El intercambio entre José Luis Montenegro y Rodrigo Carvajal en War Room no retrata al CJNG como una simple pandilla de sicarios, sino como lo que —según su diagnóstico— México se resiste a reconocer: una corporación criminal con franquicias territoriales, finanzas propias, operadores políticos y una nómina tan eficiente como la incapacidad oficial para desmontarla. El narcotráfico, sostienen, no opera al margen del Estado: se alimenta de sus grietas, compra sus silencios y, en demasiados casos, parece haberlo convertido en su gestor de intereses.
La caída de “El Mencho”, planteada como el eje de la conversación, no habría significado la derrota del CJNG, sino una sucesión cuidadosamente administrada. Montenegro apunta a Juan Carlos Valencia González, “El 03”, como figura central de una estructura que sobreviviría porque no depende de un solo caudillo: cada célula tiene negocio, territorio y autonomía; son, en su expresión más mordaz, los “Oxxos del crimen”. Cambia el gerente, pero la caja sigue sonando.
El negocio no es sólo droga
La tesis es demoledora: el CJNG no vive exclusivamente del tráfico de estupefacientes. Extorsión, cobro de piso, trata, tráfico de migrantes, fraude de tiempos compartidos, control de servicios locales, minería y contrabando de combustible forman parte de una cartera criminal diversificada. Es decir, no es un cártel: es un conglomerado empresarial que encontró en la ilegalidad mexicana un mercado sin regulador y con funcionarios dispuestos a cobrar comisión.
Los Cuinis aparecen como la columna financiera de ese andamiaje: una red capaz de lavar capitales, mover recursos y conectar las ganancias criminales con circuitos aparentemente legales. Sin dinero blanqueado, sobornos pagados y empresas fachada, la violencia sería apenas ruido; con ellos, se vuelve modelo de negocios.
El Estado: ¿árbitro o socio?
Montenegro y Carvajal insisten en que la expansión del grupo sería incomprensible sin protección política y cooptación institucional, desde policías municipales hasta estructuras estatales y federales. La acusación de fondo no es menor: el Estado mexicano no combate de manera integral al crimen porque tendría que investigar sus propios vínculos, sus aduanas, sus policías, sus campañas y sus redes de corrupción. Una tarea incómoda para cualquier gobierno que prefiera administrar el incendio antes que revisar quién vendió la gasolina.
También cuestionan el papel de Estados Unidos: Washington persigue capos, ofrece recompensas y exige cooperación, mientras sigue siendo —en el argumento de los entrevistados— un mercado central de consumo de drogas y una fuente relevante de armas que terminan en manos criminales. La cruzada antidrogas, vista así, carga una dosis considerable de hipocresía binacional.
La advertencia final
El análisis advierte que descabezar cárteles no equivale automáticamente a desmantelarlos. La experiencia mexicana muestra que cuando cae un jefe, rara vez desaparece el negocio: se fragmenta, se reacomoda y suele multiplicar la violencia. Por eso Montenegro plantea que la salida no está en fabricar un “Bukele mexicano” ni en llenar cárceles indiscriminadamente, sino en golpear las finanzas, procesar a políticos y empresarios cómplices, depurar instituciones y proteger derechos humanos.
En suma, la conversación deja una conclusión incómoda: México no enfrenta únicamente a criminales armados, sino a una economía política de la violencia. Y mientras el poder público siga fingiendo que el cártel es un ente ajeno, el país continuará pagando la factura de una complicidad que ya no se esconde: administra territorios, impone cuotas y decide, en demasiados lugares, quién puede vivir, trabajar o gobernar.
Con información: CODIGO MAGENTA/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: