En Tamaulipas no gobierna Morena,ni tampoco Americo Villarreal: gobierna una sucursal del Cártel del Golfo con membrete oficial y sello de la “transformación”.
Un operador del cártel en Reynosa, Mario Guitián Rosas, alias La Chispa, no sólo habría sido beneficiado con contratos del gobierno estatal: también habría puesto cartera, operadores y estructura al servicio de campañas de varios políticos de la 4T.
No se trataría de apoyos esporádicos, sino de un esquema sistemático de favores, contratos y protección, digno de manual del narcoestado de la casa.
En 2022, el periodista Héctor de Mauleón exhibió una foto tomada en un restaurante de Plaza Oasis, al sur de la CDMX, donde La Chispa aparece muy cómodo junto al senador morenista José Narro Céspedes y el entonces candidato a gobernador Américo Villarreal. La imagen fue subida orgullosamente a redes sociales por Narro y luego borrada con la misma velocidad con la que en Morena dicen: “no somos iguales”.
La Chispa no es un emprendedor cualquiera: funerarias, purificadoras, talleres mecánicos, empresas de seguridad privada, flotillas de taxis… el kit completo para lavar, mover, ocultar y de paso facturarle al gobierno. Con la llegada de Américo Villarreal al poder, esos negocios no sólo sobrevivieron: se pusieron a dieta de presupuesto público y engordaron a punta de contratos.
De enero de 2023 a septiembre de 2024, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas le pagó 242,857 pesos a Ana María Juárez, pareja de La Chispa, por “Servicio de Guardias de Seguridad Privada”. O sea, el gobierno estatal, en lugar de proteger a los ciudadanos de los criminales, les estaría pagando a los criminales para que les vendan “seguridad”. Seguridad privada… para un estado cada vez más públicamente capturado.
La joya empresarial se llama Llantires, creada en 2019 por Mario Guitián, su esposa Ana María y sus hijos Brian y Shirley, primero como negocio todólogo (servicios generales, automotriz, construcción, seguridad, transporte, servicios empresariales) y en 2021 convenientemente ampliada a “Prestación de Seguridad Privada”.
Esta empresa tiene cuatro contratos por adjudicación directa con la Fiscalía General de la República, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, por un total de 662,120 pesos: el Estado comprándole seguridad a un presunto operador del Cártel del Golfo.
Pero el expediente no se queda en los contratos: Guitián Rosas estaría vinculado al asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, ocurrido el 5 de agosto del año pasado, poco después del aseguramiento de dos millones de litros de combustible ilegal. Reportes apuntan a que el cerebro de ese huachicol fiscal sería La Chispa, quien se reunía con el delegado y llegó a reclamarle en persona por el seguimiento policial del que era objeto.
El empresario y activista Gabriel Hernández Tobar, secuestrado en 2021 por el Cártel del Golfo, denunció en junio de 2024 amenazas de muerte de parte de Mario Guitián. En julio de 2025 fue asesinado, y su familia ha señalado públicamente a La Chispa y a sus cómplices en el gobierno de Tamaulipas como responsables, poniendo nombre y apellido donde las autoridades sólo ofrecen silencio y comunicados huecos.
En la parte política del engranaje, se menciona que el senador morenista José Ramón Gómez Leal y la diputada local Magaly de Ander habrían sido el “puente” entre La Chispa y el gobierno estatal. Ambos, muy valientes para hacer campaña, se volvieron súbitamente mudos cuando se les pidió entrevista para responder a los señalamientos, igual que el gobernador, cuyo fiscal de justicia se niega a encausarlo penalmente.
Con informacion: ADN NOTICIAS/
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