En Estados Unidos no hay una sola forma de poner la etiqueta de “terrorista” a una organización, pero la referida por Donald Trump,el próximo mandatario republicano ,es la clasificación de Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés), designada por el Departamento de Estado.
El proceso comienza con el Secretario de Estado, quien trabaja en coordinación con el fiscal general y el Secretario del Tesoro. Una vez que se toma la decisión, se envía al Congreso para su revisión. “Trump tendrá un margen de acción más amplio, ya que contará con el apoyo de las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes, en el Senado y con el respaldo de la Corte Suprema”, apunta el internacionalista José Joel Peña en entrevista para EL UNIVERSAL.
No obstante, el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, señala que existe un debate para esclarecer si los cárteles entran en la definición de terrorismo. “Un aspecto fundamental es que los terroristas recurren a ideologías vinculadas con la religión para cometer actos criminales violando el derecho internacional, para, por ejemplo, deponer gobiernos. Esto no ocurre con los cárteles”, explica.
Golpes financieros y penas más altas
Entre las implicaciones que puede tener la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, se encuentra el congelamiento de activos y fondos relacionados con los cárteles en las instituciones bancarias estadounidenses. “Algo similar a lo que ya ocurre con las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania”, señala Peña.
Por otro lado, también se podría facilitar el procesamiento judicial de personas vinculadas a los cárteles. “Ahora estaría la posibilidad de presentar cargos por apoyo material a estas organizaciones, también podrían aumentar las penas por delitos menores relacionados con los cárteles”, detalla el especialista.
No obstante, aplicar estos cambios no sería algo rápido ni sencillo. “Tiene que haber investigaciones judiciales para probar que las personas están vinculadas a la organización. Además, habría que definir qué organizaciones exactamente van a denominarse como terroristas. Incluso, para el congelamiento de activos, se necesitan investigaciones a fondo que llevan tiempo. A corto plazo, la designación realmente no generaría muchos cambios”, explica en entrevista Guadalupe Correa, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad George Mason, en EU.
Descartan intervención militar a gran escala
El Departamento de Estado de EU tiene una lista de más 30 FTO designadas, en la que figuran organizaciones como Al Qaeda y las diversas ramificaciones del Estado Islámico. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos decidió ir a la guerra en medio oriente bajo la consigna de combatir al terrorismo.
No obstante, los especialistas consultados descartan que México pueda presentar une escenario al estilo de Afganistán o Irák. “Es prácticamente imposible, el grado de inestabilidad política y social de esos países era demasiado grande. En México no tenemos esos niveles de ingobernabilidad”, puntualiza José Joel Peña.
“Además, Estados Unidos tendría que aplicar una legislación más amplia de extraterritorialidad que va más allá de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, cuenta Guadalupe Correa.
La designación planteada por Trump más bien se encamina a ser una medida de presión para que México refuerce su seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. En ese sentido, Estados Unidos podría tomar un papel de apoyo en términos de suministro de armamento y entrenamiento a las fuerzas de seguridad locales. “México ya está militarizado, tenemos a la Guardia Nacional, al ejército desplegados. Al final quien nos vendería las armas no va a ser Rusia, ¿verdad?”, plantea Correa.
Estados Unidos ya tiene un antecedente de este tipo de cooperación con su influencia para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogadas en su momento como una FTO. El Plan Colombia representó 15 mil millones de dólares de inversión de EU, el mayor involucramiento político, militar, financiero y de inteligencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en el siglo XXI.
Los resultados en el país sudamericano fueron mixtos. Si bien, las FARC firmaron la paz con el gobierno en 2016, Colombia fue en 2023 el principal productor mundial de cocaína. Y aún hoy en día persisten enfrentamientos con disidentes de la guerrilla.
Además, en el marco de aplicación del Plan Colombia se reportaron múltiples violaciones a los derechos humanos. Organizaciones colombianas han contabilizado más de 4 mil 300 presuntos asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas durante los 20 años de aplicación del plan.
En México se llevó a cabo un plan similar con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida durante el sexenio de Felipe Calderón. “La diferencia con la actualidad es que en ese entonces no existía un despliegue militar tan amplio. Estaba, sobre todo, la Policía Federal”, apuntala Guadalupe Correa.
La Iniciativa Mérida fue desechada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que dicho plan es parte un pasado de “mucho intervencionismo”.
Más fracturas a la situación diplomática, afectaciones al turismo y solicitudes de asilo
Más allá de tener repercusiones en los cárteles mexicanos, la designación anunciada por Trump podría generar más afectaciones a la relación diplomática entre México y Estados Unidos.
“El gobierno mexicano ha sido históricamente reacio a cualquier tipo de intervención extranjera en el territorio, la designación de organizaciones terroristas extranjeras podría generar más tensiones en la relación bilateral, además la medida podría aumentar la percepción a nivel internacional de que México no es capaz de controlar el narcotráfico”, explica José Joel Peña.
El internacionalista explica que la dicha percepción podría impactar también en otras áreas como el turismo: “No sólo se podría disuadir a turistas, sino también a inversores”, detalla. Por otro lado, las personas solicitantes de asilo también podrían verse perjudicadas por la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
“Hay quienes dicen que con la designación las personas que huyen del crimen organizado tendrían un argumento más fuerte para sus solicitudes de asilo. Sin embargo, podría tener el efecto contrario, ya que muchas personas migrantes han sido forzadas a colaborar con los cárteles a través de la extorsión o amenazas, por lo que podrían enfrentar obstáculos aún mayores para demostrar que no tienen vínculos o nexos con estas organizaciones”, explica.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
