México está a la espera de lo que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga tenga que declarar ante la justicia. El letrado es, a ojos de las autoridades mexicanas, el rey de las factureras, un sistema que posibilita desvíos millonarios de recursos mediante contrataciones falsas, blanqueo de recursos y evasión fiscal a escalas monumentales.
De 50 años, Álvarez Puga, quien enfrenta un proceso de deportación desde Estados Unidos, tenía entre sus clientes a personajes influyentes lo mismo de la política y la judicatura como del mundo empresarial y de la farándula, según han señalado fuentes del Gobierno federal.
Su regreso a México, donde se le acusa de un desfalco de 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, es una bomba de tiempo, en cuyo centro laten los nombres de quienes se beneficiaron de las actividades ilícitas del abogado.
Ese entramado de complicidades explica por qué el Gobierno de México ha enfrentado múltiples obstáculos para sacar adelante la investigación contra Álvarez Puga. Luego de haber conseguido retrasar lo más posible la acusación en su contra por enorme desvío, el letrado y su esposa, la famosa conductora Inés Gómez Mont, tuvieron tiempo de huir de México y ponerse a salvo en Florida, donde han construido un millonario patrimonio inmobiliario.
A cuatro años de vivir prófugo de la justicia mexicana, Álvarez Puga cayó desde septiembre en un centro de detención en Miami por un asunto relacionado con su situación migratoria. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha aprovechado esa circunstancia para presionar por su extradición.
EL PAÍS ha accedido a documentos fiscales que constatan la manera en que se blanqueó al menos una parte del dinero de la Secretaría de Gobernación, cuando la dependencia era dirigida por el priista Miguel Ángel Osorio Chong, a la sazón uno de los políticos más cercanos del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Hacienda, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una auditoría fiscal a una empresa fantasma y a un testaferro que estuvieron vinculados al desvío de esos recursos, que originalmente debían destinarse al mejoramiento de la seguridad de las prisiones federales.
En los documentos, constan los nombres de 89 personas que recibieron depósitos a lo largo de 2016 y 2017, justificados fiscalmente como pagos de nómina o de honorarios. Es la punta de iceberg que permite asomarse al perfil de las personalidades a las que se acercó Álvarez Puga. Este periódico ha buscado la versión de los aludidos y ha recabado sus comentarios en varios de los casos. Otros no han querido responder.
En los papeles figura Othón de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo, otrora poderosa líder sindical de los maestros del SNTE; De León Arriola obtuvo 1,3 millones de pesos de la red facturera de Álvarez Puga. También aparece Arturo Montiel Yáñez, primogénito de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México y patriarca del Grupo Atlacomulco del PRI; los registros fiscales señalan que Montiel Yáñez, que milita en el PVEM, aliado del partido gobernante, Morena, cobró 865.800 pesos.
Figura también Ricardo Monreal Pérez, primogénito de Ricardo Monreal Ávila, el influyente coordinador de los diputados de Morena, exsenador y exaspirante presidencial; Monreal Pérez recibió depósitos por 275.000 pesos.
Otro personaje relevante en la lista es Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de la empresaria Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y con quien tuvo tres hijos; Ripstein obtuvo depósitos por 11,3 millones de pesos.
También aparece el deportista y político Fernando Reina Iglesias, quien recibió 700.000 pesos; al momento de los depósitos, Reina estaba casado con la actriz y conductora Galilea Montijo, una de las amigas más íntimas de Inés Gómez Mont.
Consultado sobre los depósitos, De León Arriola ha explicado que el dinero que recibió de Álvarez Puga corresponde al pago de una deuda que el abogado tenía con su fallecida madre, Mónica Arriola. “Él le debía un dinero y ese fue el mecanismo como hizo el pago”, ha comentado a este periódico.
El diputado Monreal, por su parte, ha señalado a través de un portavoz que su hijo “no se dedica a la política ni a la actividad pública”. Una representante de Galilea Montijo ha indicado que este asunto no tiene que ver con la conductora. “No es algo en lo que nos queramos involucrar”, ha dicho, cuando a finales de 2021, Montijo declaró que ni ella ni su entonces marido tenían relación de negocios con Álvarez Puga o Gómez Mont, que ya habían huido a EE UU. En cuanto a Ninfa Salinas, esta ha indicado a través de un vocero de su grupo empresarial que no haría comentarios al respecto. Finalmente, Montiel dejó sin contestar los mensajes que se le enviaron a su teléfono celular.
Los montos pagados a estos personajes constan en las declaraciones fiscales de la firma Gupea Construcciones, S.A. de C.V. y del testaferro Ismael Infante Loredo, ambos ligados a Álvarez Puga. La empresa, ubicada en una pequeña vivienda particular de un barrio de clase baja de San Luis Potosí, y el prestanombres, un obrero que vive en ese mismo Estado, reportaron al fisco haber pagado por concepto de “nómina y honorarios” 125 millones de pesos en 2016 y 2017.
La documentación obtenida por este periódico muestra que el propio Álvarez Puga estaba en la nómina y cobró 10,9 millones de pesos; su esposa ―Gómez Mont― obtuvo 7,4 millones de pesos; su madre, Alma Rosa Puga Paz, recibió 285.000 pesos, y su exesposa, Rosario Arnaud de la Torre, cobró 3,5 millones de pesos (junto al abogado, esta última figura como accionista en algunas empresas en México y es propietaria de un lujoso departamento de 2,5 millones de dólares en Miami, Florida, EE UU, a través de la firma Grupogreca LLC).
En los registros fiscales aparece también Rodrigo de Zulueta Rodrigo, que a la postre se convertiría en el coordinador de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal (ya convertido en el Órgano de Administración Judicial) mencionado por recibir pagos de 3,9 millones de pesos.
También figuran Ricardo Pelusi Barriguete (26,6 millones de pesos) e Ileana Salazar Penagos (2,2 millones), accionistas de la firma Connect Telecom; Eduardo Valenzuela Guzmán (7,7 millones), identificado por Hacienda como piloto de Álvarez Puga; Edgar Joel Tapia Escoto (2,2 millones), apoderado de la empresa que construyó la “casa blanca” de Peña Nieto; Juan Ignacio Rivero Celorio (un millón), directivo en el Colegio de Contadores Públicos de México, y Miguel Marengo Canales (1,2 millones), identificado como testaferro de Miguel Ángel Yunes Linares, exmilitante de PAN, hoy aliado de Morena.
Figuran también exfuncionarios públicos, como José Omar Gutiérrez Bayardi (1,4 millones de pesos), directivo en la presidencia de la República y en el IMSS en el sexenio de Felipe Calderón; Leonel Daniel Ortiz Noriega (350.000 pesos), director de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora durante la gestión de la priista Claudia Pavlovich; Patricio de la Peña (80.000 pesos), secretario del Trabajo en el Gobierno del priista Roberto Borge en Quintana Roo, y exesposo de la cantante y actriz Mariana Ochoa; Juan Rojas Nájera (65.000 pesos), exdirector del Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el notario 79 de Ciudad de México, Gerardo González Meza (83.000 pesos).De todos estos beneficiarios, las autoridades solo apuntaron a Álvarez Puga, considerado el gran arquitecto del entramado facturero, y a Gómez Mont, su presunta cómplice, así como a un puñado de funcionarios medianos de la Secretaría de Gobernación y testaferros.
Testaferros en México y EE UU
Álvarez Puga, nacido en Chiapas en 1975, comenzó su imperio de la mano del contador oaxaqueño Sergio Castro López. Socios en varias firmas de asesoría, ayudaban a los patrones a subcontratar a sus trabajadores mediante esquemas de outsourcing para eludir los pagos al seguro social, uno de los mayores fraudes fiscales en México. Al negocio entró el hermano de Álvarez Puga, Alejandro, y juntos fundaron decenas de compañías. Su despacho, Álvarez Puga & Asociados, fue auditado en 2010 por el SAT, el órgano recaudador, por los indicios de corrupción, pero la acometida no tuvo éxito.
Fue en esa década cuando Álvarez Puga dio el salto al fraude de las factureras. Este modelo criminal consiste en la creación de empresas que, sin tener la infraestructura ni recursos, simulan vender bienes o prestar servicios, e incluso emiten comprobantes fiscales que sirven para justificar las enormes cantidades de dinero que entran y salen por sus cuentas o para deducir impuestos.
Se trata de un hoyo negro por el que se drenan millonarios recursos del fisco y uno de los grandes retos de México en materia de combate a la corrupción. En el sexenio de López Obrador, la autoridad hacendaria identificó a Álvarez Puga como el cerebro detrás del monumental negocio de las factureras e intentó atajarlo remando a contracorriente, debido a la red de complicidades tejida por el abogado con altos funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial.
Un juez ordenó la captura de Álvarez Puga y Gómez Mont en septiembre, y, un mes después, la Interpol emitió una ficha roja para su arresto en el extranjero. El matrimonio se fugó a Florida, donde, gracias a un grupo de operadores y prestanombres, construyeron una fortuna inmobiliaria, que EL PAÍS ha ido documentando.
Una figura clave ha sido Jonathan Choghi, mexicano asentado en Florida, donde trabaja formalmente para un bufete que canaliza inversiones extranjeras. Desde 2013, Choghi ha constituido empresas para adquirir los lujosos inmuebles que habitan Álvarez Puga y Gómez Mont. Por ejemplo, Choghi fue administrador de LaGorce 64 LLC, con la que la pareja compró la mansión que perteneció a la cantante Cher en la década de los noventa; también figura en la empresa 4985 Stables LLC, a través de la cual se adquirió una mansión en la villa de Wellington, en el condado de Palm Beach.
La relación con Chogui trasciende fronteras. En México, este hombre aparece en las listas de pago de la facturera Gupea Construcciones, que le transfirió 169.120 pesos. Además, la Secretaría de Hacienda lo identifica como apoderado de la firma Acción y Evolución, S.A. de C.V., que reporta pérdidas millonarias al fisco para evitar el pago de impuestos. Otro de los vínculos en EE UU es Andrea Morán, cuñada de Álvarez Puga. En 2022, el letrado y su esposa enfrentaron una demanda civil por la hipoteca de una mansión en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates, condado de Miami. Gómez Mont adquirió ese inmueble en 2021 a través de una firma fachada. En 2023, la transfirió a la compañía JBL Global Properties Corp., que preside Andrea Morán, esposa de Alejandro Álvarez Puga.
En diciembre de 2017, una nota de la revista de sociales Quién reportaba la boda de Morán con el hermano de Álvarez Puga. Asistieron Gómez Mont, su amiga Galilea Montijo y el entonces marido de esta, Fernando Reina. Gómez Mont y su esposo llevaban hasta entonces una doble vida: la más visible, la que mostraban las revistas del corazón y de espectáculos.
La presentadora tenía también una faceta como altruista. Constituyó la Fundación Inés Gómez Mont Arena A.C., que daba “acompañamiento emocional” a madres solteras. La ONG era copresidida entre Gómez Mont y Nora Peraza Chavarin, quien figura en la nómina de Gupea Construcciones, donde cobró 2,6 millones de pesos. Hay una gran cantidad de beneficiarios de los negocios del letrado cuyo nombre aún se desconoce. El terremoto Álvarez Puga está por sacudir a las elites de México.
Con informacion: ZEDRIK RAZIEL/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
