La guerra en ascenso del presidente Donald Trump contra los carteles de la droga latinoamericanos irrumpió con fuerza inesperada en este antiguo pueblo industrial de New Hampshire rodeado de árboles una mañana de finales de agosto, cuando agentes federales fuertemente armados y policías locales iniciaron una serie de redadas lanzando una granada atronadora y derribando una puerta.
La demostración de fuerza fue seguida por un anuncio de las autoridades federales: en redadas coordinadas en todo Nueva Inglaterra, habían incautado más de 225 kilos de drogas y capturado a cerca de 200 miembros del temido Cartel de Sinaloa, la violenta organización criminal que abastece de drogas ilegales a Estados Unidos.
El agente especial a cargo de la división de Nueva Inglaterra de la Administración de Control de Drogas (DEA), Jarod Forget, afirmó que la operación “llevó al arresto de 171 miembros del cartel” en toda la región, incluidos 27 en la localidad de Franklin. La DEA no dio a conocer los nombres de los sospechosos, pero Forget los describió como “arrestos de alto nivel” que formaban parte de una redada nacional que, en cinco días, había capturado a más de 600 integrantes de la temida organización. “Somos la DEA”, dijo Forget en una entrevista después del operativo. “No vamos tras traficantes de drogas minoristas de bajo nivel”. Pero eso no era cierto.
Una investigación del equipo de Spotlight de The Boston Globe encontró que muchos de los objetivos de la DEA en Nueva Inglaterra eran precisamente las personas de las que Forget dijo que no se ocupaban: adictos, pequeños traficantes, ladrones de tiendas e individuos que vivían en campamentos de personas sin hogar.
Los periodistas de este medio contactaron con más de 75 agencias policiales estatales, locales y federales, revisaron más de 1.650 páginas de documentos judiciales, presentaron más de 50 solicitudes de acceso a información pública, llamaron a decenas de puertas y realizaron decenas de entrevistas. Las pruebas dejaron claro que el Gobierno tergiversó la importancia de sus objetivos en Nueva Inglaterra en un momento en que la Administración Trump buscaba justificar ataques mortales contra presuntas embarcaciones de carteles en el Mar Caribe.
“Puedo garantizar que él no es parte del Cartel de Sinaloa”, dijo Scott Alati sobre su hijo, Tyler, acusado en un tribunal estatal de Franklin de venta de drogas a nivel de delito grave y liberado inmediatamente sin tener que pagar fianza. “No es un miembro de alto rango de nada. Es un idiota de alto rango”.
La mayoría de los detenidos identificados por el equipo de Spotlight son víctimas de la crisis del fentanilo, no capos que se ganan la vida con ella. Entre ellos estaba un hombre acusado de robar rollos suizos de chocolate y caramelos Jolly Ranchers de un supermercado Hannaford y una mujer que supuestamente estrelló un automóvil contra una columna en un banco local y abandonó la escena.
Algunos de los 171 detenidos tenían cantidades significativas de drogas, pero ni los documentos judiciales ni los portavoces de la agencia aportaron pruebas de que fueran miembros de alto rango del notorio cartel. Para muchos de los sospechosos, el único vínculo con Sinaloa era que consumían drogas que el cartel podría haber ayudado a introducir en el país.
La semana pasada, funcionarios de la DEA dijeron que no podían comentar sobre los hallazgos de Spotlight Team debido al cierre del Gobierno. En su lugar, señalaron ocho investigaciones federales que, según afirmaron, formaban parte de la ofensiva contra el Cartel de Sinaloa.
Cómo respondieron algunos de los arrestados a las afirmaciones del Gobierno sobre sus vínculos con el cartel
PAT GREENHOUSE/ THE BOSTON GLOBE
Cuando el Globe contactó a los abogados de varios de los acusados, muchos se mostraron sorprendidos al enterarse de que la DEA estaba acusando a sus clientes de ser miembros del cartel mexicano, ya que tales acusaciones no se habían presentado en los tribunales. “Usted es la primera persona que me menciona esto”, dijo el abogado John Benzan, que representa a un hombre acusado a comienzos de agosto de ayudar a transportar unos 140 kilos de cocaína desde Puerto Rico a Massachusetts, más de una cuarta parte del total de drogas incautadas en las redadas contra Sinaloa en Nueva Inglaterra, según la DEA.
La mayoría de los otros detenidos identificados por el Globe enfrentaban cargos menores relacionados con drogas o no tenían nada que ver con narcóticos, lo que llevó a un ex alto funcionario de la DEA a calificar la operación contra Sinaloa como “teatro político”.
“Si hubieran detenido siquiera a un miembro de nivel medio del cartel, lo habrían nombrado. Pero no dieron ningún nombre”, dijo Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien trabajó en la agencia durante más de tres décadas. “Simplemente dijeron que hubo más de 600 arrestos, como si eso fuera a diezmar al Cartel de Sinaloa. Lo más probable es que el cartel ni siquiera sepa quiénes son esas personas”.
Tres funcionarios policiales con conocimiento de la operación en Nueva Inglaterra —bautizada por la DEA en redes sociales como #SinaloaCrackdown2025— dijeron al Globe que las autoridades federales antidroga habían tergiversado la naturaleza de la redada. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones.
“Están haciendo todo lo posible por vincularlo a un cartel”, dijo un funcionario federal, añadiendo que las detenciones “definitivamente no eran de miembros” de Sinaloa. Un funcionario policial de Massachusetts informado por la DEA confirmó que los detenidos eran casi todos infractores de bajo nivel, no grandes traficantes. “Siempre lo exageran un poco”, dijo sobre la DEA. “Pero esta vez lo exageraron demasiado”.
Los líderes de las fuerzas del orden en varias comunidades dijeron al Globe que estaban desconcertados por algunas de las afirmaciones del Gobierno de Trump. Por ejemplo, la DEA describió a Lawrence, Massachusetts, como el centro regional de actividad del cartel, donde tienen integrantes allí “comunicándose directamente con altos mandos del cartel en otros Estados y en México”.
“Estamos tratando de averiguar de qué están hablando”, dijo el jefe de policía de Lawrence, Maurice Aguiler, quien afirmó no tener conocimiento de ningún arresto de miembros del cartel. “No tenemos ninguna información que respalde la idea de que Lawrence sea un epicentro del Cartel de Sinaloa”.
Todo esto se produce en medio de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Trump por fusionar, en la práctica, la guerra global contra el terrorismo con la guerra contra las drogas que lleva décadas en marcha. En febrero, el Departamento de Estado designó al Cartel de Sinaloa y a otros siete grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que la Administración Trump ha citado para justificar el uso de fuerza letal sin previo aviso ni debido proceso contra presuntos miembros de dichas organizaciones.
El Pentágono ha llevado a cabo al menos 18 ataques aéreos contra embarcaciones en las últimas semanas, que han dejado decenas de muertos, desdibujando la línea legal entre las operaciones militares y la aplicación de la ley. La semana pasada, Trump atribuyó más de 3.000 detenciones, incluidos sospechosos pertenecientes a varias bandas de narcotráfico conocidas, a un nuevo grupo de trabajo federal que fomenta la cooperación entre las fuerzas del orden federales y locales para combatir a los carteles de la droga. Dijo que su Administración continuaría actuando sin la aprobación del Congreso en sus ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al contrabando de drogas.
“Creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país”, dijo Trump. “¿De acuerdo? Vamos a matarlos».
¿Un bastión de Sinaloa?
Las afirmaciones de la DEA sobre su intervención contra el Cartel de Sinaloa han sido repetidas por canales de televisión y medios de comunicación y amplificadas aún más por personalidades pro-Trump en YouTube, como Tyson DeLaCruz. Su video de 10 minutos sobre la operación en Franklin acumula ya casi 150.000 visualizaciones. “Este caso demuestra que el problema del cartel no es solo un problema fronterizo”, dice DeLaCruz, con base en Las Vegas, en el video. “Es un problema de seguridad nacional que afecta a comunidades desde México hasta el corazón de Estados Unidos. Cuando un pequeño pueblo de New Hampshire puede tener una gran operación del Cartel de Sinaloa, ningún lugar está a salvo”.
En la mayoría de los casos penales federales complejos, las acusaciones meticulosas identifican a los sospechosos por su nombre completo y país de origen, a menudo incluyendo apodos coloridos de la calle. Así se hizo en una reciente operación de la DEA, cuando en septiembre se dio a conocer una amplia acusación contra el Cartel de Sinaloa que identificaba a 26 sospechosos por nombre, incluidos dos presuntos cabecillas, ambos ciudadanos mexicanos, acusados de narcoterrorismo.
Nada de eso ocurrió en la redada en Nueva Inglaterra en agosto. La DEA se limitó a publicar un conteo por Estado: 64 arrestos en Connecticut, 49 en Massachusetts, 33 en New Hampshire (la mayoría en Franklin), 11 en Maine, 10 en Rhode Island, y tres en Vermont.
Con tan pocos detalles proporcionados por las autoridades federales, la redada en Franklin ha resultado ser la ventana más clara sobre a quiénes apuntaron. La policía local, que trabajó con la DEA, dio a conocer las operaciones en Facebook, difundiendo las fotos policiales de 25 personas detenidas. La publicación en redes sociales recibió más de 1.000 comentarios, algunos cargados de burlas o desprecio hacia los rostros desgastados de los acusados, a quienes muchos reconocían del instituto o de los pasillos del supermercado.
“Entiendo el estigma que existe hacia las personas con adicciones y lo fácil que es odiarlas, pero siguen siendo humanos”, escribió un usuario en rechazo. “Necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan comunidad”.
The Boston Globe descubrió que solo tres personas arrestadas en Franklin fueron acusadas de traficar cantidades de droga lo bastante grandes como para mantenerlas en prisión. Ninguna enfrenta cargos federales. La mayoría fueron liberadas de inmediato.
Catorce de los acusados comparecieron el 20 de octubre ante el pequeño tribunal de Franklin para su lectura de cargos. Llevaban libres desde los operativos y no se tomó ninguna medida especial de seguridad en la sala que hiciera pensar que pertenecían a un violento cartel de drogas.
“Somos consumidores de drogas, nada más”, dijo el acusado Salvatore Vespa, quien fue despertado durante la intervención por una granada aturdidora, en una entrevista con el Globe. “¿Cómo se llama el cartel, otra vez?”, preguntó al reportero.
Casi todos los acusados que comparecieron en persona la semana pasada declararon ante los periodistas que luchan contra la adicción y que estaban indignados por haber sido etiquetados como afiliados al Cartel de Sinaloa. “Nos pusieron en peligro”, dijo Hannah Gonthier, quien fue arrestada en el bosque donde vive en una tienda de campaña. “Querían lograr algo enorme. No les importaba cómo. Mintieron”.
La adicción ha hecho estragos en Franklin. La pequeña ciudad, situada donde los ríos Winnipesaukee y Pemigewasset confluyen para formar el Merrimack, ha sido devastada por una crisis de opiáceos que se ha intensificado en los últimos años, relatan los residentes. El número de personas sin hogar ha aumentado considerablemente. Las personas con adicciones se agrupan en campamentos a lo largo de los ríos, durmiendo en tiendas y chabolas derruidas cerca del cementerio y detrás de una farmacia cerrada.
“Me da pena decir esto porque estoy orgulloso de dónde vivo, pero Franklin tiene un problema de drogas”, dijo Mike Barney, de 34 años. Barney y otros vecinos vieron cómo una pareja local que vivía en un apartamento enfrente —Vespa, de 50 años, y Sonya Spooner, de 47— se hundía en la adicción. Para el 26 de agosto, Spooner y Vespa dormían en una autocaravana en su entrada.
A las 8.00 de la mañana de ese día, docenas de agentes federales fuertemente armados y policías locales rodearon la casa. Una granada aturdidora arrojada dentro de la autocaravana sonó como si un contenedor se hubiera desplomado del cielo, produciendo un estruendo tan fuerte que, según un vecino, “se pudo oír en Concord”, otra ciudad a unos 32 kilómetros.
Esa misma mañana, agentes federales y policías locales derribaron la puerta de una casa victoriana azul en la avenida de Aiken, a un kilómetro de distancia. Las autoridades sacaron a un hombre y a una mujer, les inmovilizaron las manos con bridas y los sentaron en la entrada. La DEA publicó en X (antes Twitter) una fotografía de sus agentes de pie sobre la pareja, una imagen que apareció en medios de comunicación de México, Israel y España con titulares que celebraban la detención de “cientos de miembros del cartel de Sinaloa”.
La mujer, Jessica Gaudette, de 42 años, fue acusada de seis delitos graves, las acusaciones más serias presentadas contra cualquiera de los detenidos en Franklin. El hombre, Tyler Alati, de 35, se graduó en la escuela secundaria de Franklin y creció compitiendo en carreras de autos. Dijo al Globe que la policía lo liberó inmediatamente y que nadie le hizo preguntas sobre ningún cartel.
“Es solo un chico local que tiene un problema”, dijo su padre, Scott Alati.
La DEA expresó orgullo por el esfuerzo de la agencia para limpiar Franklin. “Lo que hizo especial a esa operación fue que tuvo un impacto positivo en una comunidad”, dijo Forget, el supervisor de la DEA, al Globe en una entrevista días después de las redadas. “No estamos hablando de Boston, ¿verdad? Estamos hablando de una comunidad más pequeña».
En un comunicado de prensa a finales de agosto, la DEA reconoció que algunos de los arrestados en Franklin eran “ajenos” al narcotráfico. Pero en entrevistas posteriores, Forget insistió en que los detenidos en la ciudad menos poblada de New Hampshire eran figuras importantes del comercio de drogas. “Cada persona que arrestamos tenía un papel dentro del cartel”, afirmó. “En la DEA no vamos tras los distribuidores minoristas ni tras los consumidores. Vamos tras las organizaciones”.
El jefe de la policía de Franklin, Daniel Poirier, cuestionó la descripción que la DEA hizo de las redadas en una entrevista reciente con el Globe, asegurando que las afirmaciones sobre una operación contra el cartel de Sinaloa han convertido en una “burla” lo que fueron arrestos legítimos.
Poirier añadió que tampoco era “preciso” sugerir que el campamento donde fueron detenidos 10 sospechosos fuera un bastión del cartel. “Ninguna de estas personas va a ir a México”, concluyó.
“No tuvimos nada que ver”
La DEA presumió de haber arrestado a 49 personas en Massachusetts como parte de la operación. Sin embargo, el Globe solo pudo identificar dos casos en tribunales estatales y federales en los que la palabra “Sinaloa” aparecía en los documentos.
Uno fue el de Camryn Guillaume, de 34 años, residente de Stoughton, detenido por la policía de Randolph en un cementerio, a quien se le encontraron 88.300 dólares en efectivo y 28 bolsitas marcadas con la frase “Cartel de Sinaloa”, lo que sugería que las drogas podrían provenir de esa organización. El otro caso en Massachusetts fue el de un hombre acusado de vender fentanilo a un policía encubierto en el baño de un Home Depot en Tewksbury.
En otros Estados de Nueva Inglaterra, los hallazgos del Globe fueron similares a los de New Hampshire y Massachusetts. En Maine, patrullas conjuntas entre la policía de Scarborough y agentes de la DEA llevaron a tres arrestos. Dos de los detenidos eran presuntos ladrones en tiendas, y el tercero, un hombre sorprendido dentro de un Corvette rojo que hacía trompos en el estacionamiento de una iglesia. Según la policía, tenía en su poder unas dos onzas de cocaína.
Este medio se encontró con una confusión similar entre funcionarios de Vermont, donde el Globe consultó a 12 agencias policiales, y de Rhode Island, donde contactó a 15, incluyendo las oficinas del fiscal general del Estado y del fiscal federal. En Connecticut, la DEA afirmó haber realizado 64 arrestos y confiscado más de 15 libras (6,8 kilogramos) de fentanilo.
Después de que el Globe presentara sus hallazgos a la DEA, varios funcionarios policiales de Nueva Inglaterra llamaron proactivamente a los reporteros. El jefe de policía de Hartford, James C. Rovella, dijo que se comunicó para “defender a la DEA” porque su unidad de narcóticos “depende bastante de estas personas”. En esta operación, Rovella afirmó que los agentes federales encabezaron arrestos importantes, pero el jefe evitó respaldar la afirmación de la DEA de que miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa estaban operando en su ciudad. “No, no podría decir eso”, admitió Rovella. “Lo que sí puedo decir es que hubo personas asociadas con el cartel de Sinaloa que fueron arrestadas aquí”.
“Alarmismo por las peores razones”
Durante décadas, el Cartel de Sinaloa ha sido uno de los principales proveedores de narcóticos ilegales en Estados Unidos. Con base en el Estado mexicano del mismo nombre, su dominio ha atraído la atención constante de las autoridades estadounidenses en el marco de la guerra contra las drogas.
Hace una década, un primo de Joaquín El Chapo Guzmán, el conocido exlíder del cartel, fue procesado en el Tribunal Federal del Distrito de New Hampshire. Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán, originario de Culiacán, la capital de Sinaloa, fue condenado a 16 años de prisión. Gutiérrez Guzmán y sus socios habían colaborado sin saberlo con agentes encubiertos del FBI, creando falsas empresas de distribución de frutas, una de ellas en New Hampshire. El objetivo era enviar cientos de miles de libras de cocaína a España, donde el cartel buscaba expandirse.
Cinco expertos en crimen organizado consultados por el Globe explicaron que el grupo opera una amplia y compleja red de intermediarios, con múltiples niveles de separación entre México y las calles de Nueva Inglaterra. Según señalaron, los carteles no suelen enviar grandes cantidades de altos mandos para establecer filiales locales en lugares lejanos como New Hampshire.
“No es que existan solo capos y vendedores minoristas”, dijo Jonathan Caulkins, profesor de la Universidad Carnegie Mellon. “La droga promedio importada desde México puede cambiar de manos fácilmente cuatro, cinco o incluso seis veces dentro de Estados Unidos antes de llegar al consumidor final”.
Si existen miembros de alto rango del cartel en territorio estadounidense, es más probable que se dediquen al lavado de dinero, no a la distribución callejera, según Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason.
El discurso exagerado en torno a la supuesta operación contra el Cartel de Sinaloa es característico de la Administración Trump, que a menudo busca despertar el temor público para justificar acciones de emergencia, según Victor M. Hansen, profesor en la Escuela de Derecho de Nueva Inglaterra y exabogado del ejército estadounidense durante dos décadas. “Todo es una amenaza terrorista, todos son tipos realmente malos, todos son enemigos”, afirma Hansen. “Y cuando se agita la imaginación y el discurso público hasta ese nivel… se termina reaccionando ante todo como si fuera una crisis grave”, añadió.“Es alarmismo por las peores razones”.
Este reportaje fue elaborado por Andrew Ryan, Hanna Krueger, Joey Flechas, Steven Porter y Amanda Milkovits. Nick Stoico y Jeremiah Manion, del equipo del Globe, y el corresponsal Paul Heintz colaboraron.
***Andrew Ryan puede ser contactado en andrew.ryan@globe.com, o a través de la aplicación cifrada Signal en @andewryan.61. Hanna Krueger: hanna.krueger@globe.com o Signalenhsk.13. Joey Flechas: joey.flechas@globe.com, en X como @joeflech. Steven Porter: steven.porter@globe.com, en X como @reporterporter.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDREW RYAN HANNA KRUEGER/THE BOSTON GLOBE/
