Después de que la CNDH dictara medidas cautelares en favor de las familias de los jóvenes agredidos por militares en Nuevo Laredo a fines de febrero, personal del Ejército trató de intimidar a una de ellas al presentarse en su domicilio e insultarlos. Uno de los afectados señala que, además, la CNDH presiona para que dejen de representarlos legalmente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y, a su vez, el Ejército trata de llegar a un arreglo económico para que el caso no llegue a juicio.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Una semana después de que sus hijos Gustavo y Alejandro fueron atacados por militares en Nuevo Laredo –hechos en los que murió el primero–, soldados a bordo de cuatro vehículos se estacionaron frente al domicilio de Enrique Pérez y el oficial que iba al mando amenazó con detenerlo.
“Apenas iba a salir mi hijo (Alejandro) para comprar algo de comida, cuando ya estaban los militares ahí; empezaron a decir puras cosas altaneras, maldiciones y que trabajábamos para cárteles y que nuestro carro olía a mariguana”, recuerda Pérez en entrevista con Proceso.
Dice que, con tranquilidad, se identificó con el oficial como familiar de la víctima, pero que en ese momento no contaba con documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como beneficiario de medidas cautelares.
“Me dijo: ‘Yo soy abogado de los soldados, a mí me valen madre esas cosas, yo me los puedo llevar a la hora que quiera porque ustedes están incumpliendo una orden’. Le pregunté que a qué orden se refería, y siguió insultándome.
“Yo sólo lo escuché y cuando terminó le pregunté que si estaba seguro de lo que decía, porque las cámaras lo estaban grabando, y le señalé las cámaras de vigilancia que unos días antes había instalado como recomendación de mis asesores legales”, apunta Enrique, quien es representado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
El padre de los jóvenes víctimas de militares resalta que de inmediato el oficial dio orden de retirada y le gritó que revisara su vehículo, “porque luego dicen que somos rateros”. El video de cámara de vigilancia marca que los hechos ocurrieron pasadas las 00:30 del 5 de marzo.
Horas antes Enrique Pérez, acompañado del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, dio declaraciones a medios de comunicación, anunciando que no descansaría hasta limpiar el nombre de sus hijos, quienes trabajaban como mecánicos diésel en Laredo, Texas, pero a quienes en redes sociales y algunos medios se les vinculó con el crimen organizado.
“Si yo supiera que mis hijos andaban en malos pasos no estaría exigiendo justicia, tendría vergüenza de no haber hecho nada para pararlos”, sostiene.
El 4 de marzo denunció que vecinos cercanos al lugar donde ocurrió la masacre del 26 de febrero atestiguaron que soldados despojaron de joyas, dinero y celulares a los jóvenes asesinados, además de quitarle la llanta a la camioneta en que viajaban.
“No sé si fue coincidencia que llegaran los soldados a mi casa después de hacer esas declaraciones, si fue una acción de rutina o si en verdad querían intimidarme. Si pasan patrullas por mi casa, no quiero pensar en que me quieren intimidar, lo que quiero es ser fuerte para salir adelante y obtener justicia para mi hijo”, enfatiza Enrique Pérez.
Entre el crimen y abusos militares
La familia Pérez, como las otras familias de los jóvenes acribillados, cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, las cuales fueron tramitadas el 4 de marzo, seis días después de la matanza, ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y notificadas al personal castrense de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo el 7 de marzo, urgiendo a que las unidades militares “se abstengan realizar actos de molestia e intimidatorios, así como evitar apersonarse a los domicilios de las víctimas con datos reservados”.
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