Después de 12 años de que el IMSS comprara un medicamento contra el cáncer sin registro sanitario, a un costo de 97 millones de pesos, la Fiscalía General de la República finalmente tiene la vía libre para investigar por el delito de fraude a los representantes de la fabricante Zurich Pharma.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México puso fin a un litigio en el que se debatía si la averiguación previa por estos hechos debía llevarse a cabo por fraude genérico en agravio de una empresa diversa o por falsificación de documentos.
Este caso ilustra,como muchos otros mas,las múltiples fallas de la justicia mexicana y los mecanismos de control gubernamental tras doce largos años de dilaciones.
Deficiencias institucionales clave:
- Lentitud procesal extrema
- 12 años para definir el marco legal de la investigación
- 5 años de inhabilitación administrativa a SAVI anulados posteriormente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- 4 años entre la denuncia inicial (2018) y la resolución judicial (2023)
- Fallas en controles sanitarios
- La COFEPRIS validó inicialmente un registro sanitario falso (N° 224M2013SSA)
- Zurich Pharma negó ser titular del registro y proporcionarlo a SAVI
- El IMSS ejerció el pago completo sin verificar la autenticidad del documento
- Inconsistencias en la procuración de justicia
- Intento de la FGR en 2023 por reclasificar el delito de fraude a falsificación de documentos, lo que habría reducido las responsabilidades penales
- Presión judicial requerida para mantener la investigación original, evidenciando posible colusión o negligencia institucional
Patrones de opacidad
| Actor | Conducta cuestionable |
|---|---|
| Zurich Pharma | Negó vinculación con el registro sanitario usado, pese a ser proveedor directo |
| SAVI Distribuciones | Operó como intermediario sin capacidad para verificar autenticidad de documentos |
| FGR | Intentó archivar líneas de investigación clave hasta intervención judicial |
La sentencia final revela un doble fracaso institucional: primero en prevenir el fraude durante la licitación pública, y después en investigarlo con eficacia.
El hecho de que el IMSS –institución clave en salud pública– haya sido víctima y al mismo tiempo parte de las irregularidades (al validar inicialmente el contrato) expone graves fisuras en los mecanismos de auditoría interna.
Este caso paradigmático evidencia cómo la combinación de plazos procesales dilatados, supervisión regulatoria laxa y criterios cambiantes en la fiscalía crean un caldo de cultivo para la impunidad en el manejo de recursos públicos sanitarios.
Con informacion: ELNORTE/
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