Ya se hizo costumbre. Casi todo lo que toca la Cuarta Transformación se desmantela, se corrompe, se va al abandono, se descompone, se pudre, acaba en el cesto del olvido o de las grandes componendas.
En los seis años de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador eso fue lo que sucedió con el sistema de salud, con la educación, con las instituciones, con la aviación, con las mal llamadas obras insignia, con Pemex y con la CFE.
No fue diferente con la agricultura, donde baste asomarse a un solo dato: en los primeros seis meses de 2025 importamos un 253 por ciento más de maíz blanco que en 2024. Traducido al español, hoy no nos alcanza ni para producir las tortillas que comemos los mexicanos. Ya no digamos los frijoles.
Pero un drama descomunal -con trazos de operación criminal- tiene contra la pared a la ganadería de México. El gobierno de la Cuarta Transformación abandonó el Senasica -Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -que es el organismo oficial que protege los recursos agrícolas, ganaderos y acuícolas para evitar plagas mediante la imposición de cuarentenas. Y con prácticas sanitarias laxas se permitió la entrada, a territorio mexicano, del “gusano barrenador”, que ya estaba erradicado en nuestro país desde 1991. Y la reaparición de ese parásito de la carne -que también ataca a seres humanos- ya nos cerró las fronteras norteamericanas para la importación de cárnicos mexicanos.
Para imaginar el tamaño del drama, México venía exportando 1.2 millones de cabezas de ganado anualmente a los Estados Unidos. Pero con el reciente cierre de las fronteras, en el primer semestre de este año, sólo se exportaron 200 mil cabezas de ganado, es decir, apenas una tercera parte. Se quedaron 400 mil reses en los corrales. Y bajo esa tendencia, se dejarán de exportar 800 mil cabezas de ganado al finalizar el año.
Por supuesto que, la carne no se pierde, se coloca en otros mercados o en territorio nacional. Pero la utilidad por cada res que no se exportó al mercado norteamericano -que paga mejor- significa una merma de 500 dólares-animal. Eso significa que sólo en este año de 2025, los ganaderos mexicanos van a dejar de recibir 400 millones de dólares por el cierre de ese mercado norteamericano.
¿Y qué hace frente a ese drama el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Lejos de cerrar las fronteras a la importación de ganado hacia México -como lo dicta el sentido común- se alienta, a pesar de que en los países a los que les compramos esas reses tienen escasa o nula vigilancia sanitaria. Ese es el caso de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras El Salvador y Guatemala. De esos países, los grandes ganaderos mexicanos importan unas 800 mil cabezas, que se engordan en México para consumo nacional y también para exportación.
Hace unos días se dio un diferendo cuando la empresa SuKarne, propiedad del empresario y político sinaloense Jesús Vizcarra, solicitó la importación desde Nicaragua de 5,300 reses para asentarlas en sus corrales de Tlahualilo, en Durango.
Los ganaderos de esa entidad pusieron el grito en el cielo, la Secretaría de Agricultura reaccionó y la frenó. Pero esa importación no dejó de entrar a México. Fue desviada a Sinaloa, donde tiene su sede SuKarne. Lo que nadie dijo es que, semanas antes, ya les habían autorizado a SuKarne un envío de otras 5 mil reses que ya estaban en la engorda de Tlahualilo, Durango. Y que cualquier parásito que viniera con esas reses importadas alteraría la calidad sanitaria del ganado de Durango, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, los principales exportadores de ganado que hoy sufren por el veto de los Estados Unidos.
La extrema tolerancia del gobierno de la Cuarta Transformación para dejar pasar ganado centroamericano, sin el debido control sanitario, ya está generando toda una revolución entre los pequeños y medianos engordadores mexicanos, porque sienten que los grandes productores -como SuKarne- tienen los recursos económicos, el suficiente poder y la influencia dentro del gobierno para impedir que se cierre el cerco sanitario que permita eliminar al dañino gusano barrenador.
Un elemento adicional sobre ese ganado centroamericano es la sospecha de que su comercio va más allá de la carne. La revista InSight Crime denunció en una amplia investigación que “la ganadería ilegal se expande por las reservas naturales de Nicaragua, Honduras y Guatemala, dejando como resultado la deforestación de miles de hectáreas e incontables actos de violencia hacia pueblos indígenas”.
La publicación alertó que esa producción pecuaria tiene, principalmente, dos propósitos: “satisfacer la creciente demanda internacional de carne de res y a la vez facilitar una serie de intereses criminales -como el tráfico de cocaína y el lavado de dinero-”.
De hecho, InSight Crime le siguió la pista a este ganado, “el cual, en parte, es contrabandeado hacia México, generando un millonario mercado ilícito que las redes criminales de la región aprovechan como oportunidad de lucro”.
“Este mercado ilícito también tiene efectos devastadores en la salud pública y sanidad agroalimentaria. Durante 2024 ha contribuido al esparcimiento de enfermedades y plagas por la región, tales como el gusano barrenador”.
Coincidencia o no, en los últimos dos años, la violencia contra líderes ganaderos que denuncian las malas prácticas del gobierno cuatroteísta han culminado en tragedias en las que ya perdieron la vida tres dirigentes ganaderos estatales: uno en Zacatecas, otro en Sinaloa y uno más en Veracruz.
En diciembre de 2023, el presidente de la Unión Ganadera de Zacatecas, Cuauhtémoc Rayas Escobedo, fue asesinado dentro de una clínica veterinaria, en la avenida San Marcos, de la capital zacatecana. Sicarios fuertemente armados le dispararon hasta matarlo. Ya en 2017, un hijo de este líder ganadero, con apenas 23 años de edad, había sido también asesinado.
Nueve meses después, en septiembre de 2024, fue asesinado en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, en Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, entonces presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.
Y hace apenas tres meses, en abril de este año, el líder ganadero y agrario Rubén Cruz Sagastume fue asesinado dentro de su oficina de la Asociación Ganadera de Tuxpan.
Al final del día, la pregunta obligada es ¿de qué tamaño son los intereses económicos -e incluso criminales- para que el gobierno de la Cuarta Transformación vea el drama del gusano barrenador y no tome la decisión de cerrar las fronteras mexicanas para impedir la contaminación centroamericana y alentar la posibilidad recuperar con ello la capacidad para exportar a los Estados Unidos? ¿Será acaso que el negocio está en otro lado que no es la carne?
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
