El asesinato más reciente de un policía estatal en Culiacán, identificado como Jorge Ernesto, de 24 años, ocurrido la noche de ayer sábado 5 de julio de 2025, eleva a 41 el número de agentes asesinados en Sinaloa desde septiembre de 2024, en el contexto de la escalada de violencia ligada a la pugna interna del Cártel de Sinaloa.
Este caso se suma a una larga lista de ataques tanto a policías municipales como estatales, varios de ellos ejecutados mientras los agentes estaban fuera de servicio o en sus domicilios, lo que evidencia la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad incluso fuera de sus funciones oficiales.
La frase, “impunidad otorgada es invitación a matar y van a seguir sobrando cachuchas”, no es fortuita,es saldo de la inacción de todos y sintetiza de manera contundente la lógica perversa que impera en contextos donde el Estado no castiga a quienes asesinan a policías cuando del otro lado del Río o la valla los buscan hasta debajo de las piedras y hasta encontrarlos y eso desanima a cualquiera a matarlos.
La impunidad azteca: —la ausencia de consecuencias legales— se convierte en un incentivo directo para que los criminales sigan actuando, pues saben que no serán perseguidos ni castigados. Así, cada policía asesinado sin justicia refuerza la percepción de que matar a un agente es un acto sin costo, lo que perpetúa y agrava la violencia.Mientras la impunidad prevalezca, “van a seguir sobrando cachuchas”: seguirán cayendo policías, el #42,#43 y asi sucesivamente, porque el uniforme ya se volvio, trágicamente, una prenda desechable.
La impunidad ha sido un rasgo constante en estos crímenes: hasta la fecha, no se ha esclarecido ninguno de los asesinatos de policías, pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, y a los esfuerzos de inteligencia anunciados por autoridades como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Los agresores suelen escapar sin resistencia y las investigaciones no han derivado en detenciones o sentencias, lo que alimenta la percepción de que los perpetradores actúan con total libertad y sin consecuencias.
La gravedad de la situación es mas cruda cuando se advierte el dato de que, además de los policías asesinados, al menos 17 agentes han sido reportados como desaparecidos en el mismo periodo, de los cuales solo una fracción ha sido localizada con vida o sin ella; el resto permanece en calidad de desaparecidos.
Este patrón de violencia y desapariciones, sumado a la falta de resultados judiciales, exhibe una crisis de seguridad y justicia en Sinaloa, donde la vida de los agentes de seguridad se ha vuelto desechable ante el poder y la impunidad de los grupos criminales.
La cifra de 41 policías asesinados y el reciente caso de Jorge Ernesto son parte de una estadística que sigue creciendo, y que refleja el fracaso institucional para proteger a sus elementos y garantizar justicia, mientras la violencia criminal se mantiene rampante y sin castigo.
Con información NOROESTE/
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