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jueves, 11 de junio de 2026

A «QUIEN MAS SI el OTRO está CRUZADO de BRAZOS: VECINOS piden PARO al CONTADOR del CÁRTEL del GOLFO para PARAR los ROBOS en VICTORIA»… el Estado dejó de ser opción cuando dejó de ser gobierno para convertirse en gato del crimen.


En Ciudad Victoria,en Tamaulipas , ya ni se sabe a quién reclamarle primero: si al gobierno de Americo Villarreal y Morena que cobran como Estado aunque ,gobierna como espectador, o al Cártel del Golfo que opera como autoridad sin haber sido votado en una sola urna,aunque le echaron la mano al que se sentó en la silla.

El último “comunicado ciudadano” desde las redes, desde 9mm de Libertad Cd.Victoria, es casi una pieza de realismo brutal: vecinos hartos de robos que, después de tocar la puerta de las instituciones formales —esas que administra Morena bajo la responsabilidad de Américo Villarreal— terminan dirigiéndose directamente al poder real, al que sí controla la plaza. No al Palacio de Gobierno, sino al señor Alfredo Cárdenas, a quien indetifican como “Alfa”, tal vez por lo de «Macho Alfa» ,líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo con matriz en Matamoros y sucursal 24/7/365 eb la capital de los poderes, que otra vez no pueden,salvo echarles la mano. 

El mensaje no tiene desperdicio: denuncian robos, acusan abandono y, en un giro que retrata el tamaño del colapso institucional, le piden al propio grupo criminal que “ponga orden”. Como si se tratara de una autoridad municipal más, pero mas armada y sin contrapesos, sin mayores limites que la imaginación criminal.

La queja es doble y demoledora: el gobierno no resuelve, y el cártel tampoco. Es decir, ni el poder legal ni el poder de facto están cumpliendo su parte en este arreglo perverso donde ambos existen, ambos cobran, pero ninguno garantiza lo mínimo: seguridad.

Porque hay una razon que lo explica,criminales de baja monta, pagan derecho de piso al cartel por robar indiscriminadamente y este soborno mensual a la autoridad por permitirlo.

Pero entre líneas hay algo más grave: la percepción de que el Cártel del Golfo “ya no es lo que era”. No como nostalgia criminal, sino como síntoma de descomposición interna que se traduce en más desorden, más robos, más impunidad. Cuando hasta el crimen organizado pierde control de su propia franquicia, lo que queda es simple anarquía armada y un gobierno que sigue apapachandolos por mera vocación.

Que dice el humor social en respuesta:

1. Roberto Carlos (el más largo y directo)

“A buen árbol se arriman. Si son una bola de ratas ellos también y pues los robos están. Por ellos mismos por la venta de cristal. A consecuencia de la droga esa por eso andan todos mensos robando para el consumo”.

  • Es el más lúcido y cínico del lote. 
  • Reconoce que el problema no es solo el gobierno, sino que el CDG (y específicamente los que venden cristal) es parte activa del desmadre. 
  • Tira la responsabilidad a la adicción y al narcomenudeo: los mismos que “controlan” la plaza son los que generan los robos para financiar el vicio. 
  • Frase “A buen árbol se arriman” = elegante forma de decir “estás pidiendo ayuda al que los esta esquimando”.

2. Anonymous participant 666 (víctima directa)

“si e vivido carne propia la extorcion ni trabajar uno puede pidop ayuda nonse qur hacer”

  • Testimonio crudo: extorsión (probablemente cobro de piso o “cuota de seguridad”). 
  • Desesperación total: no puede ni trabajar, y no sabe a quién chingados pedir ayuda. 
  • Este es el ciudadano promedio que ya vive en modo supervivencia.

3. Javier Llanos

“En estos tiempos el pueblo ya no se confia de nadie asta el mas disque amigo por dinero te trai cionan abusados”

  • Desconfianza absoluta. 
  • Refleja el rompimiento del tejido social: ya ni los “amigos” son de fiar porque el hambre y el dinero fácil los vuelve traidores. 
  • Tono derrotista y generalizador: “todos están abusados”.

Resumen general de la reacción:

  • Hartazgo colectivo con ambos bandos (gobierno y CDG). 
  • Nadie defiende al “señor Alfa” ni al Cartel; más bien lo ven como parte del problema o como la única autoridad real que queda. 
  • Predomina la desesperanza y la sensación de que “ya no hay a quién recurrir”. 
  • Hay resignación + cinismo: piden ayuda al narco porque el Estado es un chiste, pero saben que el narco también está podrido. 
  • Muy pocos likes/reacciones en comparación con lo fuerte del post → la gente tiene miedo de comentar abiertamente.

En pocas palabras: los comentarios nos confirman el diagnóstico del post original.

El pueblo ya no distingue entre “autoridad” y “delincuencia con charola”…(hay te hablan Americo) porque ambos son lo mismo y ninguno resuelve un carajo. 

Así, Ciudad Victoria queda atrapada en una especie de limbo: un gobierno que administra la inercia y un cártel que ante la falta de dinero, anda robando a medio mundo. Y en medio, los ciudadanos, haciendo lo impensable hace unos años: redactar peticiones públicas al crimen organizado porque el Estado, simple y llanamente, dejó de ser opción cuando dejo de ser gobierno para convertirse en gato del crimen, vulgar cuentamuertos y desaparecidos.

Con informacion: @Redes/

SE "EVAPORA la CÁRCEL: JUEZA del ACORDEÓN con HAMPA_RO desde TAMAULIPAS ABRE la PUERTA a TITÁN, CAPO HUACHICOLERO"... es de los 52 mil detenidos del engañabobos oficial; la mayoría, como él, ya tuvo salida de emergencia


La justicia del “acordeón” en México ya ni disimula: se estira, se encoge y, cuando conviene, hasta se convierte en camilla de hospital. El caso de José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, parece sacado de un manual de cómo doblar la ley sin romperla… al menos en aparienci

Detenido hace apenas un mes y presentado por el Gobierno federal como pez gordo del huachicol ligado al Cártel del Noreste, el “Titán” pasó en tiempo récord de objetivo prioritario a paciente delicado. Primero, un juez en Nuevo León lo saca del penal con una suspensión para que “enfrente” su proceso desde el Hospital Universitario. Porque, claro, nada dice “riesgo procesal” como una cama clínica bien vigilada… o no tanto.

Pero la jugada no terminó ahí. Desde Tamaulipas, la jueza Dafne Miroslaba Carrillo de León decidió meterle mano al expediente con una suspensión provisional que, en los hechos, desactiva la prisión preventiva oficiosa. Ordenó revisar la medida en 48 horas, sugiriendo que el encierro ya no es necesario y que se puede optar por algo más… flexible. Traducción: el acordeón se sigue estirando.

El detalle incómodo es que, según fuentes federales, la juzgadora habría ido más allá de sus facultades. La Ley de Amparo no le daba cancha clara para intervenir sobre una medida cautelar que se ejecuta fuera de su circuito. Pero en esta liga, las reglas parecen negociables, interpretables o, de plano, decorativas.

Mientras tanto, el “Titán” —fisicoculturista en redes, paciente enfermo en tribunales— gana tiempo. No puede ser trasladado, no se puede ejecutar la orden de aprehensión y su situación quedará en suspenso hasta la audiencia del 15 de junio. Un limbo jurídico bastante cómodo para alguien que, en teoría, encabezaba una célula criminal relevante.

Y aquí es donde el caso deja de ser anécdota y se vuelve patrón. Cuando se le pone lupa a los miles de detenidos que presume la estrategia de seguridad —los de Harfuch incluidos— la constante es inquietante: muchos caen, pocos se quedan. Entre suspensiones, tecnicismos, jueces creativos y enfermedades oportunas, la prisión termina siendo más una escala que un destino.

La pregunta ya no es si hay detenciones espectaculares, sino cuántas sobreviven al sistema judicial sin desinflarse. Porque en este país, el problema no es atrapar al “Titán”… es lograr que no salga caminando —o en ambulancia— por la puerta de atrás.

Quien es la jueza del acordeón:

La hoja de vida de la jueza parece más un catálogo de cargos del Poder Judicial que garantía de sentido común: puro escalafón, cero calle.

Quién es (en seco)

La juzgadora es una funcionaria de carrera del Poder Judicial Federal, formada al amparo del sistema de concursos, ascensos y cursos internos que vende el discurso de “meritocracia judicial”. Ha pasado por distintos puestos dentro del propio Poder Judicial, moviéndose en el clásico circuito de oficialía, secretarías y finalmente el cargo de jueza de Distrito.

Currículum de vitrina

Su CV refleja el molde estándar: licenciatura en Derecho, especializaciones y diplomados organizados o avalados por el propio Poder Judicial, además de cursos en temas procesales, amparo y derechos humanos, todo muy correcto en el papel. Es el típico expediente que luce impecable en PDF, pero que no dice nada sobre independencia real frente a los poderes fácticos o la tentación de estirar la ley como acordeón cuando un caso “sensible” toca la puerta.

Carrera de burbuja judicial

La trayectoria está construida casi exclusivamente dentro de la burbuja judicial federal, lejos de la intemperie social y muy cerca de la lógica corporativa de “no te metas en problemas con los de arriba, ni con los de enfrente”. 

Es el tipo de perfil que domina los juzgados: técnicos, formados en manuales de buenas prácticas, pero perfectamente capaces de forzar el marco legal cuando hay incentivos suficientes… y margen para simular que todo es “criterio jurídico”.

La juez gano la candidatura del acordeón

En ese contexto, no sorprende que, ante un perfil como el de “Titán”, la jueza haya encontrado la forma de jugar al límite de sus facultades, resintiendo la prisión preventiva sin ensuciarse con una libertad abierta, pero mandando un mensaje clarito: aquí la ley se dobla, no se rompe. 

Su currículum oficial habla de técnica y preparación; su decisión la coloca en la galería creciente de jueces del “acordeón”, esos que se estiran cuando toca favorecer al personaje correcto y luego vuelven a su formato de funcionarios discretos, eficientes… y profundamente convenientes.

Con informacion: ELNORTE/

“ORDENA EE.UU. INVESTIGACIÓN BANCARIA de AMERICO, su FAMILIA, 5 GOBERNADORES MÁS de MORENA y OTRO del PRI”… Sheinbaum sigue de cómplice oficial jugando a la resistencia institucional.


En el tablero donde se cruzan el dinero, el poder y la sospecha, Washington ya movió ficha… y no fue discreto. Autoridades financieras de Estados Unidos ordenaron a bancos con presencia en México meter lupa —y no cualquier lupa— a las cuentas personales y familiares de siete gobernadores mexicanos. Traducción: no solo revisen al político, revisen hasta al primo incómodo.

Según ejecutivos del sistema financiero estadounidense, la instrucción podría escalar al congelamiento de cuentas de mandatarios en Tamaulipas,Sinaloa,Campeche, Durango, Morelos, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y la Ciudad de México. Es decir, el radar ya no apunta a casos aislados, sino a una clase política completa bajo sospecha preventiva.En todos los caso y con la excepción de Durango gobernado por el PRI,el resto de mandatarios es del partido oficial,MORENA.

La medida encaja con la estrategia de presión de Donald Trump para reventar —o al menos exhibir— los vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. La acusación en Nueva York contra Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa,los gobernadores de Tamaulipas y Sonora no son episodios aislados, es el prólogo de algo más amplio: la judicialización transnacional de la política mexicana tal y como lo anuncio Steve Fisher de Los Ángeles Times,que ha adelantado todos los escandalos.

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum actuando como complice oficial juega a la resistencia institucional: que si la FGR, que si el Poder Judicial, que si “vamos a revisar”. El problema es que ese argumento choca de frente con el tratado de extradición vigente. Y en Washington no suelen tener mucha paciencia para los tecnicismos cuando el tema es seguridad nacional.

El trasfondo es más delicado de lo que parece. Desde 2025, con los cárteles etiquetados como organizaciones terroristas, Estados Unidos amplió su margen de maniobra: ahora no solo va contra criminales, sino contra cualquiera que huela a facilitador, socio o beneficiario indirecto, un traje que le encaja a la medida de Americo Villarreal. En ese nuevo juego, los bancos mexicanos quedan atrapados entre cumplir… o convertirse en sospechosos.

El antecedente ya existe: FinCEN puso en la mira a CIBanco, Intercam y Vector por operaciones ligadas al lavado de dinero del narco. No fue un aviso, fue un mensaje: si el dinero pasa por aquí, también es nuestro problema.

Lo más incómodo es que no hay una lógica clara en la lista de gobernadores. No es partidista, no es regional, no es uniforme. Hay estados donde el crimen manda abiertamente y otros donde, al menos en el discurso, se presume control. Eso vuelve todo más inquietante: no parece una investigación quirúrgica, sino un barrido amplio.

Y en medio de ese barrido, aparecen piezas políticamente sensibles: gobernadoras y gobernadores cercanos al obradorismo que hoy no necesariamente están alineadas con Sheinbaum,pero igual esta protegiendo por proteger a AMLO. Coincidencia o no, el timing es quirúrgico.

En pocas palabras: Estados Unidos no está esperando a que México resuelva sus propios enredos. Está armando su propio expediente… y, si hace falta, su propio veredicto.

Con informacion : CODIGO MAGENTA/

«5 MUERTOS,5 HERIDOS: LLUVIA de BALAS MASACRA POLICIAS dejan GRAVEMENTE HERIDO OTRA VEZ el PLAN MICHOACAN MILITARIZADO»…si siempre hacen lo mismo,es de ilusos esperar resultado distinto.


A punto de completar los 42 mil muertos del segundo piso del desgobierno,cinco guardias civiles muertos y por lo menos otros cinco heridos dejo el saldo de una emboscada en La Mojonera, Nahuatzen, Michoacán, justo mientras el gobierno presume “Plan Michoacán” y alfombra roja mundialista.

Qué pasó en Nahuatzen

Un convoy de la Guardia Civil patrullaba la zona de La Mojonera, en el municipio de Nahuatzen, cuando fue sorprendido por presuntos sicarios con armas largas.

El saldo oficial: cinco agentes muertos y al menos cinco más heridos, según la propia Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Los uniformados iban en vehículos oficiales cuando les cayó la lluvia de balas; después vino el operativo “de rutina”: helicópteros, fuerzas estatales y federales peinando el monte, recogiendo casquillos y dando el pésame por Twitter.

La línea de investigación apunta de nuevo a la guerra entre los viejos Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque en Michoacán cambian los sexenios pero el menú criminal es el mismo.

El famoso “Plan Michoacán”

En Palacio Nacional vendieron el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” como la receta mágica: 12 ejes, más de 100 acciones, más de 57 mil millones de pesos y casi 6 mil efectivos federales entre Guardia Nacional y otras corporaciones.

Sobre el papel suena precioso: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz, y toda la jerga de power point que encanta a los burócratas de la 4T.

Omar García Harfuch prometió reforzar inteligencia, investigación y coordinación entre niveles de gobierno, como si en Michoacán faltaran discursos y no Estado.

La realidad es que, a meses de anunciado, los que siguen cayendo en la carretera son los policías, los alcaldes y los habitantes de la meseta purépecha, mientras el plan se queda en boletines y conferencias.

Sheinbaum, el Mundial y la narco-realidad

Mientras los guardias civiles eran emboscados en La Mojonera, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomaba la foto con Gianni Infantino en Palacio Nacional, vendiendo a México como paraíso mundialista listo para la inauguración de la Copa del Mundo.

La narrativa oficial: estadios brillantes, inversiones, turismo, “México en los ojos del mundo”; la realidad en Michoacán: camionetas baleadas, uniformes ensangrentados y comunidades atrapadas entre grupos rivales.

El “Plan Michoacán” presume más militares, más dinero y más coordinación, pero la foto de hoy es brutal: cinco policías muertos en una emboscada en la meseta purépecha, mientras en la capital se descorchan refrescos con la FIFA.

En la 4T de Sheinbaum, el mensaje es claro: al crimen organizado se le administra, al Mundial se le rinde honores.

Con informacion: ELFINANCIERO/

EL «NEGOCIO de las DESPENSAS: EMPRESARIO DETALLA en RED NACIONAL el MOCHE de los AMERICOS,FISCAL EX PRESIDIARIO y JUSTICIA LIGADA AL CARTEL»… y un financiero de Ameriquito en toda$ las dependencias$.

Lo que los ciudadanos van a escuchar a continuación, es la radiografía de un estado podrido de raíz: un empresario Victorense que denuncia un “moche” de 110 millones, y del otro lado un aparato completo —gobernador, hijo, fiscal y cúpula judicial— usando la justicia como garrote político y lavadora de extorsiones.

El “negocio” de las despensas

Israel Alejandro Valdés Sánchez, dueño de Grupo Dalka, ganó una invitación directa para distribuir 1.7 millones de despensas por todo Tamaulipas, por alrededor de 541 millones de pesos.

El contrato era para surtir paquetes alimentarios en los 43 municipios, vía programas sociales estatales, con recursos ya etiquetados que finalmente nunca se ejercieron como estaba previsto.

Según su testimonio, el esquema era simple y brutal: primero te “invitan” y te dan el contrato, luego llega el cobrador oficial del sistema a recordarte que en Tamaulipas la ley no es la Constitución, es la tarifa del moche.[

“Ameriquito” y el cobrador del moche

Valdés señala a Felipe Salinas Mansur como operador financiero de Américo Villarreal Santiago, “Ameriquito”, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con el empresario, Salinas Mansur se presentó como el que “mueve todo el dinero” del junior, y le exigió 110 millones: 80 para la estructura local y 30 para operar elecciones en Coahuila, donde el hijo del gobernador es delegado de Bienestar.

Valdés afirma que la orden era clara: sin moche no hay contrato, y sin contrato no hay negocio, pero sí hay persecución; tras negarse, la administración rescindió unilateralmente el contrato y empezó una campaña de asfixia económica y judicial contra él y su empresa.

El costo de decir “no”: arraigo y fabricación de delitos

Después de negarse a pagar el moche, Valdés relata que el gobierno le canceló el contrato “de un día para otro”, provocando un quebranto financiero que golpeó a su empresa y a las familias que dependían de ella.
En lugar de investigar la extorsión, el aparato estatal lo colocó bajo arraigo, le abrió procesos por falsedad en declaraciones y fraude procesal, y busca hasta 17 años de cárcel y una reparación de 162 millones de pesos.

El origen formal del caso es casi una burla: según el propio Valdés, la “denuncia” anticorrupción contra él nació de una historia en Facebook, y aun así fue usada para armarle un expediente penal y tenerlo bajo una medida cautelar que huele más a castigo político que a cuidado procesal.

Jesús Eduardo Govea: el fiscal con pasado en Altiplano

El encargado de la “procuración de justicia” es Jesús Eduardo Govea Orozco, nombrado fiscal general por el gobierno de Américo Villarreal con un discurso de combate a la corrupción.

Govea arrastra un historial donde él mismo admite que fue detenido en 2002 por presuntos vínculos con una red de protección al crimen organizado, caso ligado mediáticamente al Cártel del Golfo, y estuvo sujeto a un proceso penal del que más tarde obtuvo la libertad mas que por falta de pruebas, por la falta de pulcritud y vergüenza del sistema de justicia federal.

Mientras él se vende como exonerado definitivo, el dato duro es que quien hoy persigue a un empresario denunciante fue, hace dos décadas, un servidor público detenido y procesado por presunta protección a delincuentes, y que ahora encabeza una fiscalía que arma acusaciones contra quien se niega a pagar mochadas al hijo del gobernador.

Tania Contreras: la justicia capturada y fichada

Del otro lado del tablero, en la cúspide del Poder Judicial de Tamaulipas, está Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

En la versión oficial, se presenta como abogada con más de 25 años de servicio público y tres maestrías en derecho, la primera mujer al frente del Poder Judicial, comprometida —faltaba más— con la legalidad y la justicia.

Pero reportes y multiples señalamientos la colocan ligada al Cartel del Golfo y enlace entre el gobierno de Tamaulipas y una red de huachicol operada desde Aduanas por su cuñado, es decir, más cerca de los intereses del crimen que de la ciudadanía que acude a los tribunales.

Si el fiscal viene de un expediente por presunta protección a narcos y la presidenta del Poder Judicial está señalada por vínculos con huachicoleros y crimen organizado, al ciudadano sólo le queda una certeza: en Tamaulipas la “impartición de justicia” es una mesa de negociación política, no un poder independiente.

El patrón de Disméxico: castigar al que denuncia

En la entrevista con Luis Cárdenas, se subraya que los delitos imputados a Valdés —falsedad en declaraciones y fraude procesal— no son, por naturaleza, delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, lo que haría innecesario mantenerlo bajo una medida de arraigo tan prolongada.

Se enmarca el caso en una tendencia nacional donde se encarcela periodistas y denunciantes en estados como San Luis Potosí , Campeche o Veracruz, usando el derecho penal como herramienta de intimidación política.

Es el manual de Disméxico: cuando el poder es acusado, no investiga, responde con cárcel, arraigo, boletines y conferencias para destruir al denunciante y mandar el mensaje de que la próxima vez, o pagas el moche, o te atienes al infierno judicial.

Tamaulipas como laboratorio de narcopolítica

El caso Valdés exhibe un ecosistema completo:

  • Un gobierno de Morena encabezado por Américo Villarreal Anaya, ya multiseñalado por gran cantidad de escándalos, todos ligados al crimen organizado y el trafico de huachicol.
  • Un hijo, Américo Villarreal Santiago, que aun y sin ser gobierno ,participa de las mochadas multimillonarias amarradas a contratos de despensas y elecciones en Coahuila.
  • Un operador financiero, Felipe Salinas Mansur, que se presenta como el que “mueve todo el dinero” y reparte tarifas de moche en todo el aparato estatal en favor de «Ameriquin».
  • Un fiscal general con pasado penal, recluido 7 meses en un penal federal por proteger al Cartel del Golfo.
  • Una presidenta del Poder Judicial señalada como puente con redes criminales de huachicol y el Cartel del Golfo

Cuando el denunciante dice que “todos los poderes del Estado lo van a aplastar como zancudo y teme que lo maten», no es metáfor es casi la regla: describe un sistema donde Ejecutivo, Fiscalía y Poder Judicial parecen alineados no para esclarecer una extorsión de 110 millones, sino para aplastar a quien se atrevió a hacerlo público.

Con información: GRUPO FORMULA/LUIS CARDENAS/