Comienzo a observar una tendencia que podría inquietar a algunos y resultar preocupante para el gobierno de México si lo que le interesa es preservar la soberanía del país.
La conveniencia de usar el concepto de Estado-Nación se comienza a poner en duda y el ataque frontal a la soberanía de Westfalia, desde algunos centros de poder, parece más claro que nunca. En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada, la violencia (aparentemente) “sin control” en México, y en vísperas de que comience la administración de Joseph Robinette Biden Jr. como presidente estadounidense, ya se vislumbra una línea de acción y se detecta una narrativa que se empieza a construir a partir de los medios hegemónicos y parte de la academia—todos ellos, aparentemente apoyados por grandes intereses, no muy difíciles de identificar.
Me refiero a la narrativa en contra del Estado mexicano, es decir, a la narrativa de los carteles y el Estado-narco o el narco-Estado. Me refiero a la cobertura de temas de corrupción y narco que se enfoca exclusivamente en México y en los mexicanos. La prensa internacional (acompañada por algunos medios mexicanos), académicos, ONGs bien financiadas y parte de la opinión pública, parecen formar parte de una acción concertada para resaltar el gran problema de la corrupción “sin remedio aparente” que reina en México. Y esta corrupción—que parece no alcanzar de ninguna manera a las agencias extranjeras, ni al sistema judicial de Estados Unidos, ni a la banca internacional, ni a otros actores transnacionales—parece estar fuera de control y alcanzar a todas las estructuras de poder en el país, desde lo local hasta los niveles más altos de la política y la administración pública en México. Los casos de García Luna y Cienfuegos parecen apoyar totalmente esta narrativa. Se plantea entonces la existencia de un problema de corrupción mayor, que es imposible resolver por nuestro propio gobierno y que pone en duda la capacidad y la legitimidad de Estado mismo en México.
Catorce años de militarización de la estrategia de seguridad pública en México avalada felizmente por los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida—y apoyada sin reticencia en un inicio por muchos de los que ahora piden un viraje completo—derivó sólo en destrucción y cientos de miles de muertos. Muchos de los medios, funcionarios y especialistas que ahora reprueban la participación de las fuerzas armadas, fueron los mismos que ayudaron a construir una narrativa que legitimó la militarización que tanto daño ha hecho a México. En ese tiempo, el discurso oficial y la cobertura de los grandes medios apoyaban la figura central del Estado, la necesidad de recuperar el monopolio de la violencia y la visión maniquea de los buenos (el gobierno mexicano) contra los malos (los carteles o los narcos).
No sorprende el hecho de que muchos reconsideren sus posturas militaristas después de 14 años de destrucción, violencia y muerte, causada por una estrategia inhumana y rapaz que benefició a autoridades corruptas, al complejo militar industrial y a otros grandes intereses. Lo que parece inquietante es la nueva narrativa que comienza a gestarse y es apoyada desde los centros de poder global, por los megacapitalistas y poderosos filántropos, y que se traduce en el nuevo discurso que avanzan los medios hegemónicos y que va permeando a la prensa nacional, la academia y la opinión pública en México y el exterior.
En este contexto, surge un monumental esfuerzo de periodismo colectivo denominado #CartelProject que reúne el trabajo de 60 reporteros de más de 20 medios internacionales y 18 países. Dicho esfuerzo es auspiciado por “Forbidden Stories” que es una red de periodistas cuya misión es continuar la labor de otros periodistas que han sido o fueron amenazados, censurados o asesinados en México, como es el caso de Regina Martínez. La serie de reportajes que surge de este proyecto pone de relieve los serios problemas que se enfrentan en un contexto de violencia y corrupción política en México. Este proyecto es, para muchos, de gran mérito y aparece a la par de la serie de documentales de National Geographic titulada “Narco Wars” o “Guerras de Narcos”, que examina las guerras contra las drogas del pasado y el presente en Colombia, México y los Estados Unidos.
Es interesante el nuevo discurso que van construyendo los medios hegemónicos a través de estos loables proyectos. En el caso específico de #CartelProject y gran parte de la cobertura mediática reciente sobre los temas relacionados con narcotráfico y violencia, se rompe con la lógica de los primeros años de la guerra contra las drogas en México. El debate maniqueo de “buenos vs. malos” o “gobierno vs. carteles” parecía justificar una guerra sin cuartel contra las drogas en forma de militarización y una estrategia de seguridad no convencional. Años después de este tipo de cobertura y un análisis weberiano para salvar a México de la “narco-insurgencia” y el “Estado fallido”, vuelve a cambiar la narrativa.
Ahora los medios revelan el amasiato entre el Estado y el crimen organizado. La “guerra contra las drogas” que tanto se celebró resultó ser un fracaso. Se propone entonces el lema de la “seguridad sin guerra” porque el enemigo resultó ser también el Estado. Y, como lo muestran muchas de las historias sobre delincuencia organizada en el país, es prácticamente imposible separar al narco del Estado. En realidad, importantes ciudades y algunas regiones de México han estado a merced del narco. Después del arresto de los ex secretarios de Seguridad Pública y Defensa Nacional, algunos opinan que sí; que sí fue el Estado, y que México parece ser un narco-Estado. Los escándalos de corrupción han estado a la orden del día y la memoria nos hace pensar en una guerra que empezó perdida y que nunca se iba a poder ganar. En este contexto, ¿qué debería pasar?
Cambia entonces la narrativa mediática y los estudios de violencia intentan cambiar de dirección. Llegan historiadores y etnógrafos que desdeñan las teorías del Estado y a Weber y tratan de imponer una agenda (concebida en gran parte desde el extranjero) y un análisis de la violencia en México “desde lo local”. Según esta perspectiva, no existe diferencia entre el Estado mexicano y el narco, y la corrupción parece permear a todos los niveles de gobierno. De acuerdo con esta visión, y como leí en un reciente artículo de Nexos del 7 de diciembre, la teoría weberiana del “Estado como garante del monopolio de la violencia legítima no nos ayuda a entender plenamente las dinámicas de violencia en México” (¡!) (https://seguridad.nexos.com.mx/?p=2380).
¡Y claro que no ayuda! pues según este marco analítico—y las narrativas de los grandes medios de comunicación que acompañan a este pensamiento—el Estados mexicano ha operado básicamente de la mano del narco por lo que nunca ha sido realmente soberano. Así, una nueva línea discursiva reconoce “múltiples soberanías superpuestas que colaboran y compiten en un mismo territorio, a partir de la escala local.” Lo anterior se justifica por el pensamiento de que “las autoridades públicas son partícipes de los órdenes sociales violentos … son juez y parte, tanto de la definición de las reglas como del uso de la violencia” (en Nexos, 7 de diciembre).
No puedo expresar el miedo que me provoca pensar en esta “otra propuesta” y el peligro que, según pienso, esta nueva narrativa constituye para México. Así cómo antes, cuando los mismos grandes medios y otros académicos y diplomáticos extranjeros (seguidos por la prensa nacional) apoyaron la militarización de la seguridad pública en nuestro país, parece estarse gestando un nuevo acuerdo. Es decir, parece estar diseminándose un nuevo entendimiento de la violencia en México que reconoce múltiples soberanías locales y que desdeña al Estado-Nación, pues, como dice el artículo al que hice referencia (publicado en Nexos), “el poder del Estado no es perfecto ni absoluto” ni en espacio ni en el tiempo.
Esta lógica peligrosa se refuerza a través de cobertura sesgada sobre corrupción en México a través de los grandes medios hegemónicos ¿Pero qué tiene de malo invertir en la cobertura de corrupción y un narco-estado en México? Es cierto que la corrupción parece reinar en México. No parecería haber nada de malo en las denuncias de corrupción hechas por los grandes medios. En realidad, los actos de corrupción deben denunciarse, investigarse y se debe consignar a los culpables. México es ciertamente un país donde reinan la corrupción y la impunidad. Autoridades a todos niveles han brindado protección a actores criminales, y se han vinculado directamente a todo tipo de actividades ilegales incluyendo el narcotráfico. ¿Entonces México es incapaz de resolver sus propios problemas?
Informar puntualmente sobre corrupción y exhibir a autoridades corruptas siempre es un acto de valor. Usar la carta de la soberanía para justificar impunidad es inaceptable en cualquier momento. Lo que no es válido es la propaganda y el periodismo sesgado que capturan sólo una parte de la historia y no permiten la compresión del fenómeno en su totalidad, quizás con objetivos concretos. La narrativa actual sobre las guerras contra los narcos identifica a dos enemigos a vencer (Estado y crimen organizado), que casualmente son mexicanos y deja de lado toda una serie de intereses que también se han beneficiado del narco. Me refiero, sobretodo, a actores extranjeros, autoridades estadounidenses, a la banca internacional, al complejo militar fronterizo industrial y a las economías extractivas que se benefician de la violencia en México. Además, todos ellos se beneficiarían del reconocimiento de múltiples soberanías pues operan en espacios globales que no reconocen fronteras.
Me sorprenden los nuevos marcos analíticos y la cobertura parcial del narco y la denominada “narco-corrupción” en México. Se mantiene el maniqueísmo que ahora identifica al narco-Estado como el enemigo a vencer y presenta, de forma algo sesgada, a las organizaciones de la sociedad civil (que son representantes de grupos de interés) y a los grandes medios como los adalides de la verdad y la protección a víctimas. Valdría la pena conocer cómo se establece un nuevo imperialismo a través del financiamiento a las “historias prohibidas” y a las ONGs internacionales que financian equipos de búsqueda de desaparecidos y presionan gobiernos, apoyadas por los megacapitalistas.
Conociendo a los financistas de esta nueva visión en los grandes medios, proyectos académicos específicos y las “historias prohibidas” (https://forbiddenstories.org/our-supporters/) puedo entender el objetivo de revivir historias de miedo y corrupción a los más altos niveles en México. Así como hace años justificaron indirectamente la militarización con su cobertura de las narco-historias, ahora preparan la ofensiva contra la soberanía de Westfalia en un mundo post-Trump. No sabemos aún la presión exacta que se ejercerá sobre México, pero el hecho de reconocer múltiples soberanías pone en riesgo la unidad del país y podría conferir el poder a entidades supranacionales con el argumento de que para el México de la “post-guerra contra las drogas”, Max Weber se equivocó.
Fuente.-Guadalupe Correa-Cabrera/
