El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien fue detenido en 2002 por servir al Cartel del Golfo de Matamoros,esto tras participar en el “cambio de un detenido de alto perfil,por otro desconocido”, acaba de anunciar lo que ya ha anunciado todo el gobierno de Americo Villarreal desde Octubre de 2022, que preparan un paquete de órdenes de aprehensión contra ex-servidores públicosdel pasado gobierno de Francisco J. García Cabeza de Vaca (2016-2022),pero que no puede anticipar nada, solo avisó (…otra vez) que se está trabajando en eso.
El señor Govea que finalmente ya esta en el puesto que le consiguió otra inutil,Tania Contreras,señaló que los casos que están a punto de judicializarse tienen que ver con las carpetas que se encontraban inactivas y que han ido avanzando, es decir, es un paquete de órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios estatales del sexenio cabecista.
Govea Orozco advirtió que las órdenes que ya casi salen del microondas se sumarían a las dos giradas con anterioridad, una de ellas por el desfalco en la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) donde no hay un solo capturado, pues lo han hecho terriblemente mal y el CDV,terriblemente bien.
“Hay avances en la judicialización de las más de 90 carpetas de investigación abiertas por el presunto desfalco que supera los 600 millones de pesos durante la administración estatal pasada. Estamos próximamente por dar a conocer un paquete de órdenes de aprehensión, desde luego no la información, sino la cantidad, hemos ya acumulado algunas órdenes, no quiero anticipar nada”.
Pura lengua y guerra de saliva
El enesimo anuncio del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, del oriundo de Michoacan,Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre la preparación de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, se suma a una serie de declaraciones similares realizadas por funcionarios del actual gobierno de Américo Villarreal.
Este patrón de anuncios sobre acciones legales inminentes con el “Ya casi,ya mero, un poquito mas o el ya por poco”, contra la administración anterior se ha repetido “chorrocientas y chorocientas veces” desde que traficante de las cuotas del Huachicol que finge de gobernador.
En octubre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) presentó tres denuncias contra exfuncionarios de la administración de Cabeza de Vaca por presunta corrupción y daño al erario.
En febrero de 2024, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca y otros exfuncionarios por la omisión de más de 500 millones de pesos destinados a la institución.
En julio de 2024, se vinculó a proceso a dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Cabeza de Vaca por uso ilícito de atribuciones y facultades
Análisis de la situación actual
El anuncio más reciente de Govea Orozco sigue la misma línea de los anteriores, prometiendo acciones legales inminentes contra exfuncionarios y aun no hay nadie en prision:
Se habla de un “paquete de órdenes de aprehensión” sin especificar detalles concretos, aunque el verdadero “paquete” sera capturarlos,pues ninguno que se sepa, esta manco o cojea.
Se menciona que hay avances en la judicialización de más de 90 carpetas de investigación,cada vez son mas y el resultado es menos.
Desde el 1 de octubre de 2022 en que Americo Villarreal asumió el cargo y sin asumir sus responsabilidades, han transcurrido a la fecha actual (9 de diciembre de 2024) 800 días con todo y noches, ademas 12 horas y contando
Este cálculo preciso nos permite entender el tiempo exacto que ha pasado desde el inicio del gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas y resulta que es la misma cantidad de tiempo de “impunidad” obsequiada a los integrantes del CDV.
Implicaciones y cuestionamientos
La reiteración de estos anuncios sin resultados concretos visibles genera cuestionamientos y deja muy mal sabor de boca a ciudadanos:
La efectividad de las investigaciones y procesos legales se valoran por el resultado, no por la intención de querer hacerlo, de buenas intenciones esta empedrado el camino a los infiernos.
La posible utilización política de estos anuncios solo para mantener presión mediática y estar “jorobando” a la administración anterior no parece ser aislado.
La capacidad real de la fiscalía para llevar a cabo los procesos judiciales prometidos, esta en duda.
La capacidad real del poder judicial para girar las ordenes, esta en duda.
La capacidad de la fiscalía a cargo de Irving Barrios Mojica o la propia Fiscalía Anticorrupción para judicializar las carpetas contra Cabeza de Vaca y luego ejecutarlas, vulgo atorado, no esta en duda,do podrán
Pues bajo el actual garantismo exacerbado, el “team jurídico” del CDV ha demostrado que sabe operar jurídicamente en los pasillos de tribunales federales y las ordenes una vez emitidas,podrian ser suspendidas por alguna demanda de garantias,vulgo amparo, que en este caso llevaría “H”, de “hampa_ro”..
En conclusión, mientras el gobierno de Américo Villarreal ha mantenido una narrativa constante sobre la persecución de la corrupción de la administración anterior (…y de la que el también vive), tan solo para seguirle “jugando el dedo en la boca a ciudadanos que ya estan mejor informados y no son tarugos”, los resultados concretos en términos de sentencias o recuperación de recursos aún no son evidentes, peor aun,si atendemos las “hociconeadas” del gobernador en su “miniprimer informe”, no coinciden los quebrantos.
La repetición de anuncios similares sin avances sustanciales va seguir afectando la credibilidad del gobernador, hoy por hoy, desaprobado por el 65% de los ciudadanos.
Posibilidad de que sean detenidos
Basándonos en la evidencia sustantiva, hicimos un cálculo y la probabilidad de que se lleven a cabo detenciones efectivas de exfuncionarios en Tamaulipas es extremadamente baja, situándose en aproximadamente un 1%.
Este resultado se deriva de dos factores principales:
Eficiencia de las investigaciones: Se estima en un 20%, lo cual refleja la aparente falta de avances concretos en los casos anunciados repetidamente por las autoridades actuales.
Nivel de impunidad: El indicador mas reciente, considera el 94.73% de impunidad con Americo Villarreal en Tamaulipas y el 78.5 de las carpetas son archivadas.
Análisis de la situación
La probabilidad del 1% para detenciones efectivas sugiere que, a pesar de los numerosos anuncios y promesas de acción legal, las posibilidades reales de que se materialicen estas detenciones son mínimas. Esto podría explicarse por varios factores:
Complejidad de los casos: Los delitos de corrupción y malversación de fondos suelen ser difíciles de probar, especialmente cuando involucran a altos funcionarios.
Obstáculos institucionales: Posibles interferencias políticas o falta de recursos en las instituciones encargadas de la investigación y persecución de estos delitos.
Cultura de impunidad: El alto índice de impunidad en la región puede desincentivar la persecución efectiva de estos casos.
Implicaciones
Este bajo porcentaje de probabilidad de detenciones efectivas plantea serias dudas sobre la eficacia real de las investigaciones anunciadas y sobre la voluntad política para llevar estos casos hasta sus últimas consecuencias. También sugiere que los repetidos anuncios de acciones inminentes podrían estar más orientados a generar impacto mediático que a producir resultados judiciales concretos.
En conclusión, aunque las autoridades continúen haciendo declaraciones sobre próximas detenciones y acciones legales, la probabilidad estadística sugiere que es muy poco probable que estas se materialicen en un futuro cercano
El Juez Gabriel Domínguez Barrios, que junto con su hijo escapo de un ataque a balazos en 2019 y otro en enero de 2022 cuando andaba en trocona de lujo, acaba de librar su destitución e 2024,luego de que en 2023 pretendió ordenar desde la Ciudad de México el nombramiento de un Gobernador interino de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, evadió su destitución pese a las irregularidades en las que incurrió.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió que Domínguez Barrios, juzgador Tercero de Distrito en Materia de Trabajo, sólo merece una suspensión de 90 días sin goce de sueldo.
La resolución del procedimiento disciplinario 2/2024 fue dictada el 18 de noviembre por las consejeras Celia Maya y Verónica De Gyves, con la ausencia de la presidenta Lilia Mónica López Benítez, y notificada el pasado 2 de diciembre.
Se trata de la suspensión más larga que prevé la ley e implica que la infracción cometida se consideró grave, pero no lo suficiente para destituirlo, así como que el juzgador puede impugnar, mediante recurso de reconsideración ante el Pleno del CJF.
La plaza de Domínguez Barrios no salió sorteada para ser sometida a elección popular en 2025, por lo que podrá seguir en su cargo por lo menos hasta los comicios de junio de 2027.
Irregularidades
A pesar de no tener competencia territorial en Nuevo León, el juzgador ordenó en noviembre de 2023 al Congreso de Nuevo León designar un Gobernador interino por unanimidad y con militancia en MC, para reemplazar a Samuel García, quien aspiraba a la candidatura Presidencial.
Los requisitos que fijó no los prevé la Constitución de Nuevo León, por lo que tergiversó un fallo que ya había dictado el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), e ignoró una suspensión otorgada por el Ministro Javier Láynezen la Suprema Corte.
Y es que el Juez capitalino intervino en este asunto, pese a que la Corte definió desde 2006, y el TEPJF lo reiteró en el caso de Nuevo León, que la elección de Gobernadores interinos es materia electoral, por lo que no procede el juicio de amparo.
Ante esto, y por una denuncia del Congreso neoleonés, el Consejo de la Judicaturasuspendió a Domínguez Barrios en febrero pasado para iniciar una investigación del caso.
Desde entonces, el Juez sólo cobró la tercera parte de su salario, y como sí se le fincó una responsabilidad, no se le tendrá que reponer el dinero que dejó de percibir.
Durante la indagación, el CJF sostuvo que existían elementos objetivos, aptos y suficientes para establecer que, al conceder suspensiones en el amparo presentado por Javier Navarro, secretario de Gobierno de Samuel García, el juzgador “desplegó una serie de actos que probablemente constituirían un notorio desvío de legalidad, basado en una razón de descuido o negligencia”.
Un tribunal federal canceló dos de los cuatro delitos imputados a tres ex mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de un supuesto desvío de más de 852 millones de pesos por la compra de camionetas con equipo de espionaje.
Se trata de la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz Leal Ochoa, y el ex director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones del Cuerpo Técnico de Control de la PGR, César Gustavo Ramírez Torralba.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación resolvió que no hay elementos para procesarlos por los delitos de peculado agravado y fraude equiparado, sin embargo, confirmó que el proceso debe seguir abierto por asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.
Los magistrados del tribunal confirmaron el fallo dictado el 15 de mayo de 2023, dictado por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Por el monto, este es el asunto más relevante que ha sido llevado a los tribunales contra los ex colaboradores de Jesús Murillo Karam, de un total de cinco carpetas de investigación que han sido judicializadas.
Este es un caso en el que la FGR asegura que los ex funcionarios desviaron recursos de las partidas “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” y “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”.
En el 2013 y 2014, según la Fiscalía, los imputados participaron en dos contratos supuestamente ilegales, en uno adquirieron 24 camionetas y, en otro, equipo de intervención de comunicaciones, por un total de 852 millones 352 mil 183 pesos.
Los contratos fueron asignados a las empresas Acumen Telecomunicaciones y Vans y Suvs de Lujo, según la indagatoria.
El pago se hizo con recursos de las partidas “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, y “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”.
La FGR sostiene que los contratos fueron indebidos, discrecionales y arbitrarios, ante la falta de justificaciones de condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad que la norma exige para ejercer los fondos de dichas partidas.
Luego de que en marzo de 2023 fueran vinculados a proceso, tanto la FGR como los imputados apelaron el fallo, pero el tribunal de segunda instancia confirmó la decisión del juez porque consideró que los argumentos o agravios de ambas partes unos eran infundados y otros inoperantes.
“Con dichas acciones sincronizadas lograron el desvío y distracción de recursos por la cantidad de 852 millones 352 mil 183.96 pesos, utilizándolos para beneficio de un tercero, en el caso empresas particulares a las cuales se otorgaron de forma discrecional contratos para la adquisición de bienes y servicios que no eran de urgente necesidad o en su defecto para el cumplimiento de las actividades sustantivas encomendadas a la entonces PGR”, resolvió el tribunal.
Un contrato asignado por la empresa Tren Maya a una sociedad mercantil para “ahuyentar fauna nociva” de las vías de dicho tren detonó la indignación de ambientalistas y defensores de animales que realizaron protestas en la Quinta Avenida de esta ciudad y en la capital del país, al conocer que el acuerdo califica a jaguares, venados y otras especies de la península dentro de esa categoría.
Durante la tarde del viernes último se realizó una movilización de ambientalistas en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Con cacerolas en mano, pancartas y gritando consignas sobre la militarización mediante el Tren Maya caminaron hasta llegar a la Plaza 28 de Julio en el centro de esta ciudad.
A esta movilización le antecedió una protesta similar efectuada por la mañana en la Ciudad de México, donde integrantes de los mismos colectivos evidenciaron la situación en la plancha del Zócalo capitalino.
El fin de semana último el diario El Universal dio a conocer este contrato, el cual puede ser consultado mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. El objeto es el servicio para el manejo de “fauna nociva” para las operaciones ferroviarias del Tren Maya.
Los ambientalistas, miembros del movimiento Sélvame del Tren, demandaron la nulidad del contrato identificado con el folio TM-CGRMSG-ADQ-0200/2024, celebrado entre la sociedad mercantil Susoma Soluciones Ambientales y Tren Maya, SA de CV, ésta última es la sociedad mercantil constituida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Banjército, que maneja todo el proyecto federal.
En el anexo técnico del documento se especifica que el particular puede utilizar feromonas con animales entrenados (como perros y aves) y pirotecnia para ahuyentar fauna local: venados, jaguares y tapires.
Manifestación en Playa del Carmen. Foto: Especial
De nuevo, opacidad
Una vez que se conoció públicamente de tales actividades el malestar se desató entre la comunidad de ambientalistas locales, los mismos que hace meses interpusieron amparos contra la obra federal.
De acuerdo con Mónica Ruiz, integrante de la organización Cenotes Urbanos, la incertidumbre ha crecido porque no pueden verificar lo que ocurre en las vías del Tren Maya, luego de que trabajadores colocaron una cerca que no permite acceder al trazado, como lo hacían anteriormente.
Hasta ahora no se ha informado sobre acciones legales a iniciar contra esta nueva situación de menoscabo al ecosistema local, relacionado con el Tren Maya.
El contrato contra la fauna nativa. Foto: Especial
Susoma Soluciones Ambientales, sociedad mercantil constituida en Toluca, ganó dos contratos con el Tren Maya.
La segunda relación contractual es para la supervisión ambiental de los siete tramos y el cumplimiento de condicionantes ambientales que impuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que el proyecto pudiera realizarse, condicionantes que hasta la fecha no se han acatado.
En total ha sido beneficiado con un monto de 17 millones 829 mil 336 pesos por ambos contratos durante este 2024, para ejecutar tales labores en las diversas entidades donde corre el proyecto federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una acción legal en
contra del juez de distrito Enrique Beltrán Santes por quitarle la medida cautelar de prisión preventiva a Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cruz Azul,imputado por el presunto desfalco millonario a la cooperativa.
A través de un comunicado, la FGR enlistó sus argumentos del por qué el juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al penal de Almoloya, en Estado de México, cometió el delito de administración de justicia con esa decisión.
“Se sustenta en valoraciones enteramente subjetivas del juzgador, que no atienden la relevancia de las conductas delictivas atribuidas al imputado, y sus argumentaciones claramente se advierte que versan sobre aspectos que desde cualquier punto de vista pueden ser consideradas como insubstanciales para ese tipo de decisión”, se afirmó desde la institución ministerial.
Sin embargo, Gárces Rojo no queda en libertad con esta decisión, debido a que está sujeto a prisión preventiva en otro proceso del fuero común que tiene por el delito de trata de personas.
Para poder llevar los procesos en libertad, necesitaría que el juez local de la Ciudad de México también le modifique la medida cautelar.
La FGR reprochó que el juez tomó en cuenta afecciones de salud que, según su criterio, no fueron sustentadas con un dictamen médico, y también que tampoco se acreditó que el detenido haya tenido buena conducta desde que recibió la prisión preventiva justificada, el pasado 10 de octubre de 2023.
“El Juez expresó que no se tiene la certeza de que el dinero de la cuenta de inversión con más de 38 millones haya pasado a las arcas del imputado. No es cierto lo señalado por el Juez, ya que sí se tiene la certeza de que los recursos forman parte de las arcas del justiciable, pues la Fiscalía argumentó que dichos recursos han sido retirados de la cuenta en efectivo y la defensa hasta el momento no ha acreditado lo contrario”, se añadió.
Garcés Rojo fue detenido en 2022 tras ser señalado de transferir ilegalmente de la cementera a siete supuestas factureras millones de pesos.
En el asunto por el cual fue procesado, le imputan ser parte de una organización criminal que del 2011 al 2017 se dedicó a desviar 114 millones 198 mil 847 pesos de las arcas de la cementera, a través de siete empresas “factureras”.
Dichas personas morales son Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.
A la hora de destinar recursos para festejar la Navidad y el Día de Reyes, los Diputados locales no se limitan.
A fin de que los legisladores de todas las bancadas puedan cubrir el costo de posadas, rifas, shows y dulces por la temporada navideña, cada uno de los siete coordinadores de las bancadas recibió 120 mil pesos, mientras que los restantes 35 legisladores 60 mil pesos cada uno.
Esto implica un gasto total 40 por ciento mayor al del año pasado.
De acuerdo con fuentes del Legislativo, los recursos se les entregaron el 30 de noviembre e implican, en el caso de los 35 Diputados, 10 mil pesos más de lo que sus antecesores recibieron con el mismo fin el año pasado y, tratándose de los coordinadores, 70 mil pesos más.
Así, mientras que en el 2023, con el fin de que se convirtieran en Santa Clos y llevaran regalos, dulces y festejos navideños a los habitantes de sus Distritos con cargo al erario, el Congreso local repartió entre los integrantes de la anterior Legislatura una bolsa de 2 millones 100 mil pesos.
No obstante, en la actual Legislatura el monto subió a 2 millones 940 mil pesos, lo que representa un incremento del 40 por ciento.
Además, éste sería el segundo año consecutivo en que la bolsa para festejos navideños se incrementa, ya que en el 2022 se dieron 30 mil pesos por Diputado y para el 2023 fueron 50 mil pesos.
Esta bolsa para festejos navideños es adicional al sueldo y a los 133 mil pesos que cada Diputado recibe mensualmente vía el llamado bono de gestoría para presuntamente apoyar a ciudadanos.
“A los Diputados ya se les entregó el bono para posadas en sus distritos”, señaló una fuente.
“Esta vez les dieron 60 mil pesos a los Diputados y 120 mil a cada uno de los coordinadores.
“Ese dinero se les dio el (día) último de noviembre, con la quincena, y es más de lo que les dieron el año pasado para los festejos de Navidad en sus distritos”, añadió.
“El apoyo se había aprobado antes en la Cocri (Comisión de Coordinación y Régimen Interno) cuando la presidió la Diputada (morenista) Anylú Bendición Hernández.
“Ella lo planteó y se aprobó (por) todos los coordinadores y Diputados de la Comisión”.
El gasto, detalló uno de los informantes, puede justificarse con el pago de renta de inflables, shows, adquisición de alimentos, piñatas, cobijas, juguetes, dulces y electrodomésticos, entre otros artículos.
De acuerdo con fuentes, los legisladores deben entregar facturas y fotos que comprueben la realización de los eventos y la entrega de dulces, juguetes o electrodomésticos.
La decisión de aumentar los recursos destinados a festejos navideños por parte de los diputados locales presenta varias cuestiones éticas y legales cuestionables:
Uso inadecuado de recursos públicos
El incremento del 40% en los fondos para festejos navideños resulta éticamente cuestionable, especialmente considerando que:
Es dinero proveniente del erario público.
Se suma a los sueldos y bonos de gestoría que ya reciben los diputados.
No está directamente relacionado con las funciones legislativas.
Falta de austeridad y responsabilidad fiscal
En un contexto donde se promueve la austeridad en el gasto público, este aumento significativo va en sentido contrario, mostrando una falta de sensibilidad hacia la situación económica general.
Posible clientelismo político
El uso de estos recursos para regalos, festejos y entregas en los distritos podría interpretarse como una forma de clientelismo político, buscando ganar simpatías entre los votantes con dinero público.
Transparencia y rendición de cuentas
Aunque se menciona que deben entregar facturas y fotos como comprobación, surge la duda sobre qué tan riguroso es este proceso y si realmente garantiza el uso adecuado de los fondos.
Legalidad cuestionable
Si bien fue aprobado por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, cabe preguntarse si este tipo de gastos están contemplados en el marco legal que rige el uso de recursos públicos por parte de legisladores.
En conclusión, esta decisión refleja una conducta éticamente cuestionable por parte de los diputados, que priorizan beneficios personales y políticos sobre el uso responsable y austero de los recursos públicos. Legalmente, aunque fue aprobado internamente, podría estar en una zona gris respecto a las leyes de uso de recursos públicos y responsabilidades de los servidores públicos.
Muy coincidente con gran numero de encuestas,el mas reciente sondeo de opinión llevado a cabo para el mes de Noviembre de 2024 por DEMOSCOPIA DIGITAL,dejo ver otra vez la misma realidad de siempre.
El gobernador de Morena en Tamaulipas,AMERICO VILLARREAL ANAYA,el CONSUMADO TRAFICANTE de las CUOTAS al CONTRABANDO de HUACHICOL,sigue situándose gracias a sus malos oficios, en los peores lugares de la tabla nacional de los gobernadores reprobados por su pésimo desempeño.
Pero es tan baja la aprobacion de los ciudadanos que el llama pueblo, que la Presidenta Claudia Sheinbaum goza de mejores niveles en Tamaulipas.
