La Fiscalía General de la República, esa entidad que en teoría debe garantizar el debido proceso, acaba de firmar su propio dictamen de incompetencia. En un comunicado tan tardío como vergonzante, la FGR reconoce que el terreno donde cayó herido y finalmente murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quedó sin resguardo. Es decir, la escena del operativo más importante en la historia reciente del combate al narcotráfico —el fin del capo del Cártel Jalisco Nueva Generación— fue abandonada a su suerte.
Que dijo la FGR:
En un comunicado, el Ministerio Público ha reconocido que “existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos”, y ha justificado la falta de aseguramiento de la zona, en una lujosa urbanización del pueblo de Tapalpa, en el Estado occidental de Jalisco, porque no existían “condiciones mínimas de seguridad”
Traducido al castellano llano: todo lo que se encontró ahí no sirve legalmente para nada. Ni las narconóminas, ni las armas, ni los documentos, ni las fotografías, ni siquiera el polvo sobre la mesa. ¿La justificación? Que “no había condiciones mínimas de seguridad”. Una explicación que, en el plano jurídico, equivale a alegar “me dio miedo hacer mi trabajo”.
Pero la función del Estado —y más aún de sus brazos armados y ministeriales— no es eludir el peligro, sino enfrentarlo. Quien acepta un cargo público en el Ministerio Público Federal o el Ejercit,está, por definición, alquilado para responder ante el riesgo, no para pedir dispensa cuando los disparos suenan.
La cadena de custodia no es un formalismo, sino el eje que da validez probatoria a cualquier evidencia. Violentarla equivale a sacar la causa penal por la puerta trasera del juzgado antes incluso de empezarla.
Lo irónico es que mientras militares y fiscales se reparten culpas como si fuera tómbola, el terreno de Tapalpa quedó abierto para que cualquiera —curiosos, vecinos o periodistas— entrara, tomara fotos, y acaso moviera piezas. Tres días después, el complejo de lujo donde se refugiaba El Mencho seguía con las puertas abiertas, sin resguardo federal, estatal ni municipal. Y aun así, la FGR se atreve a sostener que “actuó bajo principios de legalidad, lealtad y profesionalismo”.
En lenguaje procesal, esto tiene nombre: omisión dolosa. Porque si hubo un operativo de alto impacto, existía la obligación expresa de asegurar la escena y preservar los indicios. No hacerlo no sólo contamina la prueba, contamina la verdad misma. Y en un país donde la impunidad se mide por toneladas, la admisión pública de tan flagrante error no es autocrítica: es autoincriminación.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JUAN CARLOS ESPINOSA/SCJN
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