Norma Otilia Hernández, exalcaldesa Morena de Chilpancingo, Guerrero, rompió el silencio sobre el polémico desayuno que sostuvo en 2002 con el peligroso líder del grupo criminal “Los Ardillos” que aun controla el estado.
La expresidenta municipal a diferencia de Americo Villarreal,hoy gobernador de Tamaulipas que ceno con capo zeta en Marzo de 2022, admitió por primera vez los detalles de su reunión con Celso Ortega Jiménez, alias “La Vela”, encuentro que le costó su expulsión del partido político Morena, generó críticas a nivel nacional, pero ninguna sanción penal.
En el intento de capitalizar políticamente la polémica –al plantear su aspiración gubernamental para 2027– demuestra cómo la impunidad se convierte en herramienta de carrera que repite patrones criminales en los politicos “humanistas” y que no tienen consecuencias sus conductas.
En la entrevista con la periodista Azucena Uresti, Hernández justificó el diálogo como una medida desesperada ante la crisis de violencia que paralizaba la capital guerrerense: “No me quedó de otra”, dijo.
La exfuncionaria narró el encuentro ocurrido en junio de 2022, cuando Chilpancingo enfrentaba multihomicidios, bloqueos carreteros y ataques a transportistas. “La gente me pedía auxilio. A los transportistas los asesinaban o les quemaban sus unidades”, señaló.
Medidas drásticas
Aseguró que buscó canales de diálogo por su cuenta: “No evadí mi responsabilidad; fui a buscar soluciones”, por lo que recurrió a reunirse con los líderes comunitarios.
En los videos que se filtraron en redes sociales se ve a la entonces alcaldesa hablar con el líder de “Los Ardillos”, mientras se escucha decir que quiere saber “cómo ayudar”.
Según ella, la reunión no fue planeada sino circunstancial, pues alguien le sugirió hablar con Ortega, a quien le presentaron como “encargado de seguridad”.
Aseguró que ese fue un primer encuentro y nunca hubo más, a pesar de que en el video filtrado se le escucha decir: “El próximo desayuno me toca a mí”.
Además, reveló que acudió acompañada de su esposo y otros civiles, sin escoltas ni respaldo oficial.
Asimismo, narró que “La Vela” le pidió actuar como intermediaria en las disputas y acuerdos con las autoridades y los miembros de la comunidad, a lo que se negó diciendo, “No soy vocera de nadie”.
Hernández describió la duración de la conversación de menos de una hora.
”Lo primero fue el saludo. Luego, él (Celso) empezó a hablar de lo que estaba sucediendo en la capital. Lo vi molesto por la forma en que se estaba tratando la situación, ya que ellos siempre se dedicaban a salvaguardar a la población y, antes de llegar allí como autodefensas, pidieron apoyo a los pobladores”, narró.
“Yo estaba molesta porque nunca me contemplaron en ese momento. Conozco a cada presidente del barrio, a cada comisario de mi comunidad, y creo que se pudieron haber hecho las cosas de la mejor manera, sin exponer a los militares y a las autoridades. Al final, quien pagó los platos rotos fue la población”, continuó.
Asegura que no realizó ningún compromiso con el grupo criminal, y al acudir a declarar a la Fiscalía General de la República (FGR) negó haber puesto en riesgo recursos públicos o recibir beneficios del crimen organizado.
Pese a toda esta polémica, Hernández no descartó competir por la gubernatura de Guerrero en 2027, aunque prioriza “limpiar su imagen”. Destacó logros en su gestión, como la certificación de policías y un aumento del 190% en recaudación municipal.
Rosario de delitos
Pero si existiera una pizca de estado de derecho en Mexico,la exalcaldesa de Chilpancingo, Orma Otilia Hernández deberia enfrentar a la justicia por su punible conducta si analizamos el marco legal mexicano.
1. Colaboración con grupos delictivos (asociación delictuosa)
Diversos artículos del Código Penal Federal y la Ley contra la delincuencia organizada,sancionan y gravemente a quienes “presten ayuda o cooperen” con organizaciones criminales, la condición de servidor publico es agravante.El video filtrado muestra a Hernández dialogando con “La Vela” sobre mecanismos para resolver conflictos de seguridad, lo que podría interpretarse como coordinación operativa.
2. Abuso de funciones públicas
La misma ley castiga a servidores públicos que realicen actos contrarios a sus deberes oficiales. Al buscar acuerdos con grupos armados –en lugar de recurrir a instituciones de seguridad–, habría incumplido el protocolo legal para atender crisis.
3. Omisión de denuncia
Hernández admitió haber mantenido el encuentro sin informar posteriormente a autoridades federales, según su relato a Azucena Uresti.
4. Posible encubrimiento
Durante la conversación, Ortega Jiménez le solicitó actuar como intermediaria en disputas entre su grupo y las autoridades. Aunque ella afirma haber rechazado esta petición, el solo hecho de escuchar la propuesta sin denunciarla inmediatamente podría configurar encubrimiento por silencio.
Contexto agravante
Su defensa de “buscar soluciones ante la crisis” no la exonera de responsabilidades penales, pues no se pueden cometer delitos para resolver delitos, por cierto una práctica nacional institucionalizada en todos los colores de uniformes de autoridades.
Pese a sus acusaciones potenciales, ningún proceso o carpeta de investigación abierta contra Hernández ,ha sido judicializada.
Su comparecencia ante la FGR en 2023 para “taparle el ojo al macho”,pues ahi la catadura de inmorales es muy semejante, concluyó sin cargos formales, según sus declaraciones.
Esta situación refleja patrones de impunidad documentados en Guerrero, donde el 94% de los delitos cometidos por funcionarios no se judicializan, según datos del INEGI.
Con informacion: LAOPINION/AZUCENA URESTI/
