México es un país en el que todos los días se encuentran fosas clandestinas con los restos de personas no identificadas. No hay datos actuales oficiales ni numeralias o gráficas que lo reflejen, porque desde 2023 el Gobierno federal dejó de actualizar los números de fosas encontradas —2.863, entre 2018 y 2023—, pero lo que sí hay son los reportes diarios de que las decenas de colectivos de familiares desaparecidos hacen sobre sus propios hallazgos.
Sin embargo, pese al valor del trabajo que hacen con pocos o nulos apoyos del Estado, los y las buscadoras enfrentan un panorama incierto: desde 2019 en México se han documentado al menos 22 asesinatos de personas buscadoras. Teresa González Murillo, que buscaba a su hermano desde septiembre de 2024, fue atacada en su casa en Guadalajara por hombres armados y luego, unos días después, murió por las heridas que sufrió. Teresita, como la conocían sus familiares y amigos, ya había recibido amenazas del narcotráfico y a su hija, una estudiante de 15 años, la habían golpeado afuera de su escuela solo unos días antes de su ataque. La fiscalía de Jalisco investiga su caso por un presunto robo.
“Yo vengo a alzar la voz por mi hermano Jaime González Murillo. Se lo llevaron el 2 de septiembre en pleno centro de Guadalajara, en donde impera completamente la inseguridad. Se lo llevaron herido de bala. Dejó 11 hermanos y cinco hijos en orfandad. No somos uno ni somos cien, somos miles los que le exigimos justicia y esclarecimiento de nuestros desaparecidos. Estos colectivos unidos seremos incansables en la búsqueda en todas y cada una de las narcofosas. Seguiremos luchando”, dice González en un video reciente mientras sostiene un micrófono en una mano y en la otra una camiseta con la fotografía de su hermano.
El pasado 27 de marzo, cerca de las 23.30 horas, tres hombres armados y en motocicletas llegaron a su casa. Dos de ellos entraron y uno se quedó afuera. Los primeros testimonios señalaron que intentaron llevársela, y al no lograrlo, le dispararon en el rostro. Después, la Fiscalía de Jalisco aseguró que el uso de esos vehículos descartaban por completo que quisieran secuestrarla, como denunció desde el principio el colectivo Luz de esperanza Desaparecidos Jalisco, al que pertenecía.
En un único comunicado, publicado unas horas después de la muerte de la buscadora en un hospital, la Fiscalía de Jalisco justificó su investigación descartando su actividad como comerciante y su activismo: “Otro testimonio indica que el día del ataque la mujer tenía en su poder una cantidad considerable de efectivo, tanto producto de sus ventas como de una “tanda” o “rifa” en la que participó, dinero que le fue sustraído esa noche. Dentro de las líneas de investigación no se ha encontrado a la fecha ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas”.
Sobre el ataque a golpes a su hija no hubo siquiera una mención. Héctor Flores, uno de los cofundadores del colectivo de Teresa González, relataba, un día después del ataque: “Al menos, por su condición de buscadora, pudiera ser parte del móvil [de su intento de secuestro]. Aparte, en días pasados golpearon a su hija en su secundaria, y los familiares de quienes la golpearon se ostentaron como ‘de la plaza’. Ella solicitó el apoyo de la policía de Guadalajara y la policía nunca llegó”.
También era pública la confrontación del colectivo de familiares desaparecidos con el Ayuntamiento local de Guadalajara. De acuerdo con el relato de Flores, su colectivo y la administración de la presidenta municipal, Verónica Degadillo García, del partido Movimiento Ciudadano, han tenido una relación marcada por la falta de comunicación. Las cédulas de búsqueda de decenas de sus familiares desaparecidos son reiteradamente quitadas de los lugares donde son colocadas “por un tema de imagen”.
Ni el Ayuntamiento local de Delgadillo ni el Gobierno de Jalisco dieron respuesta o se posicionaron tras el asalto a su casa, y el comunicado de la Fiscalía es la única postura hasta ahora fijada por alguna autoridad. La noticia de la muerte de Teresita no fue tampoco comunicada directamente a la familia, sino filtrada a reporteros que informaron a miembros del colectivo y familiares.
Ataques a buscadoras
Su caso es similar al de Lorenza Cano Flores, otra buscadora de Salamanca, en Guanajuato, que trataba de encontrar también a su hermano, José Francisco Cano Flores, desaparecido el 17 de agosto de 2018. A Lorenza, un grupo armado se la llevó de su casa el 15 de enero de 2024. A su paso, los atacantes asesinaron a tiros a su hijo y a su esposo. Unos meses más tarde, el yerno de Lorenza también fue asesinado y su familia tuvo que ser desplazada del Estado ante el peligro que significaba para ellos continuar en Guanajuato.
Entre el ataque a Lorenza y el de Teresa González han ocurrido otros: el pasado 11 de marzo, policías municipales de Poza Rica, en Veracruz, golpearon brutalmente a Magdaleno Pérez Santes, el padre de Diana Paloma Pérez Vargas, una estudiante de bachillerato que desapareció en noviembre de 2019 cuando se dirigía a su escuela. A solo unas horas de ser liberado, Magdaleno, que pertenece al colectivo de búsqueda María Herrera, le dijo a su familia que se sentía mal y falleció unas horas más tarde.
Un par de meses antes, su compañero del mismo colectivo, Héctor Aparicio, un padre buscador que trataba de encontrar a su hijo José Alfredo Aparicio, de 17 años, desde que desapreció en 2017, en Tihuatlán, Veracruz, fue también declarado como desaparecido cuando dejó de responder los mensajes y llamadas y no se le volvió a ver.
Las cifras que sí existen
El último diagnóstico de seguridad elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México registra que entre 2011 y 2024 han sido asesinados 22 familiares de personas desaparecidas; además, desde 2018 nueve buscadores han sufrido desaparición forzada: cinco han sido localizados sin vida y tres con vida. Todos ellos fueron secuestrados por hombres armados. A esta lista se ha añadido ahora el nombre de Héctor Aparicio, Magdaleno Pérez Santes y el de Teresa González.
El portal A donde van los desaparecidos, una organización que integra a periodistas de todo México, ha documentado también los ataques a personas buscadoras de desaparecidos —16 entre 2019 y 2022— y consideran el caso de Marisela Escobedo como el primer asesinato de una madre buscadora. En un reportaje sobre el ataque a este colectivo, dicen: “La muerte violenta tiene el objetivo de someter y aterrorizar a través de actos brutales contundentes. La razón: para lograr la localización de los seres queridos desaparecidos, quienes les buscan, no solo hacen visibles los espacios de desaparición, también revelan los crímenes atroces que se encubren y las redes de complicidades e ilegalidad que se tejen entre diferentes actores estatales y no estatales. Si a una persona buscadora se le asesina, la vigencia del crimen de la desaparición se garantiza en mayor medida: la posibilidad de saber qué le pasó y dónde está la persona buscada corre el enorme riesgo de ser clausurada definitivamente. Y con ella la intención de transitar a una época de justicia y por qué no, de reconciliación social”.
En una de las intervenciones públicas de Teresita, en su natal Guadalajara, asegura, micrófono en mano que Teuchitlán, donde ella estuvo presente junto con su colectivo, no pudo haber existido sin la complicidad de las autoridades y dice: “Es inconcebible que el Gobierno de [Enrique] Alfaro, de Aristóteles [Sandoval], y los gobiernos pasados no supieran de la inseguridad y todas las narcofosas. Van de la mano con la gente mala”.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE
