El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones.
Estas conversaciones se han producido en las semanas posteriores a que Estados Unidos acusara a 10 funcionarios mexicanos, tanto en funciones como retirados, al acusarlos de colaborar con uno de los cárteles del narcotráfico más poderosos del país.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera.
Pero tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos.
Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos, según diversas personas, y varios ya han iniciado conversaciones con Estados Unidos.
Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos, dijeron las personas.
Esta repentina ola de cooperación se desencadenó en parte por una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) para contactar en privado a funcionarios mexicanos con la intención de convencerlos de que hablaran, según tres personas al tanto de estos esfuerzos.
Más de una decena de personas hablaron con The New York Times para este artículo bajo condición de anonimato para comentar los esfuerzos de la DEA y las conversaciones confidenciales entre el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios mexicanos.
La DEA y el gobierno mexicano se negaron a hacer comentarios.
Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum. Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia.
Si los investigadores estadounidenses logran convencer a suficientes políticos de Morena para que actúen como informantes, podría desencadenarse una cascada de testigos que cooperen y de acusaciones que amenazarían con debilitar al partido. Después de una serie de derrotas electorales de los partidos de izquierda en toda Latinoamérica, Morena es el más importante que sigue en el poder además del partido de izquierda en Brasil.
Algunos analistas mexicanos han pronosticado que las investigaciones del gobierno de Trump podrían dar al partido gobernante un tema en torno al cual unirse. Pero el hecho de que algunos políticos estén dispuestos a cooperar con las investigaciones estadounidenses, a pesar de la resistencia de Sheinbaum, indica que hay fisuras al interior.
“El cierre de filas a que convoca la presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo”, dijo Carlos Bravo Regidor, un destacado analista político mexicano. “Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo”.
A menudo, a Sheinbaum se la ha considerado una modelo a seguir en cómo lidiar con el presidente Trump, pero ahora está en una situación cada vez más complicada que muestra los retos a los que se enfrentan los políticos de izquierda de la región. Trump, quien ejerce una enorme influencia sobre el destino de su país, quiere que delate a sus aliados políticos, mientras que el ala izquierda de su partido, que es su base de apoyo, quiere que se enfrente a Trump.
En las últimas semanas ha optado por ponerse de lado de su partido y ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena en el estado de Sinaloa, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de proteger al poderoso cártel de su estado a cambio de ayuda para ganar las elecciones.
Sheinbaum dijo que los investigadores estadounidenses no han presentado pruebas que justifiquen su detención y que la exigencia implica una injerencia en los asuntos de México. También dijo que la fiscalía mexicana abriría sus propias investigaciones sobre los funcionarios acusados. Pero Sheinbaum ha acusado varias veces al gobierno de Trump de hacer política.
“¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?”, dijo en un encendido discurso el mes pasado. “¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?”.
“Ya no estamos hablando de cooperación”, añadió, “estamos hablando de injerencia”.
La postura desafiante de Sheinbaum ha dividido a su gabinete entre funcionarios más pragmáticos, que abogan por una mayor cooperación con Washington, y colegas más inclinados hacia la izquierda, que afirman que el gobierno de Trump está sentando un precedente peligroso al procesar a un gobernador mexicano en funciones, según dos personas al tanto del debate interno.
Estados Unidos es, por mucho, el mayor socio comercial de México, y ambos países están inmersos en negociaciones sobre un acuerdo comercial, cuya vigencia terminará pronto. Trump también ha amenazado con una intervención militar en México para combatir a los cárteles, algo a lo que Sheinbaum ha rechazado varias veces.
Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos de alto nivel que han dado a las autoridades estadounidenses una visión con detalles extraordinarios del funcionamiento interno de los cárteles y sus vínculos con políticos mexicanos, según cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones con los informantes, entre las que se incluyen abogados y antiguos agentes de las fuerzas del orden estadounidenses.
Dos de los 10 funcionarios mexicanos acusados en abril se encuentran ahora bajo custodia de Estados Unidos, y uno de ellos se entregó en la frontera. Los fiscales estadounidenses han obtenido información de dos líderes de cárteles encarcelados —hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo— que se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con las drogas. Y en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de los cárteles mexicanos, varios de los cuales han empezado a hablar con las autoridades estadounidenses, según las cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones.
Dijeron que entre los que han proporcionado información se encuentran altos mandos de los hijos del Chapo, uno de sus pilotos principales y uno de sus asesores más importantes.
Una de las líneas centrales de investigación en esos interrogatorios ha sido cómo los cárteles sobornaban a funcionarios mexicanos, dijeron estas personas. Las autoridades estadounidenses dijeron que erradicar la corrupción es clave para resolver el problema de los cárteles en México, y el mes pasado, un alto cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos instó a los fiscales federales a dar prioridad a las investigaciones de corrupción en México, incluso llegó ordenarles que utilizaran la legislación antiterrorista en esos casos.
Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA, dijo que los funcionarios de Morena que están colaborando y el grupo de narcotraficantes que ahora están bajo custodia de Estados Unidos aumentan la probabilidad de que las autoridades estadounidenses estén preparando casos importantes.
“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo.
En general, Sheinbaum ha establecido una relación positiva con el gobierno de Trump, en gran parte gracias al aumento de la presencia militar mexicana a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y a la ampliación significativa de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Las autoridades mexicanas, basándose en parte en información de los servicios de inteligencia estadounidenses, mataron hace poco al principal capo de la droga de México, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho.
El gobierno de Sheinbaum también ha informado de una disminución de los delitos violentos en todo el país. Según datos del gobierno, los homicidios entre enero y mayo se redujeron un 63 por ciento respecto al mismo periodo de hace dos años.
Pero iniciar procesos jurídicos contra funcionarios es mucho más complicado políticamente para Sheinbaum. Algunos de los personajes investigados por Estados Unidos no solo son miembros de su partido, sino también aliados cercanos de su predecesor y benefactor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue siendo una figura legendaria en la política mexicana.
Los críticos llevan mucho tiempo acusando a López Obrador y a algunos de sus hijos — que han ocupado cargos dentro de Morena— de corrupción. Las autoridades estadounidenses incluso indagaron esos señalamientos, aunque nunca abrieron una investigación formal.
Pero esta semana, esas acusaciones han resurgido a raíz de la filtración de fragmentos de un libro de próxima publicación del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En el libro, Salazar escribió que, según le había contado un contacto común, López Obrador estaba preocupado por la captura por parte de autoridades estadounidenses de un líder de un cártel en 2024, por la información que el delincuente pudiera revelar. Salazar dijo más tarde que no tenía pruebas directas de que López Obrador estuviera vinculado a algún cártel.
López Obrador y sus hijos han negado cualquier vínculo con los cárteles. Y Sheinbaum defendió esta semana a su predecesor, y dijo que si él tenía alguna preocupación sobre esa operación de 2024, era por “la injerencia y la violación de la soberanía de México”.
Dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores de Morena de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.
Los gobernadores han negado acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. Durazo “ha ejercido el servicio público con estricto apego a la ley” y no se le ha notificado que está siendo investigado, según indicó su portavoz, Paloma Terán, en un comunicado.
López Obrador es aliado de ambos: Durazo fue su secretario de Seguridad y apoyó públicamente a Villarreal cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de corrupción en 2022, que él negó.
Las investigaciones sobre los gobernadores ya las había publicado antes el diario Los Angeles Times.
Esta semana, el medio mexicano El Universal publicó un audio filtrado de otra gobernadora, Marina del Pilar, del estado de Baja California, en el que se revelaba que estaba concertando una reunión con las autoridades estadounidenses.
“Estoy en la mejor disposición porque yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado”, dijo en el fragmento de tres minutos.
Del Pilar confirmó la autenticidad de la grabación y añadió que la reunión estaba relacionada con la revocación de su visado estadounidense, pero que nunca llegó a celebrarse. También dijoque tiene la conciencia tranquila: “Esos supuestos acuerdos en lo oscurito con las autoridades de Estados Unidos es una total mentira”.
*Este artículo se ha publicado en asociación con Puente News Collaborative, una redacción bilingüe sin ánimo de lucro que cubre noticias de México y de la frontera entre Estados Unidos y México.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
Jack Nicas es el jefe de la oficina del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.
Fuente.- The New York Times/Por Steve FisherJack Nicas y Alan Feuer
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