Visitanos tambien en:

domingo, 6 de julio de 2025

“PROBLEMA NO es SABER MAS,SINO HACERSE TARUGOS MENOS”: “TODO el PUEBLO de TODOS los PUEBLOS de TAMAULIPAS saben QUIENES son los CRIMINALES y sus COMPLICES de CUELLO GUINDA”…la ley Harfuch no es para voltear a verlos, es para voltear a otro lado.


La mas reciente ley de Seguridad, todo un arsenal de “ilegalidades legalizadas”, ahora puestas a disposición de Omar Garcia Harfuch,como antes muchas otras fueron aprobadas a “Genarco” García Luna,su ex-tutor y que por cierto, no sirvieron,nos hacen reflexionar que el verdadero problema de fondo no es de leyes,es y ha sido de hacer valer las leyes.

1. Nueva Ley y Facultades de García Harfuch

La reciente legislación que otorga a Omar García Harfuch mayores facultades legales para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública ha sido presentada como un avance en la lucha contra el crimen. Sin embargo,estas facultades rozan lo metaconstitucional: amplían los márgenes de acción del aparato de seguridad, pero no necesariamente garantizan resultados si la voluntad política es insuficiente.

2. El Conocimiento Social del Crimen

En casi cualquier comunidad mexicana de toda la geografía nacional, la población tiene perfectamente identificados a los actores criminales y sus vínculos con el poder político, policial, militar e incluso empresarial. La información existe, fluye, y en muchos casos es de dominio público. Es decir, el “saber” no es el problema central.

3. El Talón de Aquiles: La Inacción

La tesis es contundente: lo que paraliza la acción estatal no es la falta de inteligencia, ni el acceso indiscriminado a bases de datos, sino la falta de voluntad para actuar. La inacción, motivada por complicidades, intereses políticos o simples cálculos de costo y beneficio electoral, es el verdadero obstáculo.

El crimen está “a flor de tierra”, pero el gobierno complice prefiere mirar hacia otro lado, especialmente cuando los implicados ahora pertenecen a partidos en el poder, incluido en primera linea,Morena.

4. Inteligencia vs. Voluntad

La inteligencia, por sofisticada que sea, no es inútil si no se traduce en acciones concretas, tener un poder y no usarlo es como no tenerlo. 

El Estado mexicano ha invertido en tecnología, bases de datos, centros de monitoreo y equipos de análisis desde hace mas de 4 sexenios que han hecho ricos a Presidentes,Gobernadores, funcionarios o Generales del Ejercito y que a luz de los resultados,esas prometedoras inversiones quedaron en multimillonarios gastos, pues la impunidad no solo persiste, crece a pasos agigantados, porque falta el paso decisivo: el de la acción sin dobleces ni selectividad partidista con calculo politico y/o complicidad.

El caso Tamaulipas

Las preguntas que surgen: para que quiere OHGH la localización en “tiempo real” de celulares por GPS,si el lugarteniente del Cartel del Golfo en Reynosa,el ex-militar (…pa no variar) Mario Guitian Rosas,alias La Chispa,quien se conduce como segundo de facto de otro exmilitar,conduce una GMC Denalli que antes tenia balizada con la campaña de Claudia Sheinbaum,alquilada a la complicidad de Luis Miguel Iglesias,ex-coordinador de la Presidenta (…bonita chingadera).

Para que quiere Harfuch el acceso a los registros de Empresas de Seguridad,si es amplio y sabido que la misma “Chispa” tiene no solo una, sino dos.

Para que querra Don Omar acceso a bases de datos del Registro Publico de la Propiedad ,si un empresario extorsiónado en Reynosa,ha hecho publico y en video que “La Chispa” lo despojo y puso la propiedad a nombre de la hija,peor aun, dijo quienes lo protegen y no siempre a cambio de dinero,tambien de “votos”, los mas recientes a favor de la flamante magistrada Tania Contreras,proxima Presidenta del Tribunal de Justicia de Americo Villarreal y todavía se molesta.

Para que necesitaría Hamid Garcia los registros de comercio cuando es bien sabido que el alcalde de Matamoros y jefazos de su gabinete “comercian” la complicidad con el Cartel del Golfo de la faccion de “Escorpiones” ligada al gobernador.

Que objeto tendría o para que le serviría al “otro Garcia” los padrones morales de todos, si todos los inmorales del clan Treviño de los Zetas del Cartel del Noreste (CDN) estan bien identificados por el pueblo de Nuevo Laredo,su relacion con el ayuntamiento, igual que sus problemas y el brutal expolio criminal que padecen.

Que objeto tendría acceder a los registros marítimos como dice la ley, si la gente de alla del sur de Tamaulipas,tambien sabe y lo dice publicamente “quien anda jalando por debajo del agua y hasta amenazan por ir por esos cobrones hasta su casa si nadie hace nada ?.

Que caso tendria ver los registros bancarios de cualquiera por simple capricho y sin orden judicial ,si medio mundo en Victoria sabe que quien se conduce como “sobrino” del Gobernador, testaferro del “Ameriquito”, hijo del Gobernante e identificado como Roberto Garcia,que finge de Director de Comercio Exterior,que significa “cobra las cuotas de las pipas del huachicol”, ya cambió de código postal con mayor rapidez de lo que se cambia los calzones y se fue a vivir a exclusivo sector residencial atrás de “La Hacienda la Escondida” que ya es materia de próximo reportaje que chorrea pudricion humanista.

Que beneficio le daría a Garcia Harfuch corroborar la pudricion de los hombres mas cercanos del gobernador y sus familia multiseñalos en narcomensajes por vender en efectivo el alma a estos diabloZ.

Finalmente y no menos importante

Cual seria el beneficio de que la policia de Harfuch,el Ministerio publico puedan acceder a los datos sin orden judicial,si en Tamaulipas y gran parte del pais,muchos uniformes de todos colores estan al servicio del crimen organizado: de manera enfática la Policia de Investigación y ministerial, la Agencia de Investigación Criminal de FGR,la Guardia Estatal ,la Guardia Nacional,muchos marinos y tambien soldados,de tal suerte que darles acceso a mas informacion,es también abrirle la puerta a mas datos a disposición del narco, como ya esta ocurriendo,incluida la geolocalízacion en tiempo real que acaban de aprobar sin orden judicial y lo estaban haciendo sin orden judicial.

No no es falta de acceso a las bases de datos

Asi que,sumando todo lo anterior y mas ,mucho mas, nuestro título : “El problema no es saber más, sino hacerse tarugos menos” no es mera especulación y nos deberia invitar a todos a cuestionar la narrativa oficial que con sobrada complicidad justifica la inacción con la supuesta falta de información.

El reto es romper con la simulación, exigir resultados tangibles con capturas que se traduzcan a paz sustantiva y recordar que la seguridad no se construye con discursos mañaneros llenos de cifras maquilladas que chocan con la realidad sangrienta. 

Ni con reformas o “reformitas” a modo que aunque legales, no son suficientes, pues se requiere de acciones consistentes sin importar a quién incomoden (…empezando por el partido del oficialismo).

Pero algo aun mas importante, aceptar sin condiciones la ayuda de Estados Unidos,quitandonos las telarañas por cierto muy convenientes, para dejar de defender la soberanía mal entendida con la espada y la capa que todo tapa, pues esta siendo utilizada para enmascarar las verdaderas intenciones del regimen, esas de no vengan a descubrirnos el mugrero del que todos son parte, unos poco, otro mucho, pero todos.

Porque tal vez y solo solo tal vez, quieran llenarse de “datitos, grafiquitas ,fotitos o mapitas por cierto muy bonitos”, como quedo a descubierto tras el llamado “SEDENALEAKS, ese escandalo que vulnero la seguridad cibernética del ejercito y expuso que Ricardo Galallardo,el que hoy gobierna San Luis Potosí tras 15 meses en prision,estaba bien documentado en 48 paginas de informes militares.

Pero aun asi le perdonaron todos los delitos que arrastraba,tan solo para no entregárle la gubernatura a candidato afín a Cabeza de Vaca.

Y asi ocurrió con Americo Villarreal:

Y no es el unico porque el acceso sin control a la informacion, no es sinónimo de accion.

Con informacion:MEDIOS/REDES

“TE ESTAN VIENDO la CARA ?”: “RED de DEFENSA de los DERECHOS DIGITALES advierte del USO CRECIENTE del RECONOCIMIENTO FACIAL en SISTEMAS de VIGILANCIA en MEXICO”…o sease,a la Mexicana.


En México, miles de personas son grabadas, analizadas e identificadas todos los días por sistemas de reconocimiento facial (TRF) instalados en calles, aeropuertos y estadios. 

“El uso del reconocimiento facial en México está creciendo de manera acelerada y sin regulación específica, lo que ha generado serias preocupaciones sobre derechos humanos, privacidad y discriminación, según el informe “No nos vean la cara” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Puntos clave y contexto ampliado:

  • Expansión sin control: Miles de personas son grabadas e identificadas diariamente por sistemas de reconocimiento facial (TRF) en calles, aeropuertos y estadios, sin transparencia ni consentimiento. El despliegue de estos sistemas ocurre sin una discusión democrática ni evaluación de su efectividad.
  • Fallas técnicas y sesgos: La tecnología presenta errores frecuentes, como falsos positivos y negativos, especialmente en personas de piel oscura, mujeres y adultos mayores. Un estudio citado por R3D muestra que los algoritmos tienen entre 10 y 100 veces más errores al identificar personas afroamericanas o asiáticas frente a rostros caucásicos, lo que evidencia un sesgo estructural en los sistemas.
  • Impacto en derechos fundamentales: El reconocimiento facial es considerado por R3D como una tecnología intrusiva, poco confiable y discriminatoria. Afecta la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia, ya que convierte a toda la población en potencial sospechosa y vulnera el derecho a la protesta y la reunión pacífica.
  • Discriminación y exclusión: Los algoritmos amplifican desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a personas indígenas, afrodescendientes y de comunidades LGBTTTIQ+, debido a bases de datos de entrenamiento no representativas y a sesgos en el diseño de los sistemas[1].
  • Falta de regulación y transparencia: Aunque existen leyes generales de protección de datos personales, estas no abordan los riesgos específicos del reconocimiento facial. Las autoridades instalan cámaras y recolectan datos biométricos sin mecanismos claros de transparencia, rendición de cuentas ni estudios de impacto. Muchos sistemas se adquieren a empresas privadas sin licitación pública.
  • Riesgos de seguridad y privacidad: La centralización de bases de datos biométricos aumenta el riesgo de robo de identidad, filtraciones y espionaje. Una vez que la información biométrica es sustraída, no puede recuperarse ni reemplazarse.
  • Crítica al tecnosolucionismo: R3D advierte sobre la narrativa que presenta la tecnología como solución mágica a problemas de seguridad. La vigilancia masiva, lejos de prevenir delitos, puede inhibir la participación cívica y generar miedo en el espacio público.

Propuestas y demandas de R3D:

  • Moratoria en el uso de reconocimiento facial en espacios públicos hasta que exista una regulación robusta.
  • Límites claros al uso de datos biométricos y auditorías independientes de los sistemas.
  • Transparencia en la contratación gubernamental y apertura de un debate público sobre los riesgos de esta tecnología.
  • Fomento de tecnologías menos invasivas y con enfoque en derechos humanos.

Contexto internacional y legal:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales internacionales han advertido que el tratamiento masivo y sin límites temporales de datos biométricos representa una afectación intensa a los derechos fundamentales.

En síntesis: El reconocimiento facial en México se expande sin controles adecuados, exponiendo a la población a riesgos de vigilancia masiva, discriminación y violaciones a derechos humanos, en un contexto de opacidad y ausencia de regulación específica. La sociedad civil exige frenar su uso hasta contar con garantías legales y mecanismos efectivos de protección.

Con informacion: ELECONOMISTA/

LA “SEGURIDAD PUBLICA”: “INTENTONA de SHEINBAUM-HARFUCH de RESOLVER INSEGURIDAD con NUEVA LEY REPITE el MISMO PROPOSITO de HACE 30 AÑOS”…y es fecha que la policia no ha dejado de trabajar para el crimen.


La seguridad pública en México es un sistema disfuncional, desarticulado, con profundas debilidades institucionales, carencias de recursos presupuestales y humanos. Están sobre diagnosticadas sus fallas, porque llevamos décadas hablando de ellas, hasta llegar a una afirmación casi unánime: esta larga crisis de seguridad en México no tiene precedente en la historia reciente.

Hay que regresar treinta años en el tiempo para encontrar los antecedentes del primer intento en México por integrar un sistema nacional de seguridad. En 1995, en la última legislatura de la hegemonía del PRI, se aprobó el entramado legal para la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno en el combate a la inseguridad y la violencia.

Si uno revisa aquel episodio, nos encontramos que treinta años después seguimos intentado resolver exactamente los mismos problemas de entonces, la lista es larga:

  • Integrar a todas las instituciones en materia de seguridad en un solo sistema.
  • Fomentar la coordinación mediante un Consejo Nacional.
  • Promover la profesionalización de las policías.
  • Contar con un registro único y actualizado de las personas que participan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La semana pasada la cámara de diputados federal aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, junto con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, falta la aprobación del Senado pero no tendrá ningún problema en ese tránsito. Estas dos leyes son el apuntalamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum y que la responsabilidad y cabeza recaerá en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch.

Si repasamos los cuatro ejes rectores de la Estrategia Sheinbaum-Harfuch, junto a los que marcan en resumen los dos ordenamientos recién aprobados, notaremos la semejanza con los principios que hace 30 años se marcaron en el intento de crear el Sistema Nacional de Seguridad: Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas. Hay novedades, por supuesto, pero en el fondo adolecemos de lo más elemental para integrar un real sistema de seguridad.

Hay temas que siempre entrarán al debate, como las facultades que tendrá la SSyPC para el acceso a fuentes públicas y privadas, de registros bancarios, telefónicos, biométricos, de los vehículos y de otras propiedades, todos sin previa orden judicial. Chocan dos derechos fundamentales, y eso abre la discusión.

La realidad actual del país va más allá de que dos nuevas leyes o la integración de un nuevo órgano al que se le atribuyen de antemano atributos mágicos para resolver los problemas, que es el Consejo Nacional de Inteligencia, sean la solución al problema de violencia e inseguridad pública.

Margen de error

(PJF) Por aquellos años de mediados de los 90 del siglo pasado, aun existía uno de los más lamentables remedos de policía de este país, la Judicial Federal, dependiente de la entonces Procuraduría General de la República. Menos famosa, pero tan maléfica como los agentes de la Dirección Federal de Seguridad.

Entrar al espacio de la PJF, justo detrás de las mesas de los Ministerios Públicos Federales de la PGR, equivalía a entrar a una guarida de hampones, visualmente semejantes a cualquier detenido que presentaban. Las acusaciones contra su actuar estaban a la orden del día, el trato agresivo y la prepotencia.

Hablamos precisamente de los tiempos en que en los ordenamientos legales se estampaba la profesionalización de la policía —imposible con esos hampones con placa— y de un registro único de las personas que trabajaban en las instituciones. Poco a poco fueron desintegrando esa policía hasta desaparecerla, al mismo tiempo las fuerzas armadas iban ganando terreno.

Las policías son apenas un elemento del sistema de seguridad, su relevancia es mayúscula porque en él radica nada menos que la fuerza de combate, ellos son los operadores en la calle y en el día a día. Ahora el peso queda en la Guardia Nacional, que no es una policía civil sino militar, pero sobre todo que aún está lejos de consolidar su actuar como una necesaria policía de proximidad.

Primera cita

(Abierto) Las instituciones de seguridad son, casi por definición, áreas sumamente opacas. Así hemos permitido que se manejen. La exigencia debe ser primero que todo política, es decir, una exigencia donde el más alto mando no tenga margen de evadir su responsabilidad política en el funcionamiento completo del sistema. Desde gobernadores hasta alcaldes, pasando por los secretarios de seguridad estatales o municipales.

Si un Ministerio Público, si un policía, se sale de sus responsabilidades debería recaer en sus jefes más altos, porque entonces demuestran que no están involucrados y no se responsabilizan. Es entonces cuando todo se descompone.

El estudioso del tema Ernesto López Portillo lo dice de mejor manera: “La policía hace lo que la política ordena, y si la política está vinculada al crimen, eso le va a ordenar a la policía: trabajar para el crimen”.

Mirilla

(Resultados) Son muchos intentos fallidos de integrar un sistema. Está el ya mencionado de 1995, al que le siguió uno nuevo en 2006. Y por lo menos tres estrategias diferentes: la de choque total de Felipe Calderón, la de administración de Peña Nieto y la de abrazos de AMLO.

El régimen de gobierno de la 4T se juega todo en el tema de seguridad. Es impostergable mostrar resultados, tangibles y en la percepción que a veces lo es todo. Cuentan con el entramado legal y con la presencia política territorial para involucrar a Alcaldes y Gobernadores, y conformar así la coordinación a la que tanto se recurre. El problema serían las asimetrías: el gobierno federal a veces necesita coordinarse con un municipio con cinco policías (PUNTO).

Con informacion: RIODOCE/ANDRES VILLARREAL

“YA ERAN INMUNES,AHORA MAS”: “NOS ECHAMOS un CLAVADO en la LEGISLACION SECUNDARIA de la GUARDIA NACIONAL y PODRAN HACER lo QUE se les ANTOJE y lo QUE les VENGA en GANA TAMBIEN”…hicimos un análisis del análisis.


El 5 de junio de 2025, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una ambiciosa iniciativa de 953 páginas para armonizar diversas leyes con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en septiembre de 2024.

El paquete legislativo representa uno de los cambios más profundos en el diseño de la seguridad pública en México, al consolidar la subordinación de la Guardia Nacional al mando militar y redefinir su estructura y funciones.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó un análisis (adjuntamos el archivo .PDF)  para desglosar el alcance y las implicaciones de cada una de las normas incluidas en la iniciativa, pero hicimos un análisis de ese análisis para abreviar aun mas en su comprensión y se puede desglosar en los siguientes puntos clave:

1. Militarización total de la Guardia Nacional

  • Cambio de naturaleza: La Guardia Nacional deja de ser una institución civil y se consolida como una dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con estructura, formación, régimen disciplinario y escalafón plenamente militares. La referencia a su función policial queda reducida a un elemento simbólico, sin contenido real en términos de formación, estructura o mando.
  • Desaparición de la carrera civil: Se eliminan los mecanismos de ingreso, ascenso y profesionalización propios de un modelo civil, así como el Consejo de Carrera. Todo el personal operativo será reclutado bajo criterios militares, relegando la participación civil a puestos administrativos sin carrera estructurada ni garantías de profesionalización.
  • Homologación de grados y disciplina: Los rangos y el régimen disciplinario de la Guardia Nacional se homologan a los del Ejército y la Fuerza Aérea, sometiendo a sus integrantes a la lógica de obediencia y jerarquía militar, en vez de los principios de legalidad, rendición de cuentas y respeto a derechos humanos que caracterizan a una policía civil.

Powered By EmbedPress

2. Concentración de poder y ausencia de controles civiles

  • Mando militar sin contrapesos: Aunque formalmente el titular de Sedena debe seguir instrucciones del Ejecutivo Federal, en la práctica se eliminan los controles civiles internos y externos, y la supervisión civil sobre la Guardia Nacional desaparece. El control sobre la seguridad pública queda así concentrado en la Presidencia y la Sedena, sin mecanismos democráticos de rendición de cuentas.
  • Transferencia de facultades: Se otorgan a la Sedena atribuciones que antes eran exclusivas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tanto en materia de seguridad pública como de seguridad nacional, diluyendo la primacía civil y permitiendo la generación, manejo y uso de información sensible por parte de los militares.

3. Facultades problemáticas y riesgos para derechos humanos

  • Operaciones encubiertas y usuarios simulados: Se reincorpora la facultad de realizar operaciones encubiertas y usar usuarios simulados en investigación preventiva del delito, pese a que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional esta atribución por carecer de controles judiciales y afectar derechos fundamentales.
  • Intervención preventiva de comunicaciones: Se faculta a la Guardia Nacional para solicitar la intervención de comunicaciones en delitos de hidrocarburos, ampliando el uso de esta medida intrusiva sin controles judiciales claros, lo que incrementa el riesgo de abusos.
  • Participación en inteligencia: La Guardia Nacional adquiere un papel formal y activo en tareas de inteligencia en seguridad pública, reforzando la militarización en la producción y manejo de información sensible, sin transparencia ni supervisión civil efectiva.
  • Fuero militar: Los integrantes de la Guardia Nacional quedan sujetos al fuero militar para delitos cometidos en servicio. Aunque esto ya tiene respaldo constitucional, es cuestionable su compatibilidad con estándares internacionales, pues la jurisdicción militar debe ser restrictiva y no aplicarse a funciones de seguridad pública, lo que puede facilitar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.

4. Omisión regulatoria y vacíos legales

  • Falta de regulación sobre la participación militar en seguridad pública: La legislación secundaria no establece mecanismos claros de autorización, control o supervisión civil para la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad pública, perpetuando la ambigüedad jurídica y dejando un vacío normativo que puede facilitar intervenciones discrecionales sin rendición de cuentas.
  • Vacío en funciones penitenciarias: Al eliminarse la participación de la Guardia Nacional en la vigilancia de audiencias penales y centros penitenciarios, no queda claro qué institución asumirá estas funciones, lo que revela los problemas derivados de la desaparición de una corporación federal civil de seguridad pública.

5. Doble papel y confusión institucional

  • Ambigüedad de funciones: La Guardia Nacional es reconocida simultáneamente como fuerza de seguridad pública y como fuerza armada permanente, pero no se delimita con claridad cuándo y cómo debe operar bajo cada lógica, generando confusión en la formación y actuación de sus elementos.
  • Formación castrense para funciones civiles: Aunque se menciona que los elementos recibirán formación policial, esta será impartida en instituciones militares y bajo una perspectiva castrense, lo que puede ser incompatible con los principios de proximidad social y respeto a derechos humanos propios de la seguridad pública.

6. Participación política y neutralidad

  • Licencias para cargos de elección popular: Se permite que el personal activo de la Guardia Nacional solicite licencias para desempeñar cargos de elección popular, una disposición ya existente para el Ejército y la Fuerza Aérea. Esto puede abrir espacios ambiguos para la participación política de militares, con riesgos para la neutralidad y la separación entre fuerzas armadas y vida civil.

7. Implicaciones presupuestales y de control de información

  • Aumento del presupuesto militar: La Sedena, ya una de las dependencias federales con mayor presupuesto, incrementará aún más su control sobre recursos y operaciones de seguridad pública.
  • Acceso y manejo de información: El control militar sobre sistemas de información e inteligencia de seguridad pública y nacional se amplía, con escasos controles en materia de privacidad y protección de datos.

Conclusiones principales:

  • La iniciativa representa una consolidación de la militarización de la seguridad pública en México, con escasos controles civiles, riesgos para los derechos humanos y vacíos legales en la regulación de la participación militar en funciones tradicionalmente civiles.
  • Se reinstalan facultades previamente declaradas inconstitucionales, se diluye la distinción entre seguridad nacional y pública, y se debilitan los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión democrática.

Estos aspectos, en conjunto, configuran un modelo de seguridad pública dominado por la lógica y estructura militar, en contraposición a los estándares internacionales que exigen excepcionalidad, temporalidad y control civil en la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Con informacion: ARISTEGUI/

AL “CABO que PROMETER NO EMPOBRECE”: “SHEINBAUM COMPROMETE CONSTRUCCION de 60 PLANTAS de CFE pero SHEINBAUMETRO y la REALIDAD ECONOMICA la CONTRADICEN”…probabilidad de cumplimiento total es baja,pero un avance se agradecería.


La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una planta de ciclo combinado de la CFE de 448 mega watts en Villa de Reyes y prometió que serán 60 las que se construyan durante su sexenio luego que, afirmó, se ha recuperado la importancia de la empresa estatal.

“El objetivo es que durante el sexenio construyamos 26 mil megawatts de Comisión Federal de Electricidad. Son como 60 plantas como ésta, más o menos”.

A 50 kilómetros de la capital de San Luis Potosí, ante personas uniformadas con playeras blancas y verdes que regaló el Gobierno de Ricardo Gallardo, del PVEM, la Presidenta resaltó las reformas de ley que le volvieron a dar al Estado el control en la generación de energía, en contra de los inversionistas privados.

Prometer no empobrece

La frase “prometer no empobrece, cumplir es el que aniquila” cobra relevancia ante el ambicioso compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir 60 plantas de ciclo combinado de la CFE durante su sexenio, lo que equivaldría a añadir 26 mil megawattsde capacidad eléctrica al sistema nacional. Analizar la viabilidad de este compromiso exige revisar antecedentes, capacidades técnicas, recursos presupuestales y el contexto político-administrativo.

Compromiso concreto

  • El plan implica construir 60 plantas similares a la recién inaugurada en Villa de Reyes (448 MW de capacidad, 350 millones de dólares de inversión cada una),cita EL ECONOMISTA.
  • La inversión estimada para generación en el periodo 2024-2030 es de 12,331 millones de dólares, a lo que se suman recursos para transmisión y distribución, como publica NMAS+.

Factores críticos para el cumplimiento

  • Recursos presupuestales: El reto financiero es monumental. Si cada planta requiere una inversión promedio de 350 millones de dólares, el total rondaría los 21,000 millones de dólares solo para generación (sin contar transmisión y distribución), cifra superior a la inversión anunciada oficialmente.
  • Capacidad técnica y logística: La construcción de 60 plantas en seis años implica terminar, en promedio, una planta cada 36 días. Esto supera con creces el ritmo histórico de construcción de infraestructura energética en México y en la propia CFE.
  • Marco legal y político: Las recientes reformas constitucionales facilitan la prevalencia de la CFE y le otorgan ventajas legales frente a privados, pero no resuelven por sí mismas los desafíos de financiamiento, permisos ambientales, adquisición de terrenos y gestión de proyectos a gran escala.
  • Ejecución y transparencia: El seguimiento a compromisos presidenciales en México suele mostrar que la brecha entre anuncio y cumplimiento es significativa. 
  • Ejemplos recientes, como el “Sheinbáumetro”, muestran que una parte importante de los compromisos de la presidenta está en proceso, pero pocos se han consolidado plenamente en los primeros meses de gobierno.

Probabilidad de cumplimiento

  • Cumplimiento total (60 plantas): Altamente improbable, dadas las restricciones presupuestales, la complejidad técnica y la experiencia previa en megaproyectos públicos.
  • Cumplimiento parcial (avance significativo): Posible, especialmente si se contabilizan ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de plantas existentes como “nuevas” centrales. El gobierno podría priorizar proyectos en zonas estratégicas o de alta demanda, logrando avances visibles aunque no se alcance la meta numérica.
  • Cumplimiento simbólico: Muy probable. La narrativa oficial puede resaltar inauguraciones, inicios de obra y avances legislativos como logros, aunque la meta original no se cumpla en su totalidad.

Conclusión
Del dicho al hecho hay mucho trecho: la promesa de 60 plantas es políticamente poderosa y refuerza la imagen de un Estado fuerte, pero la probabilidad de cumplimiento total es baja. Lo más factible es que se logren avances parciales, con énfasis en la visibilidad de los proyectos más que en la cifra exacta prometida. El seguimiento periodístico y ciudadano será clave para distinguir entre anuncios, inicios de obra y resultados concretos.

Con informacion: ELNORTE/

“FRENAN YOUTUBER RECIEN ASALTADO en SAN PEDRO ahora en la NACIONAL ARRIBA de BESTIA ITALIANA de 770 CABALLOS que PUEDE ACELERAR a 350KM por HORA”…suficientes para que semáforo más valiente se ponga en amarillo por precaución.


La policía de Transito de Santiago Nuevo Leon,le dio ayer un frenon al Youtuber Alfredo Valenzuela,que dicen iba echo la mocha por la carretera nacional en un Lamborghini Aventador SVJ, un superdeportivo italiano que no solo llama la atención por sus líneas agresivas y puertas tipo tijera, sino porque parece diseñado para romper la barrera del sonido… y de la paciencia de cualquier agente de tránsito.

Resulta que cuando el Youtuber hacia rugir su Lamborghini, la policía de Santiago tan correcta que es, le quiso demostrar que, aunque el auto pueda alcanzar los 350 km/h, la velocidad máxima permitida sigue siendo la que dicta el reglamento… o el humor del oficial en turno. La bestia fue domada, no por un piloto profesional, sino por una libreta de infracciones y un bolígrafo Bic, recordándonos que en Nuevo León, ningún “toro” escapa del corralón si no trae los papeles en regla.

Este bólido, apodado “la bestia de Sant’Agata”, presume un motor V12 de 6.5 litros que escupe más de 770 caballos de fuerza, suficientes para que hasta el semáforo más valiente se ponga en amarillo por precaución. El Aventador SVJ acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2.8 segundos, es decir, más rápido de lo que un regidor puede decir “no procede la multa”.

Al final,la sanción fue una simple multa administrativa; no hubo lesionados ni mayores consecuencias, salvo la anécdota para el influencer, quien días antes había sido víctima de un robo en su domicilio de San Pedro.

Todo indica que Alfredo Valenzuela, el “Flash” de las redes sociales, decidió que los límites de velocidad son solo una sugerencia y no una regla y al parecer, pensó que la Carretera Nacional era su propio set de grabación para un nuevo video de “Rápidos y Furiosos: Edición Regia”. Sin embargo, la policía de Santiago, poco impresionada por su número de seguidores como quiera le aplicó una multa que, aunque no viral, sí fue bastante real.

La escena: Valenzuela, acelerando como si el algoritmo de YouTube dependiera de su velocidad, fue interceptado a las 16:54 horas de ayer y los oficiales que seguramente no pidieron selfie, le recordaron que en Nuevo León la única carrera válida es la de la vida diaria para llegar temprano al trabajo, no para sumar views.

Eso sí, si no podía demostrar que el coche era suyo, el vehículo iba directo al corralón, donde seguro no hay Wi-Fi para subir historias.

En resumen: Valenzuela aprendió que todo indica que en Santiago, la única velocidad permitida es la de la fila para las tortillas y que la fama digital no exime del reglamento de tránsito. Quién sabe, tal vez su próximo video sea “24 horas respetando el límite de velocidad: reto extremo”.

Con informacion:REDES/MEDIOS

“PROHIBIDO el PASO ?…#41 y CONTANDO”: “CARTEL de SINALIVIO EJECUTA OTRO POLICIA y VAN INVICTOS con NINGUN DETENIDO por TODOS los ASESINATOS”…impunidad otorgada por cuentachiles Harfuch es invitación a matar y van a seguir sobrando cachuchas.


El asesinato más reciente de un policía estatal en Culiacán, identificado como Jorge Ernesto, de 24 años, ocurrido la noche de ayer sábado 5 de julio de 2025, eleva a 41 el número de agentes asesinados en Sinaloa desde septiembre de 2024, en el contexto de la escalada de violencia ligada a la pugna interna del Cártel de Sinaloa. 

Este caso se suma a una larga lista de ataques tanto a policías municipales como estatales, varios de ellos ejecutados mientras los agentes estaban fuera de servicio o en sus domicilios, lo que evidencia la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad incluso fuera de sus funciones oficiales.

La frase, “impunidad otorgada es invitación a matar y van a seguir sobrando cachuchas”, no es fortuita,es saldo de la inacción de todos y sintetiza de manera contundente la lógica perversa que impera en contextos donde el Estado no castiga a quienes asesinan a policías cuando del otro lado del Río o la valla los buscan hasta debajo de las piedras y hasta encontrarlos y eso desanima a cualquiera a matarlos.

La impunidad azteca: —la ausencia de consecuencias legales— se convierte en un incentivo directo para que los criminales sigan actuando, pues saben que no serán perseguidos ni castigados. Así, cada policía asesinado sin justicia refuerza la percepción de que matar a un agente es un acto sin costo, lo que perpetúa y agrava la violencia.Mientras la impunidad prevalezca, “van a seguir sobrando cachuchas”: seguirán cayendo policías, el #42,#43 y asi sucesivamente, porque el uniforme ya se volvio, trágicamente, una prenda desechable.

La impunidad ha sido un rasgo constante en estos crímenes: hasta la fecha, no se ha esclarecido ninguno de los asesinatos de policías, pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, y a los esfuerzos de inteligencia anunciados por autoridades como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. 

Los agresores suelen escapar sin resistencia y las investigaciones no han derivado en detenciones o sentencias, lo que alimenta la percepción de que los perpetradores actúan con total libertad y sin consecuencias.

La gravedad de la situación es mas cruda cuando se advierte el dato de que, además de los policías asesinados, al menos 17 agentes han sido reportados como desaparecidos en el mismo periodo, de los cuales solo una fracción ha sido localizada con vida o sin ella; el resto permanece en calidad de desaparecidos. 

Este patrón de violencia y desapariciones, sumado a la falta de resultados judiciales, exhibe una crisis de seguridad y justicia en Sinaloa, donde la vida de los agentes de seguridad se ha vuelto desechable ante el poder y la impunidad de los grupos criminales.

La cifra de 41 policías asesinados y el reciente caso de Jorge Ernesto son parte de una estadística que sigue creciendo, y que refleja el fracaso institucional para proteger a sus elementos y garantizar justicia, mientras la violencia criminal se mantiene rampante y sin castigo.

Con información NOROESTE/

“ESTABAN ABRAZADAS”: “LOCALIZAN EJECUTADAS TRES NIÑAS entre 5 y 12 AÑOS con MULTIPLES IMPACTOS de BALA BAJO un ARBOL”…pero a quien le debe importar si ya bajaron los homicidios,nomas son mas de 20 mil.


Pero, ¿a quién le debe importar si ya bajaron los homicidios ?

Porque mientras las cifras oficiales se celebran desde los podios en cualquier mañanera farsante del pueblo, en las calles o los caminos polvorientos en los márgenes de las ciudades, la tragedia sigue tocando a las puertas de quienes menos pueden defenderse. Para las familias que hoy lloran a sus hijas o hijos,sus hermanos o sus padres,para los colectivos que buscan entre el silencio y el miedo, para las comunidades que viven entre la zozobra y la desconfianza, las estadísticas de “Sheinbaum y Garcia Harfuch”, no significan consuelo ni justicia.

La vida no es un número en una gráfica ni un logro para presumir en campaña pero ya siendo gobierno . La verdadera medida del éxito de una política de seguridad es si cada niña, cada niño, cada madre y cada padre pueden salir de casa sin temor a no regresar. Mientras la barbarie siga encontrando víctimas y la impunidad sea la respuesta, ¿de qué sirve que “ya bajaron los homicidios”? La paz real no se construye con discursos mitoteros, sino con hechos, con justicia y con dignidad para todas las víctimas.

Que ocurrió ahora

Los cuerpos de tres niñas fueron localizados ayer sábado en la comisaría Miguel Alemán, en el Municipio de Hermosillo, Sonora y de acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió sobre la carretera 36 Norte, a la altura del kilómetro 7.

Este hallazgo de los cuerpos de tres niñas, de entre 5 y 12 años, asesinadas en el municipio de Hermosillo, Sonora, representa una expresión atroz de la barbarie que se ha normalizado en diversas regiones del país y pone otra vez en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con su principal obligación constitucional: garantizar la integridad física y bienes de los ciudadanos, en ese orden, especialmente de los más vulnerables

Las menores fueron encontradas abrazadas, bajo la sombra de un árbol, con múltiples impactos de bala y signos de violencia, en avanzado estado de descomposición, lo que apunta a un ataque directo y brutal, cita La Jornada.

El hallazgo fue realizado por el colectivo Buscadoras por la Paz, tras un reporte anónimo:

Son tres niñas, tres hermanas. Al parecer son dos cuatas de 8 años y la más chiquita de 6. Fue por violencia, les dieron un balazo a dos de ellas. Parece ser que a la mamá la encontraron muerta ayer sobre la misma carretera”….Cecilia Delgado, líder del colectivo que realizó el hallazgo./OMNIA

Este crimen ocurre en un contexto de creciente violencia en Sonora, donde los homicidios de mujeres han aumentado un 68.7% en el primer trimestre de 2025, y la presencia de grupos criminales y disputas territoriales han intensificado la inseguridad en la región. Hermosillo, junto con Cajeme y Nogales, concentra la mayor incidencia de hechos violentos en el estado, y la victimización de niños y adolescentes se ha incrementado en los últimos años.

Las cifras muestran que la violencia contra menores en Sonora no es un hecho aislado: en 2021, casi 7 mil infantes fueron víctimas de algún tipo de violencia, y el grupo de 1 a 5 años es el más afectado. La respuesta institucional, aunque formalmente activa, ha sido insuficiente para frenar la escalada de crímenes atroces como el ocurrido este ocurrido en la comunidad Miguel Alemán.

La gravedad de este caso que exige esclarecimiento y castigo ejemplar a los responsables, exhibe que impunidad y la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad alimentan la barbarie y perpetúan el ciclo de violencia que hoy enluta a Sonora y a México

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS