Durante catorce años he investigado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, y a su grupo organizado de policías corruptos integrado por al menos cincuenta miembros de la cúpula, entre mandos superiores y medios que lo acompañaron en uno o más momentos de su carrera policiaca-criminal, pero que siempre se han mantenido unidos.
Ese número, sin contar con la cadena de corrupción derivada de cada uno de ellos, subordinados y familiares. Todos ellos beneficiarios del enriquecimiento súbito y partícipes del ostentoso y a veces grotesco nivel de vida que no corresponde a la sobriedad a la que debería estar obligado cada servidor público, tanto en la forma como en el fondo.
En este tiempo, en reportajes, libros y foros públicos he explicado las actividades de este grupo de delincuencia organizada que operaba y opera desde dentro del Estado. Se convirtieron en motivo de estudio y vigilancia porque con el paso del tiempo entendí que esa asociación delictiva no opera de manera impulsiva, casual o esporádica.
Más bien son una organización estructurada, perfectamente articulada, cuyo propósito no es solo el beneficio económico o el poder, sino que tras más de 40 años insertos en las instituciones representan una importante parte del Anti-Estado dentro del Estado que ha destruido a nuestro país.
Su propósito es debilitar las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia del país, y adueñarse de ellas para ponerlas al servicio de intereses desviados: políticos, empresariales, cárteles de la droga, etcétera.
Su sistema de operación y reproducción es paradigmático. Por esto la detención de García Luna en Estados Unidos es más importante que la del propio Joaquín Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa para quien García Luna y su grupo criminal han trabajado.
Comencé a denunciar su existencia y actividades ilegales cuando estaban en un punto de clímax de su poder y lo seguí haciendo luego de la salida de García Luna de la administración pública y su traslado a Florida.
Para muchos pudo parecer el fin de esa cofradía, cuando en realidad se trataba de una nueva fase de afianzamiento.
Pese a que sus actos criminales se convirtieron en la normalidad y no en la excepción, nunca he dejado de indignarme, nunca he dejado de sorprenderme. Espero que quienes leen estas líneas tampoco dejen de hacerlo. La indignación y el estupor es uno de los anticuerpos más espontáneos contra la normalización de lo torcido, contra la aceptación tácita y silenciosa de que lo indebido y lo ilegal es inevitable.
LA COFRADÍA
Este grupo criminal durante décadas ha usado los recursos públicos del Estado mexicano para sabotearlo. En sus horarios de servidores públicos pagados con nuestros impuestos se reunían con narcotraficantes, llegaban a acuerdos, ayudaban al traslado de la droga por todo el país, cargaban y descargaban en los aeropuertos del país droga y dinero.
Los aviones, los helicópteros, los automóviles blindados de los altos funcionarios, las patrullas, los uniformes, el armamento, los equipos dados por el Plan Mérida comprados con los impuestos de los ciudadanos americanos, las oficinas públicas, todo al servicio del crimen con la impunidad que da la placa de policía.
Eso ha hecho esta cofradía, y de ese tamaño es la estafa, el daño, la traición a México y a cada ciudadano. Quienes los protegieron y protegen por complicidad, por recibir dádivas, por comodidad, o por ingenuidad son sus cómplices.
Para muchos, per sé, por el dogma comodino que impone la esencia del Estado, era imposible creer lo que revelé desde 2008, 2009 y 2010.
Muchos decían hipócritamente no creer en mis investigaciones por complicidad, como el propio expresidente Felipe Calderón, y otros muchos servidores públicos, políticos, periodistas, integrantes de la sociedad civil.
Pero decían no creer sin contrastar con otros hechos la información que presenté, documentada, con fuentes de información vivas, sino por ‘confort’, para recibir sin problemas de ‘conciencia’ los tantos favores que repartían o por clara complicidad y corrupción.
Desde 2008 publiqué los antecedentes de Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien se dice “compadre” de García Luna. Debió haber estado en la cárcel desde los 18 años, cuando el 12 de agosto de 1987 participó en la Ciudad de México en un triple homicidio durante una jornada de borrachera y excesos.
Publiqué los documentos del caso incluyendo su confesión en un reportaje titulado “A sangre fría”, como la novela de Truman Capote, por el modo anómalo en el cual el propio “Pollo”, como le llaman en la cofradía, narró todo lo que había pasado esa noche sin ningún remordimiento.
No parecía una historia de terror, lo era. Como policía cometería actos aún peores contra víctimas inocentes. No piso la cárcel en 1987 porque su padre era un jefe policiaco en la Ciudad de México, desde entonces probó el sabor de la impunidad que lo acompañaría hasta el 30 de julio pasado cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación criminal abierta en su contra en la Corte de Distrito Este de Nueva York el 4 de diciembre pasado, simultáneamente a García Luna, Ramón Pequeño García, extitular de la División Antidrogas, y “otros”. Porque hay una larga lista de coacusados en esa generalidad señalada en el expediente criminal.
También desde 2008 hablé de Ramón Pequeño García en mi libro Los "cómplices del presidente", cuyos protagonistas eran Calderón, García Luna y el extinto Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación.
Ahora es coacusado con García Luna y Cárdenas Palomino, en USA, de tráfico de drogas y de trabajar para el Cártel de Sinaloa en una acción criminal continua, ininterrumpida, “del 2001 a la fecha”, según señala textualmente el expediente criminal 1:19-cr-00576-BMC-3 abierto específicamente en su contra.
Algunos funcionarios públicos que llegaron a tratar con Pequeño García en el sexenio de Calderón y Peña Nieto, en comidas informales, me comentaron en más de una ocasión que no era posible que esa persona hiciera las actividades ilegales que yo describía.
Los miraba y trataba de entender. ¿Por qué lo defendían? ¿Lo habían investigado? No. Ramón Pequeño era vinculado sentimentalmente a un familiar de María Elena Morera de la organización México Unidos Contra la Delincuencia, quien durante mucho tiempo fue defensora a ultranza de García Luna y comparsa. ¿Eso lo higienizaba?
APARATO CRIMINAL ANTI-ESTADO
Quienes ocupen una posición como parte del gobierno del Estado Mexicano actual deben estar conscientes que este aparato criminal Anti-Estado, cuya cabeza visible es Genaro García Luna –hoy encarcelado en NY– sigue ahí, vivo, operando día a día para seguir fracturando a las instituciones y continuar con su empresa criminal.
Y hoy estamos ante una de las fases más peligrosas de esa facción de Anti-Estado, porque trabajando en instituciones públicas en la legítima 4T se legitiman, se limpian, se exculpan y regeneran para continuar.
Por eso es urgente la limpia, por eso incluso es necesaria la explicación abierta y transparente de quienes aún los mantienen en instituciones clave.
Este grupo criminal de integrantes, cómplices y/o comparsas están ahí. En la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal autónomo de la historia en México, están en los puestos operativos más importantes: Antonio Pérez García es ahora titular de la Policía Federal Ministerial (PFM). Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de Métodos de Investigación, jefe de Pérez García. Jorge Domínguez Martínez Vértiz, director de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Luis Romero García, director de área en el departamento de Asuntos Internos del Órgano Interno de Control. José Roberto Aragón, jefe de departamento de investigación de delitos en la PFM. Martín Armendáriz Chaparro, inspector en la PFM.
TAMBIÉN EN LOS ESTADOS
En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tiene como secretario de Seguridad Ciudadana a Omar García Harfuch, uno de los hombres más cercanos e incondicional de Cárdenas Palomino, quien debió haber salido de la PF en 2012 porque no aprobó los exámenes de confianza, entre otras claras irregularidades.
Francisco Almazán Baroccio, jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, recomendado por García Harfuch en el puesto y quien fue el hombre de mayor confianza de Pequeño García.
En el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, este nombró como secretario de Seguridad a Emilio García Ruiz, brazo derecho y operador directo de Armando Espinosa de Benito, extitular de la División de Inteligencia en la PF, también acusado por narcotraficantes de haber trabajado para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, y de quien publiqué una larga investigación patrimonial que hice en 2013. Según sus familiares se fue a trabajar también a Grupo Salinas junto con Cárdenas Palomino.
En Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco Sandoval tiene como responsable de la seguridad del estado a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, también miembro del clan, específicamente de Espinosa de Benito.
Y en el Estado de México, del priísta Alfredo del Mazo, primo del expresidente Enrique Peña Nieto, nombró como secretaria de Seguridad Pública a Maribel Cervantes, una de las pocas mujeres integrantes del equipo compacto de García Luna, titular de la PF cuando este organismo traficaba droga para el Cártel de Sinaloa.
fuente.-@emeequis/Anabel Hernandez/ *Publicada en junio/2020
