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viernes, 28 de agosto de 2026

“SHEINBAUM CONVIRTIÓ el PÚLPITO MAÑANERO en AGENCIA de PUBLICIDAD para PROYECTAR a CABEZA de VACA hacia la PRESIDENCIA en 2030”… hizo de un aspirante marginal un TEMA de ESTADO y lo colocó como personaje de la sucesión.


La presidenta parece haber descubierto, sin querer, una innovadora modalidad de financiamiento político: la promoción gratuita desde Palacio Nacional. Cada alusión mañanera al panista ex-gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca —prófugo para el gobierno, perseguido político para él— le regala exactamente lo que un aspirante opositor necesita: foco, antagonista y una narrativa de confrontación.

El púlpito como agencia de publicidad

Cabeza de Vaca podrá estar en Estados Unidos, con una orden de aprehensión reactivada y una solicitud de extradición pendiente; pero políticamente ha logrado seguir sentado en la mesa mexicana. 

Y no por la potencia territorial de su partido ni por una estructura electoral deslumbrante, sino porque el oficialismo decidió convertirlo en personaje recurrente de la conversación nacional. La publicidad más efectiva no siempre se compra: a veces se pronuncia desde el atril presidencial.

El exgobernador ya le dijo a la periodista Carmen Aristegui que «con mas ganas», es decir la presidenta lo alienta, que quiere competir por la Presidencia en 2030 y que pretende construir un frente opositor rumbo a 2027 y 2030. No es una candidatura formal, por supuesto, pero sí un mensaje deliberado: quiere dejar de ser expediente judicial y convertirse en símbolo político. 

La trampa estratégica

Aquí está el problema para Sheinbaum: cuando una presidenta entra a debatir de manera personal y reiterada con un opositor, éste deja de ser un actor periférico y adquiere estatura de adversario presidencial. Y en política, la estatura no siempre se gana: también se la concede el rival.

Más todavía si, junto con los señalamientos sobre su condición jurídica, aparece el debate sobre la doble nacionalidad y la posibilidad de impedir que quienes la tengan compitan por la Presidencia o una gubernatura. Aunque la iniciativa no ha sido presentada ni discutida por el Congreso, el simple anuncio permite a Cabeza de Vaca vender una tesis muy rentable: “me persiguen porque les estorbo”. 

No importa que esa defensa tenga que convivir con acusaciones graves, una orden de captura vigente y su negativa a presentarse ante un juez. En la lógica de la comunicación política, la víctima no necesita ganar el expediente para explotar el relato; sólo necesita que el poder parezca demasiado interesado en derrotarla.

El regalo narrativo

La consejera jurídica cuestiona la nacionalidad; la presidenta habla de extradición; el aludido responde desde fuera del país; y el tema deja de ser exclusivamente judicial para mutar en una disputa de derechos políticos, elegibilidad y “persecución”. Es decir: el guion perfecto para quien busca pasar de acusado a perseguido, y de perseguido a presidenciable.

Cabeza de Vaca, por su parte, ha dicho que su doble nacionalidad no le impidió desempeñarse como alcalde, diputado, senador y gobernador, pues sostiene ser mexicano por nacimiento. También acusa que la eventual reforma tiene “nombre y apellido”. Es una coartada discursiva muy conveniente: no resuelve las imputaciones, pero desplaza la conversación hacia el terreno donde más le favorece: el de la confrontación con el poder.

«El problema no es que Cabeza de Vaca quiera la Presidencia en 2030. Querer no cuesta; lo que cuesta es construir relevancia. Y esa relevancia, paradójicamente, se la está subsidiando el oficialismo con micrófono, cámara y cadena nacional. 

Si el objetivo era reducirlo políticamente, la estrategia ha sido curiosa: convertir a un fugitivo en tema de Estado y a un aspirante marginal en personaje de la sucesión.

Con información: MEDIOS/REDES/

“AVERGÜENZAN a TAMAULIPAS: EXHIBEN al CALABAZO, AMÉRICO y hasta al ALCALDE de ALTAMIRA en OTRO REPORTAJE de TELEVISA que ESCURRE HUACHICOL”… aún impune por cálculo político presidencial.


En Tamaulipas, el discurso de la “transformación” de Morena y Americo Villarreal parece tener una traducción mucho más terrenal: contratos, compadres y constructoras fantasma. N+ Noticias de Televisa documenta hoy que Héctor Joel Villegas González —actual secretario general de Gobierno y brazo político del gobernador Américo Villarreal— otorgó durante su breve paso por la alcaldía de Río Bravo más de 15 millones de pesos a empresas vinculadas a Sergio Carmona, el personaje conocido como el “Rey del Huachicol”.

No se trata de una sospecha lanzada al aire ni de un chisme de sobremesa. Se trata de cinco contratos públicos para pavimentación y renta de maquinaria entregados a Aulex Proyectos y Edificaciones, Darle Construcciones y Propiedades Inmobiliarias Ojeda Cruz; compañías que, según la investigación periodística, forman parte de la red empresarial de Carmona y eran operadas por Adriana Ojeda, esposa de Julio Carmona, hermano del contrabandista asesinado en noviembre de 2021.

Negocios con domicilio en el abandono

La postal es casi una metáfora perfecta del gobierno tamaulipeco: dos de las empresas favorecidas compartían domicilio fiscal en un inmueble abandonado de la colonia Módulo 2000, en Reynosa. La tercera reportó una dirección en una plaza comercial de Río Bravo donde, según N+ Focus, nadie sabe quiénes son ni qué hacen.

Pero eso no fue obstáculo para que recibieran dinero público. En Tamaulipas, al parecer, no hace falta tener oficina, empleados, maquinaria ni siquiera una fachada mínimamente creíble: basta con tener la conexión correcta, el apellido adecuado o formar parte de la red que aceitada durante años convirtió al huachicol en mecanismo de financiamiento político.

Y como suele ocurrir cuando el presupuesto se vuelve botín, las obras tampoco parecen hablar bien de quienes las cobraron. Las calles Cinco de Mayo y Caoba, supuestamente rehabilitadas con recursos otorgados por la administración de Villegas, continúan en malas condiciones. El dinero circuló; el pavimento, al parecer, no.

El huachicol no financia discursos

Sergio Carmona no era un empresario cualquiera al que la mala suerte persiguió. Fue señalado por presunto contrabando de combustibles, lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas de Morena. Su negocio consistía, de acuerdo con los señalamientos recogidos por N+ Focus, en importar combustibles declarándolos como aceites y lubricantes para evadir impuestos. Un esquema de fraude fiscal con aroma a gasolina, aduana y poder político.

La investigación exhibe el presunto intercambio: dinero para campañas a cambio de protección institucional, posiciones estratégicas en gobiernos municipales, control de áreas sensibles como finanzas y obras públicas, y desde luego, contratos. Es decir, el manual clásico de la captura criminal del poder, pero envuelto en la retórica de la regeneración nacional.

No es casualidad que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya advertido que los grupos criminales utilizan ganancias del huachicol para financiar campañas, favorecer candidatos, infiltrar gobiernos y blanquear recursos. Lo escandaloso es que, mientras desde fuera se señala el mecanismo, en México pareciera que las autoridades prefieren mirar hacia otro lado, especialmente cuando los nombres rozan a los gobiernos de Morena.

La omertá guinda

Villegas no era un funcionario periférico ni un alcalde desconocido: hoy ocupa la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, una de las posiciones más poderosas del estado. Es el operador político de Américo Villarreal, el hombre que administra acuerdos, crisis, interlocuciones y buena parte de la maquinaria gubernamental.

Por eso la pregunta no es menor: ¿cómo puede mantenerse al frente de la política interna de Tamaulipas un funcionario señalado por haber beneficiado con contratos públicos a una red empresarial ligada al llamado “Rey del Huachicol”?

El mismo reportaje exhibe la coincidencia de Julio Carmona y Joel Villegas en la administración de la Aduana de Reynosa que ya habíamos documentado.

Más incómodo aún: ¿qué explica que, pese a las denuncias y señalamientos ante autoridades ministeriales y electorales, ninguno de los políticos morenistas vinculados públicamente con la red Carmona haya enfrentado una investigación seria en México ?

La respuesta parece estar en la impunidad del calculo politico presidencial siempre con chaleco guinda ,en la versión tamaulipeca de Morena, el huachicol no sólo habría financiado campañas: también habría comprado silencios, posiciones y contratos. Y mientras las calles siguen destruidas, las empresas de papel aparecen y desaparecen, y los expedientes duermen, los responsables ascienden.

En Tamaulipas, pues, la “transformación” no huele a honestidad. Huele a combustible contrabandeado, a tratos con carteles, obra pública mal hecha y a una élite guinda que aprendió a convertir el presupuesto en premio para los amigos del poder.

Con información: N+/TELEVISA/

LA “CHEQUERA es ELÁSTICA y MARIACHIS CALLARON…OTRA VEZ”: INVESTIGACIONES de EE. UU. Vs AMERICO CITADAS por TELEVISA y EXTORSIÓN de su ESPOSA FUERON SILENCIADAS… en 2024 se gastaron, del dinero ajeno, 560 millones; así, nadie habla con la boca llenada billetes.


En Tamaulipas,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, no sólo se dispara la publicidad oficial: se dispara la sospecha de que la información se administra como despensa política. El presupuesto aprobado para comunicación en 2024 era de poco más de 30 millones de pesos; el gasto devengado rozó los 560 millones. No fue una corrección de ruta: fue un cohete presupuestal de 1,723.5%. 

Y cuando la chequera pública se vuelve tan elástica, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si compró campañas útiles o una cobija informativa para tapar lo que al poder le incomoda. 

Porque una cosa es informar dónde vacunarse, cómo acceder a un programa o qué hacer ante una emergencia. 

Otra, muy distinta, es que Americo Villarreal haya echado mano al dinero de los contribuyentes para convertirlo en tranquilizante editorial: una dosis para que no preguntes, otra para que no investigues, otra para que publiques la foto con moño y sonrías aunque el expediente esté ardiendo en la mesa de al lado.

El problema no es que los medios reciban publicidad oficial. El problema empieza cuando la pauta deja de ser un mecanismo transparente de difusión y se vuelve una tarjeta de asistencia: quien aplaude cobra; quien incomoda espera afuera; quien pregunta demasiado descubre que la libertad de expresión no viene incluida en el convenio. 

Así se fabrica un ecosistema de medios de confusión: mucho boletín, mucha porra, mucha inauguración y muy poca noticia que le meta los dientes al poder.

Ayer 27 de agosto N+ Noticias de Televisa, publicó un reportaje sobre investigaciones estadounidenses que involucran a Américo Villarreal. La obligación de un medio serio no era reproducirlo como sentencia ni esconderlo como si fuera un recibo extraviado: era informar, contrastar, preguntar, buscar la postura oficial y contarle al lector qué se sabe, qué no se sabe y qué falta por probar. 

Un día antes, EL FINANCIERO, uno de los medios nacionales más relevantes, expuso lo que describió como una operación encabezada por María Santiago de Villarreal, esposa del gobernador, para proteger a su hijo. La versión fue relatada de viva voz por el empresario a la periodista Azucena Uresti.

De acuerdo con la información publicada, María Santiago de Villarreal, esposa de Américo Villarreal Anaya, habría intervenido en favor de Américo Villarreal Santiago, “Ameriquín”, con el propósito de que un empresario que se duele de una extorsión multimillonaria, abandonara su intención de denunciar al hijo del mandatario. El ofrecimiento, según su testimonio, no habría sido justicia ni reparación, sino otra extorsión.

Pero el silencio cómodo tiene un idioma universal

Y así el ciudadano queda atrapado entre dos propagandas: la oficial, que presume; y la oficiosa, que calla. Ambas cobran, pero sólo una factura la sociedad: la de vivir menos informada.

El chayote no siempre llega en sobre manila. A veces llega en contrato, en pauta digital, en inserción, en entrevista dócil, en campaña “institucional”, en cobertura con sonrisa obligatoria. No hace falta que alguien dicte por teléfono el titular; basta con que todos entiendan quién paga la música y quién puede apagar el sonido.

Y ahí está el daño mayor: no sólo se desperdicia dinero público. Se debilita el derecho de la gente a enterarse de lo que hace su gobierno, de los señalamientos que enfrenta y de las respuestas que debe dar. Un ciudadano mal informado no elige, no exige y no fiscaliza: apenas aplaude lo que le ponen enfrente.

Tamaulipas no necesita más medios con vocación de florero: presentes en todas las conferencias, adornando cada discurso y mudos cuando llega la pregunta incómoda. 

Necesita periodismo que no confunda publicidad con información, cercanía con subordinación ni silencio con prudencia. Porque el periodismo que se vende por unas monedas no sólo pierde la dignidad: ayuda a que el poder compre la oscuridad con dinero ajeno.

No es casualidad,es cau$alidad

El informe Publicidad Oficial 2024 a detalle, elaborado por ARTICLE 19 y Política Colectiva con base en Cuentas Públicas estatales, registra que Tamaulipas aprobó (30,704,653) pesos para comunicación social y publicidad en 2024, pero devengó (559,894,391) pesos. 

La diferencia fue de (529,189,738) pesos: un sobreejercicio de 1,723.5%. 

En gasto absoluto para pagar a la prensa de Tamaulipas fue el sextoestado con mayor erogación en comunicación social/publicidad oficial, por debajo de Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En proporción del presupuesto estatal, el informe lo ubica en 0.6%, no en el primer lugar nacional: Quintana Roo encabezó ese indicador con 1.1%. 

Indicador 2024TamaulipasLectura precisa
Presupuesto aprobado$30.7 millonesPunto de partida autorizado
Gasto devengado$559.9 millonesSexto monto estatal más alto
Ampliación$529.2 millonesRecursos añadidos durante el ejercicio
Variación1,723.5%Entre los cinco estados que gastaron más de diez veces lo aprobado
Peso frente al gasto estatal total0.6%Alto, pero no el máximo nacional

ARTICLE 19 ya advertia que la ausencia de reglas suficientes, topes claros y transparencia contractual deja a los gobiernos con margen para asignar publicidad de forma discrecional. Eso puede presionar a medios que dependen de la pauta, favorecer la autocensura, concentrar recursos y reducir la diversidad informativa. 

Nuestra conclusión editorial es defendible y es fuerte, sin inventar delitos: un gasto que se multiplica 17 veces respecto de lo aprobado, sin trazabilidad contractual fácil de auditar, no es comunicación pública confiable; es una alarma democrática y fiscal que en cualquier sistema democrático debe encender las alarmas, pero todo indica, esto solo puede ocurrir bajo el sistema de justicia del otro lado del Río.

Con información: N+/NOTICIAS/ARTICULO-19/ELFINANCIERO/AZUCENA URESTI/

«JUEZA FEDERAL ORDENA CITAR a EX-SECRETARIO de MARINA LIGADO al TRAFICO de HUACHICOL pero la FGR NO lo HALLA»…ni con radares, inteligencia, capacidad operativa y coordinación interinstitucional.


En los muelles jurídicos de la 4T parece operar una nueva doctrina naval: si el citado es almirante o exsecretario, no se le busca; se le declara en paradero táctico desconocido.

La jueza federal ordenó que Rafael Ojeda, exsecretario de Marina con López Obrador, compareciera como testigo en el proceso contra el contralmirante Fernando Farías Laguna. La defensa proporcionó un domicilio. Había citatorio. Había fecha. Había sala de audiencias. Sólo faltaba lo elemental: que la FGR encontrara al hombre al que debía notificar.

Pero la Fiscalía, que presume radares, inteligencia, capacidad operativa y coordinación interinstitucional, al parecer perdió contacto visual con su propio exsecretario. Ni con coordenadas, ni con domicilio, ni con orden judicial. Una proeza de navegación burocrática: zarpar con todo el presupuesto y terminar encallados frente a una puerta.

Ojeda ha sido señalado por proteger a sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna, investigados por su posible participación en la red de huachicol fiscal que habría operado desde aduanas marítimas. Pero cuando la defensa pide que el exsecretario suba al puente de mando judicial y responda algunas preguntas, el barco de la transparencia ordena silencio de radio.

Audiencias privadas. Reserva informativa. Cero declaraciones. Y un testigo de alto rango que, según la FGR, no aparece ni aunque le den su dirección. Qué conveniente que, justo cuando el oleaje amenaza con alcanzar a mandos de la vieja guardia, la Fiscalía pierda el sonar, el GPS y hasta el timbre de la casa.

El abogado Epigmenio Mendieta afirma que la eventual presencia de Ojeda fue parte del argumento para cerrar la audiencia. Es decir, la justicia se volvió confidencial porque podía zarpar una pregunta incómoda. No fuera a ser que, en vez de seguir remando contra los marineros rasos, alguien se atreviera a mirar hacia el camarote de oficiales.

La defensa ya había intentado interrogar al exsecretario sin éxito. Ahora resulta que nadie sabe dónde vive. En un país donde el Estado puede ubicar una lancha sospechosa, decomisar combustible, rastrear cargamentos y montar operativos espectaculares, localizar a un exsecretario de Marina parece misión imposible.

Así navega la justicia mexicana: para unos hay abordaje, reflectores, esposas y expedientes abiertos; para otros, niebla, reserva, puertas cerradas y una FGR que reporta: “objetivo no localizado”.

No es que falte autoridad. Es que, cuando el objetivo pertenece al alto mando, la persecución cambia de rumbo, baja la velocidad y termina, como siempre, mar adentro.

Con información: ELNORTE/

LA “DESGRACIA de GRACIELA”: DOS AÑOS de ESTRATEGIA y una GOBERNADORA RECIBE una HERENCIA BRUTAL de LEVANTONES, MUERTE y DESPOJO… al paso,todo indica Sheinbaum y Harfuch van a heredarla a una “quinta transformación de cuarta”.


Rubén Rocha no dejó un gobierno: dejó una zona de desastre con oficina de partes. Y desde Palacio Nacional parecen empeñados en vendernos el relevo como si cambiar a la persona en el despacho bastara para cambiar la realidad de un estado incendiado.

Sinaloa no recibe una transición: recibe una herencia maldita. Casi dos años de guerra criminal, homicidios en niveles históricos, desapariciones que se acumulan como expedientes sin respuesta, fosas, mujeres asesinadas, vehículos robados, comercios golpeados y familias que ya no alcanzan ni para la canasta básica.

La administración de Rubén Rocha Moya no se va dejando instituciones fuertes, paz pública ni una economía en marcha. Se va dejando un estado donde la violencia tiene más presencia territorial que el gobierno y donde la economía aprendió a sobrevivir entre el miedo, la extorsión silenciosa y la incertidumbre cotidiana. Sinaloa pasó de crecer 4.8% en 2021 a prácticamente estancarse en 2023 y contraerse en 2024; además, ha perdido más de 21 mil empleos formales desde julio de 2024, según los datos expuestos en Plataforma por el periodista Adrian Lopez en Noroeste. 

Graciela Domínguez Nava recibe, pues, un estado con la lumbre encendida y con el extinguidor vacío. Le toca gobernar hasta octubre de 2027, pero no le entregan una administración: le entregan los restos de una administración ligada al narco que confundió control político con gobernabilidad y presencia militar con pacificación.

La trampa del relevo

Y aquí aparece la gran puesta en escena de la “transformación”: Rocha se va —o lo hacen a un lado—, llega una gobernadora interina, se designa a Imelda Castro como carta rumbo a 2027 y todos pretenden que el expediente político se reinicie como si la gente padeciera amnesia.

Pero Sinaloa no está para cambios cosméticos ni para el reciclaje de cuadros. Está para una ruptura real con la simulación. Porque si Graciela Domínguez conserva el gabinete, las lealtades, los operadores y las inercias del rochismo, no habrá nuevo gobierno: habrá rochismo con otro rostro, otra voz y quizá mejores modales.

Porque pacificar no es ponerle otro nombre al mismo grupo. Pacificar exige reconocer el fracaso, desmontar complicidades, depurar instituciones, escuchar a víctimas, reconstruir capacidades locales y dejar de tratar la crisis humanitaria como un inconveniente electoral.

Sheinbaum y Harfuch parecen querer administrar el daño, acomodar las piezas y llegar vivos a 2027. Pero el problema es que los sinaloenses no viven en una estrategia de comunicación: viven entre balaceras, desapariciones, duelo, negocios cerrados y una economía que se desangra junto con la seguridad pública.

La quinta de cuarta

Todo indica —y es perfectamente válido especular— que, al actual paso y ante la ausencia de resultados tangibles en seguridad y tranquilidad bajo la llamada “cuarta transformación”, el Gobierno ya prepara la siguiente oferta electoral: prometer para 2030 la quinta transformación… también de cuarta.

Rocha deja un Sinaloa roto. La pregunta no es si Graciela Domínguez será continuidad o ruptura: la pregunta es si tendrá la voluntad —y el permiso desde arriba— para dejar de administrar las cenizas. Porque si no lo hace, en 2027 no estarán heredando una transformación: estarán heredando un incendio. 

Con información: NOROESTE/