Aunque la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade en el sexenio de Enrique Peña Nieto demoró las investigaciones contra el exgobernador nayarita Roberto Sandoval, la fiscalía estatal ya consiguió órdenes de aprehensión contra él y solicitó varias más por casos de extorsión, lavado de dinero, desvío de recursos federales y despojo. Lo irónico es que la autoridad estatal ha contado con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el propio Santiago Nieto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) esclareció diversos modus operandi empleados por el exgobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda para desviar recursos federales y estatales y apropiarse de bienes e inmuebles, de la mano de su fiscal Édgar Veytia, quien purga una condena de 20 años en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
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También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente a Sandoval Castañeda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
Cuando su sucesor, Antonio Chavarría, asumió la gubernatura del estado, recibió una sentencia por el Juicio Civil Federal 802/12, interpuesto por el gobierno federal, que condena a Nayarit a pagar más de 70 millones de pesos (con intereses) por cartera vencida del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).
El objetivo del FIRCAES es apoyar con financiamiento de bajo costo a emprendedores, mediante recursos de la Secretaría de Economía federal. La sentencia emitida en 2016, meses antes de concluir el mandato de Sandoval, dejó a salvo los derechos del gobierno local para hacer valer las acciones de cobro contra quien resulte responsable.
En consecuencia, el gobierno de Chavarría denunció penalmente por fraude a Sandoval y a todos los exdirectores y administradores del fondo, pues detectó que a personas como Federico Gutiérrez, exsecretario del Trabajo, se les dieron apoyos por 20 millones de pesos sin cumplir las reglas de operación.
Por eso Gutiérrez es uno de los imputados, igual que Lázaro Valerio Esquinca, quien dirigió el FIRCAES en el gobierno de Sandoval y al ser acusado le pidió a la FGEN acogerse al criterio de oportunidad y aportar todos los mensajes de PIN de Blackberry que compartió con Sandoval.
Según Valerio Esquinca, se trata de cientos de mensajes de texto en los que su jefe le ordenaba entregar ciertas cantidades a personas de su círculo cercano: desde 10 mil hasta 30 mil pesos. Con esa “operación hormiga” el entonces gobernador financiaba su propia estructura política. El desfalco de fondos federales podría llegar a los 150 millones de pesos.
Fuentes estatales consideran que si el gobierno federal no hubiera interpuesto el juicio civil contra el gobierno estatal para que reintegrara los recursos del fondo fiscal, no hubiera sido posible llegar al juicio penal porque el delito ya hubiera prescrito. En realidad, dice, fueron una serie de “desvíos hormiga” que iniciaron en el gobierno de Ney González y se prolongaron y consolidaron en el de Sandoval.
fuente.-
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