Con voto a mano alzada, el pleno de la Comisión Permanente exhortó a la Cámara de Diputados a realizar foros sobre la Reforma al Poder Judicial, mientras legisladores de oposición solicitaron que no se trate de una simulación. Se aprobó por unanimidad exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a realizar al menos ocho foros sobre la reforma al Poder Judicial que empezarían, en teoría, el 25 de junio y concluirán el 6 de agosto.
Tres de estos foros serán en la Ciudad de México, con sede en la Cámara de Diputados, y cinco más en Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Sinaloa.
Senadores y diputados electos de Morena realizarán 32 asambleas informativas para explicar las modificaciones que sufrirá la Constitución por esta reforma.
La 66 Legislatura arranca el 1 de septiembre con la mayoría calificada (necesaria para cambios constitucionales) para el bloque morenista en la Cámara de Diputados y cerca de conseguirla en el Senado.
Durante la comisión permanente, la senadora Beatriz Paredes manifestó que se deben asegurar varios puntos al momento de hablar de la reforma al Poder Judicial. La priista aseguró que es indispensable mantener la independencia, autonomía plena del Poder Judicial e impedir que tanto el crimen organizado como los otros poderes, afecten el actuar del Judicial.
Beatriz Paredes llamó a proteger al Poder Judicial de poderes políticos y fácticos.
“¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena, no solo de los poderes políticos (desde luego el Ejecutivo y el Legislativo) sino, sobre todo, de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. En segundo lugar, su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo, su eficacia; y eso supone la agilidad en el tratamiento de los asuntos y, desde luego, el respeto a las condiciones laborales de quienes han hecho posible”.
Por su parte, Claudia Ruiz Massieu mencionó que espera que estos diálogos no se conviertan en una “simulación estéril”, donde solamente queden los intereses del Poder Ejecutivo. Agregó que el análisis presentado en la reforma estaba incompleto y era “caprichoso”. Cuestionó que exista una serie de puntos que no fueron tomados en cuenta.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, agregó mediante redes sociales: “En el grupo parlamentario de @MovCiudadanoMX esperamos que los foros para discutir la reforma al Poder Judicial sean espacios de auténtico análisis, deliberación y debate, no meras simulaciones”.
El senador del PAN, Erandi Bermúdez, recordó que a la mayoría de los senadores presentes ya no les tocará discutir el tema de la Reforma al Poder Judicial. Señaló que México es aún “muy infantil” en cuanto a comprender muchos de los asunto políticos y públicos del país “por eso es que los ciudadanos nos eligieron a nosotros, para elegir qué hacer y que no”.
Añadió que falta poner atención en las fiscalías de los estados:
“Esto es un tema que va más allá de un simple nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Esto es un tema que va a reformar realmente un Poder Judicial, y todos tenemos el encargo de que, el día de mañana, estas personas no vayan a ser los verdugos de quienes hacemos estas modificaciones y que no las hagamos solamente en las rodillas.
“No solamente es una reforma al Poder Judicial Federal; tiene que transitar forzosamente por la reforma a los Poderes Judiciales de los estados y, ojo, a las fiscalías de los estados ya la Fiscalía General de la República”.
“NO ES UNA REFORMA, ES UNA REVOLUCIÓN”
También hubo quienes defendieron la reforma y añadieron que los foros son necesarios pero que eso no impide la necesidad de modificar al poder Judicial de la manera en que el presidente lo solicitó.
El senador electo Gerardo Fernández Noroña mencionó que no se trata de una reforma sino de una revolución y que “no hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando”. Noroña adelantó que las elecciones del Poder Judicial se darán en el primer trimestre de 2025.
Añadió que cuando la reforma fue presentada, la oposición se burló, puesto que no esperaban los resultados obtenidos el pasado 2 de junio. Para el diputado, la oposición considera que el pueblo mexicano no está listo para tomar este tipo de decisiones:
“Lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan, (…) porque el pueblo no está preparado. Así decían de las mujeres antes de 1953 (antes que pudieran votar)”.
Aseguró que la elección popular para jueces, magistrados y ministros se realizará en el primer trimestre de 2025.
Mientras que la senadora Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, mencionó que “es necesario un nuevo orden dentro de los órganos jurisdiccionales”. Añadió que los resultados de las encuestas del pasado fin de semana, reafirmaron los resolutivos del dictamen y convocaban a un amplio diálogo, difusión y participación de la ciudadanía.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, mencionó que habría que cuestionarse qué Poder Judicial se tiene y cuál se desea. Añadió que el punto central de la reforma era que existiera voto popular para la elección de los integrantes del Poder Judicial, y que correspondía a la Legislatura determinar las vías para hacerlo realidad.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL?
La iniciativa fue enviada por el actual presidente de la República el pasado 5 de febrero. Con ella, se pretende que la ciudadanía elija mediante voto directo a 1,700 jueces y magistrados federales, así como a los ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La propuesta también busca crear un tribunal de vigilancia para observar las decisiones tomadas por los integrantes del Poder Judicial. Además, propone que el Senado reciba las postulaciones de candidatos a jueces, magistrados y ministros, y verifique que cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución. Mientras tanto, el INE supervisaría el proceso de campañas de quienes aspiran a estos cargos.
La reforma también contempla reducir el número de ministros de 11 a 9, eliminar las dos alas de la corte para que las decisiones se tomen en el Pleno, y acortar el período de encargo de los ministros de 15 a 12 años. En cuanto a los jueces, busca prohibir que otorguen suspensiones contra leyes generales y establece plazos máximos de seis meses para resolver asuntos fiscales y de un año para asuntos penales.
Finalmente, propone que la renovación de ministros y ministras se realice en una elección extraordinaria en 2025.
