Lo que se prometió como una «transformación» ha mutado en el capítulo más sombrío en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). La gestión de Dámaso Anaya no solo zozobra; está sumergida en el fango de la incapacidad técnica y el saqueo sistémico. El escenario es tal que la paciencia del gobernador Américo Villarreal parece haberse agotado frente a un pariente cuya única credencial —el apellido— ha resultado insuficiente para ocultar la negligencia.
GABINETE DE INCAPACES»: Títulos falsos y purgas en cascada
La estructura administrativa de la Máxima Casa de Estudios se desmorona desde adentro. En una purga que evidencia la ausencia total de filtros éticos, Anaya se ha visto obligado a dar de baja a piezas clave que él mismo encumbró:
Manuel Aguilar: Fuera del organigrama bajo graves señalamientos de corrupción.
Abogados Generales: Tres bajas consecutivas; destaca el caso de un funcionario que operó en la ilegalidad al carecer del grado de maestría exigido por el estatuto.
Comunicación Social: El reciente «encargado de despacho» resultó ser un farsante académico; un personaje que, sin haber concluido la licenciatura, se burló de la normativa universitaria que exige el grado de director.
LA SOMBRA DEL HUACHICOL: Cabalgatas en terreno minado
El escándalo ha dejado las oficinas para trasladarse al terreno del crimen federal. El reciente aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de un predio saturado con pipas de combustible robado («huachicol») ha encendido las alarmas en el Palacio de Gobierno.
El terreno, estratégicamente ubicado a un costado de las propiedades de sus primos, los Goldaracena —conocidos criadores de equinos—, fue el escenario de una reciente cabalgata que hoy es objeto de investigación. ¿Ignorancia fortuita o complicidad logística? La autoridad federal tiene la última palabra sobre este vínculo entre la cúpula universitaria y el tráfico de hidrocarburos.
El desfalco del siglo: 3,000 millones en la opacidad
Mientras la infraestructura de las facultades languidece, el Secretario de Finanzas, el Patronato y la Asamblea Universitaria están bajo la lupa por avalar lo que se perfila como un desfalco histórico de 3,000 millones de pesos. A esta sangría se suma la figura de Rogelio Ramírez, señalado por la «desaparición» de más de 1,000 millones de pesos en mobiliario y obras fantasma proyectadas para el ejercicio 2025; recursos que nadie ve en las aulas, pero que el erario ya resiente.
¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
La exasperación del Ejecutivo estatal es un secreto a voces. La cercanía de Anaya con personajes de dudosa reputación como «El Cholula», sumada al manejo discrecional de los fondos de inversión, ha puesto a la UAT en una trayectoria de colisión inminente con la justicia.
Dámaso Anaya ha demostrado que la rectoría le quedó inmensa. Entre el saqueo al patrimonio universitario y la sombra del combustible ilegal, el veredicto social es tajante: el rector debería abandonar la academia antes de que las órdenes de aprehensión por el robo a los bienes universitarios alcancen su puerta.
La crisis que atraviesa la UAT no es meramente administrativa; es moral. Cuando la institución encargada de formar el pensamiento crítico y la ética de las próximas generaciones se convierte en un refugio de presuntos delincuentes y simuladores, el daño a la sociedad tamaulipeca es incalculable.
¿Es la autonomía universitaria un escudo para el conocimiento o un escondite para la impunidad? La respuesta no debe venir de un comunicado oficial, sino de una auditoría ciudadana y judicial que rescate a la universidad de quienes la confunden con un botín familiar. El silencio de hoy será la complicidad del mañana.
Nota del autor: Esta información se sustenta en denuncias de presuntas irregularidades administrativas y financieras que exigen una intervención inmediata y una auditoría externa a la institución.
Con informacion: NESTOR TRONCOSO/REDES
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