LA «INTELIGENCIA FUE GRINGA y…el GATILLO MEXICANO: WASHINGTON UBICÓ al MENCHO y le dijo al EJERCITO VAYAN por el y AHORA VAN por el KU KUX KLAN del NARCO ESTADO»…Mexico ha estado saludando con sombrero ajeno.

La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter —la nueva “zarina” antidrogas de Donald Trump— clarifico este fin de semana en una entrevista transmitida por el programa American Thought Leaders, con el presentador Jan Jekielek, que fue la inteligencia de EE.UU quien ubicó a Nemesio Oseguera, ahora extinto lider del Cartel de Jalisco,pero ademas soltó una advertencia que suena menos a diplomacia y más a ultimátum: los funcionarios mexicanos que hayan protegido al Cártel de Sinaloa están en la lista… y el que no coopere, pasa directamente a la mira.

“Estamos apuntando a todos los funcionarios que han protegido al Cártel de Sinaloa”, dijo Carter. Sin matices. Sin diplomacia. Sin anestesia.

La lógica de la Casa Blanca es igual de directa: cooperación o consecuencias. Carter dejó claro que la “credibilidad” de Trump no está en los discursos, sino en su disposición a cumplir amenazas. En otras palabras: Washington apuesta a que el miedo haga lo que la confianza no logró en años.

Carter aseguró que ahora el foco está en Sinaloa, donde —según la narrativa de Washington— no sólo operan cárteles, sino redes políticas que los protegen. Incluso, en un desliz revelador, se refirió al llamado “clan Culiacán” como una especie de “Ku Klux Klan”, equiparando a funcionarios mexicanos con una estructura de complicidad casi sectaria.

Que dijo Sarah Carter: Según su relato, la fórmula fue simple: inteligencia estadounidense, gatillo mexicano.

«Especially with El Mencho, with CJ&G. When we were able to go after El Mencho, and we did it through our intelligence, but using the Mexican National Guard, the Mexican Special Forces, General Trevilla, his operation. They cooperated with us.

We said, look, here’s the information. Come on! And they did. And we’d never seen anything like it before.

It wasn’t like that. It wasn’t in that same way. It wasn’t with that kind of cooperation.

And, by the way, right now, you know? Dealing with the guys in Sinaloa, all the government officials who are part of the Ku Klux Klan clan, you know? Who have protected the Sinaloa cartel, and Los Chapitos, and Los Mayitos, and, you know? Joaquín Guzmán, you know? The whole operation. The whole El Chapo operation. We can do that, one, because the Mexican government, like many of the governments in our hemisphere, knows that President Trump means what he says.

He simply said it. He said, «We’re going to come after you. If you don’t cooperate with us, we’re going to object to you.»

Traduccion:

«Especialmente con El Mencho, con CJNG. Cuando pudimos ir por El Mencho, lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando a la Guardia Nacional mexicana, a las Fuerzas Especiales mexicanas, al general Trevilla, su operación. Ellos cooperaron con nosotros.

Les dijimos: miren, aquí está la información. ¡Vamos! Y lo hicieron. Y nunca habíamos visto algo así antes.

No era así. No era de esa misma manera. No era con ese tipo de cooperación.

Y, por cierto, ahora mismo, ¿saben? Tratando con los tipos en Sinaloa, todos los funcionarios del gobierno que son parte del clan , ¿saben? Que han protegido al cártel de Sinaloa, y a Los Chapitos, y a Los Mayos, y, ¿saben? Joaquín Guzmán, ¿saben? Toda la operación. Toda la operación de El Chapo. Podemos hacer eso, primero, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos en nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple lo que dice.

Simplemente lo dijo. Dijo: “Vamos a ir por ustedes. Si no cooperan con nosotros, vamos a oponernos a ustedes”.

Carter cambió el tono cuando pasó de presumir coordinación a lanzar advertencias.

“Ahora mismo estamos tratando con la gente de Sinaloa, con todos los funcionarios que han protegido al cártel, a Los Chapitos, a Los Mayos, a toda la operación de ‘El Chapo’”, dijo.

La lógica detrás de esta ofensiva, explicó, descansa en un principio que en la Casa Blanca consideran probado: la amenaza funciona y funciona bien.

“Podemos hacerlo porque el gobierno mexicano, como muchos en nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple lo que dice. Él lo dejó claro: ‘Vamos a ir por ustedes. Si no cooperan, actuaremos contra ustedes’”.

No es diplomacia. Es doctrina de presión directa.

Todo esto ocurre mientras en Nueva York se cocina algo mucho más explosivo que cualquier declaración mediática. El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur acusó formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de alto nivel por delitos que en Estados Unidos no se negocian con discursos: narcotráfico, armas de guerra y conspiración. Las penas van de 40 años a cadena perpetua.

Uno de ellos, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, ya cruzó la frontera para entregarse. No todos están dispuestos a jugar a la resistencia patriótica cuando el juicio es en Nueva York.

Del lado mexicano, la respuesta ha sido la esperada: proteccion descarada enmascarada de nacionalismo.Tan asi,que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en la reciente semana que el caso Rocha ni siquiera estuvo en la agenda de la última reunión bilateral de seguridad. Oficialmente. México exige pruebas que esta etapa procesal claramente INcumplen con el Tratado de Extradición de 1980.

Pero la presión sigue subiendo.

El ex jefe de la DEA, Derek Maltz, ya pidió que Omar García Harfuch encabece las detenciones. Y Trump acaba de mover una pieza clave: nominó a Jay Clayton —el fiscal que armó el caso contra Rocha— como próximo director de Inteligencia Nacional. Es decir, puso al hombre que conoce los expedientes mexicanos en la cima del aparato de inteligencia estadounidense.

Nada de esto es casual.

Washington está alineando discurso, fiscalías e inteligencia en una misma dirección: convertir la narcopolítica mexicana en un caso judicial transnacional. Y si eso implica tensar la relación bilateral, parece que en la Casa Blanca ya hicieron las cuentas.

La pregunta ya no es si habrá choque, sino hasta dónde Mexico va resistir o dejará de proteger a la camada criminal del narcoestado Moreno.

Con información: AMERICAN THOUGHT LEADERS/

«ALLÁ ARRIBA en la SIERRA los CERROS estan LLENOS de MUERTOS: MAS de 16 MIL DESPLAZADOS y PUEBLOS se QUEDAN VACIOS porque REMEDO de GOBIERNO los esta AYUDANDO a MORIR»…en el mejor de los casos,te ayudan a escapar, no a quedarte.

Hay algo obsceno en la manera en que los mapas oficiales siguen marcando pueblos que, en la práctica, ya no existen. No porque un desastre natural los haya borrado, sino porque el Estado —ese que presume estrategia de seguridad y presencia en cada rincón del país— decidió abandonarlos a su suerte. Y cuando decimos “abandonarlos”, no es metáfora: son casas cerradas, escuelas sin alumnos, calles donde el único ruido es el viento… o el eco lejano de la violencia.

En México hay comunidades enteras que se están evaporando. No desaparecen de golpe; se desangran lentamente. Primero se va el joven que ya no encuentra trabajo. Luego la familia que no quiere seguir pagando “cuota”. Después el campesino que entiende que sembrar ya no es rentable… o es directamente peligroso. Al final quedan los ancianos, resistiendo como si fueran testigos incómodos de una derrota que nadie quiere admitir.

El gobierno, por supuesto, tiene otros datos. Siempre los tiene. En sus informes hay desarrollo regional, programas sociales y una narrativa optimista que no resiste caminar —literalmente caminar— por estas comunidades fantasma. Porque si algo caracteriza a este fenómeno es su invisibilidad deliberada: no genera titulares constantes, no estalla como escándalo inmediato, no incomoda lo suficiente… hasta que es demasiado tarde.

Aquí no hay una sola causa, sino un cóctel explosivo: violencia criminal, abandono institucional, falta de oportunidades y una migración que ya no es aspiracional, sino forzada. En muchos casos, el crimen organizado no solo expulsa: reemplaza al Estado. Decide quién se queda, quién se va y, en el peor de los casos, quién vive. Frente a eso, las políticas públicas parecen folletos turísticos mal diseñados.

Lo más grave no es solo que los pueblos se vacíen. Es lo que eso implica: pérdida de tejido social, de identidad, de historia. México no solo está perdiendo territorio habitado; está perdiendo memoria colectiva. Cada casa cerrada es una historia interrumpida. Cada escuela vacía es una generación que no volverá.

Que dice EL UNIVERSAL:

Durante 2025, casi 16 mil personas fueron desplazadas de manera forzada en México, de acuerdo con el informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Según el análisis realizado, de 73 eventos ocurridos en 11 estados del país, 83% de estos estuvieron vinculados a la violencia que genera la delincuencia organizada y se ha convertido en un fenómeno que continúa expandiéndose en el territorio nacional, afectando derechos fundamentales como la seguridad, la vivienda, la salud y el acceso a medios de vida.

“Lo que no se nombra no existe. Lo que no se contabiliza no se puede atender. Y lo que no se atiende se hereda y se complejiza”, señala el informe, que también expone la necesidad de contar con una Ley General en Materia de Desplazamiento Interno, pues la iniciativa que en 2020 aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados, en 2024 la desechó el Senado de la República.

En ese contexto se reproduce el testimonio de un testigo de desplazamiento forzado en comunidades de la Sierra Madre Occidental; por tratarse de un problema que sigue ocurriendo en esa región del país, y donde las comunidades son pequeñas y sus habitantes continúan en riesgo, se omiten nombres y referencias que puedan permitir la localización e identidad de quien habla.

“Esto avanza y nadie lo para”

“He trabajado en lugares donde hay mucha precariedad, pero nunca había estado en un sitio como este, donde parece que se acabó la esperanza porque esto sigue avanzando y nadie lo para.

“Allá arriba, en la sierra, los cerros están llenos de muertos y no hay ni quién vaya por ellos, nadie va a saber quiénes eran; hay gente que cuando va caminando de una comunidad a otra encuentra ropa tirada a mitad del monte y cuando se acerca a ver, resulta que son cuerpos descompuestos.

Lo que se oye es que venían de otras partes, incluso de Centroamérica y Colombia, sí, tal vez eran migrantes. De aquí también se han llevado gente, algunos han regresado, pero no vuelven del todo y (…) se van a donde nadie pueda localizarlos”.

Desde hace como cinco años se empezó a saber de pueblos que se quedaron vacíos porque llegaban de un cártel o de otro, aparecían de noche y delante de las mujeres agarraban a los hombres para reclutarlos y mataban al que no se quería ir, las mujeres salían corriendo con sus niños por el cerro y caminaban durante días buscando ayuda. “Yo creo que la mitad de los pueblos de aquella zona están vacíos”… El hombre se pasa la mano por la frente e insiste en que se trata de una conversación que no debe ni quedar grabada: “uno sirve más vivo que muerto”, dice mientras su mirada vuelve a recorrer la sala donde está sentado, hasta que encuentra un sitio dónde acomodarla para continuar con su relato.

“De verdad me he puesto a pensar qué se pelean allá arriba, son lugares donde no se produce nada, alguna vez pensé que era para controlar la venta de drogas, pero no hay nadie que les compre ya; también pensé que sería para explotar los minerales que hay en la región, pero no se ve que los que están ahorita ahí quieran trabajar en eso; o tal vez es una estrategia a largo plazo, para que no quede nadie ahí, que son comunidades ejidales y así cuando se decidan a llevarse los minerales nadie se pueda oponer alegando la propiedad de la tierra, si dañan un sitio sagrado o algo así”.

¿El gobierno, dice? “Depende de cual gobierno sea, el local está con unos y los de más arriba quién sabe, pero ellos también desplazan a la gente porque no les interesa que regresen. Cuando los del otro cártel, —que no está con el gobierno local—, se quedó allá arriba, dejaron de mandar alimentos a las tiendas de Diconsa y la gente se quedaba sin víveres, nomás tenían lo que podían conseguir del cerro o mataban algún animalito, y si algún comerciante subía a llevar alimento a esas comunidades, los del otro cártel les robaban sus carros o los mataban porque decían que estaban apoyando a sus contrarios; hubo lugares a los que no llegó comida en más de año y medio, y allá no hay otra economía más que la de los programas sociales«.

“Muchas personas se enojan cuando ven que la Presidenta manda ayuda humanitaria a otros países y acá no llega ni una despensa. La gente también se fue por eso y han migrado a otros lugares, a ciudades donde tampoco tienen nada. Los que se han animado a volver lo han hecho por eso, porque no tienen a dónde ir, por eso digo que es la desolación, porque parece que se han empeñado en acabar con la esperanza de las personas, con los sueños de los jóvenes que no tienen opciones: no pueden estudiar porque a veces hay clases y luego se suspenden durante 15 días o un mes; si emprendes algo, los criminales te lo quitan o lo usan para dañarte o extorsionarte, no hay trabajo, sólo les queda irse o involucrarse con unos o con otros, pero si lo hacen, tarde o temprano, los aniquilarán… No quisiera pensar que todo es negativo, pero sí lo es porque parece que no hay esperanza de que las cosas puedan cambiar».

“Llevo dos años trabajando aquí y ante los asesinatos de los líderes de algunas de las comunidades, ante los asesinatos de comerciantes o ante las desapariciones, no hay autoridad que haga nada, por más que digan que abren carpetas de investigación, no hay un solo caso que hayan resuelto, no se investiga, ni fichas de búsqueda de los desaparecidos hay. De verdad, por más que pienso no le encuentro sentido a quién beneficia tanta gente desplazada, quién gana con eso. Y como le dije: parece que el gobierno también quiere gente desplazada, porque cuando empezaron a llegar a la cabecera municipal para refugiarse, en vez de garantizar que pudieran volver a sus comunidades, era más fácil entregarles una colchoneta para que se fueran a vivir a sabe donde; y esa es la otra cuestión: ni siquiera pueden quedarse aquí porque vienen y los amenazan… no encuentro la lógica.

“Si se viniera a hacer una investigación y preguntara en aquellos poblados se daría cuenta de que todo mundo allá tiene un pariente desaparecido o le han matado a alguien, hay algunos pueblos en que sólo hay mujeres y cuentan que a sus esposos se los llevaron a trabajar a la fuerza y no han sabido ya nada de ellos. Y es gente que vive entre la espada y la pared, porque si llegan unos y te exigen que les des de comer lo que tienes, pues se lo tienes que dar, y si luego llegan los otros, pues también, y con el riesgo de que unos u otros luego digan que eres su contrario por ayudar a sus enemigos y entonces te maten. Es horrible, se pierden la ilusión y las ganas de hacer un proyecto de vida, es un daño psicológico tremendo para los que se llevan y para los que se quedan, es algo tóxico vivir con esto. A mí me ha llevado a preguntarme qué sentido tiene estar aquí”.

Pero reconocer esto implicaría aceptar una verdad incómoda: que el Estado ha fallado en su función más básica, que es garantizar condiciones mínimas de vida y seguridad. Y eso, en un país donde la narrativa política se construye más en conferencias que en realidades, es simplemente inaceptable.

Así que los pueblos seguirán vaciándose. No porque quieran, sino porque no tienen opción. Y mientras tanto, en algún escritorio oficial, alguien seguirá diciendo que todo está bajo control.

Con información: ELUNIVERSAL/

«BREITBART destaca MANDOS de POLICIA en COAHUILA les TUMBARON la VISA,NADIE se INMUTA y siguen el CARGO»…como Americo el de Tamaulipas.

En Coahuila parece que perder la visa americana ya no es señal de alerta, sino apenas un detalle administrativo. Como si se tratara de extraviar las llaves del coche, varios mandos de seguridad estatal siguen firmes en sus cargos pese a que en 2025 el gobierno de Estados Unidos decidió cerrarles la puerta en la cara como ocurre con el gobernador de Tamaulipas y Sonora,entre otros muchos mas.

La historia no es nueva, pero sí reveladora: funcionarios encargados de la seguridad pública —esos que en teoría deberían ser los más confiables— fueron considerados “no gratos” por Washington. Y aun así, en Coahuila nadie se inmuta. Ni renuncias, ni investigaciones visibles, ni explicaciones convincentes. Todo sigue igual, como si la desconfianza internacional fuera un simple malentendido diplomático.

El caso recuerda inevitablemente al de Américo Villarreal en Tamaulipas, donde la cancelación de visa tampoco tuvo consecuencias políticas reales. En ambos escenarios, el mensaje es claro: perder el aval de Estados Unidos no necesariamente implica perder el cargo… al menos no en ciertas entidades donde la rendición de cuentas parece opcional y la moral es un árbol que da moras.

Porque aquí la pregunta incómoda no es si Washington exagera o no —eso siempre será debatible—, sino por qué las autoridades locales consideran irrelevante que sus mandos de seguridad sean vetados por el vecino más obsesionado con el control fronterizo y la inteligencia criminal. Si ellos ven riesgo, ¿por qué acá ven normalidad?

En Coahuila, al parecer, la vara para medir la confianza institucional no pasa por la opinión de agencias extranjeras, ni por estándares internacionales, ni siquiera por la percepción pública. Pasa por otra lógica más opaca, donde las sanciones externas no mueven estructuras internas.

Y así, entre visas canceladas y cargos intactos, la seguridad pública se administra con una especie de inmunidad política: puedes perder credibilidad afuera… siempre y cuando adentro nadie te toque.

Con informacion: BREITBART/

«CUAL es el MENSAJE ?…PUEDEN MATAR a QUIEN SEA: COMANDO EJECUTA a DOMICILIO ALCALDE en OAXACA»…con AMLO la muerte llegaba cada 15 min,con Sheinbaum cada 21,pero metrónomo sigue marcando cadáveres, no paz.

El mensaje no viene cifrado ni requiere intérpretes: criminales pueden matar a quien sea, donde sea y a la hora que sea. Y si alguien todavía dudaba, en Santiago Amatitlán, Oaxaca, acaban de recordarlo con plomo.

Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde panista, 53 años, no cayó en una carretera solitaria ni en un trayecto nocturno. Lo ejecutaron en su propia casa. Un comando armado entró hasta su domicilio y lo mató. Punto. Sin rodeos, sin necesidad de espectacularidad adicional. El mensaje es más potente cuando la violencia irrumpe en el último reducto de seguridad: el hogar.

No era un objetivo improvisado. En mayo ya lo habían intentado. Emboscado en la carretera Acatlán-Oaxaca por dos camionetas, golpearon a su gente, los despojaron de sus pertenencias y lo dejaron claro: estaban midiendo tiempos, rutas, vulnerabilidades. Él hizo lo que cualquier funcionario en riesgo haría —o debería hacer—: pidió protección. Lo planteó en reuniones de seguridad. Lo documentó. Lo avisó.

No sirvió.

La Fiscalía de Oaxaca confirma lo previsible con lenguaje técnico: “agresión con disparos de arma de fuego”, “trabajos ministeriales y periciales”, “operativo interinstitucional”. Traducción al español real: llegaron, dispararon, lo mataron y se fueron.

Después viene el protocolo conocido. Despliegues “ininterrumpidos”, “cercos”, “búsqueda de responsables”. La coreografía institucional que siempre llega después, nunca antes. La presencia policial que se endurece cuando el mensaje ya fue entregado.

El gobernador Salomón Jara condena el crimen, lo califica de cobarde —adjetivo automático en estos casos— y promete que no habrá impunidad. También asegura que en Oaxaca no se permitirá que la violencia se imponga sobre la ley.

Pero la violencia no pidió permiso.

Porque aquí no se trata solo de un homicidio más en la estadística. Es una ejecución con contexto: un alcalde en funciones, con antecedente de ataque, que solicitó protección formalmente y que aun así fue alcanzado en su propia casa. Eso no es solo falla; es exhibición de control territorial por parte de quien decide quién vive y quién no.

Y hay otro detalle incómodo: no lo interceptaron en movimiento, no lo cazaron en carretera, no fue daño colateral. Fueron por él, a su espacio más íntimo. Eso implica inteligencia, seguimiento y, sobre todo, certeza de impunidad operativa.

Lo que dice el gráfico de TRESEARCH

El dato a carne viva: con AMLO la muerte venía más rápido que ahora con Sheinbaum, pero el metrónomo sigue marcando cadáveres, no paz.

En el cuadro comparativo de sexenios, TResearch le asigna a López Obrador un total aproximado de 202,336 homicidios dolosos y un promedio de 95 asesinatos al día en su sexenio 2018‑2024. Eso significa, en lenguaje de calle, que bajo AMLO el país se acostumbró a un ritmo de casi cuatro personas asesinadas cada hora: un muerto más o menos cada 15 minutos.

En la parte superior del gráfico se ve el acumulado del sexenio de Claudia Sheinbaum (CSP 2024‑2030): 41,712 homicidios en 620 días, lo que da un promedio de 67 asesinatos diarios en lo que va de su gobierno. Traducido: con Sheinbaum la muerte viene un poco “más espaciada”, pero sigue siendo brutal, con casi tres personas asesinadas cada hora, un homicidio más o menos cada 21 minutos.

Muerte cronometrada: de AMLO a Sheinbaum

Si jugamos con la imagen del reloj, con AMLO el segundero avanzaba más rápido: 95 homicidios diarios equivalen a 3,465 al año por encima del promedio actual de 67 al día, es decir, bajo López Obrador se mataba a 28 personas más cada 24 horas que hoy. 

Sheinbaum puede presumir una reducción, por cierto cuestionada, pues se incrementaron las desapariciones, lo que en muchas entidades equivale a morir, pero, al no encontrarse el cadáver, hay disminución de los homicidios oficiales.

Con AMLO, el Estado dejó que la violencia se normalizara en un disparo cada cuarto de hora; con Sheinbaum, el reloj se alarga seis minutos, pero sigue marcando muerte asegurada en cada hora que pasa. 

El comando que entra a la casa del alcalde en Oaxaca no rompe la estadística: la encarna; es apenas uno de esos 67 asesinatos del día, una muesca más en un país donde la vida se cuenta en minutos disponibles antes del siguiente homicidio.

El mensaje criminal es quirúrgico: el Estado puede prometer, desplegar, condenar y declarar; nosotros ejecutamos. Y lo hacemos cuando queremos.

Lo demás —boletines, operativos, declaraciones— es el eco.

Con información: ELNORTE/ TRESEARCH

A «PUERTA CERRADA: MANDAMÁS de AMLO en MORENA JUNTA SUSPIRANTES en GUERRERO para EVITAR que se DESPEDACEN»…ya no están en campaña contra la oposición, sino contra sí mismos.

A puerta cerrada, sin filtraciones —o eso intentaron—, Morena volvió a hacer lo que mejor sabe: simular orden mientras hierve la olla. En un salón de hotel en Acapulco, Ariadna Montiel, nueva mandamás del partido por ordenes de Andres Manuel Lopez Obrador , y Citlalli Hernández, árbitra oficial de las candidaturas, se encerraron toda la mañana del viernes para diseñar reglas de “civilidad” entre una decena de aspirantes en Guerrero. Traducción: evitar que se despedacen antes de tiempo por una candidatura que todavía ni existe formalmente.

No es un caso aislado. Montiel lleva semanas recorriendo el país como bombera política, tratando de enfriar a un partido que ya entró en modo guerra interna. Falta menos de un año para las elecciones del 6 de junio de 2027, y en la llamada Cuarta Transformación la disciplina se evaporó: más de 50 figuras de alto nivel —senadores, diputados, alcaldes y funcionarios federales— ya están en campaña, aunque le llamen de otra forma.

Porque aquí nadie es “precandidato”. Son “coordinadores estatales de defensa de la transformación”, un eufemismo de manual para esquivar la ley electoral. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia clara: o cargo público o campaña. Resultado inmediato: tres bajas relevantes en el Gobierno. Rafael Marín Mollinedo dejó Aduanas para ir por Quintana Roo; Esthela Damián salió de la Consejería Jurídica para meterse a la pelea en Guerrero; y Tatiana Clouthier abandonó el Instituto de Mexicanos en el Exterior para buscar Nuevo León. Todos obedecieron… porque la instrucción venía con ultimátum.

El calendario tampoco está claro. Morena había prometido abrir registros el 22 de junio, pero tras la salida de Luisa María Alcalde y la llegada de Montiel, todo apunta a retrasos. Lo único que no se aplaza es la ansiedad. Citlalli Hernández tuvo que salir a desmentir rumores de candidatos ya pactados: según ella, todo se definirá por encuesta. En Morena, eso significa que nadie sabe nada… hasta que alguien ya decidió todo.

El mapa del conflicto es amplio: 17 gubernaturas en juego, con especial intensidad en los 13 estados que ya gobierna el oficialismo. Pero también hay pleito en territorio opositor: Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y el siempre incómodo Nuevo León.

Nuevo León es un buen ejemplo del caos. La salida de Clouthier reactivó a Clara Luz Flores, quien pidió licencia días después. A la lista se suman Judith Díaz, Waldo Fernández, Jesús Elizondo, Andrés Mijes y Felipe de Jesús Cantú. Seis aspirantes, un solo boleto, y cero señales de que alguien piense bajarse.

Guerrero está peor. La renuncia de Esthela Damián movió el tablero en una contienda donde ya hay una decena de nombres: Beatriz Mojica, Abelina López, Guadalupe Eguiliz, Iván Hernández, Amílcar Sandoval, Marcial Rodríguez, Arturo Martínez Núñez… y, por supuesto, Félix Salgado Macedonio, que lidera encuestas pero carga con un problema incómodo: es padre de la actual gobernadora. Morena decidió prohibir las sucesiones familiares antes de que la ley lo obligue en 2030, pero en los hechos nadie parece muy convencido de cumplirlo.

El nepotismo, de hecho, ya es el elefante en la sala. En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo empuja a su esposa, Ruth González. Si se concreta, Morena podría romper con el Verde a nivel local. En Zacatecas, la historia fue más quirúrgica: Ariadna Montiel intervino directamente para bajar a Saúl Monreal, hermano del gobernador, despejando el camino para Ulises Mejía Haro.

En Chihuahua, la dirigente tuvo que mediar entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, otra muestra de que la “unidad” es más discurso que realidad. Y en Querétaro, Santiago Nieto ya dejó el IMPI para competir, pero tampoco la tiene fácil frente a otros aspirantes del propio movimiento.

El Senado se ha convertido en una especie de incubadora de candidatos: nombres como Julieta Ramírez, Lucía Trasviña, Imelda Castro, Raúl Morón, Ana Lilia Rivera y Lorenia Valles ya están en la fila. Del lado del Verde, también hay juego: Jasmine Bugarín, Karen Castrejón y Virgilio Mendoza. En cada estado, al menos tres más levantan la mano. Nadie quiere quedarse fuera del reparto.

Por si faltara algo, los gobernadores también están metiendo mano. Layda Sansores ya destapó a su gallo en Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla impulsa a Gladys Butanda en Michoacán; y Alfonso Durazo promueve a dos perfiles en Sonora. El mensaje es claro: la sucesión también se cocina desde los estados, no solo desde la cúpula.

Oficialmente, el registro abrirá a finales de junio y la idea es tener candidatos antes de que termine el verano. Extraoficialmente, la batalla ya empezó hace meses. Y aunque hablen de encuestas, reglas y civilidad, lo que realmente está en juego es quién controla el siguiente reparto de poder dentro del obradorismo sin López Obrador en la boleta.

Porque si algo dejó claro esta reunión en Acapulco es que Morena ya no está en campaña contra la oposición, sino contra sí mismo.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/

«AGUA y ACEITE SI se JUNTAN: HAMPONES del PRI, PAN y MORENA se UNEN para ENJUICIAR POLÍTICAMENTE a SAMUEL, EX-ALIADO de MORENA»…. no hay combate frontal a la corrupción; hay competencia por administrarla.

El Congreso local de Nuevo León —ese club donde la indignación suele tener dueño y calendario— ha decidido iniciar juicio político contra el aun gobernador por el Partido Movimiento Ciudadano Samuel García ex-aliado de Morena. Hasta ahí, el libreto institucional: fiscalización, legalidad, rendición de cuentas. Pero lo interesante no es el acto, sino los actores. Porque quienes hoy se rasgan las vestiduras por el supuesto enriquecimiento del gobernador son, en muchos casos, especialistas en convertir el servicio público en negocio familiar.

El juicio político es impulsado por PAN, PRI y Morena por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El tema lo llevará a comparecer el próximo 23 de junio en medio de la mayor vitrina internacional que ha tenido la entidad en décadas, el Mundial de fútbol de la FIFA. Monterrey es la tercera sede en México y allí se disputará el domingo el primer juego mientras su mandatario local es orillado a la picota.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León —de mayoría opositora— con seis votos de panistas, priistas y morenistas, aprobó este viernes, dar trámite al procedimiento en contra del mandatario emanado de Movimiento Ciudadano. Los diputados locales determinaron que existen elementos suficientes para dar luz verde a una investigación aupada por Morena, que acusa a García de participar en una presunta triangulación de cerca de 3.000 millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador.

PRI,PAN y MORENA,históricamente vendidos como agua y aceite, vuelven a demostrar que la química política no es ideológica sino utilitaria. No se mezclan… salvo cuando hay que repartir costos, blindarse mutuamente o, como ahora, ajustar cuentas. La pureza doctrinal dura lo que dura la conveniencia.

El juicio político contra Samuel García se presenta como una cruzada contra la corrupción. Pero en el fondo huele más a disputa de poder que a higiene institucional. Porque si algo caracteriza a estas dos maquinarias —más cercanas a estructuras de control que a partidos modernos— es su capacidad para señalar con una mano mientras negocian con la otra.

No es que Samuel García sea intocable ni mucho menos. Las acusaciones sobre su patrimonio y el uso de recursos públicos merecen escrutinio serio. El problema es quién está haciendo ese escrutinio. Cuando los inquisidores tienen expedientes propios que harían palidecer cualquier auditoría, la escena pierde credibilidad y gana cinismo.

Aquí no hay combate frontal a la corrupción; hay competencia por administrarla.

La narrativa oficial intenta venderlo como un acto de responsabilidad democrática. Pero el timing, las alianzas y los antecedentes cuentan otra historia: una donde las diferencias ideológicas son puro teatro y la verdadera línea divisoria es quién controla el presupuesto, las fiscalías y las redes de influencia.

Al final, el mensaje es claro: en la política mexicana, incluso los enemigos más feroces pueden sentarse en la misma mesa si el objetivo es común. No importa que públicamente se insulten; en privado, hacen cuentas.

Y mientras tanto, la ciudadanía vuelve a ser espectadora de un espectáculo repetido: políticos acusando a políticos de hacer exactamente lo que todos saben que hacen.

La pregunta no es si Samuel García enfrentará consecuencias, sino si alguien en ese Congreso está en posición moral de exigirlas.

Con información : DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS