Toda la desbordada alegría de Andrés Manuel López Obrador dio un vuelco en esa cena de septiembre de 2018 en el Casino Militar del Campo Marte. La cúpula castrense, encabezada por el todavía secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, le hizo un recordatorio sutil al en ese entonces presidente electo.
A partir del 1 de diciembre de ese año él sería el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ergo. A partir de ese día él sería el responsable de todo el actuar del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, de sus acciones del pasado y de las que se dieran durante su gobierno.
Y sí. Los militares –en una especie de lectura de cartilla al presidente entrante– le “sugirieron” que su discurso rijoso en contra de las instituciones armadas sería, de ahora en adelante, como “colocarse una pistola en la sien”.
El mensaje de los militares de ese día fue tan contundente –nos cuentan a EMEEQUIS personajes del primer círculo de López Obrador en la etapa de transición—que el tabasqueño asimiló que de nada le servían los 30 millones de votos que obtuvo en la elección presidencial si no tenía el respaldo castrense.
LA FORMA ES FONDO
Pero fue más contundente desde antes, cuando la cúpula militar literalmente orilló a AMLO a acudir a esa reunión a instalaciones castrenses y no que los militares fueran a la que fue la casa de transición del presidente electo, en la esquina de las calles de Chihuahua y Monterrey, en la Colonia Roma.
Y sí. La clave de la exoneración del general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos por los que fue investigado, detenido, absuelto y extraditado en Estados Unidos, por parte de la Agencia Antidrogas de ese país (sobre todo el de trasiego de narcóticos a la Unión Americana desde territorio mexicano), se dio en el discurso de toma de protesta de Andrés Manuel como presidente constitucional en la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2018.
“En nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el Ejército cuenta con respaldo de la opinión pública”, dijo AMLO en la llamada máxima tribuna del país, ya con la banda presidencial cruzando su pecho.
Y la otra clave en ese discurso, nos dicen, fue la siguiente afirmación del tabasqueño:
“El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un Ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina.
“La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo, en 1938-1939, y nunca el Ejército Mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el Ejército Mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado”.
FUERZAS ARMADAS Y MEGAPROYECTOS
Parecería inaudito, pero nos cuentan que AMLO casi no habló en esa reunión. Fueron los miembros de la cúpula militar los que se explayaron.
Había razones para hacerlo, sobre todo ante un político que en toda su trayectoria política había cuestionado el proceder de las Fuerzas Armadas en acontecimientos como la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el “halconazo” de 1971, la “guerra sucia” de las décadas de los setenta y ochenta, la insurrección del EZLN en Chiapas en 1994, la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, así como el desempeño del Ejército en los casos de Acteal, El Charco, Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán.
López Obrador tenía una idea, pero no estaba completamente enterado –y ahí se lo hicieron saber los militares—de la presión que había por parte de las cúpulas empresariales, no sólo en la reciente elección, sino desde los comicios de 2006 y 2012, para que las Fuerzas Armadas “tomaran partido” en caso de que llegara a la Presidencia de la República.
En las pocas intervenciones que tuvo el general secretario Salvador Cienfuegos, nos dicen que una de ellas fue para “aclarar” que la cúpula castrense nunca había pedido a la tropa votar en contra o a favor de algún candidato presidencial. La otra, para señalar que el avión que adquirió el Ejército Mexicano en septiembre de 2014, con un valor de 446.9 millones de pesos –y que tanto había criticado el tabasqueño–, no era de él, sino de las Fuerzas Armadas.
También salieron a relucir, nos dicen, informes de inteligencia militar sobre los llamados megaproyectos que propuso AMLO en la campaña presidencial y que serían la columna vertebral en cuanto a las obras de infraestructura de su gobierno.
Los generales revelaron al presidente electo una realidad distinta a la que tenía en mente, incluso desde la campaña presidencial de 2006: las regiones en donde estaban planeados esos proyectos (Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Aeropuerto de Santa Lucía y Termoeléctrica La Huexca) son un hervidero de organizaciones sociales, grupos de la delincuencia organizada, flujos migratorios controlados por grupos criminales e, incluso, organizaciones guerrilleras, en donde sí o sí, las Fuerzas Armadas tendrían que tomar el control no sólo para su construcción, sino incluso para su resguardo permanente después de inauguradas.
Otros datos castrenses que le plantearon a López Obrador en esa reunión en el Campo Marte fue la idea de constituir una Guardia Nacional que supliera las labores de la Policía Federal. Los militares fueron contundentes, con mapeos del control de vastos territorios del país por parte de grupos del crimen organizado, y en donde también, sí o sí, el Ejército y la Marina tendrían que asumir la operatividad de ese nuevo cuerpo de seguridad.
También hubo “sugerencias” para darle un vuelco al “lenguaje belicoso” para referirse a distintos hechos de violaciones a los derechos humanos vinculados con las Fuerzas Armadas. No más términos como “crímenes de lesa humanidad”, “ajusticiamientos” o “fusilamientos a mansalva” para referirse a los casos de Tlatlaya o Ayotzinapa. No más referencias sobre “crímenes extrajudiciales” o “aniquilación de seres humanos”. No más referencias sobre “investigar a fondo” los crímenes de Estado en donde participaron instituciones castrenses.
Andrés Manuel López Obrador salió de esa reunión –nos dicen a EMEEQUIS– con una visión muy distinta a la que tenía sobre la situación del país, sobre el papel de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, con la certeza de que le sería imposible gobernar sin el respaldo de los militares.
Luego se vino lo del discurso de la toma de protesta el 1 de diciembre de 2018, el mensaje a las instituciones castrenses, la decisión de que el Ejército asumiera el control de los megaproyectos y de la Guardia Nacional, la simulación en las investigaciones a militares en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya y, ahora, la exoneración de Salvador Cienfuegos de supuestos delitos de vínculos con grupos criminales por parte de la Fiscalía General de la República.
Y, bueno: el desmedido incremento presupuestal a las instituciones castrenses en los últimos dos años.
Cienfuegos sin uniforme castrense. Foto: Especial
