Durante la Ceremonia Cívica de Honores del pasado lunes en el Congreso del Estado, junto con el presidente del Poder Legislativo, Humberto Prieto y la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, y en el marco de la inauguración del Museo Legislativo, el jefe del Ejecutivo afirmó que la estrategia de seguridad, a diferencia del pasado, da resultados con el propósito de acotar a la delincuencia y arribar a un Estado de derecho que ahora avanza con toda claridad.
Hay otros datos: Tamaulipas no está “acotando” a la delincuencia: la está administrando mientras maquilla el expediente con conferencias, honores a la bandera y sermones contra la “infodemia”.
Mapa rojo, discurso verde
El propio registro oficial reconoce a Tamaulipas como subcampeón nacional en personas desaparecidas, con alrededor de 13,643 casos, hasta las 02:51 hrs. de hoy y es segundo lugar del país según Registro del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas (RNPDNLO)
Mientras el mapa de las desapariciones en una entidad donde desparecer equivale morir pinta de rojo al estado, la narrativa oficial se pinta de verde esperanza: el gobernador presume que “el Estado de derecho avanza” y que la seguridad “se siente en la percepción ciudadana”, como si ejecuciónes,extorsiones,levantones y fosas fueran un problema de relaciones públicas.
El doctor del discurso
Américo Villarreal se vende como “médico” que combate la “infodemia”, pero el único virus que intenta extirpar es el de la crítica: acusa a medios y redes de ser “ingenieros del caos” pagados, mientras su gobierno carga con señalamientos de vínculos probados con células criminales organizadas que el calculo politico de su partido y la FGR temen convertir en carpeta penal en Mexico,pero no asi en EE.UU.
Como lo dijo:
«No dejemos que los medios, las redes, sean cooptados por páginas pagadas a ingenieros del caos y pauten con su poder económico, para generar emociones en base a la mentira, a la hipocresía, por no convenirles el bienestar social, la justicia y una distribución más justa de la riqueza. Sigamos trabajando unidos por el gran Tamaulipas que queremos».
La prensa de sobre amarillo recicla este parte oficial de “unidad”, “ética” y “futuro cierto”, pero nunca pregunta por qué un estado con más de 13 mil desaparecidos puede darse el lujo de declararse ejemplo de Estado de derecho y respeto a la libertad de expresión, eso ya lo sabemos.
La máquina de desapariciones
Tamaulipas no es un laboratorio de seguridad, es un laboratorio de desapariciones: colectivos cuyas plegarias no son escuchadas ni en Tamaulipas,ni el la CDMX,siguen documentando los miles de casos acumulados en municipios como Reynosa y Matamoros convertidos en intermitentes zonas de guerra con corresdores de levantones sistemáticos.
Es en este mismo contexto, es que desaparece un convoy completo de 8 tráileres con sus operadores saliendo de Matamoros,como publicó REFORMA ayer martes.
Pero la investigación queda en manos de un fiscal señalado por haber estado en prisión por servir al Cártel del Golfo: la institucionalidad investigando a su propio espejo.
Infodemia vs impudemia
El gobernador bautiza como “infodemia” a cualquier información que rompa el guion oficial, pero lo que enferma al estado es la impudemia: la epidemia de impunidad que permite ejecuciones de policías ministeriales, desapariciones masivas y fiscalías contaminadas sin que nadie rinda cuentas.
En vez de pedir auditorías, carpetas sólidas y peritajes independientes, el gobierno receta campañas de percepción, vocerías que presumen cifras “históricas” de localizados mientras omiten más de 13 mil personas que siguen sin aparecer.
Prensa de cabecera del paciente
El coro mediático que reproduce sin matices “Tamaulipas acota a la delincuencia” funciona como anestesia moral: reduce la tragedia a boletines con foto, banda de guerra y citas solemnes sobre “unidad con ética y compromiso”.
Hablar de “avance del Estado de derecho” en un estado de paso para drogas, migrantes,asesinatos,extorsiones y desapariciones donde la delincuencia comparte escritorio con el poder político y abraza al gobernador, no es periodismo: es firmar la hoja de alta médica de un paciente que sigue en terapia intensiva y con la morgue trabajando horas extra.
En lo que representa, sin duda, una nueva ofrenda para tratar de calmar la ira y la desesperación del presidente Donald Trump, justo ayer que cumplió el primer año de gobierno en su segunda presidencia, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mandó 37 narcos y operadores de los cárteles a los Estados Unidos, los cuales llegaron ayer mismo a diversas ciudades estadounidenses donde son reclamados por diversos delitos.
Es la tercera vez desde que empezó su presidencia, que la doctora recurre al envío de capos y sicarios considerados de alta peligrosidad, con los que busca calmar y atenuar las presiones de la Casa Blanca para que dé “resultados concretos y verificables” en contra de los cárteles mexicanos de la droga; en total el gobierno de México ha mandado un total de 92 narcotraficantes sentenciados y que purgaban condena en cárceles de máxima seguridad: 29 en febrero de 2025, 26 en agosto de ese mismo año y los 37 de ayer; en todos los casos sin que quede claro bajo qué figura legal le son entregados esos reos mexicanos a la justicia estadounidense.
Pareciera que el gobierno de México no tuviera la capacidad de vigilar y garantizar que esos delincuentes sentenciados por un juez purguen sus condenas en el país y prefiriera deshacerse de los reos, en aras de mantener contento a Trump y evitar que siga amenazando con intervenir militarmente en el territorio mexicano, ante la insatisfacción y la molestia de las autoridades estadounidenses ante los magros resultados de la lucha contra los cárteles en el territorio mexicano.
Porque extrañamente, en su propio comunicado oficial, en el que da cuenta del nuevo envío de delincuentes mexicanos, que justifica con la Ley de Seguridad Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la entrega de reos, que ayer llegaron ya a diversas ciudades de los Estados Unidos donde los reclamaba la justicia de aquel país, con el argumento de que “representaban una amenaza de seguridad real para nuestro país” y que “ya no podrán generar más violencia entre los mexicanos”.
¿Cómo es que ya estando en prisión, varios de ellos ya con varios años de reclusión y condenas dictadas por jueces, esos operadores de narcos seguían siendo “una amenaza de seguridad” y seguían “generando violencia en el país”? ¿No sirve el sistema penitenciario -sobre todo el de los penales de máxima seguridad como en el que se encontraban los reos recién enviados- para evitar que los narcotraficantes sigan operando en el mundo delincuencial o sigan generando violencia?
La realidad es que, en medio de las presiones crecientes de la Casa Blanca, para que la Presidenta dé mayores resultados en el combate a los cárteles de la droga o para que acepte la ayuda armada del ejército estadounidense en ese combate, lo que está haciendo la doctora es entregar a cuanto narco y sicarios le pidan en Estados Unidos, pero hasta ahora sigue sin entregar a los políticos y funcionarios que protegen la actividad criminal en México y a los que también exigen desde Washington.
Para decirlo claro y simple: si ya están entregando a los narcos que quiere Estados Unidos, al menos a los que ya tenían sentenciados en las cárceles, ¿para cuándo empiezan a entregar a los narcopolíticos, varios de ellos del partido gobernante, que también la Casa Blanca quiere y exige que le entreguen? Porque en algún punto los “sacrificios humanos” que realizan con reos ya condenados, a los que no les dan oportunidad ni de opinar ni defenderse de una extradición que no tiene sustento legal, ya no le serán suficientes al iracundo Donald Trump, y tendrán que empezar a mandar a políticos y funcionarios que protegen, toleran y hasta forman parte de los cárteles de la droga.
Está más que claro que la presencia de aviones militares de Estados Unidos en México, como el Hercules que aterrizó en Toluca, es parte de lo que está cediendo, en privado y sin informar a los mexicanos el gobierno de Sheinbaum, porque claramente ese avión tuvo que llegar tripulado por militares estadounidenses, y el argumento de la Presidenta, de que se trataba de un programa de “capacitación”, claramente no se sostiene porque la Fuerza Aerea Mexicana tiene aviones propios para mandar o regresar del país vecino a militares mexicanos que se hubieran ido a capacitar.
Esa es la realidad de lo que veremos cada vez más en los próximos meses: la Presidenta que se envuelve en la bandera y se jura defensora de la soberanía, terminará aceptando, como ya lo está haciendo, que personal militar de Estados Unidos, debidamente camuflajeado en programas “de cooperación y capacitación” entrará a territorio mexicano para planear, organizar y ejecutar acciones contra los cárteles de la droga en la que irán por delante las fuerzas mexicanas, pero detrás los estadounidenses.
Eso ya ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón, con la presencia de agentes de élite de la DEA y de otras agencias que llegaron a participar en capturas como la de Arturo Beltrán Leyva. Y aunque ahora lo nieguen y aparezcan hacia afuera con el doble discurso de que «defienden la soberanía”, está volviendo a ocurrir en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que no tiene otra salida que ceder a las presiones estadounidenses.
Con informacion: SALVADOR GARCIA SOTO/ELUNIVERSAL+
En el Sinaloa sitiado, donde el ejército patrulla los fraccionamientos como si fueran zona de guerra y la Guardia Nacional sigue cuestionada por operativos propios de pueblo vaquero donde terminan muertos inocentes, una influencer terminó levantada justo en el corazón de la burbuja del poder.
Nicole Pardo, mejor conocida como La Nicholette o “La Muchacha del Salado”, fue privada de su libertad por dos jóvenes armados en plena Isla Musalá, el fraccionamiento donde duermen los sueños (y los guardaespaldas) del gobernador Rubén Rocha Moya.
La acción —de esas que desnudan la farsa del “control territorial”— quedó grabada por la videocámara de su Cybertruck lila, que terminó abandonada a mitad de la calle, como si fuera una escultura pop sobre la indolencia estatal. En el video se observa a un sujeto encapuchado apuntándole con un arma larga, impidiéndole abordar su vehículo, mientras otro colaborador la empuja hacia un sedán blanco.
Ni la zona más vigilada de Culiacán resistió la rutina del miedo.
Los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 17:00 en la avenida Tachiquilte y calle San Esteban, barrio donde las camionetas oficiales y los rondines del Ejército son parte del paisaje. Pero ninguna de esas fuerzas —tan prestas para escoltar políticos o desfilar con armas largas— apareció para impedir el secuestro.
La Nicholette, que suma más de 160 mil seguidores en Instagram y genera contenido entre el glamour, los motores de lujo y su cuenta de OnlyFans, se convirtió de golpe en otro dato de la estadística sin glamour que Sinaloa intenta esconder: en tan solo 15 dias de enero, siete mujeres han sido asesinadas, seis de esos casos catalogados como feminicidios.
Mientras tanto, el gobierno estatal sigue repitiendo su discurso de “coordinación entre fuerzas de seguridad” que no se traduce en resultados que impacten en la inseguridad.
La realidad: los levantones y ejecuciones siguen ocurriendo incluso en los fraccionamientos donde viven los poderosos.
Ni las bardas electrificadas ni los retenes militares parecen servir frente al desplome total del Estado en medio de tres expresiones brutales de violencia,levanton,ejecucion y despojo cuyas cifras crecen exponencialmente.
n un país donde la justicia suele llegar con tacones rotos y la estadística sangra más que cualquier parte médico, que una mujer salga libre por matar a su agresor en legítima defensa no es noticia menor: es prácticamente un milagro institucional.
Porque México —tan moderno en los discursos y tan medieval en la práctica— sigue escribiendo su historia con nombres de mujeres muertas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron más de 830 presuntos feminicidios. Y eso, claro, sin contar las miles de muertes clasificadas como “homicidios dolosos de mujeres”, ese limbo burocrático donde se esconden las negligencias del Estado.
Esta joven de 21 años, vecina de Coyoacán en CDMX, hizo lo impensable: sobrevivir. Su agresor —su esposo, ebrio, violento, cotidiano— la arrinconó en su casa, y ella respondió con lo único que tenía a la mano: un cuchillo de cocina. No fue venganza, fue autopreservación. La Fiscalía, por una vez, no necesitó un trending topic para entenderlo y determinó que actuó bajo legítima defensa, una decisión que, en un país feminicida, suena casi subversiva.
Ana Yeli Pérez, del Observatorio Nacional del Feminicidio, lo resumió con precisión quirúrgica: “No es que esté bien: es que es su obligación”. Pero decirlo en voz alta importa, porque a muchas otras no se les cree, no se les defiende, no se les libera. Porque por cada mujer que logra salir viva, hay decenas que nunca llegaron a levantar una denuncia, cientos que fueron silenciadas por la desidia judicial y miles que siguen temiendo volver a casa.
El viacrucis de esta fémina no es una anécdota aislada: es espejo y advertencia. Es, sobre todo, un recordatorio incómodo de que, en México, la legítima defensa femenina sigue siendo excepción y no regla. Y mientras el Estado apenas empieza a distinguir entre víctima y victimaria, las mujeres aprenden a sobrevivir con un arma en la cocina y una oración en la garganta.
En los congeladores del Semefo de Mazatlán se amontonan más de quinientos cuerpos sin nombre y nueve con nombre pero sin dolientes. Es el inventario del fracaso: un país que aprendió a convivir con la muerte en frío y la burocracia en automático. Los muertos ya no incomodan, solo ocupan espacio y expediente.
El gobierno de Sinaloa presume “convenios internacionales” con Alemania y Guatemala para identificar cadáveres, como si la tragedia necesitara acento extranjero para parecer más civilizada. Pero ni la diplomacia ni la tecnología alcanzan para lo esencial: unir un cuerpo con su historia. El Estado, con sus “protocolos de identificación”, parece ese médico que diagnostica fiebre mientras el paciente agoniza por falta de alma.
Más de quinientos cuerpos sin nombre y miles de nombres sin cuerpo. La balanza macabra de una guerra que ya no sabe contra quién pelea ni a quién entierra.
En los cuartos fríos del Semefo, el Estado guarda su vergüenza como si fuera evidencia. Son su trofeo y su penitencia: los restos de su propia impotencia institucional.
Esto ya no es “la guerra contra el narco”. Es la guerra contra la memoria. Cada cadáver no identificado es un testigo cancelado, un expediente de impunidad en espera. El gobierno administra la barbarie como quien lleva la contabilidad de un negocio ruinoso. Y en ese conteo interminable, el país se descompone como esos cuerpos, lento, anónimo, irreparable.
Cuantos hay regados por SEMEFOS de todo el pais
En México, de acuerdo con MILENIO, un poco más de 72 mil cuerpos sin identificar resguardados en Semefos y fosas comunes, de acuerdo con los registros y actualizaciones más recientes de organizaciones civiles que han seguido el caos forense hasta el cierre del sexenio pasado. No es cifra oficial del gobierno federal porque el Estado ni siquiera ha logrado producir un conteo propio coherente, pero es el número de referencia más actualizado y sólido que se está usando hoy por quienes documentan la crisis.
La cifra nacional más reciente
Un informe de Quinto Elemento Lab y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos documenta que al cierre del sexenio de AMLO había más de 72,100 cuerpos sin identificar acumulados en los servicios forenses del país.
Esa cifra recoge cadáveres NN ingresados desde 2006 y muestra que el rezago se ha incrementado año con año, con 2023 como uno de los peores años en acumulación de cuerpos anónimos.
Otros análisis y notas previas hablaban de alrededor de 52 mil cuerpos no identificados y situa Tamaulipas como campeón nacionl, pero fueron rebasados por las actualizaciones más recientes que llevan ese número arriba de los 72 mil]
Primer aviso: Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que es inminente un ataque terrestre contra los cárteles mexicanos.
Segundo aviso: En seguimiento a la llamada que sostuvieron el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, le hizo saber al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, que el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles.
Tercer aviso: Funcionarios de alto nivel de la administración de Donald Trump dijeron a The New York Times que existen fuertes presiones para que la presidenta Sheinbaum y el Senado mexicano autoricen operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en territorio nacional. Los oficiales hicieron público que personal militar del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos y de la CIA ya operan dentro de los centros de comando del Ejército y la Marina Armada de México.
Cuarto aviso: La agencia aeronáutica civil de Estados Unidos emitió una advertencia a las aerolíneas que operan en México, Ecuador, Colombia y América Central por potenciales operaciones militares en el espacio aéreo del Pacífico Oriental. Este aviso regulatorio también fue emitido a las aerolíneas antes del escalamiento militar en Venezuela.
Quinto aviso: La aeronave militar estadounidense Lockheed C-130J Súper Hércules que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. El gobierno de Claudia Sheinbaum tardó horas en aclarar la situación de un vuelo que, de acuerdo a la Constitución, debió haber sido autorizado por el Senado mexicano.
El escándalo dejó mal parada a la presidenta Sheinbaum, quien insiste en que el viaje fue parte de actividades de capacitación que estaban previamente pactadas con el Congreso y con el gobierno de Estados Unidos. En efecto, en diciembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación solicitó a la cámara alta la aprobación de un plan de colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que incluye el ingreso elementos de Fuerzas Especiales de los Navy SEALs. Sin embargo, la solicitud no ha sido discutida por la Comisión de Marina en el Senado. Tal como lo plantea el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se trata de una violación al Artículo 76 Constitucional, Fracción III.
Al igual que sucedió con la entrega irregular de 55 capos a Estados Unidos en febrero y agosto de 2025, el gobierno mexicano renunció a cualquier pretensión de legalidad en lo que respecta a la subordinación de la política de seguridad. Las palabras del discurso de soberanía se las lleva el viento.
En menos de dos semanas, estos cinco avisos exhibieron el desbalance de poder entre el gobierno de Sheinbaum y el aparato de seguridad de Estados Unidos. A pesar de la retórica nacionalista y de la resistencia del ala más radical de la 4T, Washington le está dictando la agenda a México. Los cinco avisos son esfuerzos concatenados para construir una narrativa pública. La presión está dando resultados.
El fin de semana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina realizaron cambios a la primera línea de mando. Este hecho simultáneo es altamente inusual. En el sistema político mexicano existe una regla no escrita: el presidente en turno no puede remover al secretario de la Defensa ni al secretario de Marina. Tampoco tiene injerencia directa sobre la vida interna de las Fuerzas Armadas. Por eso, esta reestructura es sumamente relevante, porque responde a fuerzas externas.
Los cambios fueron avalados por el Comando Norte y el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, de acuerdo a la periodista de investigación María Idalia Gómez. Una segunda fuente confirmó a Código Magenta que el aparato de seguridad estadounidense influyó en las modificaciones y que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, supervisó los movimientos. Es decir, el nieto del secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y quien se ha convertido en el vínculo más importante de Washington en la administración de Sheinbaum, estaría tutelando la transición de poder en las Fuerzas Armadas desde una posición civil.
Se trata de un cambio significativo en el balance de poder interno del gobierno mexicano. El año pasado, en medio de un conflicto por el aparato de inteligencia nacional, el general secretario Ricardo Trevilla lanzó una advertencia a la presidenta Sheinbaum: “Estás con él o estás con nosotros”. Las palabras fueron recuperadas por un funcionario de alto nivel que conversó con Código Magenta sobre la reunión privada del gabinete de seguridad.
Los hechos recientes son consistentes con una campaña de relaciones públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional para promover la idea de que el general secretario Ricardo Trevilla “tejió una agenda de coordinación” con Washington desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Siguiendo esa línea, el Ejército ejecutó el retiro del General de División del Estado Mayor, Enrique Covarrubias, el subsecretario de mayor influencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y un personaje parte del primer círculo del general secretario Ricardo Trevilla. Oficialmente, la salida se atribuyó a un retiro por el cumplimiento de 65 años de edad. Sin embargo, fuentes de inteligencia atribuyen la salida a una pérdida de confianza de Washington.
El cambio derivó en una escalera de ascensos dentro de la institución: el general de División del Estado Mayor, Enrique Martínez, se convertirá en subsecretario de la Defensa. Desde esa posición será el encargado de llevar la relación con el aparato de seguridad de Estados Unidos. La vacante de Martínez como oficial mayor del Ejército será ocupada por el general de División del Estado Mayor Hernán Cortés. Uno de sus primeros retos será vigilar una importante licitación de dos tramos del Tren Maya en el que figura como favorita la empresa China Railway International Group.
Asimismo, el lugar de Cortés como comandante de la Guardia Nacional será tomado por el general de División del Estado Mayor Guillermo Briseño, un oficial cuya experiencia inmediata se remonta a la Tercera Región Militar con jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango. Ambos estados son focos rojos de la producción de fentanilo y sede de una guerra intestina del Cártel de Sinaloa.
En la Secretaría de Marina, los cambios fueron mucho más profundos, debido a que son producto de la reforma a la Ley Orgánica de la Armada que entró en vigor en noviembre de 2025. En palabras del secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales, esta es la reestructura “más importante en la historia reciente de la institución”.
La Armada instauró una nueva entidad con poderosas facultades, la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, que quedó a cargo del Almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, un perfil cercano a Morales y al ex secretario de la Marina el almirante Rafael Ojeda. Esta dualidad sugiere que, en el caso de la Marina, la reestructura no sólo pretende recomponer la relación con Washington, que se rompió cuando el ex presidente López Obrador removió de su cargo al jefe de Operaciones Especiales de la Marina, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, un enlace de confianza para los norteamericanos. Las modificaciones también pretenden blindar al grupo de almirantes que consolidó su poder en la administración anterior, empezando por Ojeda.
La Secretaría de Marina también anunció este fin de semana la Jefatura de Operaciones Navales, un grupo operativo a cargo del almirante José Manuel Salinas Pérez que reporta directamente al Alto Mando.
Una persona con conocimiento de las decisiones tomadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina explica que las Fuerzas Armadas mexicanas están “limpiando la relación” con Estados Unidos, deshaciéndose de las herencias de una postura nacionalista, de confrontación, heredada de la administración de López Obrador.
No es casualidad que, precisamente este fin de semana, se llevaron a cabo dos importantes operativos contra los cárteles, misiones alineadas a la búsqueda ordenada por Washington de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, líder de una facción del Cártel de Sinaloa que heredó la estructura del Cártel de los Beltrán Leyva.
Por un lado, el secretario García Harfuch informó de la detención de Iván Sainz Salazar, alias ‘El Mantecas’, un antiguo lugarteniente de ‘Los Chapitos’ que terminó operando para el Chapo Isidro, el líder criminal más prominente en la exportación de metanfetaminas y fentanilo, de acuerdo a oficiales norteamericanos.
Por otra parte, fuerzas federales realizaron una misión con helicópteros artillados en Huetamo, Michoacán para detener a Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, segundo al mando del CJNG y un objetivo clave de las alianzas de ‘El Mencho’ en Sinaloa y en la cadena de suministro del huachicol fiscal en Tamaulipas. El operativo fracasó por una filtración de información, de acuerdo a medios especializados.
Sin embargo, algo está claro: la agenda y el balance de poder cambiaron. El aterrizaje del Lockheed C-130J Súper Hércules es sólo una metáfora de lo que viene. Las reglas se están escribiendo al norte del Río Bravo.
El Fiscal de Tamaulipas,de curricula manchada por la sombra de su reclusión en penal federal del Altiplano por haber ayudado al Cártel del Golfo de Matamoros, José Eduardo Govea Orozco, salió a declarar sobre la misteriosa desaparición de un convoy de ocho tráileres cargados con autos importados que se esfumó en plena carretera rumbo a Puebla, pero su mensaje sonó más a maniobra de relaciones públicas que a una respuesta ante una posible tragedia
“Estamos verificando si el hecho ocurrió”, dijo con toda la parsimonia posible, como si un convoy de 40 metros pudiera desvanecerse en el aire. Según Govea, la Fiscalía “tomará algunas medidas” para determinar si realmente hubo desaparición o si todo fue, quién sabe, un mal sueño colectivo.
Mientras tanto, la empresa importadora que llevaba la carga confirmó que los camiones reportaban su ubicación con normalidad hasta que se desviaron hacia la carretera a Soto La Marina —una zona conocida por la actividad del crimen organizado— y se perdió contacto con ellos.
Pero el fiscal insiste en pisar con los pies en el limbo. “No lo tenemos hasta el momento, sin embargo, vamos a hacer la verificación”, repitió, como si su trabajo dependiera más de la semántica que de la realidad. Según él, ni siquiera hay una denuncia formal, aunque ya hay familiares de los choferes que acudieron desde el lunes a la Fiscalía a pedir ayuda.
Los desaparecidos responden a los nombres de Pedro Sánchez Ortiz (45 años), Juan Bernabé Suárez López (37), y otros seis operadores identificados solamente como Valdo, Pedro, Antonio, Jesús Flores, Rubén y Roberto. Todos partieron el domingo de Matamoros con destino al centro del país. A mitad del trayecto, el convoy se desvió y el rastro se perdió por completo.
Mientras la realidad corre más rápido que los tráileres fantasma, Govea parece seguir en fase de “verificación”, afinando el discurso antes que la búsqueda. Porque en Tamaulipas, la prioridad institucional no siempre es que aparezcan los desaparecidos… sino que desaparezcan los problemas.
