Después de siete años tras las rejas, Roberto Borge —exgobernador priista de Quintana Roo y símbolo de los excesos del viejo régimen— no salió libre: simplemente cambió de cárcel. Del penal federal a la comodidad vigilada de una casa en el Estado de México, cortesía de una justicia que en la 4T parece funcionar como acordeón: se estira o se encoge según quién esté tocando.
El exmandatario de Quintana Roo dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos no por una exoneración total, sino para continuar en prisión domiciliaria el único proceso que aún le cuelga: lavado de dinero. Curiosamente, ese beneficio ya se le había concedido desde hace casi tres años. Pero en este país los tiempos judiciales no siempre siguen el calendario, sino el clima político.
De madrugada, como suelen ocurrir las cosas incómodas, un juez en Nezahualcóyotl le colocó el brazalete electrónico —la nueva versión del grillete de lujo— y autorizó su traslado. Borge, por supuesto, ya había cubierto su parte: una garantía de 10 millones de pesos. Porque en México la libertad no siempre es gratis, pero sí suele tener tarifa.
Las condiciones son las de manual: no salir del país, entregar pasaporte, no acercarse a nadie del caso y quedarse en casa. Una especie de arresto VIP con geolocalización incluida.
El contexto no es menor. Hace apenas semanas, un juez federal lo absolvió del delito de delincuencia organizada. La razón: ningún testigo pudo afirmar que dirigiera un grupo criminal. Así, uno de los casos emblemáticos de corrupción política se desinfló en tribunales, como tantos otros.
En el expediente por lavado —el último hilo del que cuelga el caso— la prisión preventiva ya había sido sustituida desde 2023. Solo faltaban los trámites, el brazalete y, claro, que la maquinaria judicial se pusiera de acuerdo. Porque incluso en esto hubo tropiezos: una jueza se declaró impedida por posible conflicto de interés, el asunto rebotó en un tribunal y terminó resolviéndose por un juez de guardia. Justicia exprés, pero solo cuando conviene.
Borge fue detenido en Panamá en 2017 y extraditado en 2018, acusado de haber participado en un esquema que dañó al erario de Quintana Roo en más de 850 millones de pesos mediante la venta irregular de terrenos. Siete años y 22 días después, el mensaje es claro: en México, el castigo puede existir… pero rara vez es definitivo.
Porque al final, para ciertos perfiles, la cárcel no desaparece: solo cambia de dirección.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: