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jueves, 24 de diciembre de 2020

LAS "PATRULLAS del MENCHO" la MATARON CUANDO ELLA PATRULLABA en la GUARDIA NACIONAL en JALISCO...territorios bajo la ley de las armas.


La Guarda Nacional (GN) perdió en un ataque armado a una de sus integrantes perteneciente al 13 Batallón de Infantería, quien sufrió heridas de bala que le causaron la muerte inmediata. Este deceso es el primero de un elemento femenino perteneciente a la Guardia Nacional, en un enfrentamiento armado con gente del crimen organizado.

Esta muerte se suma a la de otras dos mujeres de la Policía Militar incorporadas a la GN, quienes perdieron la vida e este año en circunstancias parecidas, aunque no en fuego directo contra un enemigo.

En enero de este año, la soldado Jessica Abigail Alcalá Contreras falleció durante un operativo militar contra la delincuencia organizada efectuado en Reynosa, Tamaulipas, cuando el vehículo Humvee en el que iban ella y otros de tropa fue atacado a tiros.


El Humvee persiguió a los atacantes, pero al cruzar un tramo irregular a uno de los soldados que iba en la parte trasera de la unidad se le fue un disparo que le dio en el cuello al Cabo conductor. El vehículo se fue al fondo de un río y el pelotón quedó atrapado bajo el agua. La soldado Jessica Abigail, el Cabo de Caballería Sergio Xalamihua, el Cabo de Policía Militar Gerónimo Nicolás y el Soldado Policía Militar, Víctor Manuel Santiago Bautista murieron ahogados.

En mayo, durante una persecución a una camioneta con gente sospechosa, aparentemente armada, la soldado Clarita del Carmen Cruz Santos murió al caer de cabeza desde la pick up de la Guardia Nacional que comenzaba a perseguirlos. Esto sucedió en la comunidad de Barajas, en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato.

Los fallecimientos de estas mujeres son las primeras bajas en las filas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina desde 1976, año en el que comenzó a documentarse de manera oficial el saldo en pérdidas humanas en las Operaciones Contra el Narcotráfico (OCN) encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La muerte de la integrante de la Guardia Nacional ocurrió durante la tarde del lunes 21 de diciembre, cuando la unidad en la que ella y sus compañeros hacían recorridos de patrullaje sobre la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco se encontró con una camioneta de sicarios fuertemente armados.

Los atacantes dispararon y huyeron hacia Lagos de Moreno. En la persecución, los sicarios y la tropa de la Guardia Nacional pidieron refuerzos. Los de los sicarios estaban más cerca, de hecho era un convoy dividido en dos. En un segundo enfrentamiento los disparos de los atacantes alcanzaron a la soldado de la Guardia Nacional, quien murió de inmediato.

Los refuerzos de la Guardia Nacional llegaron en apoyo al primer pelotón y el tiroteo se intensificó. Extraoficialmente, se sabe que hubo al menos 11 sicarios muertos, mientras que 4 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos y uno de ellos, la soldado, perdió la vida en el ataque. Un helicóptero Black Hawk del gobierno de Jalisco llegó a la zona del enfrentamiento para trasladar a los heridos y a la soldado fallecida.

fuente.-Jorge A.Medellin/


"IBAMOS HACER HISTORIA JUNTOS,PERO HICIMOS HISTERIA": "2020 el AÑO PERDIDO y los EFECTOS CATASTROFICOS AUN TIENEN de ALIADO al GOBIERNO"...el peor gobierno (bien intencionado) para los peores momentos.



Ningún analista, futurista, tarotista o cartomanciano pudo prever hace doce meses lo que sería el 2020: el año en el que casi lo perdimos todo. O quizás mejor dicho, el año en el que millones lo perdieron todo… hasta la vida.

La pandemia del covid-19 vino a trastocar lo que solíamos conocer como “la normalidad”. 

La certeza de la vida se descubrió tan frágil como un virus mutado en algún laboratorio chino, contagiado por un respiro.

La dramática realidad nos obligó a modificar todos los patrones de conducta para instalarnos en una “nueva normalidad”.

El trabajo y los estudios se trasladaron de la oficina y de la escuela al hogar. 

La emergencia obligó a las naciones a endeudarse, colapsando sus finanzas públicas, retrocediendo cinco años o incluso una década en el crecimiento y las expectativas.

Los patrimonios personales -si existían- fueron consumidos frente al súbito despido o para pagar la lucha por la supervivencia de un familiar internado en hospitales colapsados por el drama mortal.

El hambre regresó a instalarse en los estómagos vacíos de millones de seres humanos, que viven hoy la disyuntiva de morir por el contagio o perecer por falta de comida.

En México, por desgracia, el drama fue mucho peor. 

La erráticas políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación no atendieron a tiempo la emergencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su epidemiólogo Hugo López-Gatell lo minimizaron todo. Hasta que el destino los alcanzó.

Durante meses desdeñaron la pandemia, a la que calificaron como una simple variante de la influenza. Descartaron el cubrebocas como indispensable protección y despreciaron las pruebas para evaluar la verdadera dimensión del contagio nacional. Manipularon los reportes.

Y las consecuencias fueron que cerramos el 2020 como una de las naciones con el peor manejo de la crisis sanitaria. 

Concluimos el año con hospitales saturados y con las principales metrópolis en semáforo rojo. Aunque a su inventor López-Gatell ahora le parezca “irrelevante”.

Vergonzosamente registramos 10 muertes por cada 100 contagiados, la peor cifra del planeta. 

Duplicamos con casi 120 mil muertos el peor escenario anticipado por los irresponsables de enfrentar la pandemia, instalándonos como el cuarto país con más decesos.

Pero si a alguien atacó el virus con severidad extrema fue al gobierno de la Cuarta Transformación, que vio dar un giro radical en el discurso algún día esperanzador del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por supuesto que no podemos desmerecer la lucha contra la corrupción, exhibida en los casos de Ancira, Lozoya, Collado, Robles y Medina Mora. Pero ninguno de esos grandes casos está juzgado o sentenciado. Y las promesas de colaboración no acaban de aterrizarse. 

Puesto contra la pared por los efectos de una pandemia que de facto canceló muchos de los proyectos de la transformación nacional, el inquilino de Palacio Nacional tomó distancia de la ortodoxia y se acercó al radicalismo.

Y cuando los gobiernos de todo el mundo aplicaban las fórmulas más lógicas para enfrentar la crisis, aquí nadamos a contracorriente. Y sin diálogo prudente se alejaron del gobierno los altos funcionarios moderados, los técnicos y más preparados. 

La urgencia de controlarlo todo dio paso a funcionarios con visiones divorciadas de la ortodoxia, más radicales, activistas a contracorriente. Salvo honrosas excepciones, los que llegaron no son mejores que los que se fueron.

El virus mutó el púlpito de La Mañanera en un espacio más hostil, menos amigable, con escasos puentes y abundantes confrontaciones. 

La desesperación –natural por la circunstancia extraordinaria- cobró su factura en el estado de ánimo presidencial. El ceño se frunció, el insulto se instaló, la descalificación fue usada para desacreditar. 

Y las erráticas políticas públicas, sumadas a la ausencia de una auténtica intención de escuchar para revisar el rumbo, instaló a la nación en el umbral de la desesperanza. Cada quien muestra sus datos, pero no coinciden.

El 2020 será recordado en México como el año en el que se inició la militarización de la vida nacional. El verde olivo se adueñó de todos los rincones.

También como el año en el que la condescendencia con la familia de un capo fue más relevante que tenderle la mano a los empresarios prestos a construir sobre el drama de la pandemia o a los gobernadores que buscaban en medio de la crisis un diálogo que nunca se dio.

Fue 2020 el año en el que la Oposición mostró su mediocre y opaco rostro, incapaz de estar a la altura de la emergencia, impotente para hacer frente con propuestas sensatas y legítimas a un gobierno cada día más radicalizado, que desacredita instituciones y hace de la decisión unipersonal el epicentro de los grandes temas nacionales.

Doce meses en los que, cuando más se necesitaba de su talento y de sus propuestas originales, los liderazgos empresariales se fracturaron en una lucha de egoísmos regionales y camarales que solo los debilitó. Ciudad de México contra Monterrey contra Jalisco.

Por eso decimos que el 2020 es el año en que lo perdimos todo y sin esperanza suficiente en el horizonte inmediato podríamos repetir la dosis de fracasos y retrocesos en el 2021.

Durante meses nos vendieron el eslogan de que juntos haríamos historia. La nueva realidad global, agravada por un manejo cuestionable del quehacer nacional, pulverizaron la promesa.

Si unidos y sin pandemia la tarea era descomunal, divididos en crisis sanitaria y económica el reto se ve inalcanzable. Sobre todo cuando millones ya lo perdieron todo… o casi todo.

Fuente.-Ramon Alberto Garza/

"DESAPARICIONES y EJECUCIONES": SE ACABA el 2020 con el "PODER MILITAR en ASCENSO IGUAL que VIOLACION SISTEMATICA de los DERECHOS HUMANOS en MEXICO"...siguen impunes.


En Quintana Roo, a una protesta contra autoridades municipales se le responde con el uso excesivo de la fuerza pública. En Guanajuato y Jalisco, policías estatales privan arbitrariamente de la vida a una persona al realizar una detención arbitraria. En Chihuahua y Tamaulipas elementos de la Guardia Nacional y del Ejército incurren en ejecuciones arbitrarias. En Veracruz, Guerrero, Sonora y otras tantas entidades, familiares de personas desaparecidas, cargando en su espalda la más atroz desesperación y unas cuantas palas, siguen abriendo con sus manos fosas clandestinas.

En el sureste, pueblos y comunidades indígenas demandan que se les consulten los proyectos de desarrollo que pretenden implementarse en sus territorios. En la Ciudad de México y todo el país, las mujeres salen a la calle a exigir con dignidad su derecho a una vida libre de violencia. 

Así llegamos en México este 10 de diciembre de 2020, año de la pandemia, a un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello es pertinente recordar que la crisis en este ámbito no ha cedido.

Como señalamos aquí hace un año, a nivel federal el inicio de sexenio fue de claroscuros. Por un lado, fueron promisorios el énfasis en reducir la desigualdad, los reconocimientos de responsabilidad en casos pendientes, la aceptación de la crisis de derechos humanos en instancias internacionales, la determinación de esclarecer casos emblemáticos aún impunes, la reforma laboral en clave de derechos y la ampliación de la protección a las trabajadoras domésticas.

Por otro, fueron decepcionantes la política migratoria regresiva; la profundización de la militarización de la seguridad, aunada al incremento del protagonismo castrense; el retroceso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en las instancias de atención victimal; el excesivo punitivismo penal y la retórica cargada de generalizaciones negativas contra la sociedad civil. 

En medio de estas contradicciones se debatía la agenda de derechos humanos cuando el país y el orbe entero fueron azotados por la pandemia. El covid, con su estela de dolor y zozobra, impactó también en los derechos humanos. 

Así, los órganos de protección de la ONU, en sus “Directrices Relativas al covid-19”, señalaron desde el comienzo su preocupación por los estados de excepción u otras figuras análogas, tales como la suspensión o restricción de derechos; por las afectaciones a quienes se sitúan en especial riesgo, como el personal de salud, las personas con discapacidad, los migrantes, las minorías, los adultos mayores, niños y niñas, las personas privadas de la libertad y las personas indígenas; por la necesidad de prevenir la discriminación contra quienes han sido contagiados; por la falta de acceso pleno al derecho a la salud, no como mero servicio público, sino como verdadero derecho humano; y por el impacto en el goce de los derechos de la crisis económica, entre otras cuestiones. 

La evaluación final del desempeño del Estado mexicano frente a la pandemia necesariamente deberá incluir un análisis de lo hecho en estos rubros, poniendo en el centro a las más de 100 mil familias que pasarán esta temporada decembrina echando de menos a alguien.

Dejando de lado por ahora esa discusión, el recuento de realidades como las aludidas al comienzo de este texto obliga a insistir en que la crisis de derechos humanos continúa y que, en el marco de la pandemia, las luces de inicio de sexenio empiezan a ser opacadas por las sombras que hoy se ciernen sobre la agenda de derechos.

Sin duda una de las más preocupantes por sus alcances es la creciente militarización. El carácter civil de la Guardia Nacional es letra muerta de la Constitución y, por causa del acuerdo presidencial de mayo de este año, la Fuerza Armada Permanente está a cargo de la seguridad pública en todo el territorio, como nunca antes había ocurrido.

Esto no sólo puede desembocar en más violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales ya documentadas; también puede redundar en la imposibilidad fáctica de lograr, algún día, el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.

El poderío militar sin rendición de cuentas va en ascenso, y el rescate de quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional del proceso penal que ya enfrentaba constituye la expresión más acabada de ello. 

También está la sombra de la descalificación de quienes, desde la defensa de derechos humanos o el periodismo independiente, contribuyen a examinar críticamente la realidad. Ahí está la estigmatización de organizaciones que durante décadas han caminado con los más excluidos, como ha ocurrido respecto de quienes han denunciado los impactos del Tren Maya en consonancia con diversos mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU. 

O incluso podemos señalar sombras como la de la impunidad, pues a diferencia de lo que ha ocurrido en cuanto a la corrupción del pasado sexenio, respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos años, no se ha registrado un esfuerzo renovado para llevar ante la justicia a los perpetradores. Atenco, Tlatlaya, el caso de la familia Trujillo y cientos de casos así lo confirman. En este ámbito, las fiscalías de todo el país no cambian. 

En este contexto, avances tan relevantes como los alcanzados este año en el caso Ayotzinapa o como el reconocimiento de la competencia para recibir casos individuales del Comité de la ONU contra las Desapariciones, corren el riesgo de perder impacto estructural. Para que esto no ocurra, es indispensable ampliar los esfuerzos en materia de justicia, verdad, memoria, reparaciones y garantías de no repetición hacia esquemas abiertos a la participación de víctimas y organizaciones civiles, con más acompañamiento internacional. 

Especialmente, es urgente dar pasos decididos contra la impunidad, impulsando los cambios de fondo que demandan nuestras colapsadas fiscalías y garantizando que sectores hoy fortalecidos, como el castrense, rindan cuentas. Es indispensable, también, atender los reclamos de las víctimas e implementar medidas extraordinarias para enfrentar, con un verdadero esfuerzo de Estado y con procesos coordinados y colaborativos entre la Federación y los gobiernos estatales, el rezago forense.

Hoy por hoy, gracias al esfuerzo de las autoridades federales y a la insistencia de los colectivos, se siguen descubriendo fosas clandestinas; sin embargo, si los restos rescatados se quedan en las morgues en medio de la negligencia de las fiscalías y del rebasamiento de las instituciones periciales, el agravio se seguirá acumulando. 

En el marco del día de los derechos humanos es necesario recordar que la crisis que México enfrenta desde hace más de una década no se ha revertido. Afirmar que en México el Estado ya no viola los derechos humanos distrae la atención de los inmensos retos que, incólumes, siguen ahí. 

*Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh)

fuente.-

EL "TAMAULIPAS SUMIDO" SUMA 35 MIL "VICTIMAS INDIRECTAS" de las DESAPARICIONES que "NO DESAPARECEN,por el CONTRARIO DESAPARECEN MAS"...influyen los malos oficios del gobernante.


Del 2010 a 2020, la cifra de víctimas indirectas del delito de desaparición en Tamaulipas asciende a más de 35 mil casos.

"Se estima más de 35 mil, sin embargo, este dato es sin contar la diversidad de delitos y violaciones a Derechos Humanos, que forman parte de la atención a víctimas", advirtió, la representante de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Josefina de León.

La activista victorense precisó que la cifra corresponde a un informe sobre el comportamiento histórico de víctimas indirectas por el delito de desaparición en el Estado.

De acuerdo al reporte, en 2019 la cifra era de 30 mil; mientras que en 2016, cerca de 20 mil y en 2013, de alrededor de 10 mil, lo que refleja un aumento del 200 por ciento.

Según el último dato del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No localizadas en Tamaulipas se registran 11 mil 290 casos.

mas los que se acumulen en la semana:

Ante la crítica situación que viven las víctimas indirectas, De León cuestionó el gasto que destinó Tamaulipas a la protección de víctimas para el 2021 que es por el orden de 8 millones 260 mil 090 pesos.

La Ley General de Víctimas de Tamaulipas, explicó, no solo es para los casos de desaparición, sino, que incluye todo tipo de delito tipificado en el código penal local, entre ellos homicidios, robos, violaciones, pensión alimenticia y secuestros, así como los registrados como violaciones a los Derechos Humanos.

"En ese sentido la cifra solo presenta una parte del universo total ya que es el tema que nos ocupa. En un ejercicio simple si solo fuera destinado a 'víctimas de desaparecidos' se estimaría aproximadamente 246.44 pesos en un apoyo de cualquier tipo, escolar, de salud, alimentación, vivienda, servicio funerario, traslados, diligencias, por mencionar algunos", cuestionó.

"Las cifras nos muestran como fue aumentando el número de víctimas indirectas año con año, corresponden a familiares de la víctima de desaparición. Se considera víctima aquella si sufre directa o indirectamente el delito".

"En cuanto a presupuesto, es la cifra para el año fiscal 2021 para toda víctima del delito y/o violaciones a los derechos humanos", agregó.

fuente.-

"...y AHORA el EJERCITO EMPRESARIO": AUN NO INVESTIGAN las "VIEJAS TRANSAS de la MILICIA CORRUPTA y YA VAN por MAS"...tradicionalmente impunes porque estan armados.


Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está entre los planes de la actual administración federal la creación de una empresa, dependiente de las Fuerzas Armadas, para administrar una serie de aeropuertos, incluyendo el de Santa Lucía, así como algunos tramos del Tren Maya.

LE ENTIENDEN AL SOBORNO:

A primera vista, la idea es mala. En una segunda inspección, es pésima. Y cuando se le mira a detalle, es catastrófica.

Consideren lo siguiente:

1. En la medida en que las dependencias militares tengan fuentes propias de financiamiento, no dependientes del presupuesto federal, se va a debilitar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y eso en un país donde ya hay un nivel enorme de autogobierno en el estamento militar. No está de más recordar que, de 1946 a la fecha, no ha habido un solo titular de la Sedena que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio en el que sirvió.

2. En la concepción del Presidente, las utilidades del tren y los aeropuertos irían directamente a las Fuerzas Armadas y se destinarían a financiar las pensiones y jubilaciones del personal militar. Hay, por supuesto, un pequeño problema: ¿qué pasa si no hay utilidades? ¿Las pérdidas tendrían que ser cubiertas por los pensionados y jubilados militares? ¿Se descontarían del presupuesto de la Sedena y la Semar? ¿O más bien se le cargarían al presupuesto general del gobierno federal? Yo apostaría por lo último. En esa circunstancia, no habría muchos incentivos para la eficiencia en la empresa ferroviaria y aeroportuaria de las Fuerzas Armadas.

3. Mientras más se expanda la actividad empresarial de las Fuerzas Armadas, se van a incrementar sus vínculos con actores económicos. Como administradores de un tren o de aeropuertos, entrarían en contacto con centenares o miles de contratistas, pequeños, medianos y grandes, que hoy no tienen vínculo alguno con la Sedena o la Semar. Cada una de esas interacciones multiplicaría las posibilidades de corrupción en el Ejército y la Marina, poniendo en riesgo la integridad y la imagen de las Fuerzas Armadas.

4. La opacidad presupuestal y administrativa de las Fuerzas Armadas es legendaria. La Sedena y la Semar se pueden escudar, más que cualquier otra dependencia, en argumentos de seguridad nacional para limitar el acceso a la información pública. Y a esas dependencias se les propone dar el control de activos (el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya), sobre los cuales va a haber una exigencia enorme de transparencia. De arranque, no es buena señal de que va a haber apertura para el escrutinio de esos proyectos.

5. La creación de una empresa como la que se está proponiendo es la ruta a la politización de las Fuerzas Armadas. De hecho, el presidente López Obrador señaló explícitamente que ese es el objetivo del proyecto. Afirmó que se le daría la administración de la empresa a los militares para que “no haya la tentación de privatizar”. Dicho de otro modo, se busca que, si un futuro gobierno decide (por la razón que sea) vender esos activos, enfrente la oposición de las Fuerzas Armadas. Se pretende que el estamento militar se involucre activamente en asuntos de política económica, a la manera de Paquistán Egipto. Desde la perspectiva del control democrático sobre las Fuerzas Armadas, lo que propone el Presidente sería malísima noticia.

En resumen, convertir a las Fuerzas Armadas en un actor empresarial puede meter al país en una dinámica política lamentable y socavar en el mediano plazo el prestigio del Ejército y la Marina. No juguemos con fuego. 

alejandrohope@hotmail.com
Twitter: @ahope71

CRISPIN SALAZAR" el LUGARTENIENTE de los "CHAPITOS" que le DECLARO la GUERRA al "PRIMO de CARO QUINTERO"...porque no saben estar en paz.

Adán Salazar Zamorano, hermano de Crispín Salazar Zamorano, actual líder de los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa

El grupo que comanda Rafael Caro Quintero no atacó a los Chapitos, ni ha roto con Ismael Zambada García, el “Mayo”, según afirmó el semanario Río Doce.

Aseguró que es falso que esté enfrentado con los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán, por el contrario, “Don Rafa”, el “Narco de narcos” y/o el “R” “regresó para encargarse de su propia facción y sólo cuando es necesario aprovecha la situación para traficar droga que le pertenece en el mismo cargamento que otros capos envían a los Estados Unidos”, explica Río Doce.

A mediados de mayo pasado, el “Narco de narcos” habría viajado ex profeso a Caborca, Sonora, para verse con capos del narco que operan en la zona.

El objetivo, explicó el semanario, era establecer las rutas del narcotráfico y “destrabar” los conflictos que existen entre la célula criminal que encabeza y gente de los Chapitos. El capo advirtió que nadie gana con una guerra, y lo mejor era mantener la fiesta en paz.

El mensaje estaría dirigido a Rodrigo Páez Quintero, el “R”, y para José Crispín Salazar Zamorano, líder actual de Los Salazar, grupo criminal asociado a los Chapitos.

Crispín, hermano de Adán Salazar Zamorano (fundador de los Salazar) es identificado como principal operador del cártel de Sinaloa en la franja de Sonora y Chihuahua, frontera con Arizona, Estados Unidos, uno de los corredores de la droga identificado por las autoridades.

Desde 2007, el Cártel de Sinaloa, con el apoyo de los Salazar, le ha disputado al Cártel de Juárez y su brazo armado la Línea, las rutas de trasiego y las zonas productoras de droga en Chihuahua. En la actualidad, existen células armadas vinculadas a la organización de Juárez que mantienen sus propios territorios, en tanto los sinaloenses operan otros.

Las disputas se han recrudecido en los municipios serranos de Chihuahua, colindantes con Sonora, zona de influencia de los Salazar.

Los hermanos Salzar Zamorano son señalados como presuntos responsables de la muerte de la periodista Miroslava Breach, quienes habrían ordenado su ejecución por los constantes señalamientos hechos en sus reportajes.

fuente.-

"TRABAJABAN por TU SEGURIDAD": EX-GOBERNADOR y PROCURADOR NAYARITA se CONFABULARON para EXTORSIONAR,LAVAR DINERO y SAQUEAR RECURSOS ESTATALES y FEDERALES...una copia al carbon del actual Tamaulipas.


Aunque la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade en el sexenio de Enrique Peña Nieto demoró las investigaciones contra el exgobernador nayarita Roberto Sandoval, la fiscalía estatal ya consiguió órdenes de aprehensión contra él y solicitó varias más por casos de extorsión, lavado de dinero, desvío de recursos federales y despojo. Lo irónico es que la autoridad estatal ha contado con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el propio Santiago Nieto. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) esclareció diversos modus operandi empleados por el exgobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda para desviar recursos federales y estatales y apropiarse de bienes e inmuebles, de la mano de su fiscal Édgar Veytia, quien purga una condena de 20 años en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. 

COPIA AL CARBON EN TAMAULIPAS:


También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente a Sandoval Castañeda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.

Cuando su sucesor, Antonio Chavarría, asumió la gubernatura del estado, recibió una sentencia por el Juicio Civil Federal 802/12, interpuesto por el gobierno federal, que condena a Nayarit a pagar más de 70 millones de pesos (con intereses) por cartera vencida del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES). 


El objetivo del FIRCAES es apoyar con financiamiento de bajo costo a emprendedores, mediante recursos de la Secretaría de Economía federal. La sentencia emitida en 2016, meses antes de concluir el mandato de Sandoval, dejó a salvo los derechos del gobierno local para hacer valer las acciones de cobro contra quien resulte responsable.

En consecuencia, el gobierno de Chavarría denunció penalmente por fraude a Sandoval y a todos los exdirectores y administradores del fondo, pues detectó que a personas como Federico Gutiérrez, exsecretario del Trabajo, se les dieron apoyos por 20 millones de pesos sin cumplir las reglas de operación.

Por eso Gutiérrez es uno de los imputados, igual que Lázaro Valerio Esquinca, quien dirigió el FIRCAES en el gobierno de Sandoval y al ser acusado le pidió a la FGEN acogerse al criterio de oportunidad y aportar todos los mensajes de PIN de Blackberry que compartió con Sandoval. 

Según Valerio Esquinca, se trata de cientos de mensajes de texto en los que su jefe le ordenaba entregar ciertas cantidades a personas de su círculo cercano: desde 10 mil hasta 30 mil pesos. Con esa “operación hormiga” el entonces gobernador financiaba su propia estructura política. El desfalco de fondos federales podría llegar a los 150 millones de pesos.

Fuentes estatales consideran que si el gobierno federal no hubiera interpuesto el juicio civil contra el gobierno estatal para que reintegrara los recursos del fondo fiscal, no hubiera sido posible llegar al juicio penal porque el delito ya hubiera prescrito. En realidad, dice, fueron una serie de “desvíos hormiga” que iniciaron en el gobierno de Ney González y se prolongaron y consolidaron en el de Sandoval.

fuente.-

MANSION "DECOMISADA" a GARCIA LUNA en MEXICO ERA "VIDEOVIGILADA,de BARDAS ALTAS y con PUERTA de ESCAPE" como las de MAÑOSOS...tenia jubilación asegurada,tenia.


La FGR confirmo el decomiso de 3 propiedades a Genaro García LUna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, ubicados en:

• Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México

• Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, Morelos

• Colonia Paseos del Sur, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México

El aseguramiento fue en virtud de ser considerados probables productos del delito de enriquecimiento ilícito.

Zona de descanso en Morelos

De 2000 a 2012, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, eligió Morelos como zona de descanso y residencia temporal. Aquí construyó una casa y compró otra que después vendió a su hermana Luz María García Luna. Compró un restaurante para su esposa que operó bajo el nombre de Los Cedros, Café, Pastelería y Restaurante, pero las ventas no le favorecieron y quebró. Actualmente el negocio esta cerrado y de sus puertas, ventanas y espectaculares penden anuncios de venta.



Para construir su casa, García Luna adquirió cuatro terrenos que sumaron 2,060 metros cuadrados en el fraccionamiento habitacional Pedregal de las Fuentes, de Jiutepec.

En el Registro Público de la Propiedad hay expedientes catastrales que demuestran la adquisición de los predios y casas, sus gravámenes y los traslativos de dominio.

La mayoría de los predios, unificados en construcción, fueron vendidos por García Luna en 2009.

Pero la vecindad de García Luna comenzó a molestar a los morelenses porque sus entradas y salidas de Morelos hacia la Ciudad de México eran acompañadas por una ostentosa fila de camionetas blindadas que detenían y cerraban el tráfico vehicular para dar paso libre al entonces superpolicía del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Sus regresos a Morelos, eran de extrema custodia y, su arribo y salida por la autopista México-Acapulco molestaba a los habitantes porque sus escoltas cerraban los circuitos viales a su paso.
Sus casas

Conforme a los expedientes catastrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelos (RPPCM), García Luna fue propietario del lote 10, manzana A del fraccionamiento Rincón de las Delicias, de la segunda privada de Diana sin número, en Jiutepec.

Es una casa con una superficie de 160 metros cuadrados, de acuerdo con el registro 142, foja 283, libro 725, volumen 2, sección 1, que García Luna vendió a su hermana Luz María García Luna en 880 mil 800 pesos el 7 de agosto de 2009 y la transacción fue registrada ante el notario 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda.

Las propiedad fue gravada el 7 de febrero de 2006, cuando Genaro García Luna hipotecó la propiedad con Metrofinanciera S.A DE C.V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado, representado por Alberto Julián Assad Ávila, por un crédito de 485 mil 147.52 pesos a pagar en un plazo de 30 años.

Pero el exmando policiaco requirió menos de tres años para cubrir el crédito y el día que vendió la casa a su hermana también liquidó la deuda. Todo quedó registrado en la Notaria 2 de Cuernavaca.

La casa que le fue decomisada

Pero García Luna eligió el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes para vivir con su familia. Lo primero que hizo fue cerrar la calle con altas barras de hierro, luego colocó cámaras de video en la entrada y pagó la construcción de una caseta de vigilancia.

Una vez que se fue del lugar, en 2009, los residentes mantienen la reja, las cámaras de video pero nadie cuida la caseta de vigilancia.

En ese fraccionamiento de Jiutepec,compró los lotes 11-C, 12, 12-C y 13, todos de la manzana 22 de la calle Amate.

La primera propiedad, con una superficie de 281.87 metros cuadrados, la vendió en noviembre de 2009 a María de Lourdes Ramírez Rodríguez por 410,000 pesos, según los antecedentes registrados en la notaria 5 de Cuernavaca de Patricia Mariscal Vega.

Otro lote con número 12 con una superficie de 800 metros también esta registrado a nombre de García Luna y en abril de 2009 tenía un aviso de gravamen por 4 millones 198 mil 670.39 pesos por un crédito con el banco Inbursa.

Pero en mayo de 2013 Genaro García liquidó la deuda en su totalidad y canceló el gravamen

En el registro 8, foja 15, libro 473, volumen 1, sección 1 se da cuenta del lote de 13 del mismo fraccionamiento habitacional con una superficie de 800 metros cuadrados, el cual fue adquirido por García Luna en 180 mil pesos.

El cuarto lote comprado por García Luna fue el terreno número 12-C con las construcciones e instalaciones en el existente en una superficie de 179 metros.

El 18 de noviembre de 2009 ante la notaria 5, Genaro García Luna trasmitió el inmueble descrito a María de Lourdes Ramírez Rodríguez por 590 mil pesos.

Lo que dice la FGR

Por lo que se refiera a la propiedad ubicada en Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, se trata de una mansión que abarca varios terrenos, en una privilegiada zona residencial de ese estado. El inmueble tiene elevadas bardas que son monitoreadas con un sofisticado sistema de videovigilancia. Además del acceso principal, cuenta con una puerta en la parte posterior, estratégicamente ubicada para poder salir en caso de alguna emergencia. 

Otro detalle que distingue a este inmueble es una barrera de árboles al frente, que divide la calle del portón principal, lo que impide que alguien desde el exterior pueda observar quién entra o sale de la misma. Además, cuenta con un arroyo de agua cristalina al frente, siendo éste un detalle que la caracteriza, ya que pocas son las propiedades que tienen ese privilegio. Se ubica dentro de una privada con accesos controlados al interior del fraccionamiento residencial, lo que permite que los moradores de la cerrada tengan mayor privacidad.

Trascendió que un juez solicito información a la Secretaría de obras públicas de Jiutepec para saber si la propiedad pertenecía a García Luna hace 15 días, dando respuesta al mandato y hoy la incautan.

Por lo que se refiere a la propiedad ubicada en Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, Morelos, detalló que se trata de una mansión que abarca varios terrenos, en una privilegiada zona residencial de ese estado. “El inmueble tiene elevadas bardas que son monitoreadas con un sofisticado sistema de videovigilancia. Además del acceso principal, cuenta con una puerta en la parte posterior, estratégicamente ubicada para poder salir en caso de alguna emergencia”, dijo. 

“Otro detalle que distingue a este inmueble es una barrera de árboles al frente, que divide la calle del portón principal, lo que impide que alguien desde el exterior pueda observar quién entra o sale de la misma. Además, cuenta con un arroyo de agua cristalina al frente, siendo éste un detalle que la caracteriza, ya que pocas son las propiedades que tienen ese privilegio. Se ubica dentro de una privada con accesos controlados al interior del fraccionamiento residencial, lo que permite que los moradores de la cerrada tengan mayor privacidad”, informó.

Por lo que respecta al inmueble ubicado en Xochimilco actualmente es un restaurante exclusivo que abarca una esquina. La propiedad es de dos plantas y se distingue de entre el resto de las construcciones aledañas por los acabados de lujo con los que cuenta. 

El pasado 27 de noviembre, un juez federal en el Estado de México libró orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad federal por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de por lo menos 27 millones de pesos, recursos que la FGR le localizó a Genaro García invertidos en propiedades en nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a solicitud de la Fiscalía General de la República, presentó al gobierno de Estados Unidos la solicitud de extradición de Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en aquel país procesado por cinco delitos.

En ese marco, el juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, fijó el 17 de febrero de 2021 para la siguiente audiencia de procedimiento del caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

Con informacion de:

"PLACAS FALSAS de la UNAAM": GOBIERNO de TAMAULIPAS "YA SABE quien CLONA y ENTREGA,PERO AMEDRENTA con DECOMISO a QUIEN las COMPRA y UTILIZA" ...en 2018 CDV quiso agenciarse el negocio.


Pese a que el gobierno de Tamaulipas,sabe y conoce quienes son los responsables de la maquila ilegal de cientos de placas apócrifas que son vendidas a ciudadanos para proteger la estadía de autos americanos en la entidad,la Secretaría de Finanzas advirtió que los ciudadanos que circulan con estas placas falsas y similares a las del Estado,cometen un delito que deriva en decomisos de las unidades y multas económicas.

El Gobierno del Estado precisó que el hecho se ha registrado en las últimas semanas a nivel estatal.

"Han circulado vehículos con matrículas de circulación utilizando colores similares a los de las emitidas por el Gobierno del Estado, lo que podrían originar confusión entre los mismos automovilistas", señaló la dependencia.

Finanzas indicó que no existen placas de circulación válidas más que las que son oficialmente emitidas por las Oficinas Fiscales del Estado, luego del pago de los respectivos derechos vehiculares, pareciendo olvidar que en 2018 y con la autoria intelectual de Arturo Soto Aleman hoy Diputado Local,el gobierno panista de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca fracaso en la intentona ilegal de empadronarlos a cambio de "placas balines y un engomado" buscando suplantar a la "UCD y la Onnapafa" para agenciarse esos recursos ilegales

"Es importante que la población esté informada que ninguna placa de circulación que haya sido adquirida a particulares tiene validez legal ante las autoridades; hay personas que lucran con la necesidad de la gente y venden este tipo de placas de cartón que en realidad no tienen ninguna validez legal", aseveró el Subsecretario de Finanzas, Mauricio Guerra sin tomar sin anunciar medida punitiva contra los emisores.

El funcionario estatal apuntó que el uso de placas de circulación no oficiales deriva en el decomiso de los mismos vehículos por tratarse de unidades internadas al país de manera irregular", expresó.

LOS OPERATIVOS EN CURSO:

Las placas apócrifas, puntualizó, se ofertan vía redes sociales, luego de que Tamaulipas es uno de los estados donde circulan más autos de procedencia extranjera, que fueron internados ilegalmente.

"Por lo que la advertencia a la comunicad es también en el sentido de evitar compartir información personal, de cuentas bancarias o acceder a realizar pagos o depósitos por servicios no legales, ya que podrían derivar en la probable comisión de un fraude", subrayó, la Secretaría.

Aunque Finanzas lo sabe,no identifica a la organización que se dedica a clonar las placas del estado, se refiere a la Unión Nacional de Autos Americanos en México (UNAAM), que a cambio de un pago de mil 200 pesos empadrona la unidad "chocolate", entrega una calcomanía y placa, además de un boleto para el sorteo de un automóvil del año.


Con el supuesto aval de dicha organización, quienes portan su papelería y previo pago pueden circular además de Tamaulipas, en Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis potosí, Nuevo León, Veracruz, Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Tabasco.


En Ciudad Victoria , la UNAAM tiene oficinas en el 10 y 11 Berriozabal, donde realizan los trámites del empadronamiento vehicular sin que nadie intervenga, pese al argumento de la ilegalidad.

Con informacion de:

CABEZA de VACA APROVECHA "MENSAJE NAVIDEÑO en COMPAÑIA de su FAMILIA para RECLAMAR a la FEDERACION RECORTES PRESUPUESTALES...un gobernador tan pobre,que lo único que tiene es dinero.


En en mensaje navideño que debería ser solo de "armonía y buenos deseos",el Gobernador facineroso de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,aprovecho nuevamente la ocasión para dirigirse a los ciudadanos y atizarle al Gobierno federal con reclamos a los recortes presupuestales, "acompañado de su numerosa familia y el arreglado y fingido tono de voz de siempre,con el que simula y engaña"...Felicidades Gobernador !!!.



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"NO se SORPRENDAN,DICE GOBERNADOR MORENO": "MATAN a CANTANTE de NARCOCORRIDOS,la ESPOSA y el CUÑADO en CENTRO COMERCIAL de BC"...crimen sigue decidiendo quien vive y quien muere.


El vocalista de un grupo de narcocorridos, así como su esposa y cuñado, fueron asesinados a balazos en un centro comercial del Municipio de Tecate, mientras que una cuarta persona se encuentra lesionada, informó el coordinador de la Mesa de Seguridad en Baja California, Isaías Bertín Sandoval.

"Las personas que fallecieron fueron el cantante de un grupo de narcocorridos y al parecer el cuñado del vocalista del grupo, es la información que se tiene, se ha vinculado con el crimen organizado por el trabajo que esta persona realizaba", indicó en transmisión en vivo.


"Las investigaciones se están realizando por parte de la Fiscalía General del Estado, sabemos que fueron tres personas a quienes ultimaron dentro de un vehículo, una cuarta persona está lesionada, está en estado crítico, se está atendiendo en el hospital de Tecate".

El Gobernador Jaime Bonilla destacó que "ya no debe sorprender nada de lo que sucede en Tecate".

"Llegan y ultiman a una persona que está en un hospital (13 de diciembre), es como la película de vaqueros, es como un pueblo sin ley, el pueblo mágico se convirtió en 'pueblo trágico'", apuntó.

"Ve las autoridades que tenemos, esto es consecuencia de las autoridades que tenemos".

En Tecate, según estadísticas de la Fiscalía General estatal, los homicidios dolosos aumentaron en 57 por ciento, de enero a noviembre del 2020, en comparación con el año anterior.

El año pasado hubo 88 homicidios violentos en esta localidad y este año se contabilizan, hasta noviembre, 138 incidentes de este tipo.

Bonilla mantiene diferencias con la Alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra, quien denunció amenazas ante la Fiscalía General de la República, el pasado 6 de julio, por parte de la Secretaría General de Gobierno estatal.

fuente.-

miércoles, 23 de diciembre de 2020

"SI E.U se LLEVA los CAPOS de las DROGAS,MEXICO BUSCARA EXTRADITAR los TRAFICANTES de ARMAS para PROCESARLOS en SUELO AZTECA"...y castigarlos con nuestro ejemplar aparato de justicia.



México busca pedir la extradición de los traficantes de armas desde Estados Unidos. Los planes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se conocen tan solo una semana después de que el país aprobara la reforma de la ley de seguridad, que contempla un férreo control de los agentes extranjeros —que afecta directamente a las operaciones en su territorio de la DEA, FBI o ICE (oficina estadounidense de migración y aduanas)— y tensará la relación de histórica cooperación con su vecino del norte.

LA DECENCIA MILITAR:


Si los narcotraficantes mexicanos son los responsables de enviar a Estados Unidos toneladas de droga con las que miles de estadounidenses mueren por sobredosis (especialmente por el fentanilo), los que les proporcionan la artillería pesada, fundamentalmente fabricada y enviada desde Estados Unidos, son también responsables de los fallecidos en México —más de 100 asesinatos al día—, concluye el Gobierno de López Obrador.

La medida supone una ruptura de la cooperación clásica entre ambos Gobiernos, centrada desde hace más de una década en capturar a los capos de la droga mexicanos, no a los traficantes de armas, y en la que los criminales eran extraditados de México hacia Estados Unidos, no en sentido contrario. Esta estrategia llevó al país hacia una guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón en 2006, que ha sembrado decenas de miles de cadáveres por todo el territorio nacional, además de soportar la insostenible cifra de más de 70.000 desaparecidos.

En México circulan más de 15 millones de armas ilegales, según un reciente informe elaborado por la Secretaría de Seguridad. Es decir, la cantidad de arsenal que se mueve en territorio mexicano es suficiente para armar a uno de cada ocho habitantes, en un país donde además está prohibido portar armas sin un permiso específico. De ellas, el 70% proviene de Estados Unidos, detalla el informe. Y casi todas, el 85%, se usan para cometer el 60% de los homicidios que se producen en el país. “Junto con la trata de personas y el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas representa una de las actividades con mayor movimiento de capitales en el mundo”, reza el texto firmado por el extitular de Seguridad, Alfonso Durazo.

Además de las rutas propias del crimen organizado, por las que también se introducen armas procedentes de Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha detectado un peligroso tráfico hormiga aunado al trasiego de unas 25.000 personas diarias en sus cruces fronterizos. Una parte “ingresa armas o sus piezas y municiones ocultas en bolsas, juguetes, vehículos o en envíos de mensajería, y a cambio reciben de las organizaciones criminales desde 100 dólares por un paquete de 50 balas, hasta 2.000 dólares por un rifle automático”, se lee en el informe. “Es fundamental tener un registro de los traficantes de armas de fuego para seguirlos, detenerlos y llegar a las fuentes donde se obtienen las armas”, resume Durazo.

Detrás de esta propuesta se esconde una medida más inmediata, la de extraditar a los responsables estadounidenses de traficar hacia México. La Secretaría de Exteriores, responsable de la iniciativa, se ha negado a proporcionar más información a este diario. Pero en un artículo publicado por el periódico Milenio, que cita fuentes de ese ministerio, se recogen algunos casos que involucran a traficantes de armas que el Gobierno mexicano tiene en la mira.

Entre ellos se encuentran algunos de los acusados por el escándalo del fiasco del operativo Rápido y furioso que hizo evidentes las grietas de la estrategia contra el tráfico de armas de ambos países. Esta operación clandestina, emprendida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) —con el permiso del Gobierno de Obama, pero sin avisar al Congreso—, permitió la entrada de más de 2.500 armas ilegales entre 2009 y 2011 en territorio mexicano. El objetivo era rastrear a través de ellas a los grandes capos y traficantes de droga de México. La huella de las armas se perdió y la estrategia falló. Ni Estados Unidos ni México supieron el destino de la munición y tampoco hallaron a esos capos. Hasta que una de ellas acabó con la vida en febrero de 2011 del agente estadounidense de la oficina de migración y aduanas (ICE) Jaime Zapata, en una carretera de San Luis Potosí, en el centro de México.

Además de los acusados por ese operativo, hay otros criminales que plantea solicitar el Gobierno mexicano cuyos arsenales han terminado en las manos de cárteles sanguinarios como Los Zetas. Es el caso de Daniel Francisco Cruz Morones, declarado culpable por ese delito por una corte en San Diego (California) en 2012 y liberado cuatro años después, informa Milenio.

No es, sin embargo, la primera vez que México busca que EE UU extradite a sus criminales. Tras la matanza racista de agosto del año pasado en un supermercado en El Paso (Texas), donde murieron 22 personas, la mayoría de origen hispano y ocho de ellos mexicanos, el Gobierno de López Obrador planteó una medida similar sin éxito. En su momento, el canciller Marcelo Ebrard lanzó duras acusaciones contra un atentado que consideró “un acto de terrorismo en contra de mexicanos” y prometió avances en la materia. El presunto asesino, Patrick Crusius, de 22 años, sigue su proceso legal en Texas.

La propuesta plantea el reto de recuperar la confianza mutua entre ambos países, dañada recientemente tras la medida para controlar las operaciones de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. La versión de Estados Unidos sobre México es que en este país la corrupción se ha infiltrado a todos los niveles de Gobierno. Las extradiciones de capos como Joaquín El Chapo Guzmán, después de haberse fugado dos veces de los penales mexicanos, sirvieron de ejemplo de que la justicia real se encontraba del otro lado de la frontera.

Ahora, la Administración de López Obrador da un paso más y pide que sea en México donde se procese también a los criminales estadounidenses. Un desafío importante para un país que soporta una cifra de impunidad de más del 90% de los casos y donde de 233 criminales etiquetados como los más buscados durante la guerra contra el narco, solo 13 han recibido una sentencia condenatoria, según desveló la ONG Mexicanos contra la Corrupción a partir de datos oficiales de la Fiscalía.

fuente.-