fuerte que “corrupción”.
Persecución política vs. persecución de políticos
Una cosa es persecución política (uso del sistema penal como arma selectiva contra adversarios, sin respeto a garantías), y otra muy distinta es persecución de políticos que sí tienen carpetas sólidas en su contra, aunque se envuelvan en la bandera de la oposición.
El uso faccioso de la justicia es un vicio del sistema; la responsabilidad penal de un exgobernador se decide en pruebas, peritajes, auditorías y sentencias, no en hilos de X ni en frases sueltas de una ministra.
Desde la dogmática penal, la persecución política implica desviación del fin legítimo del proceso penal, violación al principio de legalidad, selección discriminatoria de a quién sí se le aplica la ley y a quién no.
La persecución de políticos es simplemente la aplicación del ius puniendi a sujetos que, casualmente, son parte de la clase política, lo cual es no solo válido sino necesario en un Estado que dice combatir la corrupción.
Así que no: Ríos no le firma carta de buena conducta a Cabeza de Vaca ni a ningún otro imputado VIP; lo que firma, sin darse cuenta, es el acta circunstanciada de un sistema judicial que admite ser usado como arma, mientras resuelve si los saqueadores del erario podrán dormir tranquilos contando los años para que prescriba su expediente.
Con informacion: REDES/
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