El pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió dejar de jugar a la ambigüedad y cruzó su propio Rubicón. Sí, ese momento en el que ya no hay vuelta atrás, aunque después, al dia siguiente, matices tus palabras y finjas que todo sigue bajo control. Como el César original, el de toga y legiones, dio el paso sabiendo que lo que viene ya no es política normal, sino otra cosa: confrontación abierta, narrativa dura y costos inevitables.
Desde Palacio Nacional no se anunció una guerra, pero casi. En lo que probablemente ha sido su discurso más claro —y también el más incómodo— la presidenta redefinió las reglas del juego: cualquier acusación, investigación o pedido de extradición desde Estados Unidos ya no será visto como un asunto legal, sino como un acto de intromisión extranjera. Traducido al español de calle: no importa qué digan las pruebas, el problema será quién las manda.
Y eso cambia todo.
Porque hasta hace poco todavía había margen para pensar que el gobierno estaba administrando tiempos, pateando el bote, esperando a ver qué caía. Ese margen ya murió. Ahora la discusión deja de ser “¿qué hicieron?” para convertirse en “¿por qué nos atacan?”. Es un giro clásico: del expediente al discurso, de la evidencia a la sospecha geopolítica.
El mensaje viene en paquete completo. Hacia dentro, disciplina: aquí nadie se baja del barco. Hacia afuera, advertencia: lo que venga será leído como presión política, no como justicia. Y para los señalados, una especie de blindaje narrativo: no son acusados, son víctimas de una ofensiva extranjera.
Cuando Sheinbaum dice que “vienen por unos y luego por otros”, no está especulando: está preparando el terreno. Porque todo indica que vienen más nombres, más casos y más ruido.
La jugada tampoco es nueva. Gobiernos en aprietos —por seguridad, economía o fracturas internas— suelen encontrar en el enemigo externo una herramienta muy útil. La bandera se levanta, la crítica se vuelve traición y cualquier investigación incómoda se convierte en parte de una conspiración. Funciona, al menos por un tiempo.
El problema es el timing. México no está en posición de darse ese lujo sin pagar factura. La revisión del T-MEC ya está sobre la mesa y más del 80% de las exportaciones dependen de Estados Unidos. No es un pleito cualquiera. Y además, la presión ya no viene en una sola forma: llega por lo judicial, lo financiero, lo comercial y lo diplomático al mismo tiempo. Así operan las potencias cuando deciden que algo dejó de ser un problema pasajero.
Por eso este discurso pesa tanto. Porque despeja la duda: el gobierno eligió interpretar lo que viene como una disputa de soberanía, no como un proceso legal. Ya no hay matices.
El Rubicón ya fue cruzado.
Ahora la pregunta no es qué postura tomará Palacio Nacional. Esa ya está clara. La verdadera pregunta es cuánto está dispuesto México a pagar por sostenerla.
Porque César también creyó que podía controlar lo que venía después.
Casi todos los que cruzan ese tipo de líneas piensan lo mismo.
En el noble recinto de San Lázaro, donde se supone que se legisla para la República pero a veces parece que se maquila papel al por mayor, hay una pequeña joya presupuestal que pasó desapercibida para casi todos —menos, claro, para la Tesorería—: más de 4 mil libros editados sin que nadie pueda explicar, con claridad parlamentaria, quién levantó la mano para autorizarlos.
Sí, leyó bien: cuatro mil ejemplares que salieron de las entrañas de la Cámara como si fueran iniciativas fast track, sin dictamen visible, sin discusión en comisiones y, al parecer, sin padre político reconocido. Una especie de “hijos de la imprenta” que nadie reclama, pero que sí se pagan con puntualidad republicana.
El asunto, documentado por El Universal, exhibe un curioso fenómeno legislativo-editorial: la Cámara baja no solo produce leyes cuestionables, sino también libros de procedencia difusa. Y aquí es donde la tinta empieza a oler más a opacidad que a papel recién cortado.
Porque en el mundo ideal del proceso parlamentario, todo gasto debería pasar por el tamiz de la aprobación, la justificación y —al menos en teoría— la rendición de cuentas. Pero en esta imprenta legislativa parece operar otra lógica: primero se imprime, luego se pregunta (si es que alguien se atreve).
Los contratos, los criterios editoriales, los autores, los tirajes… todo se diluye en un expediente que parece haber sido engargolado con grapas de discrecionalidad. Nadie sabe quién autorizó qué, pero el dinero público sí encontró su camino hacia la rotativa. Y como en toda buena edición oficial, el costo está perfectamente registrado, aunque el contenido administrativo sea un borrador permanente.
Aquí no estamos hablando de fanzines clandestinos ni de boletines parroquiales. Son miles de libros financiados con recursos públicos, en un país donde el acceso a la cultura suele ser la primera víctima de los recortes presupuestales. Pero en San Lázaro, curiosamente, la imprenta nunca se queda sin tinta… solo sin responsables.
La pregunta obligada no es solo quién autorizó la impresión, sino bajo qué criterios se decide qué se publica, para quién y con qué propósito. Porque si algo caracteriza al gasto público opaco es su capacidad para disfrazarse de noble causa editorial mientras se imprime, en realidad, una narrativa de simulación institucional.
En términos legislativos, esto huele a un clásico: un gasto que pasó por debajo del radar, aprobado en la práctica aunque no en el discurso, y ejecutado con la eficiencia que rara vez se ve cuando se trata de resolver problemas reales.
Así que mientras los diputados debaten reformas que a menudo no leen, la Cámara produce libros que nadie pidió, nadie firma y nadie explica. Una editorial perfecta para el país donde todo se archiva… excepto la responsabilidad.
Porque en esta imprenta legislativa, lo único que no se imprime es la rendición de cuentas.
En Nuevo León, donde la política presume modernidad mientras los expedientes cuentan otra historia, el más reciente capítulo del huachicol viene con apellido conocido. Porque entre cateos, millones en combustible ilegal y empresas fantasma, aparece un nombre que conecta directamente con el círculo familiar del gobernador Samuel García.
El detenido: Jesús Ricardo Puente. Perfil oficial: empresario. Perfil según la FGR: pieza dentro de la red bautizada como “Los Petrofactureros”, un entramado de al menos 40 empresas diseñadas para simular operaciones en sectores energético, logístico y de transporte… sin tener ni la infraestructura ni la vergüenza.
Pero lo verdaderamente interesante no es solo su detención el pasado 28 de mayo, tras un operativo federal con cateos simultáneos en San Pedro, Monterrey, García y Salinas Victoria. Ni siquiera el decomiso de más de un millón de litros de combustible ilegal en Cadereyta. Lo que levanta cejas —y algo más— es su relación contractual con el despacho del padre del gobernador.
Sí, ese detalle.
Documentos del Registro Público de Comercio y facturas verificadas ante el SAT muestran que la empresa de Puente, Maquiladora de Lubricantes, pagó poco más de 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. Ocho facturas, todas vigentes, todas por el elegante concepto de “servicios profesionales”. Nada ilegal en apariencia. Todo oportunamente documentado.
El despacho en cuestión no es cualquier firma: pertenece a Samuel Orlando García Mascorro y a Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del actual gobernador. Y por si hiciera falta subrayarlo, el mismo patriarca también comparte otra firma con su hijo, el mandatario estatal. Negocios familiares, pues.
Ahora bien, GMA no es precisamente una boutique jurídica modesta. Su cartera de clientes está dominada por empresas del sector energético, con facturaciones que harían sonrojar a cualquier auditor: 353.3 millones a Enerey Latinoamérica, 279.9 millones a Petrolíferos Lobo y 42.3 millones a Energéticos Dos Águilas. En ese ranking, la empresa del ahora detenido ocupa el sexto lugar en ingresos para el despacho entre 2021 y 2026.
Nada despreciable para alguien que, según la FGR, operaba dentro de una red dedicada a inflar operaciones y mover dinero sin sustento real.
Y aquí es donde los números empiezan a oler más fuerte que el combustible decomisado.
Maquiladora de Lubricantes, la empresa de Puente, reportó ingresos por 7 mil 095 millones de pesos entre 2021 y 2025… pero gastos por 9 mil 164 millones. Es decir, un modelo de negocio donde aparentemente se pierde dinero… pero se mueve muchísimo. Sus años dorados coinciden con el auge del esquema: 4 mil 618 millones facturados en 2021 y 1 mil 344 millones en 2022. Después, la caída: 67 millones en 2025 y cero en 2026, justo cuando los operativos contra el huachicol se intensificaron.
Casualidades fiscales, dirán algunos.
La empresa, por cierto, no nació ayer. Fue constituida en 1993 y terminó en manos de Puente, quien aparece en sus asambleas desde 2008. Hasta agosto de 2025 seguía siendo su socio y administrador único. Es decir, no era un prestanombres improvisado, sino una figura consolidada dentro del entramado.
Mientras tanto, la FGR sostiene que “Los Petrofactureros” no solo movían combustible, sino también miles de millones de pesos a través de empresas fachada. Un esquema clásico: facturación simulada, operaciones infladas y dinero circulando sin sustento tangible.
Y en medio de todo eso, un despacho familiar del gobernador cobrando millones por asesorías profesionales a uno de los actores hoy detenidos.
Porque en México, a veces el problema no es que las piezas no encajen… sino que encajan demasiado bien.
La escena es brutal en su sencillez: una oradora extranjera,Cayetana Alvarez , en foro empresarial mexicano, explicando a los mexicanos que su problema ya no es la “soberanía” de los libros de texto, sino la soberanía mínima de no pedirle permiso al narco para respirar.
Redacción irreverente del discurso
La tesis entra sin anestesia: la soberanía de México no está amenazada por marines imaginarios ni por reyezuelos ibéricos de museo, sino por tres corrosivos domésticos: crimen organizado, populismo autoritario y cultura de la dependencia. En vez de venderles la épica antiimperial de calendario oficial, les recuerda lo obvio y lo indecible: un país no es soberano si el ciudadano tiene que negociar cada día su derecho a vivir con un sicario, un burócrata y un gestor de programas sociales.[
El primer mazazo es contra el narco-Estado de facto: el “rancho del horror”, los zapatos vacíos, las madres con varilla y pala buscando huesos donde el Estado decidió declararse en huelga moral. No son metáforas: son escenas del crimen elevadas a prueba pericial contra una clase política que convirtió la fosa clandestina en parte del paisaje, igual que uno asume un bache o un anuncio espectaclar mal puesto.
Luego entra al segundo enemigo, más elegante pero igual de letal: el populismo que se viste de democracia mientras vacía de contenido las instituciones una por una, a golpe de decretos, mayorías dóciles y reformas “históricas”. No necesita tanques: le basta con capturar al árbitro electoral, al Poder Judicial y a los órganos autónomos hasta convertirlos en notarías del gobierno en turno, todo envuelto en el celofán del “mandato popular”. La etiqueta es precisa y demoledora: Narco-Estado, el antónimo exacto del ciudadano soberano.
El tercer tiro va al corazón del modelo clientelar: la política social que no levanta a nadie, sólo administra rodillas. El populista se disfraza de hada madrina pero opera como padrino: te da hoy para que le debas todo mañana, produce votantes cautivos, no ciudadanos libres. Ahí remata con Tocqueville: la servidumbre moderna no necesita cadenas, basta un poder tutelar que acostumbra a la gente a no conducirse por sí misma.
En clave casi hereje para la narrativa oficial, admite que sí, hubo reducción de pobreza, pero lanza la pregunta que el gobierno evita: ¿con más productividad o con más clientela electoral? ¿Con Estado de derecho o con chequera y propaganda? Y coloca el espejo frente a las élites económicas: creer que se puede blindar el negocio mientras se pudre la democracia es una fantasía contable; tarde o temprano la erosión institucional llega al contrato, al crédito, a la propiedad y, finalmente, a la empresa.
El cierre es quirúrgico: desarma el truco de la “soberanía” como biombo patriótico para tapar desaparecidos, fosas, cifras económicas y críticas incómodas. Recuerda que la gran batalla ya no es España ni la Conquista —esa guerra terminó hace dos siglos— sino si el mexicano será soberano frente al miedo, al abuso y a la dependencia. Y ahí deja plantada la bomba política: la disyuntiva no es abstracta ni retórica, es casi con nombre y apellido: soberanía o crimen organizado, soberanía o populismo autoritario, soberanía o narco-Estado, póngale usted las siglas.
Quien es Cayetana Alavarez
Cayetana Álvarez de Toledo es una política y periodista española de derecha liberal‑conservadora, conocida por su estilo combativo y su defensa sin matices del constitucionalismo, la economía de mercado y la crítica frontal al populismo y al nacionalismo.
Ha sido diputada en el Congreso español en varias legislaturas y ocupó la portavocía parlamentaria del principal partido de oposición, desde donde se hizo célebre por sus intervenciones duras, con alta carga intelectual y cero corrección política.
Formada en historia y periodismo, escribe y comenta regularmente en medios españoles e internacionales, y se ha especializado en una línea muy clara: denunciar el “ogro filantrópico” del Estado populista, la colonización de las instituciones por mayorías circunstanciales y la degradación del Estado de derecho.
En los últimos años ha proyectado ese discurso fuera de España, sobre todo en América Latina, donde se ha posicionado como una de las voces europeas que más directamente vinculan populismo, narco‑poder y demolición institucional, justo la triada que articula en el discurso sobre la “soberanía de los mexicanos”.
En el sur del Estado de México, donde la geografía se mezcla con la impunidad, un mando policial más acaba de ser reciclado por el sistema: Raymundo Martínez Monroy, jefe regional en Luvianos, pasó de ser autoridad a convertirse en expediente.
El lunes lo interceptaron. Así, sin más. Como suele ocurrir en esas zonas donde el control territorial no lo tiene el Estado, sino quien realmente manda. Después vino el silencio oficial: pérdida de comunicación, activación de protocolos, despliegue que siempre llega tarde. Horas después, el desenlace previsible: localizado sin vida en Tejupilco, con huellas de violencia, porque en estos casos la muerte rara vez es limpia o discreta.
La escena fue asegurada, como dicta el manual. Llegaron policías, luego peritos, luego la Fiscalía. Se levantaron indicios, se llenaron formatos, se tomaron fotografías. El cuerpo fue trasladado para la necropsia “de rigor”, esa expresión burocrática que intenta darle orden a lo que en realidad es una ejecución más en una región donde la ley es apenas un concepto aspiracional.
Y entonces comenzó la verdadera transformación: de persona a carpeta de investigación. La Fiscalía mexiquense abrió el expediente correspondiente —porque siempre hay un expediente— para “esclarecer los hechos”, “identificar a los responsables” y “determinar si el homicidio está relacionado con sus funciones”. Traducción: el sistema necesita clasificar el cadáver antes de archivarlo en la estadística correcta.
Porque al final eso es lo que queda. No el mando, no la historia, no el contexto de violencia estructural en el sur del Estado de México. Queda el número. Uno más en la contabilidad oficial. Otro caso que, salvo sorpresa, engrosará la lista de homicidios sin resolver en una entidad donde la línea entre autoridad y vulnerabilidad es cada vez más delgada.
Y así, mientras los discursos hablan de estrategia y coordinación, la realidad sigue escribiéndose con cuerpos.
Y vale la pena hacer el ejercicio incómodo: ¿qué habría pasado si Raymundo Martínez Monroy no hubiera sido ejecutado en Tejupilco, sino del otro lado del Río Bravo,en Estados Unidos ?
La respuesta no requiere demasiada imaginación. No estaríamos hablando de protocolos tardíos ni de carpetas que se acumulan en escritorios. Habría despliegues masivos, agencias coordinadas, conferencias de prensa con tono de urgencia y una cacería institucional que no se detendría hasta encontrar a los responsables “debajo de las piedras”, como les gusta decir. El mensaje sería claro: matar a un mando tiene consecuencias reales.
Pero en el sur del Estado de México, la ecuación es distinta. Aquí la violencia se administra, se normaliza y, sobre todo, se dosifica en informes. No hay persecución implacable, hay trámites. No hay prioridad nacional, hay saturación de casos. La diferencia no es solo geográfica; es estructural. De un lado, el Estado reacciona. Del otro, el Estado documenta.
Y en medio de esa frontera invisible, los muertos cambian de categoría: de crisis a estadística.
Cuando estaba camino a Tijuana para entregarse en la frontera a las autoridades de Estados Unidos que lo acusan de colaborar con el cártel de Los Chapitos, Marco Antonio Almanza recibió una llamada telefónica. Era su pareja. Lo que le dijo en esa llamada le hizo darse la media vuelta y emprender el regreso a Sinaloa, según fuentes de primer nivel con acceso a esta información.
El video que grabó para desmentir su entrega a las autoridades americanas despertó toda suerte de sospechas. Sobre todo al compararlo con su más reciente aparición pública, 4 días antes, cuando acudió a una “entrevista” a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.
El martes, el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa apareció acicalado, con camisa de manga larga. El sábado, Marco Antonio Almanza distribuyó un video en el que aparece de bermuda negra informal y una playera deportiva.
¿Qué pasó? Según las mismas fuentes, Almanza y Dámaso Castro, vicefiscal del estado con licencia, acudieron ante la FGR en Culiacán y salieron de su “entrevista” con la misma percepción: para exonerar al gobernador Rocha, al senador Inzunza y al alcalde Gámez Mendivil, el gobierno de México va a decir que fuimos nosotros. Lo detectaron en el tono y sentido de las preguntas que les hicieron. Con su experiencia en estos temas, se las olieron de inmediato.
Por eso Almanza emprendió el camino hacia la frontera. Para sacar ventaja —como ya lo hicieron los exsecretarios de Seguridad y Finanzas— del criterio de oportunidad. Pero recibió esa llamada telefónica de su pareja.
Las autoridades de Estados Unidos se quedaron “vestidas y alborotadas”. Ya tenían todo dispuesto para recibir al exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, al que habían acusado de haber recibido sobornos de Los Chapitos y, a cambio, permitió que Los Chapitos operaran libremente en Sinaloa.
De acuerdo con dichas fuentes, la pareja trabaja en el gobierno de Sinaloa. Y en la llamada, ella le dijo que le mandaron un mensaje de arriba: si él se entregaba a Estados Unidos, ella y sus hijos sufrirían las represalias.
Desistió. De vuelta en Culiacán grabó el video como prueba.
Los documentos de la Fiscalía General de la República lo confirman: el huachicol fiscal fue una operación de Estado al más alto nivel de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández y la plana mayor de la Secretaría de Marina aparecen de manera recurrente en el testimonio de los dos únicos testigos protegidos que están colaborando con una investigación que promete sacudir al sistema político mexicano.
Código Magenta tuvo acceso a la declaración inédita de un funcionario de la Marina que fue un eje fundamental en el esquema de contrabando de combustible en la aduana de Guaymas, Sonora, durante el tiempo de Horacio Duarte como administrador General de Aduanas.
El documento conecta al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con una operación masiva de contrabando de combustible a través del buque Torm Agnes y de la empresa Intanza, dos instancias que están bajo investigación en la Corte del Distrito Sur de Texas y de la Fiscalía General de la República de México. Esto es lo que dice textualmente el testigo colaborador sobre las irregularidades en el momento del desembarque: “Le mandé un mensaje a Solano (señalado como principal operador de huachicol fiscal en la Marina) diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es sólo para tus ojos”.
Este fragmento de la declaración coincide con la revelación que hizo la semana pasada la agencia Reuters: Ikon Midstream, una firma energética basada en Texas que envía combustible a México, fue cateada en abril de 2026 en relación a un expediente del Departamento de Justicia que analiza potenciales vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, el gobierno mexicano también ha colocado a esta compañía bajo escrutinio, de acuerdo a tres funcionarios del aparato de seguridad nacional y a cuatro documentos citados por Reuters.
En última instancia, Ikon Midstream tiene terminaciones en el entorno político y empresarial de Andrés Manuel López Beltrán, relata una fuente de inteligencia estadounidense a Código Magenta. Los puntos se conectan con la operación del buque Torm Agnes y la empresa Intanza, responsable de la importación de combustible en los puertos aduanales. Se trata de la misma compañía que operó el desembarco del buque Challenge Procyon en Tampico, en el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 10 millones de litros de combustible. “El dinero lo llevó una persona de la empresa Intanza, sé que tenían una casa, pero no sé dónde estaba, ese dinero me lo entregaron en la oficina de la Subdirección Aduanera, yo se lo subí a García Arellano y me dijo que lo repartiera”, se lee en el testimonio del funcionario de Marina al que ha tenido acceso Código Magenta. “Al Titular le tocaban 350, al de operación aduanera 200, al coordinador Ramón Quintana Amaya 150 y de ahí todos 100… en total dieron 2 millones y sobraron 500 mil, “MK” (es decir, Miguel Ángel Solano) dijo que lo que sobró se lo diera a la ASIPONA”, agrega la declaración.
Las declaraciones no describen una anomalía en una aduana. Describen una mecánica de Estado: cambios de adscripción ordenados desde arriba, barcos esperados durante meses, empresas que aparecían sólo para mover combustible, operadores que se comunicaban por Threema, dinero repartido dentro de oficinas aduaneras y decisiones que, de acuerdo con el testigo, no podían ejecutarse sin respaldo de Marina, Aduanas y áreas centrales.
El documento central es un acta de entrevista levantada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Tiene fecha del 27 de febrero de 2026. El entrevistado comparece como testigo de identidad resguardada. El entrevistador es un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la FEMDO. La entrevista forma parte de una carpeta relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. Es decir: no se trata de una denuncia anónima, una filtración sin origen ni un rumor político. Es una declaración rendida ante autoridad ministerial, bajo la carpeta de investigación federal FED/ FEMDO/ FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
En otro fragmento, el testigo describe la operación inicial: “En el mismo 2022, aproximadamente en mayo o junio, me habló Rolando Sosa Bravo, el que se había ido a Tuxpan, me dijo que quería hablar conmigo, me dijo que le habían asignado una misión, que estaban haciendo un equipo en la Aduana de Guaymas, que ya lo tenía organizado; me dijo que iba a ser una omisión de impuestos, que iba a llegar un barco, va a declarar unas cosas que no es, me dijo que era diésel”.
El fragmento que revela la corrupción operativa es brutal por su normalidad burocrática: “Capitanía de puerto, ASIPONA, aduana, agencia naviera, agencia aduanal, la transportista, todos están alineados”. Es difícil pensar en una figura política con el nivel suficiente para coordinar a todas estas instancias. El testigo relata: “El 30 de marzo llegó un correo de ANAM me pedían mi renuncia como Subdirector de operación aduanera, entregué mi renuncia, le dije a Solano que ya había llegado mi cambio; me dijo que son movimientos normales, que fue algo político, que hasta que la política estuviera alineada se iba a empezar a mover otra vez, lo mismo le dije a Enrique Cordero el operador logístico de la empresa Intanza, me dijo que estaba raro porque ya les habían mandado a hablar a ANAM del buque de Tampico, que también era de ellos y que iban bien, que habían metido amparo y lo del Ensenada también era de ellos y que ahí no tenían problema, porque ese hallazgo no tenía relación con el barco, porque el hallazgo fue en un predio; y que aparte no se puede parar porque no es poco el dinero que se avienta para arriba, con ANAM, la Fiscalía, Guardia Nacional, eso no va a parar”. Esta es una confirmación adicional de que el huachicol fiscal se operó al más alto nivel político. El testigo de la FEMDO, desde adentro de la aduana, describe la otra mitad de la operación: quiénes sabían, cómo se coordinaban, qué autoridades intervenían, cómo se manipulaba el despacho y cómo se repartía el dinero.
Después de mencionar a Andrés Manuel López Beltrán, el funcionario de la Marina describe a un representante de la empresa Intanza como el enlace para evitar que el buque Torm Agnes fuera decomisado: “Le comenté a Cordero, que ya había valido, me dijo que era algo político, que él había ido a México a SEMAR en fin de año y que había hablado con alguien y que ya era un tema arreglado; y efectivamente, como en 1 hora o 1:30 ya habían sacado todas las pipas y las maniobras, la fiscalía sí llegó, pero el barco ya estaba en maniobra de zarpe”.
Esta es la segunda vez que el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un expediente federal de huachicol fiscal. En un acta de entrevista del 11 de junio de 2025, con el testigo protegido de nombre código “Santo”, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, se describe lo siguiente: “Solano volvió a tranquilizar a ‘Santo’. Le dijo que ‘se trataba de choques políticos entre el secretario de seguridad Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo (…) no va a pasar nada’”.
En ese misma acta, también es mencionado el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El 11 de junio de 2025, el Capitán Torres Joaquín le dijo a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los sobornos de la red eran pagados en una oficina de Plaza Laguna en Tampico, Tamaulipas. Su testimonio señala que ahí se encontraba, comúnmente, con una persona de apellido “Capirucho Pinto”, que realmente es “Capiterucho Pinto”, representante legal del recinto fiscal 289, la instancia mediante la cual se coordinaba el desembarco ilegal de buque tanques con millones de litros de combustible clandestino.
Esta es la declaración textual del testigo protegido ‘Santo’: “No recuerdo, sólo me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaba trabajando con personas de la delincuencia organizada, eso me lo dijo el Almirante del puerto de Tampico, Tamaulipas y que el dueño o concesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández, me refirió también el Almirante que no podía hablar por traste de las relaciones y personas que eran”.
Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmó que el representante legal en cuestión es Antonio Dávila Capiterucho y que el concesionario es el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa. Se trata de un personaje cercano a Adán Augusto López. Saúl Vera Ochoa creó la empresa Tampico Terminal Marítima SA de CV, en junio de 2020. Ese mes le entregaron la concesión del recinto fiscal 289. Acuitab, una de las empresas asociadas a la concesionaria, fue constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández en Tabasco. Una confirmación adicional de que la conspiración alcanza el más alto nivel de la 4T.
El testigo que fue entrevistado en febrero de 2026 declara que, desde 2022, un capitán le habló de una operación en Guaymas y le dijo que “ya estaba soportado y/o autorizado”, lo que el propio testigo interpreta como que “ya estaba acordado en áreas centrales”. Cuando preguntó por quién, afirma que le respondieron que era “con Humberto López Arellano”, un alto mando de Aduanas.
Más adelante, el testigo amplía el alcance de esa protección. “Para que alguien haga algo, se necesita que esté respaldado, por parte de Marina y Aduana”, declara. Y remata con una frase que perfora la narrativa oficial de que la militarización de las aduanas servía para limpiar la corrupción civil: “Los hermanos Farías Laguna jugaron un papel importante de respaldo, al pasar combustibles o cualquier cosa por aduana, sé que ANAM estaba corrompido, pero Marina también había corrupción”.
Sin embargo, la declaración también describe una cadena de nombres, llamadas, mensajes y mandos que, en la Secretaría de Marina, van mucho más allá de los hermanos Farías Laguna. Aparecen referencias a Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado en el testimonio como “MK” o “Mike”; al capitán García Arellano; al vicealmirante García Urbina; a mandos navales; a la ASIPONA; a la Capitanía de Puerto; y a las áreas centrales de la ANAM. El testigo afirma que, cuando el laboratorio central o la autoridad aduanera detectaban irregularidades, el asunto debía ser tratado con Solano Ruiz y Humberto López Arellano “para que a niveles centrales se trate”.
El caso de los hermanos Farías Laguna confirma el costo político de esa trama. Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra preso y enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires después de permanecer prófugo; desde Argentina, dijo a Código Magenta que huyó por temor a su vida y por amenazas contra su familia. Las autoridades argentinas decidieron no entregarlo por deportación o expulsión inmediata, por lo que comenzó el proceso para que México formalice su solicitud de extradición. Ambos sostienen, a través de sus defensas y declaraciones, que son chivos expiatorios de una red más amplia.
Esa defensa no cancela las acusaciones. Pero sí obliga a ampliar el perímetro de la investigación. Si los Farías fueron, como sostiene la Fiscalía, piezas de una red de contrabando de combustible, la pregunta institucional es ¿quién los nombró, quién los protegió, quién ignoró las alertas, quién permitió que continuaran las maniobras y quién se benefició políticamente de un flujo de dinero que no podía producirse sin aduanas, puertos, recintos, transportistas, agencias navieras, empresas fachada y funcionarios federales?
Por eso, el expediente ya no puede cerrarse con capturas selectivas. La Fiscalía debe citar a declarar a Andrés Manuel López Beltrán para explicar la mención a “Andy” en el contexto del Torm Agnes. Debe citar a Adán Augusto López Hernández por las referencias del testigo “Santo” al recinto 289, al concesionario con vínculos políticos y al operador que permitía atraques. Y debe citar a la plana mayor de almirantes que tuvo mando, información, responsabilidad administrativa o conocimiento operativo sobre las aduanas controladas por la Marina. El huachicol fiscal no fue únicamente un fraude contra el fisco. Fue una forma de captura del Estado desde sus puntos de entrada: puertos, aduanas y recintos fiscalizados. El expediente de la FEMDO muestra que el combustible ilegal atravesaba una estructura política completa. Y si la estructura funcionó durante años bajo gobiernos de la Cuarta Transformación, la investigación no puede limitarse a castigar operadores. Tiene que subir en la cadena de mando.
