La seguridad pública en México es un sistema disfuncional, desarticulado, con profundas debilidades institucionales, carencias de recursos presupuestales y humanos. Están sobre diagnosticadas sus fallas, porque llevamos décadas hablando de ellas, hasta llegar a una afirmación casi unánime: esta larga crisis de seguridad en México no tiene precedente en la historia reciente.
Hay que regresar treinta años en el tiempo para encontrar los antecedentes del primer intento en México por integrar un sistema nacional de seguridad. En 1995, en la última legislatura de la hegemonía del PRI, se aprobó el entramado legal para la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno en el combate a la inseguridad y la violencia.
Si uno revisa aquel episodio, nos encontramos que treinta años después seguimos intentado resolver exactamente los mismos problemas de entonces, la lista es larga:
- Integrar a todas las instituciones en materia de seguridad en un solo sistema.
- Fomentar la coordinación mediante un Consejo Nacional.
- Promover la profesionalización de las policías.
- Contar con un registro único y actualizado de las personas que participan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La semana pasada la cámara de diputados federal aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, junto con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, falta la aprobación del Senado pero no tendrá ningún problema en ese tránsito. Estas dos leyes son el apuntalamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum y que la responsabilidad y cabeza recaerá en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch.
Si repasamos los cuatro ejes rectores de la Estrategia Sheinbaum-Harfuch, junto a los que marcan en resumen los dos ordenamientos recién aprobados, notaremos la semejanza con los principios que hace 30 años se marcaron en el intento de crear el Sistema Nacional de Seguridad: Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas. Hay novedades, por supuesto, pero en el fondo adolecemos de lo más elemental para integrar un real sistema de seguridad.
Hay temas que siempre entrarán al debate, como las facultades que tendrá la SSyPC para el acceso a fuentes públicas y privadas, de registros bancarios, telefónicos, biométricos, de los vehículos y de otras propiedades, todos sin previa orden judicial. Chocan dos derechos fundamentales, y eso abre la discusión.
La realidad actual del país va más allá de que dos nuevas leyes o la integración de un nuevo órgano al que se le atribuyen de antemano atributos mágicos para resolver los problemas, que es el Consejo Nacional de Inteligencia, sean la solución al problema de violencia e inseguridad pública.
Margen de error
(PJF) Por aquellos años de mediados de los 90 del siglo pasado, aun existía uno de los más lamentables remedos de policía de este país, la Judicial Federal, dependiente de la entonces Procuraduría General de la República. Menos famosa, pero tan maléfica como los agentes de la Dirección Federal de Seguridad.
Entrar al espacio de la PJF, justo detrás de las mesas de los Ministerios Públicos Federales de la PGR, equivalía a entrar a una guarida de hampones, visualmente semejantes a cualquier detenido que presentaban. Las acusaciones contra su actuar estaban a la orden del día, el trato agresivo y la prepotencia.
Hablamos precisamente de los tiempos en que en los ordenamientos legales se estampaba la profesionalización de la policía —imposible con esos hampones con placa— y de un registro único de las personas que trabajaban en las instituciones. Poco a poco fueron desintegrando esa policía hasta desaparecerla, al mismo tiempo las fuerzas armadas iban ganando terreno.
Las policías son apenas un elemento del sistema de seguridad, su relevancia es mayúscula porque en él radica nada menos que la fuerza de combate, ellos son los operadores en la calle y en el día a día. Ahora el peso queda en la Guardia Nacional, que no es una policía civil sino militar, pero sobre todo que aún está lejos de consolidar su actuar como una necesaria policía de proximidad.
Primera cita
(Abierto) Las instituciones de seguridad son, casi por definición, áreas sumamente opacas. Así hemos permitido que se manejen. La exigencia debe ser primero que todo política, es decir, una exigencia donde el más alto mando no tenga margen de evadir su responsabilidad política en el funcionamiento completo del sistema. Desde gobernadores hasta alcaldes, pasando por los secretarios de seguridad estatales o municipales.
Si un Ministerio Público, si un policía, se sale de sus responsabilidades debería recaer en sus jefes más altos, porque entonces demuestran que no están involucrados y no se responsabilizan. Es entonces cuando todo se descompone.
El estudioso del tema Ernesto López Portillo lo dice de mejor manera: “La policía hace lo que la política ordena, y si la política está vinculada al crimen, eso le va a ordenar a la policía: trabajar para el crimen”.
Mirilla
(Resultados) Son muchos intentos fallidos de integrar un sistema. Está el ya mencionado de 1995, al que le siguió uno nuevo en 2006. Y por lo menos tres estrategias diferentes: la de choque total de Felipe Calderón, la de administración de Peña Nieto y la de abrazos de AMLO.
El régimen de gobierno de la 4T se juega todo en el tema de seguridad. Es impostergable mostrar resultados, tangibles y en la percepción que a veces lo es todo. Cuentan con el entramado legal y con la presencia política territorial para involucrar a Alcaldes y Gobernadores, y conformar así la coordinación a la que tanto se recurre. El problema serían las asimetrías: el gobierno federal a veces necesita coordinarse con un municipio con cinco policías (PUNTO).
Con informacion: RIODOCE/ANDRES VILLARREAL
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