Con el voto en contra de la Oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que modifica el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que dicho de manera llana, restringe de manera precautoria la libertad de infractores,cuando el problema mas que dejarlos en la cárcel, es ir por ellos para meterlos al tambo.
El dictamen avalado con 20 votos a favor de Morena y sus aliados, 14 en contra de la Oposición y una abstención de la morenista Lidia García, plantea incorporar la extorsión, entre otros delitos en el catalogo que ameritan esta medida cautelar, como publica ElNorte.
Pero la noticia de incrementar el catalogo de delitos llega en el mismo momento en que Tamaulipas y bajo el gobierno de Americo Villarreal,el Cartel del Golfo en Reynosa tambien acaba de aumentar su catalogo de extorsiones.
Extorsiones a empresarios que tienen comedores industriales en #Reynosa continúan. Las cafeterías de las escuelas, los Didi, los Rapi. Una de las razones por las que el dueño de @Chedrauioficial abandonó la inversión en la ciudad. La quema de @WalmartMexico por no pagar piso.
“Aquí no estamos sufriendo de alojamiento ni de comida, gracias a Dios. Aquí lo que estamos sufriendo es por sentir que no tenemos ley en nuestro país”. Quien vociferaba cubría su rostro con una suerte de burka a base de una playera. Detrás de él, un grupo asentía y apoyaba sus reclamos. Todos ellos eran parte de más de 300 mexicanos refugiados en Guatemala, que el 22 de julio último salieron de su casa con más prisa que equipaje en busca resguardo.
La Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Ampliación Nueva Reforma, en Cuilco, Huehuetenango, fue el escenario de aquella discusión. Escucharon los reclamos dos miembros del Ejército mexicano, el teniente coronel Valentín Morales Cámara y el mayor Jesús Alberto Córdova.
La mañana del 5 de agosto los militares llegaron para ofrecer la instalación de una cocina comunitaria “por órdenes del gobierno mexicano” para uso de las familias albergadas en Guatemala. Las que huyeron de sus barrios temerosos de ser atacados por grupos criminales enfrentados en una guerra prolongada en Chiapas.
Una cocina no era la ayuda que el grupo de familias esperaba a 15 días de haberse desplazado de forma forzada y buscar alojamiento en otro país. Allá, a 350 kilómetros de Ciudad de Guatemala,
“Gracias a Dios aquí la gente de Guatemala nos está apoyando. Alimentación no queremos, señor; lo que queremos es seguridad, lo que queremos es regresar a nuestras casas, ya llevamos más de 15 días aquí”, alegó otro de ellos, los demás los respaldaron. Y los reclamos seguían. Media hora después el grupo de militares de infantería se retiró del lugar con la promesa de volver ese mismo día para aclarar que su Ejército ya tiene en marcha un plan para recuperar el control en Chiapas y devolverles la tranquilidad a sus habitantes.
Al día siguiente volvieron los militares, regresaron con víveres y equipo para instalar la cocina, pero de nuevo la población los rechazó. Ellos quieren regresar a casa con la garantía de encontrar paz.
Después de la incursión de los enviados militares, las familias estaban tan asustadas como el día que salieron de México y atravesaron la línea fronteriza entre matorrales y milpas. La presencia de esa brigada de infantería removió los temores y los recuerdos de dos semanas atrás. Esto contaron:
“Escondí a mis hijos debajo de la cama”, relató una mujer, madre de dos niños. Y no fue la única.
El 22 de julio último los pobladores del barrio San José, México Nuevo, El Caracol y otras colonias de Chiapas, que se alcanzan a observar desde la frontera con Guatemala, notaron un silencio inusual en el sector. Alrededor de las once de la mañana la calma se quebró con la detonación y disparos durante 40 minutos.
Las familias se tiraron al suelo, se escondieron debajo de las mesas, muebles, camas y se quedaron ahí mientras el ruido seguía. “Mi hijo temblaba de miedo”, recuerda una madre.
Tras el retumbo de los disparos, oyeron el ruido de motosierras que talaban árboles y caían sobre la carretera. La idea, creen, era bloquear el paso. Cuando ya no escucharon ni detonaciones ni vehículos afuera comenzaron a salir para refugiarse entre los cultivos, y adentrarse en los senderos camino a Cuilco, el municipio fronterizo de Huehuetenango. Hombres, mujeres, ancianos y, en su mayoría, adolescentes y niños, caminaron cuesta arriba entre el monte de la montaña. Como pudieron se acompañaron de sus mascotas.
Algunos habitantes tardaron más de cuatro horas para llegar a su destino. Muchos tenían a donde llegar, la casa de un familiar, un amigo, un socio guatemalteco. Otros no, pero sin más opción que cruzar la frontera y pedir refugio. El primer día llegaron 260 personas, 117 provenientes del Barrio San José, el epicentro de la balacera. Los siguientes días más personas se acercaron a la frontera por las mismas razones. Se calcula alrededor de 600 mexicanos desplazados.
Al llegar, los vecinos guatemaltecos se organizaron para montar un albergue en la Escuela Oficial del caserío Ampliación Nueva Reforma, para aquellos sin donde pasar la noche. Desde entonces, ese establecimiento se convirtió en el punto de resguardo para las familias refugiadas. Ahí duermen, comen los tres tiempos sin ningún costo, se reúnen, reciben víveres y donaciones, y participan en actividades recreativas para los niños, organizadas por comunidades vecinas.
La guerra por un territorio
En Chiapas, la población convive con grupos criminales vinculados al narcotráfico, lo sabe; y que en 2021 empezó una escalada de violencia en todo el estado.
El estado sureño es el escenario de una disputa entre dos organizaciones criminales conocidas en México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La cercanía de Chiapas con la frontera de Guatemala lo convierte en un punto clave para el tráfico ilícito de bienes y personas. Ambos grupos pelean el control de rutas de migrantes y de narcotráfico que vienen de Guatemala, explica una publicación realizada por Insight Crime. Este enfrentamiento prolongado ya cobró decenas de muertos en Chiapas y miles de desplazamientos forzados.
“Nunca nos imaginamos que a nosotros nos iba llegar esto, que nos iba pasar, solamente escuchábamos que en otros lugares estaba pasando, pero nunca nos imaginamos que a nosotros también”, dijo una de las personas desplazadas. A través de las noticias nacionales escuchaban relatos de familias desplazadas por la violencia de estos grupos, parecía un problema lejano, pese a la cotidianeidad de escuchar en sus casas el estruendo de enfrentamientos armados. Lo normal. Se acostumbraron a convivir (de lejos) con eso hasta que el conflicto los alcanzó.
Mujeres del caserío Ampliación Nueva Reforma cocinan para refugiados mexicanos y fuerzas de seguridad guatemaltecas. Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia
El día que representantes del Ejército mexicano llegaron a territorio guatemalteco, en Cuilco, a buscar a las familias refugiadas para entregarles una cocina comunitaria, la reacción de los mexicanos no fue de alivio. “¿Sabe por qué nos tapamos la cara? –dijo uno de los desplazados mientras se envolvía el rostro con una camisa–. Porque si uno habla de más, allá en México nos están esperando. Miedo les tenemos a todos los que usted trae aquí. Me cae que mañana vamos a pedir que nos trasladen a otro lado. Me tapo la cara porque tenemos miedo a represalias”.
Las familias afectadas coinciden al describir complicidad del Ejército (su ejército) en cubrir las espaldas a los grupos criminales. En redes sociales cuentan, circulan publicaciones que acusan a las autoridades locales de Chiapas y militares de proteger a los cárteles enfrentados.
El mayor Córdova niega estos extremos. “Muchas personas suben noticias amarillistas y tratan de desprestigiar al Ejército mexicano y autoridades, por lo que vemos lo están logrando”, dice después de escuchar los señalamientos de las familias. Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se niega a reconocer los síntomas de ingobernabilidad y el fracaso de su gestión en garantizar paz y seguridad a su población.
“No es un fracaso, son circunstancias. México es un país muy grande, somos más de 130 millones de mexicanos. Hay conflictos en todas partes, pero no es un asunto (como lo quieren ver nuestros adversarios) de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté sometiendo al país” (Sic), dijo el 26 de julio último, en su mañanera, la conferencia de prensa de todos los días, en un intento por minimizar la situación.
Las declaraciones del mandatario llegaron a oídos de las personas refugiadas. “Nos enoja mucho, nos da mucho coraje, qué importa cuántos somos, aunque fuéramos sólo dos personas el gobierno debería hacer algo por nosotros, para que volvamos a nuestra casa. Por eso no queremos que traiga una cocina ni comida, para que después diga que con eso ya cumplió y se quede tranquilo”, externó uno de ellos.
Un niño mexicano duerme en un catre del refugio improvisado en Guatemala. Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia
Una frontera difusa: La relación entre México y Guatemala
La mañana de las detonaciones una madre tomó a sus hijos, sus documentos personales y todo el dinero en efectivo que tenía en su casa y caminó hacia la línea fronteriza para refugiarse donde está su familia en Guatemala. Desde Cuilco, la línea divisoria entre ambos países es visible. En el lado de Guatemala decenas de soldados resguardan la brecha de unos diez metros desde hace dos semanas.
La mayoría de refugiados pensó en llegar a Guatemala para reunirse con familiares y amigos. En esa parte la frontera entre ambos países es difusa y los habitantes están vinculados por relaciones de compadrazgo, nexos familiares y comerciales. Estas comunidades tienen un tránsito común y las movilidades se dan desde Guatemala a México, y viceversa. Muchas familias guatemaltecas cruzan la línea para buscar servicios, proveerse de abarrotes e insumos a un mejor precio. Otros lo hacen en busca de oportunidades laborales y mejores salarios. Este ir y venir ha tejido vínculos familiares en la frontera. En los ochenta, durante la época del conflicto armado en Guatemala, además, guatemaltecos llegaron a Chiapas en busca de refugio y optaron por no volver.
Por eso en Cuilco la población comparte muchas características con sus vecinos. Desde la forma de hablar hasta normalizar los constantes disparos o explosiones que generan retumbos en las montañas cuando los grupos armados se enfrentan. “Desde aquí escuchamos las balaceras, hasta hemos encontrado casquillos de balas perdidas”, contó un vecino.
A Cuilco también lo abandonaron
Cuando los pobladores de la aldea La Laguna, en Cuilco, vieron llegar a cientos de mexicanos a su lado de la línea entendieron que se trataba de una crisis humanitaria. “Lo primero fue organizarnos para montar un albergue en la escuela”, explica uno de los líderes locales. La Laguna está ubicada a más de diez horas de Ciudad de Guatemala. Llegar a la comunidad es posible sólo en vehículos todoterreno en un trayecto cuesta arriba y terracería.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, en Cuilco nueve de cada diez personas viven en condiciones de pobreza. Y casi un 25% de la población lo hace en pobreza extrema. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) señala que en Cuilco es alta la vulnerabilidad por desnutrición en niños. Factores como la baja producción de alimentos en productores que viven en pobreza, el agotamiento de suelos y de fuentes de agua, sequías y limitado acceso a alimentos afectan a su población.
La educación también es limitada. En Cuilco, en promedio, hay un maestro por cada 22 estudiantes. En la escuela del caserío Ampliación Nueva Reforma, que hoy funciona como albergue, sólo hay dos maestros y dos pizarrones para atender a los estudiantes de primero a sexto primaria.
“El departamento de Huehuetenango se ubica en una zona posconflicto, donde los efectos de la guerra interna no han sido atendidos de manera integral. La falta de presencia y atención del gobierno central y la debilidad de los gobiernos municipales se refleja en el bajo acceso a servicios básicos (salud, habitación, agua, saneamiento, etcétera.) y las pocas oportunidades productivas-económicas”, resume un diagnóstico realizado por la Sesan.
Una de las vecinas lo expresa de otra forma: “Nosotros estamos olvidados, estamos abandonados. Si no pasa esto, no se recuerdan de nosotros”.
Pese a las limitaciones, los pobladores y líderes locales les han garantizado a las más de 200 personas refugiadas un techo, alimentación, vestimenta y acceso a agua. “Gracias a la gente de Guatemala, a nosotros no nos falta comida”, reconocen los mexicanos. La escuela funciona como cocina y comedor para los desplazados, y para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del ejército de Guatemala que vigilan la frontera. La comunidad también se encarga de la alimentación de estos servidores públicos. “Es una forma de agradecerles que nos están cuidando a nosotros y también a las personas refugiadas”, dicen.
El menú: frijoles, pasta, arroz y café no faltan. Sin embargo, cuando una comunidad vecina llega con un donativo, las mujeres a cargo de la comida preparan caldos y sopas. Para que las labores no se recarguen en las lideresas locales, las personas se organizaron por grupos para preparar la comida y cumplir labores de limpieza.
Ante la llegada de los vecinos mexicanos, en el caserío Ampliación Nueva Reforma hay clases. Los maestros consideran reanudarlas a través de un sistema de “burbujas”, similar al que emplearon durante la pandemia, para no afectar a los niños. Sin embargo, una de las preocupaciones ante la persistencia del conflicto entre grupos criminales es que los alcance un tiroteo. Los maestros solicitaron la construcción de una escuela de dos niveles con terraza para evitar que las balas perdidas atraviesen el techo de lámina y puedan herir a los estudiantes.
Militares mexicanos se retiran del caserío Ampliación Nueva Reforma, Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia
En Cuilco la hospitalidad continuará mientras existan donaciones y recursos para atender a las familias. En Chiapas, las viviendas quedaron abandonadas y fueron saqueadas. “Fuimos a ver nuestra casa hace unos días y encontramos todo tirado, entraron a robar lo que encontraron y a tirar todo lo que teníamos, la ropa, los muebles están rotos, hay vidrios, se pararon encima de la ropa, toda la alacena la sacaron”, cuenta una de las mujeres que hace unos días regresó a buscar unos documentos personales olvidados al huir de México.
Quienes dejaron sus cultivos en proceso dan por pérdida su cosecha. Sus gallinas o cerdos también los dan por perdidos. Los niños preguntan a sus padres cuándo van a volver, dicen que extrañan su escuela y su casa.
“No vengan aquí, mejor vayan a revisar cómo dejaron nuestras casas. Se llevaron todas nuestras cosas, nos dejaron sin nada”, le dijo uno de ellos al mayor Córdova en el albergue. Los militares escuchaban queja tras queja, pero no respondieron.
Desde México las autoridades comienzan a implementar un plan de recuperación para estas comunidades. Sin embargo, Córdova reconoce que aún no pueden garantizar condiciones seguras para que las familias vuelvan a su país.
Un mexicano juega basquet en el refugio de Guatemala. Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia
Pese a ello, más de 70 personas retornaron a México en busca de refugio con familiares en otros estados. El resto se resiste a volver, prefieren resguardarse en Guatemala, mientras encuentran una alternativa segura en su país con una convicción… o resignación: “El día que regresemos vamos a tener que empezar desde cero”.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron señalados de atacar a una patrulla y de atropellar a un repartidor de comida en los municipios de Guasave y Los Mochis, Sinaloa.
De acuerdo con testimonios, la madrugada de ayer ,marinos que transitaban en convoy sobre la carretera México-Nogales dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad oficial, cerca de la entrada de la comunidad de Cuatro Caminos en Guasave.
Esto, indicaron, sin mediar palabra o razón aparente, por lo que los agentes solicitaron apoyo a sus compañeros. La unidad recibió al menos 10 impactos de bala y no se reportaron lesionados, ya que en ese momento no había nadie a bordo.
En una rueda de prensa realizada ayermismo, el Alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, indicó que al momento no ha recibido una explicación oficial de parte de la Semar.
"A las 12 de la noche con 5 minutos, recibí una llamada del Comandante Juan de Dios, quien me avisó de este incidente (...) se encontraban dos patrullas de la Policía Municipal, una de ellas con el logo de Policía estatal-Guasave, es una patrulla que es de nosotros, pero en el año de 2017 se entregó a Guasave.
"Se tenía en un proceso de inspección, de vigilancia como se tiene habitualmente. Eran como 10 patrullas (de la Marina) que se supone, hasta donde tenemos conocimiento, no se ha confirmado de parte de ellos, de la Marina. Llegan, no se cuestiona, no se pregunta, simplemente empiezan a disparar, y la patrulla del Municipio de Guasave, con el logo de la Policía Estatal, es la que recibe 10 impactos de bala", informó.
El Edil refirió que al reprochar los municipales la agresión, los marinos justificaron que los confundieron.
"Afortunadamente ningún elemento salió herido porque se habían bajado de las dos patrullas que estaban en el sitio del ataque, pero solo una fue baleada. Los agentes no estaban ahí", precisó.
"Se les cuestionó por los agentes mismos que por qué lo hacían, no hubo una respuesta y más tarde se pudo comunicar cuando llegaron más patrullas al lugar, se amplió un poco la información por ellos y llegaron a admitir que había sido una confusión y se retiraron".
El Alcalde Ahumada Quintero se comunicó con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para enterarlo de lo acontecido.
En otro suceso, Alexis "N", un repartidor de comida, señaló a elementos de la Marina como responsables de atropellarlo cuando circulaba en el cruce del dren Mochicahui y la Agustina Ramírez, en Los Mochis.
El lesionado no recibió atenciones de marinos, quienes lo abandonaron en el sitio sin detener su marcha, acusaron familiares.
Ante ello, pidieron que esta dependencia se haga cargo de pagar los servicios médicos del joven de 29 años, cuyo estado es reportado como grave.
Tras una narcoamenaza en su contra el pasado fin de semana, el Secretario de Gobierno de Tijuana, Baja California, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, renunció a su cargo.
La posición del funcionario que mejor no quiso arriesgarse,contratasta con la de Hector Joel Villegas alias "El Calabazo',Secretario del Gobierno de Americo Villarreal,al que el Cartel del Golfo quiso matar el pasado 3 de Julio de 2023.
Aunque el funcionario de Tamaulipas que fue atacado por su catadura de mañoso, busco allanar el carácter rijoso del CDG reuniéndose con ellos, lo que termino por recrudecer la violencia en Tamaulipas.
La Alcaldesa Montserrat Caballero (Morena) anunció que el funcionario le presentó su renuncia y fue aceptada tras los hechos del pasado 10 de agosto, cuando además de un texto de amenazas, el cual se adjudicó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también dejaron sobre un vehículo restos humanos en la delegación Sánchez Taboada.
"Una (opción) era pedir licencia en lo que se aclaraba la situación, sin embargo, él es padre de familia, tiene tres pequeñitos y su esposa, él comentaba que se sentía más tranquilo cuidando a su familia, esperando que la Fiscalía aclare qué es lo que sucedió", dijo la Edil a medios locales.
"Tomamos esta noticia (del narcomensaje) con tranquilidad", aseveró, "como servidores públicos siempre estamos expuestos a este tipo de situaciones".
Este martes, Bujanda fue llamado a declarar por la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Nosotros iniciamos esa indagatoria por la manta, y sobre todo que se encontraba un cadáver, la iniciamos por el delito de homicidio, hemos estado en contacto con el Secretario, aún no está identificado el cuerpo (dejado en la unidad)", señaló la Fiscal María Elena Andrade.
"Dejan esas cartulinas de manera anónima, el trabajo que llevamos es complejo y de riesgo, les damos el valor como indicio, pero no se vale que se deje una cartulina de manera anónima porque cualquiera pudiéramos ser víctimas de esos hechos y no vamos a dar por sentado lo que se dice en ese momento", justificó.
Durante la conferencia del Ayuntamiento, la Alcaldesa Caballero reconoció que se les han dejado mensajes del crimen organizado a "muchos" de sus funcionarios.
"Al regidor morenista, Alejandro Cabrera Acosta, le dejaron una cabeza en su restaurante de Rosarito (el pasado 31 de julio), yo trato de pensar que la Fiscalía tiene su orden de llamar a las personas, y que están velando por su seguridad, es lo que quiero pensar", expresó.
"No fue un hecho menor, son cuestiones serias, al Oficial Mayor Municipal, le dejaron una cartulina, pero aquí estamos hablando ya de un cuerpo (en el caso de Bujanda)".
"Ha habido otros cuerpos, otras cabezas, dirigidas en las últimas semanas a muchos funcionarios, yo me estoy imaginando que la Fiscalía tiene su secrecía y llaman conforme ellos están considerando".
La misma Caballero vive desde junio del año 2023 en el Cuartel Militar del 28 Batallón de Infantería, debido a amenazas del crimen organizado y a un intento de atentado en mayo del mismo año.
De la saga de la entrega o “la traición” a Ismael “El Mayo” Zambada sólo se puede alcanzar una conclusión: todos los caminos del narco Estado mexicano conducen a Sinaloa, con parada obligada en Tamaulipas.
Y es que los nombres que brotan y que se entrelazan en redes de complicidades políticas, financieras y del crimen organizado, ponen sobre la mesa los mismos apellidos: Zambada, Guzmán López, Rocha, Peralta, Carmona, Delgado y Villarreal.
La última revelación circuló profusamente ayer por redes sociales. Son las últimas confesiones del diputado Héctor Melesio Cuén, quien fuera asesinado el mismo día de “la traición” a “El Mayo”. En ese video, el legislador y ex rector de la Universidad de Sinaloa habla de un acuerdo fallido con el entonces candidato Rubén Rocha, en el que participó Ricardo Peralta, el cuestionado ex director de Aduanas y polémico ex subsecretario de Gobernación y estratega de la operación Huachicol Fiscal. Un modelo criminal para lograr miles de millones de pesos por evasión en la importación de gasolinas para financiar las campañas de Morena.
Mario Delgado, el líder de Morena y futuro secretario de Educación, así como Américo Villarreal, delegado de Morena en Sinaloa y ahora gobernador de Tamaulipas, sin dejar fuera a Sergio Carmona, el “Rey del Huachicol” asesinado en San Pedro Garza García, fueron el epicentro para conseguir esos cientos de millones de pesos para financiar la campaña morenista en Sinaloa.
Por eso, el legislador asesinado dice en el video que cuando se vino la campaña “el dinero sobró” y que cuando se acabó la campaña “se quedaron con mucho dinero”.
Eso se suma a las revelaciones, tanto de los periodistas Salvador García Soto y Carlos Loret, quienes en sendas entrevistas con Rubén Rocha -el entonces candidato y luego gobernador electo- jamás titubeó en admitir que tenía acuerdos con el crimen organizado del estado que se disponía a gobernar. Después de todo, el morenista gobernador también era oriundo de Badiraguato.
Lo que se trasluce aquí, en esta saga, es el Narco Estado mexicano implantado por la 4T en todo su esplendor. Porque, de acuerdo a la narrativa que da “El Mayo” para tejer la tesis de “la traición”, él y el hijo de “El Chapo” fueron citados por el gobernador Rocha a una reunión en la que estaría presente también el diputado Héctor Melesio Cuén y a la que el capo asistió protegido por un comandante de la Policía Judicial y cuatro guardaespaldas. Es decir, estarían presentes, al menos, nueve personas.
Pero, de acuerdo a lo que hoy sabemos, de esas nueve personas dos ya están detenidas en Estados Unidos, una fue asesinada “en una gasolinera”, cinco están desaparecidas y el único que puede confirmar o negar cualquier cosa de aquel encuentro es Rubén Rocha. Su palabra contra todos los silencios o contra todos los silenciados.
Súmenle a eso que, en la coartada del gobernador de Sinaloa, existe una bitácora de un vuelo realizado en un jet del también sinaloense Jesús Vizcarra, dueño de SuKarne, y señalado como compadre de “El Mayo”, pues la trama de la “traición” adquiere otros vuelos, sobre todo, cuando el gobernador admite que no le cobraron por la renta de esa aeronave. ¿A cambio de qué tanta generosidad?
¿Citó Rubén Rocha a esa reunión a “El Mayo”, a sabiendas de que no iba a estar presente, porque se iría con su familia a vacacionar a Disney? ¿Se prestó a la traición o alguien “usó” su nombre? ¿Alguien cree que ingenuamente “El Mayo” iba a acudir a una reunión a la que no fuera convocado personalmente por el anfitrión, con quien se supone iba a arreglar un problema?
Lo que está en juego, en medio de toda esta narco-trama, es la abundante evidencia de los compadrazgos, las componendas y las carretadas de dineros ilícitos utilizados para mantenerse o para conquistar el poder.
Pero hasta ahora ni el presidente López Obrador ni la Fiscalía General de la República acusan recibo. Por el contrario, el inquilino de Palacio Nacional va presto a Sinaloa para que – ¡Oh, feliz coincidencia! – el día en que “El Mayo” denuncia en una carta la “traición”, el mandatario esté presente en Sinaloa, no sólo para lavarle cara a su morenista cómplice, Rubén Rocha, sino para pasarle el lavamanos a su sucesora Claudia Sheinbaum y que ella también le dé al gobernador de Sinaloa su expiación, antes incluso de que se abra una investigación.
Y en medio de todo esto, ¿en dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Por qué ni Alejandro Gertz Manero, o algún vocero propio, salen a plantar cara para dar parte del avance de las investigaciones a tres semanas de lo sucedido? La respuesta es que la “congeladora” es el sello de la casa.
Congelado está el expediente de Ricardo Peralta, el primer director de Aduanas que vendió los cruces fronterizos y los puertos al mejor postor, incluyendo el de Reynosa a Julio Carmona para luego, como subsecretario de Gobernación, irse a tejer alianzas inconfesables con las autodefensas de Tamaulipas.
Congelado está el expediente del asesinato del huachicolero Sergio Carmona. No conviene que se conozcan ni los montos ni los destinos tamaulipecos y sinaloenses de ese dinero mal habido. A pesar de que dos prominentes morenistas ya lo confesaron todo e incluso apuntan a Palacio Nacional y que su viuda despacha como gobernadora de facto.
Congelado también está el expediente de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena que dispuso de esos miles de millones “huachicoleados” para fortalecer sus campañas y ahora presenta factura para adjudicarse como premio la Secretaría de Educación del próximo gobierno.
Congelados están los expedientes para indagar, no sólo cuánto dinero recibieron el sinaloense Rubén Rocha y el tamaulipeco Américo Villarreal de “El Chapo Isidro”, en la Sierra de Badiraguato, sino cuánto salió de Tamaulipas a Sinaloa y cuánto regresó de vuelta. No hay que olvidar que, el hoy gobernador de Tamaulipas, fue meses antes el delegado de Morena en Sinaloa y cuidó la victoria de Rubén Rocha.
Es trágico ver el cierre de un sexenio y de un presidente que una y otra vez juró que combatiría y reduciría significativamente el crimen organizado, pero que acabó del brazo y por la calle -en el confeso Badiraguato de sus amores- hasta con la mamá de un capo.
La narco-trama de “El Mayo” Zambada apenas asoma sus primeras dudas y contradicciones. Y el final promete ser de pronóstico reservado. Un completo y absoluto cambio de juego para lo que resta del 2024 y el 2025. Ya lo veremos.
Luego de ser reportada desparecida desde el lunes 12 Agosto,la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas,bajo el gobierno de Americo Villarreal,multiseñalada en sus ligas con el Cartel del Golfo y ante quien se habia formalizado la desaparición de Alexandra María, hija de la diputada del PAN y excandidata a la alcaldía de Tampico, Rosa María González Azcárraga,finalmente apareció,no asi 668 victimas reportadas en el sitio oficial del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que tienen al Tamaulipas "humanista" de Americo Villarreal como segundo lugar nacional del "levantadero"..
De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente de 14 años no podía ser localizada desde lunes 12 de agosto y como pocas veces pasado inmediato se generaron acciones de búsqueda para su localización.
La misma Fiscalía General de Justicia informó la tarde de ayer martes que la menor de 14 años, Alexandra María Collado González, habia sido localizada con vida y en buenas condiciones de salud, pero que continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición.
En tanto eso sucede,rapidamente se revelo que la joven pudo haber participado en un reto juvenil que involucra desaparecer entre 24 y 48 horas.
De acuerdo con el sitio oficial del Sistema Nacional del Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO),este advierte en su historial de registro reportes oficiales de 668 victimas de desaparición tan solo en esa ciudad de Tampico y que no han sido localizadas de un total estatal de mas de 13 mil en Tamaulipas,la segunda mayor cifra de todo el pais,que el gobernador Francisco J. Garcia Cabeza de Vaca "duplico y Americo Villarreal se encamina a triplicar".
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue exculpado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta electa Claudia Sheinbaum el mismo día en que se dio a conocer la explosiva carta firmada por Ismael El Mayo Zambada, que involucra al gobernador con el Cártel de Sinaloa.
Según ese documento, Zambada, líder y fundador de esta organización criminal, fue secuestrado y conducido a los Estados Unidos contra su voluntad cuando asistía a una reunión a la que había sido convocado por uno de los hijos del Chapo Guzmán con el pretexto de que mediara en el pleito que arrastraban dos poderosos líderes políticos: el propio gobernador Rocha y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo por el PAN, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado a tiros ese mismo día.
No hubo necesidad de esperar el resultado de investigación alguna a pesar de que la influencia del crimen organizado en la política de Sinaloa fue admitida por el hoy gobernador en una conversación sostenida en agosto de 2021 con el columnista Salvador García Soto: “No nos hagamos pendejos, aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente”.
No hubo necesidad de esperar nada, a pesar de que el tufo de esa influencia rodea a la figura del gobernador por todas partes.
Nunca en la historia del crimen organizado en México se había dado a conocer una carta en la que un jefe criminal revelara el nivel de su mediación entre los líderes políticos más importantes del estado. Zambada reveló en el documento que el asesinato de Cuén está conectado con esa reunión y revela asimismo que contaba con la protección de un comandante de la policía del estado –quien está en calidad de desaparecido desde aquel día.
El presidente, sin embargo, se apresuró a asestar a Rocha Moya el espaldarazo purificador que incluso frente a los peores escándalos suelen recibir sus cercanos: “Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha… Y lo felicito por dar la cara: no dejó pasar ni un día”.
Lo mismo ocurrió con la presidenta electa: “Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo”.
No tardó en aparecer el consabido desplegado de apoyo de las gobernadoras y los gobernadores constitucionales y electos de Morena, quienes mostraron “su absoluto respaldo al compañero Rubén Rocha Moya (…) ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto en días recientes” y rechazaron “tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada García a través de su defensa legal”.
Desde 2021, el gobierno de Estados Unidos tiene información sobre la abierta intervención del crimen organizado en las elecciones que se llevaron a cabo ese año en Sinaloa, y que llevaron al triunfo a Rocha Moya, así como a una serie de alcaldes morenistas.
Al menos tres gobernadores, entre los firmantes del desplegado, han atraído el interés de organismos de inteligencia estadounidenses: para ellos, probablemente en un futuro no muy lejano, el menor de sus problemas va a ser la DEA.
En masa, gobernadores de Morena que mantienen sus estados en llamas (Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Américo Villarreal en Tamaulipas, Evelyn Salgado en Guerrero, David Monreal en Zacatecas, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, Alfonso Durazo en Sonora, Rutilio Escandón en Chiapas, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán), salieron a arropar a Rocha Moya.
Pero las señales enviadas tanto por El Mayo como por quienes tienen ahora la sartén por el mango, indican que el alud que se viene encima no podrá ser contenido a punta de “mañaneras”, ni a punta de desplegados.
Las autoridades de Tamaulipas,bajo el gobierno de Americo Villarreal,siguen tercas en mandar mensajes de "cero impunidad" con actos de autoridad que dicen todo lo contrario, pues ahora publicitan el presunto decomiso de 84 paquetes de cocaína ocultos en blocks de cemento que apuntan al Cartel del Golfo y durante un operativo donde no se logro la detención de absolutamente nadie.
El hallazgo segun los reportes,se produjo cerca del Puente Internacional de Camargo y dicen fue parte de las acciones conjuntas entre la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tamaulipas y elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la 8va. Zona Militar,ambas profusamente señaladas, precisamente por proteger al crimen organizado.
La droga, dicen estaba cuidadosamente escondida dentro de los bloques de cemento, tan escondida como los criminales que lea trafican, aunque estos no fueron descubiertos, pues siempre son encubiertos.
La investigación de los policías dicen esta enfocada en combatir el narcomenudeo en la región y tras el análisis químico correspondiente, confirmaron que el contenido de los paquetes era cocaína,por lo que pusieron la sustancia a disposición de autoridades federales.
Apenas ayer, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas publicitaba sus ejemplos de cero impunidad citando detenciones de 2015 y ajdicicandoselas al gobierno en turno como indicadores de castigo a los infractores de la ley.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el primero en reconocer que, en el estado, no se puede ejercer el poder sin la autorización implícita del Cártel del Pacífico: “No nos hagamos pendejos. Aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato”.
“No nos hagamos pendejos. Aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato”. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el primero en reconocer que, en el estado, no se puede ejercer el poder sin la autorización implícita del Cártel del Pacífico. Esto era, hasta hace unas semanas, sin la aprobación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Ahora, Rocha pretende deslindarse de los señalamientos que ha hecho el capo sobre los presuntos nexos del gobernador con el Cártel de Sinaloa. La explicación, al igual que la investigación de la Fiscalía General de la República, ha llegado demasiado tarde. Al menos desde 2021, una cascada de testimonios de miembros de la 4T, reportes de inteligencia del gobierno federal, conversaciones privadas del gobernador y sus propias declaraciones públicas han dibujado la narrativa de un personaje que opera como la conexión entre la clase política y la organización criminal más sofisticada del país. Nadie puede darse por sorprendido.
En abril, Código Magenta publicó las explosivas declaraciones de Jocelyn Hernándezsobre la campaña de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. Hernández, quien es una de las fundadoras de Morena y tiene amistad con Andrés Manuel López Beltrán, fue subordinada del delegado de la 4T en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021, Américo Villarreal, quien actualmente es gobernador de Tamaulipas.
De acuerdo a este testimonio, Hernández vio cómo llegaban maletas llenas de dinero a la casa de campaña de Rocha Moya. Y aún más importante, relató que Rocha Moya y Villarreal viajaron a la sierra de Sinaloa para reunirse con Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’. Hernández aseguró que Villarreal admitió que se trató de una operación clandestina: “No puedes ir a menos que te tapemos los ojos”.
Jocelyn Hernández fue grabada en un restaurante en Houston, Texas como parte de una indagatoria en Estados Unidos sobre el financiamiento ilegal a campañas de Morena. Código Magenta tuvo acceso al contenido de la entrevista.
La presunta reunión del ‘Chapo Isidro’ con Rocha Moya y con Villarreal no es un asunto menor. Se trata de un objetivo criminal por el cual el FBI solicita una recompensa de 5 millones de dólares para quien aporte información relevante para su detención. Meza Flores es el heredero de la antigua estructura criminal del Cártel de los Beltrán Leyva y fuentes de inteligencia lo vinculan a la operación para trasladar laboratorios de fentanilo de Sinaloa a Nuevo León. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la red criminal del ‘Chapo Isidro’ como una Organización Transnacional de Narcotráfico. En el 2019, el Departamento de Justicia catalogó el expediente de Meza Flores como un “asunto prioritario”.
La pregunta es inevitable: ¿el dinero que llegaba en maletas a la casa de campaña de Rubén Rocha Moya venía de la organización del ‘Chapo Isidro’? La sospecha llegó a tal grado que, de acuerdo a una investigación periodística de Milenio, el Centro Nacional de Inteligencia abrió una indagatoria sobre los presuntos nexos del Cártel del Pacífico con la campaña de Morena a la gubernatura de Sinaloa.
En el proceso electoral de 2021, cientos de representantes de casillas y operadores territoriales de la alianza PRI-PAN-PRD fueron secuestrados para intimidar a la oposición. Rubén Rocha Moya fue el beneficiario de esta movilización criminal. La denuncia llegó a instancias internacionales. Un grupo de la alianza Va por México acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington para señalar la intervención del crimen organizado en las elecciones de Sinaloa.
Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, describió esta ofensiva criminal de la siguiente manera:
“Se puede intuir que algunos candidatos están inmiscuidos, fueron, son parte de o tienen relación con estos grupos del crimen organizado. En Sinaloa lo ha denunciado el propio candidato Zamora: casi un millar de personas levantadas entre viernes, sábado y domingo; fueron liberadas la noche del domingo. Incluso fue levantado el secretario estatal de elecciones del PRI en Sinaloa y fue soltado el martes. Es evidente que el narcotráfico jugó, ninguna encuesta daba una diferencia tan amplia como la que resultó en la elección, lo que queda claro es que operó el crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena”.
En público, Rubén Rocha Moya insiste en que se necesita una política de Estado para coordinarse con los grupos criminales que operan en Sinaloa. Los reconoce como un poder fáctico con el que el gobierno tiene que lidiar.
Y en privado, el gobernador de Sinaloa es todavía más explícito. En una conversación que tuvo lugar poco después de la elección de 2021 con el periodista Salvador García Soto, Rubén Rocha Moya admitió que pactar con el Cártel de Sinaloa es inescapable:
“Pues mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el viso bueno de ellos, te miento. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”.
En los hechos, Rubén Rocha Moya ha ofrecido la descripción de lo que algunos llaman ‘el narcoestado mexicano’.
De acuerdo a la versión no confirmada de Ismael Zambada, Rubén Rocha habría sido parte de un esquema criminal, planeado por Joaquín Guzmán López, para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. ‘El Mayo’ sostiene que fue emboscado en la antesala de una reunión a la que habría sido convocado para mediar en un conflicto entre el gobernador y el político Héctor Melesio Cuén, sobre la sucesión en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuén fue asesinado el día que Zambada y Guzmán López fueron detenidos. Las circunstancias de su ejecución todavía no son claras. Todos los protagonistas de la historia que ha contado Zambada están detenidos, desaparecidos o muertos. Rubén Rocha Moya es la única excepción.
El gobernador de Sinaloa tiene el apoyo irrestricto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de la dirigencia nacional de Morena y de los gobernadores de la 4T.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar con tal de negar la realidad del Embajador de Badiraguato?
Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del finado ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue vinculado a proceso por el delito de negociaciones ilícitas, presuntamente cometidas cuando era director de Bienes y Suministros de esa institución.
Después de haberse diferido en 12 ocasiones la audiencia inicial, con argumentos como cambios de defensores o problemas de salud, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró ayer obtener el auto de vinculación a proceso por ese delito que el acusado negó en diversas ocasiones cometer y que su padre aseguró que era una fabricación del Gobierno de Sinaloa.
La Fiscalía consideró que el diferimiento de la audiencia inicial fue con motivo de estrategias dilatorias ante el frecuente cambio de defensor particular, presentación de justificantes médicos, y como un reflejo de un abuso excesivo del derecho a nombrar libremente abogado y del derecho a la salud.
De acuerdo con la FGE, en 2021 y 2022, cuando Cuén Díaz fungía como director de Bienes y Suministros de la UAS se registró la adquisición de un servicio de restaurante bar en el que empleados de la institución realizaban el consumo de alimentos en la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Luis XV S.A. de C.V., comúnmente conocida como Restaurante Casa María, pidiendo que el consumo se facturara a nombre de la universidad.
En la causa penal 857/2024 se obtuvo vinculación a proceso del imputado, en la que se estipularon medidas cautelares como la presentación periódica cada mes ante la UMECA, así como la prohibición de salir del país sin la autorización del juez de control y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En relación a los montos de las facturas emitidas a favor de la UAS, para 2021 fueron 170 por un monto de un millón 274 mil 80.02 pesos.
En 2022 fueron 428 facturas por 382 mil 299.50 pesos, lo que arrojó un total de 598 facturas emitidas por un millón 447 mil 671.78 pesos.
"Es el caso que, de las facturas expedidas a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue cancelada una factura por el monto de $1'145,000.04 (millones), esa factura fue expedida el día 25 de agosto 2021 y cancelada el día 20 de mayo del 2023, siendo su cancelación 1 año con ocho meses después de su expedición; y cancelada dos días después de la publicación que se realizaran diversos medios de comunicación con el rubro de 'cobra inmobiliaria $1.7 millones de pesos a la UAS, facturación acumulada a dicha institución en alimentos y bebidas, Inmobiliaria Luis XV de la familia Cuén'", precisó la FGE.
"En ese sentido, la factura cancelada es reciente, con fecha del 20 de mayo del 2023; tal situación no es creíble, al tratarse de una cancelación extemporánea y fuera de los plazos legales, y que las realizó a 1 año con ocho meses después de su emisión; más aún que esta factura fue pagada en efectivo y no podía ser cancelada. Cabe señalar que, para que esa factura quedara con el estatus de cancelada, tuvo que haber un acuerdo entre funcionarios de la UAS y el prestador del servicio Inmobiliaria Luis XV, sociedad mercantil de la cual el imputado Héctor Melesio "C" es socio y apoderado legal, siendo también socios los padres y hermanas del imputado; cancelación la cual se hizo fuera de los plazos legales"..
En la audiencia la Fiscalía sinaloense expuso ante el juez de control los datos de prueba con los que se cuenta en la carpeta de investigación, por lo que el órgano jurisdiccional consideró que existen indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso en contra del imputado.
Mujeres del caserío Ampliación Nueva Reforma cocinan para refugiados mexicanos y fuerzas de seguridad guatemaltecas. Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia 
Un niño mexicano duerme en un catre del refugio improvisado en Guatemala. Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia 
Militares mexicanos se retiran del caserío Ampliación Nueva Reforma, Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia 
Un mexicano juega basquet en el refugio de Guatemala. Foto: Cortesía Plaza Pública/Laura Garcia 
