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lunes, 10 de noviembre de 2025

"MIRA CABRON NOSOSTROS SOMOS del CJNG": «INVESTIGACION PERIODISTICA EXHIBE los OTROS IZAGUIRRE del CORREDOR del ADIESTRAMIENTO NARCO»…una década conformando ejercitos de reclutas.


«Mira mi cabrón, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación y no andamos con mamadas. Tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. A huevo te voy a llevar, y a toda tu familia la voy a matar».

Así amenazó un reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a José*, un adolescente de 17 años de Guadalajara que buscaba un empleo a través de Facebook. Cayó en una oferta falsa y terminó en una casa de adiestramiento criminal en Puerto Vallarta.

Su historia es la de muchos adolescentes y jóvenes en México que son conducidos a centros de adiestramiento del narco. Aferrados a una promesa falsa, se convierten en desaparecidos.

Durante más de una década, el cártel ha operado estos sitios para conformar su ejército de reclutas, captados mediante tres principales métodos: ofertas laborales falsas, videos y publicaciones vía TikTok y desapariciones violentas. En esta investigación, CONNECTAS documentó la existencia de al menos 12 centros de adiestramiento y 17 campamentos descubiertos entre 2011 y 2025, distribuidos en 21 municipios de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas.

La existencia de estos centros no se entiende sin el dominio territorial que ejerce en esta región el CJNG. En mayo de 2025, la DEA publicó el informe “Drug Enforcement Administration 2025 NTDA (National Drugs Threat Assessment)” en el que describe el poderío de esta organización criminal y la describe como la principal amenaza para Estados Unidos en la actualidad: detecta su presencia en todo México, con dominio significativo en más de 20 estados, principalmente en el occidente, y redes extendidas a 40 países.

El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, hallado el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, se convirtió en símbolo de este poderío y de lo que ocurre en la sombra: la transformación de desaparecidos en soldados del crimen organizado.

El corredor del adiestramiento

Este sitio no es único, forma parte de una red que ha operado el CJNG por años en el occidente del país, pero su epicentro se localiza en Teuchitlán y sus alrededores, dentro de la Región Valles de Jalisco, según los datos a los que accedió esta investigación; de los centros de adiestramiento desmantelados de 2011 a 2025, la mitad operaban en esta zona.

Las autoridades ya sabían de la existencia de esta red desde 2017. Tras el reclutamiento forzado de José, su familia interpuso una denuncia por desaparición y las pistas dieron con una casa en Puerto Vallarta donde estaba él junto con otras cuatro personas víctimas y 19 integrantes del CJNG.

Cómo opera la maquinaria del adiestramiento

Mil pesos por víctima. Esa es la comisión que recibe una persona reclutadora, según el testimonio de Sara Jazmín, “La Miche”, quien se encargaba de las captaciones y fue detenida en agosto de este año, en Quintana Roo.

Reconoció ser operadora del CJNG en los estados de Jalisco, Guerrero y Michoacán. Su labor era variada: crear cuentas para anuncios en redes sociales, enganchar a los jóvenes con falsos empleos de seguridad privada y administrar algunas de las casas de adiestramiento.

Junto a “La Miche” detuvieron a otras siete personas, entre ellos a Julio César “El Ranger”, joven de Michoacán que declaró haber sido reclutado en 2023. Al igual que a José, lo engañaron con una oferta falsa en redes sociales y lo llevaron a una casa en Puerto Vallarta. Finalizó su entrenamiento en la sierra donde lo adiestraron en el manejo de armas de fuego y explosivos.

Él comenzó a trabajar como “halcón” —vigilante para detectar y avisar sobre la presencia de autoridades en zonas específicas— en Puerto Vallarta. Después, lo trasladaron a Quintana Roo para realizar labores de sicariato, ahí fue aprehendido.

Jorge, otro de los detenidos, “recibió un mes de adiestramiento en una parte de la sierra de Jalisco donde impartieron entrenamiento de sobrevivencia a un grupo de aproximadamente 120 personas y señaló que cuatro de sus compañeros fueron ejecutados por no hacer bien las cosas y fueron cocinados para alimentar a ese grupo. A quien no pasara esa prueba también lo asesinaban”, declaró el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, en rueda de prensa en agosto de este año.

La investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) Alejandra Guillén González menciona que Jalisco y, principalmente, la Región Valles es apta para estas dinámicas dado que ahí confluyen las principales vías de comunicación que conectan a todo el occidente del país y cuenta con áreas serranas idóneas para montar los campamentos para el entrenamiento.

Coincidió en el modo de operación: los reclutas son trasladados desde distintos puntos de Jalisco a casas como la de Puerto Vallarta y, tras un periodo indeterminado, pero corto, los sobrevivientes son enviados a los cerros donde reciben entrenamiento físico y en uso de armas.

“En los campamentos de Tala, parte del entrenamiento consistía en hacer camuflajes. Dormían debajo de ramas para evitar ser detectados por helicópteros entre las montañas. Trataban de no prender fuego ni dejar rastro alguno. Podían pasar semanas en el cerro”, describe Guillén González.

Al analizar las características de los centros de adiestramiento con base en la información recabada, se detectan elementos clave. Por ejemplo, la casa donde fue llevado José estaba adaptada para recibir a decenas de personas: en la sala había colchones inflables y camas improvisadas, junto a mochilas, ropa y documentos personales —credenciales, CURP, certificados de estudio—. Policías de investigación narraron ante un juez que también localizaron ropa táctica, armas y material para empacar droga, además de leyendas alusivas al CJNG.

Mientras, en los campamentos, se detectaron casas de campaña improvisadas con ramas, plásticos y cobijas, armamento de diversos calibres, droga y artículos personales.

Un sistema conocido

A pesar de que desde 2017 las autoridades de Jalisco tenían claro cómo operan estos sitios, CONNECTAS detectó que entre 2018 y 2024 no hay registro de operativos en Jalisco orientados a localizar centros de adiestramiento. Para Guillén González, este lapso evidencia omisión y permisividad: «La pregunta que nos hacemos es por qué no ha habido más operativos para liberar gente. El Rancho Izaguirre lo que nos muestra es que se les dejó operar».

Los centros de adiestramiento y campamentos incluidos en esta investigación corresponden a sitios que han sido desmantelados. Sin embargo, las autoridades de Jalisco reconocen que hay más que siguen en operación.

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, el crimen organizado trasladó el adiestramiento al estado de Zacatecas, según el actual fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien reconoce que tiene claro cómo funciona hoy el sistema.

«La ruta que tenemos conocida es que los envían a Zacatecas, ahí los adiestran en algún lugar. [Luego,] los envían a Nayarit y los envían a Sinaloa. Jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de regresar nos han identificado a jóvenes de los que tenemos denuncias por desaparición y que siguen allá, en Sinaloa. Hemos hablado con los familiares y les hemos dado la lamentable noticia que siguen allá. Se los están llevando a la guerra», dijo el fiscal en rueda de prensa en agosto.

La guerra a la que hace referencia comenzó tras la detención de Ismael “el Mayo” Zambada en julio de 2024, y la sostienen las facciones del Cártel de Sinaloa conocidas como “La Chapiza” (en favor de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán) y “La Mayiza” (en favor de “el Mayo”). Meses después, se habría sumado el CJNG, presumiblemente en apoyo a «La Chapiza», de ahí que los nuevos reclutas son enviados a ese campo de batalla.

Esta situación fue evidente con la desaparición de Paul Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de 16 años de edad que fueron reclutados el 10 y 20 de mayo de 2025 en Jalisco, pero los encontraron sin vida el 14 de julio en Sinaloa, víctimas de un enfrentamiento armado, reconoce el fiscal.

Pese a conocer la ruta del reclutamiento, González de los Santos menciona que las acciones que realizan consisten en mantener un operativo en las centrales de autobuses de Jalisco para detectar posibles casos. Y de quienes tienen conocimiento que ya están en los centros de adiestramiento, avisan a sus familiares y notifican a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine la pertinencia de la investigación.

Métodos de captación

La promesa de empleo

A José lo trasladaron desde la Nueva Central Camionera de Guadalajara hasta Puerto Vallarta. Ahí le dieron los detalles : sería entrenado para sumarse al CJNG y recibiría 4 mil pesos (200 $us) semanales. La casa a la que lo llevaron estaba llena de jóvenes reclutados. «Al entrar miré que en la casa había como siete personas, todos hombres y menores de 18 años”, recuerda. Al día siguiente llegaron 17 más.

Su testimonio, incluido en la sentencia de la carpeta de investigación 5129/2017 del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ), coincide con el de otras cuatro víctimas rescatadas. Tres fueron captadas con ofertas falsas de empleo y promesas de sueldos de entre 2 y 4 mil pesos mensuales (100 y 200 $us), y una más con un paquete de vacaciones a bajo costo. Todos fueron trasladados a Puerto Vallarta vía centrales de autobuses, provenientes de los municipios de Jalisco, Manzanillo (Colima) y la Ciudad de México.

Las ofertas laborales falsas son una de las modalidades más frecuentes de reclutamiento forzado. Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación oficial al Gobierno de México para pedir explicaciones sobre la existencia del reclutamiento forzado bajo este sistema.

«Una vez que los interesados responden a las ofertas, serían citados en las centrales camioneras para supuestas entrevistas laborales. En algunos casos, se ha informado que los reclutadores incluso proporcionarían boletos de autobús para facilitar el traslado de las víctimas. Sin embargo, al llegar a la cita, las personas serían reclutadas forzadamente y sometidas a trabajo forzoso. También se ha informado que las víctimas serían sometidas a ejercicios extremos, abusos físicos y psicológicos y pruebas de lealtad que incluirían violencia extrema entre personas reclutadas, torturas y asesinatos para demostrar su compromiso», describe el documento.

La ONU pidió al Estado mexicano confirmar la existencia del reclutamiento forzado y qué acciones emprende para atenderlo. Hasta septiembre, el Gobierno de México no había respondido.

Las centrales de autobuses son pieza clave en el rompecabezas del reclutamiento forzado. Una de las acciones que la autoridad emprendió en Jalisco para prevenirlo es montar un operativo especial en la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara, sitio que en 2024 fue el epicentro de las desapariciones en este estado con más de 30 casos documentados.

A raíz de este operativo que inició en octubre de 2024 y hasta septiembre de 2025, lograron rescatar a 54 personas, 27 de ellas menores de edad. Las ofertas laborales falsas fueron el común denominador.

El caso más reciente ocurrió el 20 de septiembre. Tres jóvenes, uno de Jalisco y dos de Oaxaca, pretendían comprar boletos para trasladarse a Aguascalientes. En la taquilla los notaron inquietos y nerviosos. Al pedirles su identificación, notaron que uno era menor de edad.

La encargada se comunicó con las autoridades y descubrieron que el menor fue engañado bajo este modus operandi. Le prometieron un salario de 30 mil pesos mensuales (1500 $us) por trabajos de albañilería. Se cree que Jesús y Francisco, de 18 y 22 años de edad eran los reclutadores y fueron detenidos en el sitio.

El periódico El País documentó que este sistema también fue empleado para captar en un centro de adiestramiento en el poblado de La Vega, Teuchitlán, a pocos kilómetros del Rancho Izaguirre. Los 38 reclutas dijeron ante un juez que atendieron ofertas falsas para trabajar de albañiles, guardias de seguridad y corte de agave. Tras llegar a alguna central de autobuses, eran trasladados en un taxi de plataforma (Uber, Didi, etcétera), al centro de adiestramiento. Ahí los mantenían con amenazas. Los jóvenes fueron rescatados durante un operativo federal el 29 de enero de 2025.

El mismo método que captó a José en Guadalajara pronto cruzó fronteras. La Cancillería de Colombia confirmó a esta investigación que también se utilizan ofertas falsas de empleo para atraer a exmilitares de ese país hacia México.

«En varios casos, ciudadanos colombianos privados de la libertad en México han manifestado que fueron contactados en Colombia por intermediarios que les ofrecieron empleos en el sector de seguridad privada, a través de redes sociales o contactos personales. Una vez en territorio mexicano, algunos denunciaron haber sido engañados, coaccionados o reclutados por organizaciones criminales», describe la Cancillería para esta investigación.

Los casos de los exmilitares José Fernando Cataño Durango, José Gabriel Sáez Angulo y Eduban Rodríguez Cardona lo ejemplifican. Los tres viajaron a México en 2023 con la promesa de trabajar como escoltas en plantaciones cítricas; desaparecieron en Michoacán. Eduban incluso tiene activa una cédula amarilla de búsqueda en la Interpol.

Entre 2015 y 2025, la Cancillería de Colombia apoyó la localización de cinco exmilitares con vida y confirmó la muerte de tres más. También reconoce que 31 han sido detenidos en México por vínculos con el CJNG, el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Jorge Ramírez Plascencia, sociólogo en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que “se ha hablado a menudo de personas que han estado en estos lugares y que los colombianos son los maestros, los que los adiestran, los especialistas que les dan la capacitación”. Aunque añade que la función de los exmilitares también es la de “combatientes”.

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Guardia Nacional de México detuvieron a 17 personas armadas en los límites de Michoacán y Jalisco, 11 de ellas son colombianas, según confirmó la Cancillería, todos exmilitares. La autoridad de Colombia reconoció que el reclutamiento sirve, también, para contar con mercenarios.

La expansión del CJNG hacia Colombia confirma que su maquinaria de adiestramiento no es improvisada: integra experiencia militar extranjera y jóvenes reclutas que son enviados a entrenar en sierras y zonas rurales de México.

Enganchan por TikTok

José describe que en la casa en la que lo tuvieron no todos fueron engañados, había quienes decían desde el inicio que sabían que se trataba del CJNG. Este reclutamiento, que pareciera ser voluntario, es una segunda forma en cómo los grupos criminales crean su ejército.

A través de diversas redes sociales, como TikTok, circulan decenas de cuentas que tienen ofertas explícitas. No ocultan en ningún momento que buscan personas para integrarse a la “empresa”, a las “cuatro letras” o con el “señor de los gallos” (apodo de Nemesio Oceguera Cervantes, Mencho, líder del CJNG).

En el estudio “Nuevas fronteras en el reclutamiento digital”, publicado por el Colegio de México (Colmex), el Laboratorio de Odio y Concordia en colaboración con El Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern revisaron más de 100 cuentas de TikTok utilizadas para el reclutamiento criminal tanto por el CJNG como por el Cártel de Sinaloa. Los investigadores detectaron el uso de hashtags como #trabajaparalamaña, #4letras y #mencho. También el uso de emojis como ninja, casco, gallo o NG, todos alusivos al crimen organizado.

Los presuntos reclutas prometen una oportunidad laboral y altos sueldos. “Paga entre 8 mil a 10 mil (400-500 $us) semanal, el adiestramiento dura 2 meses con vivienda y armamento. Exmilitares o soldados ganan entre 10 mil y 15 mil (500-750 $us) semanal”, se lee en un video en TikTok.

En Jalisco, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el salario promedio de un hombre alcanza 14,479 pesos mexicanos (724 $us) al mes; el cártel promete hasta cuatro veces más.

Para Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, la conjunción de la idealización del narco, las dificultades para acceso a la educación y la precarización laboral del país orillan a jóvenes a integrarse a las filas del crimen organizado.

Mencionó, por ejemplo, que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2022, las universidades de México tienen la capacidad de absorber solo al 41.9% de los jóvenes egresados de preparatoria y, además, la situación está marcada por la desigualdad: en los más pobres, 8 de cada 10 no consigue un espacio universitario.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, tiene conocimiento de esta modalidad: «Les dicen que les van a pagar sumas importantes, lo cual se les hace atractivo, pero lamentablemente, ante esta desinformación y falta de supervisión de padres, tutores y autoridades administrativas de planteles escolares, estos jóvenes saben a lo que van, tienen conocimiento porque en estas páginas de TikTok les hacen referencia que van a trabajar para un grupo criminal», dijo en conferencia de prensa en agosto de 2025.

Si bien, este reclutamiento pareciera ser voluntario, para Ramírez Plascencia no lo es. No hay contratos de por medio, se priva de la libertad a la persona, se le incomunica y, si en algún momento quiere romper la relación, no se le permite.

«Muchos casos tienen la conciencia de que están respondiendo a una invitación, pero de ahí a hablar de un acto voluntario hay mucha diferencia. En la medida en que son empresas criminales y no hay ni puede haber un contrato de incorporación, hay que considerar que todos estos casos caben en una modalidad muy amplia de coerción. Creo que debemos superar el debate de si se trata de personas que se incorporan voluntariamente o a fuerzas. Los testimonios de cualquier edad de las personas que han estado ahí mencionan situaciones de esclavitud».

José lo confirma, quienes llegaban aparentemente voluntarios, no eran excluidos de la violencia física. Relata que en la casa todos vivían en hacinamiento, privación de la libertad y violencia. Juan*, otra de las víctimas, recuerda: «En cuanto llegué vi en la orilla del interior de la casa a una persona golpeada. Escuché que en ese momento dijeron: «para que no hagan mamadas». Se quería escapar y por eso lo habían golpeado.»

Martín* añade que también eran castigados si no cumplían con sus roles de limpieza o si salían sin autorización. “No podíamos salir por miedo que nos fueran a matar”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, dijo en rueda de prensa en marzo que la Policía Cibernética detectó este modo de operación y logró dar de baja a 39 cuentas que utilizaba el CJNG para reclutar a jóvenes. Prometió que el rastreo sería permanente, pero a la fecha de esta publicación, hay decenas de cuentas activas. Sin embargo, sí se detectó la rotación, pues mientras unas son dadas de bajas, otras ya están naciendo.

Violencia de por medio

La tercera modalidad detectada en esta investigación sobre cómo se da el reclutamiento de personas por parte de grupos criminales incluye los conocidos como “levantones”, es decir, desapariciones con violencia de por medio.

Héctor Flores González, representante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, habla del caso de su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido por un grupo armado en mayo de 2021 en Guadalajara.

Un testigo de los hechos lo contactó y le dio la ruta que siguió su hijo. Lo habían llevado a una de las llamadas «casas de seguridad», donde a los sobrevivientes se les da una salida con vida: irse de reclutas.

«Él me comenta que fue liberado y que todas las personas que iban llegando a esa casa de seguridad, después de que los torturaban, les sacaban información o lo que fuera que hacían con estas personas. Si sobrevivían los invitaban a irse a un campamento ahí en Tala. A las personas que decían que no, las mataban en ese momento. Entonces me dijo: su hijo, al estar varios días con vida en un cuarto sin ser golpeado, es porque aceptó, de alguna manera, irse reclutado».

Esta modalidad también es utilizada para reclutar contra su voluntad a personas especialistas en un área específica que necesita el crimen organizado, por ejemplo, mecánicos, pilotos, choferes, ingenieros, etc.

En este sentido, un reporte oficial de desaparición al que CONNECTAS tuvo acceso señala que, en enero de 2019, un mecánico automotriz de Guadalajara “se encontraba junto con tres personas afuera de su taller mecánico, cuando varios vehículos llegaron al lugar. [Se] bajaron varios sujetos armados, los cuales [lo] subieron a la fuerza. Hasta el momento no se cuenta con mayor información sobre su paradero, ya que sus teléfonos perdieron señal y sus cuentas de WhatsApp están sin foto”.

Con informacion: EL UNIVERSAL/CONNECTAS/

LOS «SANTOS del SAQUEO»: DE «PEÑA a AMLO y de AHI a SHEINBAUM HAY una CARRERA OLIMPICA por CAMPEONATO del MAS CORRUPTO»…cada gobierno predica pureza, mientras traga del cáliz dorado del presupuesto.


«SIGANLE CREYENDO al HUMANISMO TRAMPA»: «DESEMBARCO de CORRUPTO de PEMEX en INFONAVIT REPLICA MODUS OPER_ANDY de la 4T»…la austeridad para los de abajo, la opulencia para los compadres.


El desembarco de Octavio Romero Oropeza en el Infonavit no sólo trajo consigo la esencia de Pemex—burocracia inflada, amiguismo sin pudor y sueldos insultantes—sino que consolidó el modus operandi de la 4T: la austeridad para los de abajo, la opulencia para los compadres. Mientras los trabajadores de este país luchan por recibir créditos dignos, Romero Oropeza y su séquito de “dorados” convierten al Infonavit en su club privado, donde el festín de nóminas es deporte olímpico y el nepotismo se ostenta sin rubor.

El club de los sueldos dorados

Romero Oropeza, aquel operador gris y omnipresente en Pemex, ahora manda en el Infonavit con un salario de 185,825 pesos mensuales, apenas seis mil abajo del sueldo presidencial, rodeado de exfuncionarios petroleros que saltaron del barril a la caja fuerte del instituto. Nueve de sus más fieles camaradas cobran $185,320 al mes, y la planilla de confianza ya rebasa los 4,900 puestos; 102 de estos flamantes burócratas llegaron junto con Romero y cobran más de 100 mil pesos mensuales.

Viejos conocidos, nuevos negocios

El guion es repetitivo y burdo: Marcos Manuel Herrería, ex director de Administración en Pemex, premiado ahora como secretario general del Infonavit; Jorge Luis Basaldúa, reciclado en la Subdirección General de Crédito; Carlos Fernando Cortez, Gabriela Susunaga y Frida Palacios, todos procedentes del naufragio petrolero, premiados con nuevas responsabilidades y sueldos de altura. Gustavo Álvarez Velázquez, el hombre del “Gas Bienestar” que sólo sirvió para quemarle recursos al erario, ahora se encarga de la cartera hipotecaria del Infonavit: ironía siniestra en un país de morosos institucionalizados.

La mentira de la austeridad

Con 389 directores o mandos superiores ganando más de 100 mil pesos y una nómina mensual de 60 millones sólo en esos niveles, queda claro que la tan cacareada “austeridad republicana” sirve para el discurso de mañanera, pero no para el club de amigos del régimen. El Infonavit, construido con el ahorro de los trabajadores, financia la ingeniería social de compadrazgo ejecutada por Romero Oropeza, quien además de agrónomo resultó ser amante de la alta nómina.

De las ruinas de Pemex al festín inmobiliario

Lo más grotesco es la continuidad del desastre: personajes como Javier Núñez López, que ayudó a inflar la deuda millonaria de Pemex a proveedores, ahora planean el futuro financiero de la institución hipotecaria más grande de México. ¿Reciclar el fracaso es requisito indispensable para acceder al paraíso dorado de los sueldos de confianza. El Infonavit, antes orgullo obrero, hoy es la agencia de colocaciones de los amigos del agrónomo tabasqueño.

Cifras y cinismo

El contraste con la jefa del Estado es más que simbólico: Romero Oropeza y su círculo gozan de un salario casi idéntico al de la presidenta de la República. Todo bajo el pretexto de la “transformación”, mientras la vieja práctica de premiar la lealtad y el compadrazgo sigue tan viva como siempre.

En resumen: Romero Oropeza y sus incondicionales han hecho del Infonavit su casa chica, repartiendo sueldos de fantasía a costa de los verdaderos dueños del instituto: los trabajadores mexicanos, quienes siguen esperando resultados mientras la élite se enriquece sin pudor.

Con informacion: ELNORTE/

LA «VIDA DESPUES de MANZO y el PLAN MICHOACAN MAS de lo MISMO pero HUMANISTA y el OTRO PLAN de 100 DIAS que NO SIRVIO»…planes intercambiables,como su rifle de juguete.


Un arma de gran calibre, un rifle de francotirador, con su bípode y una mira telescópica, la ristra de proyectiles colgando de ese animal de muerte… Carlos Manzo lo toma como si fuera la pata de un caballo herido, contrariado, las manos en el corvejón y la cuartilla: una imagen extraña. 

El texto que acompaña aclara que el armatoste es, en realidad, un fusil de juguete. Un niño lo ha entregado a cambio de un carrito. “Todos los días vamos a estar haciendo el canje de estos juguetes por otros, que son más bonitos para convivir en armonía”, sigue el texto. Impresiona la escena, Manzo con su característico sombrero, imagen de su naciente movimiento político, su guayabera blanca y el morral de algodón, el reverso amable de una de sus cruzadas, la lucha contra la delincuencia.

Publicada en su cuenta de Facebook, la foto en cuestión se tomó en Uruapan, en el Estado de Michoacán, en enero de 2023. Manzo era entonces diputado federal, posición que había alcanzado un par de años antes, de la mano de Morena. El político acababa de inaugurar en el municipio la “Guardia Comunitaria del Sombrero”, su casa de enlace con los habitantes del distrito, alrededor de 350.000. Ahí montó consultorios, una farmacia y luego la convirtió en pista de despegue para su campaña a la presidencia municipal, elección que ganaría un año y medio más tarde. Pero en enero de 2023, Manzo posaba allí con varias armas de juguete, algunas parecidas a una pistola nueve milímetros real, el arma que usó su asesino, hace ahora una semana, cuando lo atacó a balazos en el centro del municipio.

Siete proyectiles acabaron con la vida de Manzo, que murió en medio de una verbena por las celebraciones del Día de Muertos en su Uruapan natal, con la plaza del pueblo llena de catrinas y rancheros. El ataque quedó recogido en vídeo porque mucha gente grababa cómo los vecinos encendían velas, debajo de una catrina gigante. Desde el primer momento, sábado por la noche, el enojo escaló y escaló, entre marchas y protestas, en Uruapan y Morelia, la capital estatal, un hartazgo contra la violencia criminal, que prendía como antaño lo hicieron otras masacres y demás eventos violentos, caso de la matanza de integrantes de las familias LeBarón-Langford-Miller, en Sonora, en 2019, o antes, salvando las distancias, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, en 2014.

Tras los titubeos iniciales, el Gobierno federal, que dirige Claudia Sheinbaum, convocó al Gabinete de Seguridad, de manera extraordinaria, el domingo, reunión que sirvió para dar una imagen de urgencia. Michoacán se estaba convirtiendo en un problema. 

El atentado contra Manzo ocurría apenas una semana después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón de la región aledaña a Uruapan. Si en términos políticos, el caso de Bravo suponía un severo toque de atención, el ataque contra Manzo obligaba a cambiar de velocidad. El Ejecutivo llevaba meses presumiendo reducciones en delitos de alto impacto, pero aquello volaba por los aires cualquier tabla estadística.

Durante los primeros meses de mandato de Sheinbaum, criminales habían matado ya a un puñado de alcaldes, pero Manzo era especial. Era un político muy popular, alejado ya de Morena, que había hecho campaña criticando la tibieza de sus antecesores contra el crimen; un hombre que había combatido la corrupción en la policía local y contaba ahora con una corporación presentable; un funcionario que se ponía chaleco antibalas para ir a patrullar y luego presumía las detenciones en sus redes, fuera un ladrón de motos o el líder local del grupo criminal predominante en la zona, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Si lo de Bravo había torcido los gestos, el ataque contra Manzo prendía las antorchas.

La lógica reactiva del Gobierno no ayudaba. El Gabinete de Seguridad conocía los problemas de Michoacán desde el principio. De hecho, en su estrategia para los primeros 100 días en el poder, figuraba la atención al Estado, en particular a la zona limonera, en que trabajaba Bravo, donde existe un problema muy grave de extorsión. 

En estos 13 meses de mandato, el Gobierno ha detenido a algún que otro extorsionador, plaga nacional, ha mostrado su preocupación por el uso de drones con explosivos y minas antipersona en los campos de la zona, ha hecho operativos aquí y allá, como uno de la Marina en mayo, que acabó con 12 criminales abatidos, supuestamente en combate. Pero el problema persistía.

No es que fuera fácil contenerlo. Michoacán ha sido un polvorín desde hace más de 20 años, campo de pruebas de los sucesivos Gobiernos en materia de seguridad. 

La connivencia de políticos y criminales y las detenciones y muertes de viejos capos han desembocado en un presente, en que más de una docena de bandas delictivas, que conviven en alianzas cambiantes, pelean por extorsionar al rico panorama agrícola local. Porque el limón es solo una parcela, luego está el aguacate, cultivo con base en Uruapan y alrededores, que exporta más de 3.000 millones de dólares al año a Estados Unidos. Se añade a la ecuación, además, la producción y el consumo de drogas, especialmente la metanfetamina, hilo conductor delictivo en la región.

Abatido por los escoltas del alcalde segundos después del atentado, el asesino de Carlos Manzo ha resultado ser un muchacho de 17 años, originario de Paracho, algo al norte de Uruapan. Según ha dicho el fiscal del Estado, el joven, Víctor Ubaldo, era adicto a la metanfetamina y se había ido de casa una semana antes del ataque. En imágenes del muchacho que ha repartido la dependencia, se ve un rostro aniñado, los párpados ligeramente bajos, las facciones suaves. No mucho tiempo atrás, Víctor Ubaldo podría haber sido uno de los niños que acudió a la casa de campaña de Manzo, en enero de 2023, a cambiar sus armas de juguete por carros o balones de fútbol. Ahora es un cadáver más, víctima y victimario, pieza menor del engranaje violento que atenaza a México.

En entrevistas que ha dado a finales de esta semana, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, ha aclarado que el sicario era parte de la estructura del CJNG. Es una explicación que no dice demasiado. Por un lado, EL PAÍS y otros medios ya habían informado días atrás de ese asunto. Por otro, ¿de qué sirve hacer una afirmación así, carente de toda profundidad, sin aportar nada más? Porque ahora mismo, nadie en todo el país sabe cómo captó el CJNG a Víctor Ubaldo; nadie sabe cómo se hizo adicto a la metanfetamina; nadie sabe qué peripecias vitales le llevaron a tomar la decisión que tomó. La explicación del fiscal transita el camino de tantas otras en estos años de masacres en el país, los datos como baldosas en el vacío, conceptos como CJNG y adicción a la metanfetamina, como rutas a una pretendida tranquilidad.

Los detalles de la identidad del asesino se han ido conociendo mientras la viuda de Carlos Manzo juraba su cargo como nueva alcaldesa de Uruapan, previa visita a Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Grecia Quiroz inauguraba así la vida sin su marido, el padre de sus hijos, el último, un bebé de apenas 14 meses. Su camino parecía marcado desde el domingo, día posterior al atentado, cuando la mujer le puso el micrófono a la herida en la plaza del municipio, en el homenaje al alcalde asesinado. Entre sollozos, gritó: “Fue el único que se atrevió a levantar la voz, a hablar con la verdad, sin temor a nada”. Más que aplausos, la concurrencia construyó un gruñido grave. Si Quiroz hubiera ordenado marchar hasta Ciudad de México, pocos habrían dudado.

En Palacio Nacional, acción y cautela se han alternado estos días con miradas al pasado. Las condolencias del principio dieron paso a las críticas a gobiernos pretéritos, de signo contrario, causantes, a su juicio, de la violencia presente. 

Luego, el Ejecutivo se ha sacado de la manga un nuevo plan de intervención federal para pacificar Michoacán, idea que, irónicamente, han tenido también los presidentes criticados. Desde luego, Sheinbaum defiende el alma humanista del suyo, diferente a los otros, ha dicho, ninguno tan detestado en el imaginario de Morena como el desembarco castrense de Felipe Calderón (2006-2012), en sus primeros días de mandato, cuando apenas se ajustaba la banda presidencial.

El que peor parado parece ahora mismo es el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, también de Morena. El Ejecutivo central lo mira con recelo, inquieto y molesto con su falta de atención al problema de la inseguridad. 

En estos días, Bedolla, que lleva cuatro años en el cargo, no ha insistido demasiado en defenderse. Parecía afectado, el mandatario, con el asesinato de Manzo. No en vano, uno y otro compartieron campaña, allá por 2021, trabajo que acabó con el primero en el Palacio de Gobierno de Morelia. Terciado ya su mandato, en medio de las protestas de esta semana, manifestantes lograron adueñarse del inmueble. Sus salones se llenaron de gente gritando, lanzando los muebles por la ventana.

Con informacion: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

LOS «MONTAJES del PUERCO de POLECIA»: «DENUNCIANTE le DIJO al JUEZ que CUICOS de CDMX lo OBLIGARON a SOSTENER DECLARACION FALSA contra MUJER que ACUSARON de ROBO NOMAS por sus TANATES»…videos los incriminan.


Meses antes de que tres policías del sector congreso en la CDMX golpearan a Eric Omar, de 21 años, agentes del mismo sector quedaron en evidencia por fabricarle una acusación de robo a una mujer.

Gracias a que el supuesto denunciante aceptó frente a un juez que fue amenazado y obligado por los policías y un agente del Ministerio Público para sostener la declaración falsa, la víctima fue puesta en libertad con reservas de ley. 

El caso ocurrió el pasado 27 de agosto en la colonia Zona Centro,Alcaldía Venustiano Carranza, la misma donde Eric Omar fue abandonado muerto por los policías.

Esa noche, la mujer de 42 años tuvo un conflicto con uno de los dueños del departamento que rentó. El hombre desconocía que su expareja ya había arrendado el mismo y, cuando vio a la mujer habitándolo, llamó a la policía. 

Los agentes tergiversaron los hechos e inventaron que la mujer se había metido al inmueble y robó una cartera con 50 pesos, explicó la víctima.

Videos revelan que durante la detención ilegal fue golpeada y jaloneada, sacada la fuerza de su departamento y que los vecinos la defendieron, lo que inició una discusión con los agentes.

Luego, rodeada por 20 elementos, la trasladaron hacia una patrulla. La policía con rango Gamma, que es el segundo a cargo del sector Congreso, se burló de uno de los vecinos.

La mujer relató que fue trasladada a un ministerio público y, tras un día bajo arraigo, llevada al reclusorio Oriente para ser presentada ante el juez. Reforma tuvo acceso a la grabación de la audiencia. 

Entonces, yo agarro y le digo al policía, digo, ¿saben qué? Digo, es que yo no quiero actuar y yo no quiero levantar ninguna demanda.Dice, no, es que tienes tú que levantar esa demanda, dice, porque si tú no la levantas en contra de ella, yo te voy a levantar en contra tuya, dice, y tú vas a quedar detenido. 

Le digo, no, pues es que, le digo, ahora sí que yo tengo, pues ahora sí que por mi integridad, no, porque yo vivo solo con mis hijos en la parte de abajo, y ahorita, le digo, posteriormente a eso, le digo, ahora sí que cuando ellos me queden en la cartera y ya me toman supuestamente ellos la declaración, yo ya veo que viene lo de la cartera y como no tenía un asesor jurídico en ese momento, porque no se me proporcionó, pues me hicieron firmar lo que, lo que viene ahí. 

O sea, yo se lo leí, el libro de la cartera y yo se lo expliqué, o sea, yo mi cartera no tenía ni dinero, o sea, no traía nada y yo cuando vi ya traía uno de a 50 pesos.Hay dos denuncias por abuso policial interpuestas por la víctima en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Con informacion: REFORMA/