El joven “Osmar N.” no traía una escopeta de cacería ni una replica de airsoft. Iba cargado con un fusil de uso exclusivo de las fuerzas élite, el tipo de arma que uno esperaría ver custodiando embajadas o en una base naval… no en manos de un civil de mente torcida por el mundo digital. Según el expediente mediático, el arma pertenece a un Marino, padre del muchacho.
Porque la gran pregunta no es cómo un joven terminó disparando. Es cómo un fusil “para fuerzas especiales” terminó en la cajuela de la familia de un servidor público federal. O el padre la tenía por vías oficiales y alguien olvidó controlarla… o la consiguió del mismo mercado negro donde compran los cárteles o es decomisada y no consignada. En cualquiera de los escenarios, el Estado vuelve a quedar apuntado por su propio cañón.
Mientras las autoridades “investigan si el arma es legal”, el reloj institucional corre en cámara lenta. En un país donde una pistola decomisada al narco se rastrea en días, aquí nadie parece tener prisa por aclarar cómo se filtró un rifle de asalto. Quizás porque, al final, el narco y la Fuerza Armada están separados solo por el nombre del uniforme.
El caso es un retrato en miniatura de la decadencia armada mexicana: los mismos fusiles que el gobierno presume en los desfiles terminan siendo retratados en escenas del crimen. Y el discurso oficial —ese que jura control, disciplina y patriotismo— se cae al primer casquillo trazador.
Con información: EXCELSIOR/
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