En varios países se organizan marchas en protesta por el brutal asesinato, en Estados Unidos, de George Floyd a manos de un policía, brutalidad sin límites que causa indignación. Ayer en Viena, Austria, marcharon 50 mil personas por este crimen y condenaron el racismo, presunta causa. No intervino ni un solo policía.
En México, sin embargo, las cosas no son diferentes. Aunque sin el tinte del racismo, las policías están convertidas en escuadrones del crimen organizado. Ningún Gobierno, desde el sexenio de Ernesto Zedillo a la fecha, se ha preocupado por sanear a estos cárteles de la seguridad que lo mismo reciben salarios del Estado mexicano que del crimen organizado.
Desde hace muchos años arrastramos el grave problema no sólo de la falta de profesionalismo de las policías, sino de la contaminación criminal que enfrentan y que las mantiene sumidas en el más profundo atraso. En varios municipios del país, sobre todo donde gobierna el PAN, es ampliamente conocido que los jefes de las policías municipales son, al mismo tiempo, operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los alcaldes arribaron al poder y, como siempre ocurre, ofrecieron a sus comandantes como jefes de plaza. Así, el narcotráfico ha sentado sus reales con mayor poder en las municipalidades mexicanas, donde priva el desorden, la corrupción, la impunidad y la complicidad abierta de autoridades con el crimen.
De esta forma, las policías municipales –las peores del mundo, por desgracia– están a las órdenes de los varones de la droga porque, a su vez, sus jefes, los alcaldes, son empleados del narcotráfico o bien narcotraficantes que utilizaron una sigla partidista para llegar al poder político.
Es por ello que en el 85 por ciento de los municipios de México la seguridad pública es una utopía. Pasó de ser una realidad, hace muchos años, a ser una aspiración que no tiene posibilidades de alcanzarse mientras el crimen organizado siga ganando terreno en el territorio nacional.
No existe un solo pedazo de territorio que esté libre de la tensión que genera la violencia. Y en gran medida, dicha violencia se genera por la impunidad que prevalece.
Los comandantes de las policías municipales y estatales secuestran, desaparecen, torturan, amenazan, matan, decapitan, descuartizan y sepultan a sus víctimas en fosas clandestinas. Así sirven al crimen organizado la mayoría de las corporaciones policiacas que paga el Estado para que nos den seguridad, pero nadie cumple y nadie exige que haya un cambio de paradigma para mejorar.
El Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, está más preocupado por construir el camino que lo lleve a la gubernatura de Sonora, su estado natal, que por cumplir con el proyecto de sanear a las corporaciones policiacas contaminadas.
En el pasado reciente, pero también en este presente perturbador, las policías han sido utilizadas como escuadrones del crimen. Históricamente, como sabemos, ninguna corporación policiaca ha servido a los intereses de la sociedad. Todas, sin excepción, han estado al servicio de poder y de los poderes fácticos, entre otros, el narcotráfico.
Y desde hace muchos sexenios, por desgracia, dichas policías se han mantenido sin presupuesto, sin profesionalización, sin capacitación de ningún tipo. Los presupuestos destinados para ello, sin medida, terminaron invertidos en otros proyectos o en la bolsa de los gobernadores, a quienes no les importó que la sociedad padezca, como ocurre ahora, los embates del crimen organizado.
Desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se invirtieron unos 300 mil millones de pesos, no ha habido un proyecto que permita construir un sistema de seguridad sólido y eficaz. Todos han sido ensayos, nuevas policías y nuevos fracasos.
Con Vicente Fox, por ejemplo, se creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la dirigió Genaro García Luna, actualmente preso por servir al narcotráfico.
Seis años después se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que encabezó en el sexenio de Felipe Calderón precisamente García Luna, el mismo que ahora enfrentará un juicio por servir, desde el poder, al cártel de Sinaloa.
Ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Guardia Nacional, integrada por policías y militares, según expuso, para resolver el problema de la inseguridad pública. Todo le fue aprobado. Pero resultó insuficiente porque ahora tuvo que llamar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Nacional contra el problema de la violencia del crimen organizado.
Y así, a lo largo de los años, hemos ido de ensayo en ensayo, de error tras error sin que haya solución al problema de fondo.
Lo que sí ha sido sistemática es la violencia y la violación de los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas y militares. Se han presentado casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales –como la de Tamaulipas, cometida el año pasado por agentes estatales, de cuyo caso nada se sabe, por desgracia– y los casos duermen en los archivos de las procuradurías de los estados, en los juzgados, si es que se consignó el caso, o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le han prometido a las víctimas hacer justicia.
Llama la atención, por ello, el caso de George Floyd y que México se sume a la protesta internacional. Está bien, no se cuestiona esa posición ni la protesta contra este crimen, el cual debe castigarse con todo el peso de la ley.
Lo que sí preocupa es que esa indignación frente a una muerte del exterior no se muestre en México frente a los miles de crímenes y violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los últimos 12 años por decir lo menos.
Las policías incurren en excesos de fuerza a diario; los periodistas que cuestionan al poder son asesinados y muchos casos de esos comunicadores valientes continúan en la impunidad. Es el caso de los reporteros veracruzanos que, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, fueron asesinados por el crimen organizado o por los policías coludidos con el crimen y hasta la fecha no hay detenidos, salvo en el caso de Regina Martínez –la corresponsal de Proceso–y Gregorio Jiménez, el reportero del sur de Veracruz que fue decapitado por criminales.
Lamentablemente en México la sociedad no muestra indignación por ello. Simplemente está dormida la conciencia social, sumida en el letargo más profundo. ¿Qué hace falta para que despierte? México es uno de los países más inseguros del mundo y no pasa nada. Todos los días hay crímenes y no pasa nada.
Se puede caer el país a pedazos y, por desgracia, no pasa nada.
El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare narró que el 9 de mayo de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón lo llamó a una reunión en la que también estuvo presente Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación y quien falleció en un accidente de helicóptero en 2008.
“¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio –me refiero al licenciado Calderón–, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal”, relató el general en el Guerra Híbrida.
El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare narra, en el documental Guerra Híbrida, producido y dirigido por Daniel Marmolejo, que alertó personalmente y por escrito al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que su entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba involucrado con el narcotráfico, y en específico, con el Cártel de Sinaloa.
Tomás Ángeles afirmó que cuando fue Secretario particular del Secretario de Defensa tuvo acceso a mucha información, pues incluso se organizó en su oficina una Centro de Inteligencia Antinarcóticos, con oficiales seleccionados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el cual le informaba directamente al Presidente, relató Daniel Marmolejo durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”.
El General en retiro narró que el 9 de mayo de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón lo llamó a una reunión en la que también estuvo presente Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación y quien falleció en un accidente de helicóptero en 2008, de acuerdo con la información expuesta en Guerra Híbrida.
“Me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije: ‘Señor Presidente, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted ni a mis jefes […] porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país’. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde se lo hice llegar”, contó el General Tomás Ángeles sobre esa reunión a Tomás Ángeles Dauahare.
“¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio –me refiero al licenciado Calderón–, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal”, añadió.
El General en retiro continuó: “Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el Cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea, tontísima, de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el Gobierno federal para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto y llegar a la situación que estamos viviendo, cantidad de grupúsculos”.
El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare fue acusado por el Gobierno de Felipe Calderón de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva, y fue detenido el 16 de mayo de 2012 y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Estuvo preso 11 meses hasta que el 17 de abril de 2013, ya bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de que un juez determinó el sobreseimiento de la causa penal debido a que no pudieron comprobar el delito que se le imputaba.
García Luna diseñó y condujo la “estrategia” de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el ex Secretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera; de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 bajo el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.
Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.
Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.
El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.
En días pasados, la actriz mexicana Bárbara de Regil causó polémica por sus comentarios sobre la violencia familiar y ahora volvió a encender las redes sociales por un comentario racista.
Y es que en medio de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, la mexicana recibió duros ataques así como burlas después de pronunciar un mensaje racista.
Lo anterior luego que Bárbara de Regil grabara un video, que publicó en redes sociales, en el que se preparaba para presentar su acostumbrada rutina de ejercicio.
Sin embargo, mientras se preparaba, la actriz también probaba filtros en la cámara, y en uno que le oscurecía la piel dijo “Ay, que prieta, no, que feo”, hecho que causó la indignación entre los internautas.
En otro de los fragmentos de la transmisión, prueba otro filtro obscuro y dice “En este me veo bien prieta”, hace una expresión de disgusto; sin embargo, lo deja y presenta sus rutinas con el.
La joven actriz aún se encuentra en los primeros lugares de tendencia en Twitter, entre burlas, comentarios irónicos, críticas e insultos por sus declaraciones racistas.
“Parece que el ejercicio favorito de Bárbara de Regil es regarla en redes”, escribió un usuario en redes.
“Siempre que Bárbara de Regil está me pregunto ‘¿y ahora qué hizo?’ y siempre resulta ser algo peor que lo anterior”, escribieron algunos internautas en Twitter.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el deportista mexicano mejor pagado del mundo, por cuarto año consecutivo entró en la lista de Forbes, ubicándose en el lugar 30 de atletas más ricos. Conoce su yate negro, considerado una excentricidad del campeón.
Y entre sus adquisiciones extravagantes se encuentra un impresionante yate negro de $56 millones que cuenta con sus propias motos de agua, un muelle y tiene su nombre.
Presume su yate durante la cuarentena
A inicios de año el boxeador mexicano publicó un video en Instagram que lo muestra haciendo trucos en las Bahamas.
En el clip se puede ver a a Canelo y a su novia Fernanda Gómez dando vueltas en motos de agua en las aguas cristalinas, mientras el yate está anclado cerca.
La pareja luego monta las motos para rodear el yate, mostrando su impresionante tamaño antes de terminar en el mismo lado en el que comenzaron.
Además del superyate, Canelo también tiene una colección de automóviles de $10 millones. Las ganancias de Saúl Álvarez en 2020 han sido de $37 millones, según Forbes.
Saúl Alvarez podría pelear en septiembre
El regreso del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez podría darse el 14 de septiembre ante el ucraniano Sergei Derevyanchenko, antes de completar la esperada trilogía con el kazajo Gennady Golovkin.
Luego de que el COVID-19 impidiera que el “Canelo” se presentará el 2 de mayo en Las Vegas ante el británico Billy Joe Saunders, surgió información sobre la posibilidad de que el mexicano regrese al ring en la semana de festejos de la Independencia de México.
En espera de confirmación, el rival sería Derevyanchenko, dos veces contendiente al título mundial supermediano, división en la que se enfrentarían a 12 asaltos.
A falta por definir rival y detalles, el tetracampeón mundial mexicano estaría dispuesto a pelear a puerta cerrada, lo que se confirmaría en las próximas semanas.
La última pelea del tapatío fue el pasado 2 de noviembre, cuando venció al ruso Sergey Kovalev para arrebatarle el cetro semicompleto de la OMB y unirse así a la lista de tetracampeones mundiales mexicanos.
Derevyanchenko, por su parte, sólo tiene dos derrotas en 15 peleas en su carrera y fueron en peleas de título mundial ante el estadounidense Daniel Jacobs y el Gennady Golovkin, en octubre de 2018 y 2019, de manera respectiva.
Usando el nombre del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ajeno a los hechos, delincuentes desataron una ola de extorsiones contra la población del municipio de Padilla denunció el Edil Eduardo García Alvarado.
"Se ha desatado una ola de extorsiones en mi municipio, donde al parecer algunos malvivientes y malnacidos han estado hablándole a la sociedad utilizando el nombre de tu servidor, el nombre del Gobernador", manifestó el Alcalde vía mensaje en video de redes sociales.
García precisó que también utilizan a las distintas corporaciones policiacas del Estado, para extorsionar a los habitantes de Padilla.
"A fin de extorsionar, de quitarte tu dinero haciendo alusiones que están en complicidad con órganos de gobierno, esto es totalmente falso", subrayó.
El Alcalde detalló que los delincuentes suelen hacer llamadas a través de teléfonos celulares desde alguna cárcel o de lugares estratégicos.
"Que ellos (delincuentes) utilizan para poder extorsionar y amedrentar a nuestra gente", expresó.
El Edil reelecto de Acción Nacional exhortó a la población a no dejarse engañar por los estafadores y que denuncien los hechos ante la autoridad competente para su investigación.
Llamó a la población también a que no se deposite dinero tras las llamadas, luego de señalar que están combatiendo dicho delito.
Acusó además que en algunos de los casos son los propios vecinos quienes proporcionan la información para hacer las extorsiones.
Muchos de los teléfonos de los habitantes que han sido extorsionados, mencionó fue otorgado por vecinos, quienes también revelaron nombres, apellidos, coches que usan y domicilios.
"Por medio de este video quiero alertarte para que extremes precauciones y tengas mucho cuidado y no contestes llamadas de número desconocidos", aseveró.
De acuerdo con reportes de medios locales, alrededor de las 20:30 horas del sábado se registró un enfrentamiento a balazos en la Colonia Gaviotas Norte, en Villahermosa.
En este enfrentamiento, fallecieron tres personas identificadas como Julio César, Julio Alberto y Laura del Carmen.
La madrugada de este domingo, pobladores localizaron una patrulla abandonada con los cuerpos de cuatro policías que presentan heridas de bala.
El vehículo fue hallado en un camino de terracería del Ejido 3 Bocas, perteneciente al Municipio de Huimanguillo.
Según reportes, la patrulla número 188 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo, desapareció la tarde del sábado después de ser atacada por hombres armados.
Este ataque se registró en las inmediaciones de La Venta por presuntos integrantes de un grupo de huachicoleros que opera en la zona.
Desde ayer, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un operativo para localizar a los policías desaparecidos, mismos que fueron hallados sin vida.
También este domingo, según información de XEVT, el cuerpo de un hombre ejecutado fue encontrado en la Colonia Casa Blanca de Villahermosa.
El individuo fue abandonado entre pastizales, a orilla de una calle; estaba atado de pies y manos y con una cartulina encima. El mensaje no fue revelado.
En la Colonia Jacinto López del Municipio de Cárdenas, otros tres individuos fueron ejecutados este domingo.
Medios locales reportaron que alrededor de las 8:00 horas, al menos un individuo a bordo de una motocicleta atacó a las víctimas a un costado de la carretera Cárdenas-Huimanguillo.
Dos de las personas asesinadas murieron en el lugar y el tercero en un hospital. Entre las víctimas se encontraban Candelario "N" y Carlos Mario "N".
Personal médico y de enfermería de México tiene tres veces más probabilidades de contagiarse de Covid-19 en México que en el resto del mundo.
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) informó el pasado miércoles que del total de enfermos en el planeta, alrededor de 7% son trabajadores de la salud.
En México la cifra es tres veces más grande. El 2 de junio, la Secretaría de Salud informó, que hasta ese momento, en el país había 20 mil 217 trabajadores de la salud contagiados del nuevo coronovirus, lo que equivale al 20.7% de los 97 mil 326 pacientes que se reportaron ese día.
De acuerdo con el organismo internacional —que agrupa a 130 asociaciones nacionales y representa a más de 20 millones de personal de enfermería que hay en el mundo— la pandemia de Covid-19 ha dejado al menos 600 de ellos, muertos.
Con base en los datos de la Secretaría de Salud de México, 42% del personal médico enfermo de Covid-19 son de enfermería, esto equivale a ocho mil 491 casos. Si esa proporción se mantuviera en el caso de defunciones, en el país había unos 113 fallecimientos de ese personal.
“La enfermería es uno de los trabajos más peligrosos del mundo en este momento. Necesitamos obtener más datos para cada país y determinar exactamente lo que está sucediendo. Solo así podremos aprender la mejor manera de mantener seguras a nuestras enfermeras, y evitar que se repitan estas terribles estadísticas en el futuro”, declaró el director ejecutivo del CIE, Howard Catton.
Según el organismo, las tasas de infección en el personal médico varían radicalmente de un país a otro. Mientras en Singapur es de 1%, en Irlanda es de 30 por ciento. La mortalidad es baja Alemania y España, pero se incrementa en países latinoamericanos.
Hoy mismo, Consulta Mitofsky divulgó una encuesta que revela que 74.2% de los trabajadores de la salud consideran “mala” la actuación del gobierno federal para cuidar al personal médico; 15.3% la calificó de “buena”; y 10.5% “regular”.
Aplicada a mil 915 personas (que incluye personal médico, de enfermería camilleros y personal de atención médica en general), el sondeo arroja que 86.9% de los trabajadores de la salud tienen “mucho” o “algo” de miedo de contagiarse de coronavirus; 71.3% tienen “mucho” o “algo” de miedo de morir a causa de la Covid-19 y 76.3% cree que hay personas infectadas de coronavirus cerca de su entorno o en los lugares por donde se mueve.
Al preguntarles específicamente sobre la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus en México, 68% la reprobó y 31.4% la avaló.
Fuente.-Juan Carlos Rodríguez/(Imagen/ElNorte.com)
Miguel Torruco Garza,hijo del Secretario de Turismo de la Cuarta Transformación del pais,Miguel Torruco Marques ,celebro con su esposa Chantal Torres un "Baby Shower" lleno de lujos, consistentes en finas bebidas como el "Champagne",quesos y carnes frías de importación en medio de la emergencia por Coronavirus en el exclusivo residencial 'puerto Cancun en Quintana Roo.
La primera piedra fue colocada hace casi 20 años, durante la administración de Vicente Fox, pero sólo alcanzó para construir la barda perimetral. Nadie fue sancionado entonces por el incumplimiento. Su sucesor, Felipe Calderón, reactivó el proyecto y lo creció hasta convertirlo en lo que llamó “una obra emblemática” de su administración, por tratarse de una “de las más modernas, más eficientes del mundo”.
Aunque se supone que en marzo de 2012 estaba al 90% de su construcción y en breve recibiría a los nuevos inquilinos, no llegó uno solo. Lo que sí designaron fueron a los directores y personal de seguridad, además de firmar algunos contratos de servicios y en sus módulos se colocó tecnología de vanguardia que nunca se usó.
No podía operar, porque no se terminó toda la obra, y quedaron pendientes dos detalles: carecía del servicio de agua y de luz suficiente, porque las empresas constructoras, especialmente Tradeco, no hicieron la infraestructura para ello. Ningún funcionario fue sancionado.
›A este gran elefante blanco se decidió ponerlo en marcha, pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dotándole de recursos para la “construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla”. A pesar de los contratos a diferentes empresas, tampoco se utilizó. Creció la hierba, se oxidaron los castillos y desgajaron paredes y pisos, se echó a perder equipo y ningún preso llegó. Tampoco ha habido sanciones.
Ahora, por cuarto gobierno consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la obra y desde 2018 incluyó en el presupuesto fondos para, ahora sí, echar a andar este centro penitenciario. El nuevo proyecto de inversión es por tres mil 959 millones de pesos, nuevamente para “construir, ampliar y equipar”. Lo que ha destinado de dinero esta administración es poco más de lo que Felipe Calderón gastó. De acuerdo a los documentos de Hacienda este 31 de mayo debería haberse terminado, pero todo sigue igual para los que inicialmente fue construido porque simplemente nunca abrió.
Esta es la historia del Complejo Penitenciario Federal Papantla en Veracruz diseñado de súper máxima seguridad, y que tuvo directores, le fue asignado equipo, presupuesto y personal, pero que nunca ha tenido presos. Y en el que por lo menos se han ejercido, de acuerdo a lo que pudo ser documentado por ejecentral, cinco mil 600 millones de pesos.
Información recabada por este diario confirma que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigan a tres personajes centrales en esta trama: los excomisionados del sistema penitenciario José Patricio Patiño y el exsecretario de seguridad Genaro García (en el gobierno de Calderón), y Frida Martínez Zamora, exsecretaría general de la extinta Policía Federal, y Jorge Márquez Montes, ambos en la Secretaría de Gobernación en la administración peñista.
Además, la Auditoría Superior de la Federación ya practica una segunda auditoría a este elefante blanco que han mantenido cuatro gobiernos.
El orgullo calderonista
El 19 de marzo se cumplieron exactamente ocho años desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa recorrió las instalaciones del Complejo Penitenciario Federal Papantla en Veracruz. Oficialmente se dijo entonces que ya tenía un avance cercano al 90% en su infraestructura y se concebía como el primer penal federal de “súper máxima seguridad” en el país.
El proyecto integral para la edificación, adecuación, equipamiento y amueblado del llamado “súper penal”, anunciado desde 2008 y previsto por el calderonismo como un centro penitenciario único en su clase en México y América Latina, proyectado con los más altos estándares internacionales, como uno de los 12 centros federales de “máxima seguridad” a los que se comprometió edificar en su administración el presidente Calderón Hinojosa, consideró una inversión inicial calculada en dos mil 600 millones de pesos, que se amplió a cuatro mil 539 millones 657 mil 600 pesos para un periodo de ejecución de 2009 a 2013, en los cuales se oficializaron 15 contratos¸ cuatro de ellos referentes a la obra y 11 más de servicios relacionados con la gerencia y supervisión del proyecto, así como con los Directores Responsables de Obra.
La idea del complejo penitenciario construido en una área de 28.1 hectáreas cercanas a la comunidad de Gildardo Muñoz, a unos 30 minutos del municipio de Papantla, al norte de Veracruz, era, además, de alojar a dos mil 160 reos federales con los perfiles de “alta” y “muy alta” peligrosidad del país. En ese momento se justificaba la construcción por el crecimiento de los presos, ahora el número de detenidos se ha reducido.
Para diciembre de 2012, en lo que fue el arranque de la administración de Enrique Peña Nieto, aunque el complejo penitenciario de Papantla presentaba “un avance estimado del 85%”, se carecía de los servicios básicos como son luz, agua y drenaje, y sus finanzas registraban un historial de imprecisiones en el manejo y comprobación de los recursos ejercidos, así como en montos faltantes por ejecutar, advirtió la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2013.
Un proyecto viejo
Fue en junio de 2009 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna anunció en conferencia de prensa, el ambicioso proyecto de “potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario federal”. El esquema incluido en lo que fue el Cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón contemplaba rehabilitar las capacidades del penal de Islas Marías para incrementar su población; y la construcción de 12 centros penitenciarios que asumieran la custodia de todos los reos del fuero federal.
Con una proyección presupuestal de 32 mil 822 millones de pesos para albergar a 32 mil 500 internos. Los penales serían construidos por la fórmula de inversión de capital público-privada, por contratación de servicios. Destacando la construcción del primer “súper penal”, único en su clase para albergar a internos de nivel de peligrosidad bajo, medio, máximo y súper máximo en Papantla, Veracruz.
Pero, el proyecto no resultaba una novedad del gobierno calderonista. Ocho años atrás, su antecesor había iniciado la obra. “Bajo el sexenio de Vicente Fox comienzan a implementarse una serie de obras bajo el esquema de APP (Asociaciones Público Privadas), principalmente en el ámbito hospitalario, permitiendo que el sector privado tenga cada vez mayores atribuciones en ámbitos clave del Estado”, relataba en 2012 la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, titulada: “De violencia y privatizaciones en México: el caso de las asociaciones público-privadas en el sector penitenciario”.
“Con este proyecto se rescata una obra que se inició en el año 2000 y se suspendió por razones que desconocemos, y se retomaron digamos el muro perimetral y un edificio penitencial”, reveló el ingeniero José Sanjines Nader, encargado del proyecto del complejo penitenciario cercano a las ruinas arqueológicas de Papantla, en el municipio de Gildardo Muñoz, al norte de Veracruz, en la misma revista.
De acuerdo la publicación, el proyecto visualizaba un complejo de 2 mil 300 celdas individuales, con sistema de apertura electrónica, el cual además estaría habilitado con un hospital con cupo para 60 camas, una torre de cinco niveles, un helipuerto, área de talleres, dormitorios de custodios; así como la infraestructura para consolidar el primer centro nacional de observación y clasificación de reclusos, y una unidad de transporte penitenciario.
El Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 señala que el 3 de mayo de 2012, mediante el Acuerdo 03/2012 del Secretario de Seguridad Pública, se incorporó al Sistema Penitenciario Federal, el Complejo Penitenciario Federal Papantla, considerándolo como “el primer complejo penitenciario del país con cuatro niveles de seguridad: baja, media, máxima y súper máxima, incluido un módulo para secuestradores, que a junio de 2012, contaba con un avance de obra del 96 por ciento. No obstante que desde enero y junio de 2009 habían quedado concluidos los procesos jurídicos administrativos para la transferencia de la propiedad que se ubica en Papantla, Veracruz al Gobierno Federal, a fin de que, a partir de entonces, se iniciara la construcción del Complejo Penitenciario Federal.
De acuerdo con la denuncia que varios pobladores de las inmediaciones del terreno donde se construyó el penal hicieron respecto al otorgamiento de la cesión de derechos, en general a lo referente sobre la utilización de los espacios para su edificación, habrían sido informados sobre la construcción de un hospital, en mejoría de los servicios de salud pública de la localidad. Pero, habría tratado de versión errónea a fin de contar con las cesiones que permitieran se iniciara con la obra.
Primera piedra. El exsecretario Genaro García Luna con el entonces gobernador, Javier Duarte, y el presidente Felipe Calderón en la colocación de una parte del muro perimetral en Papantla. FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM
Nace un elefante
En marzo de 2009, en el marco de lo que se denominó como la primera sesión de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Nacional, el entonces subsecretario del Sistema Penitenciario del gobierno federal, José Patricio Patiño, anunció la inversión de más de 2 mil 500 millones de pesos para la construcción del complejo penitenciario federal de Papantla, Veracruz del cual se había hecho mención desde 2008, pero que se esperaba entrara en funciones a finales de 2010, anunciando que contaría con su propio Centro Nacional de Observación y Clasificación y una unidad especial para el traslado de los reos.
Lo cierto es que el ambicioso plan del “súper penal” no vio la luz tan cerca como se preveía, y cuando ocurrió fue mediante el otorgamiento por adjudicación directa de varios contratos, el primero fue el denominado “OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/021/2009”, en el cual se vieron beneficiadas las empresas: Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales Typp, S.A. de C.V.; Tradeco infraestructura, S.A. de C.V.; así como Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V. Teniendo inicialmente como plazo de ejecución de obra un periodo de 630 días naturales con vigencia “del 6 de julio de 2009 al 27 de marzo de 2011”.
No obstante, un nuevo convenio (OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/072/2011) con las mismas contratistas, por un monto de 515 millones 364 mil 300 pesos, igualmente por adjudicación directa, se concedió a fin de realizar obras complementarias e incremento de infraestructura y equipamiento del complejo carcelario amplió el plazo de ejecución a 244 días naturales, a realizarse del 1 de diciembre de 2011 al 31 de julio de 2012.
Para mayo de 2012, después de haberlo ido a visitar Felipe Calderón y asegurar en un acto público que faltaba poco para inaugurarlo porque estaba al 90%, el entonces presidente panista autorizó, mediante adjudicación directa, a la desarrolladora Typp un nuevo uso de recursos para la construcción de un Módulo de Máxima Seguridad y Obras Complementarias del Complejo Penitenciario de Papantla, en el cual se pretendía albergar a unos 500 internos considerados con los mayores nivel de peligrosidad. La adjudicación se formalizó el 11 de mayo de ese año por un suma de 272 millones 726 mil 500 pesos y un plazo de ejecución de 154 días naturales, que ampliaba el término hasta el 15 de octubre de 2012.
Pero no fue suficiente, se le siguió inyectando más y más dinero. Convenios adicionales celebrados entre el 1 de agosto, 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2012 (este último ya en el arranque del gobierno peñista) terminaron por ampliar el periodo de ejecución de la obra hasta marzo de 2013, según la revisión de la información y documentación que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entregó a la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública en 2013.
“La prisión debe representar un castigo para quien viola la ley, pero también una segunda oportunidad para las personas que regresarán a las comunidades una vez que purgaron sus penas.”Genaro García Luna,exsecrerario de seguridad pública, en octubre de 2012.
Un video para celebrar paredes grises
“Durante años, los gobiernos de distintos órdenes, de distintos partidos dejaron de invertir en la construcción y modernización de las caréceles con lo que comenzaron a crecer los problemas de hacinamiento y sobrepoblación. Y peor aún, se generó un caldo de cultivo para la corrupción de autoridades penitenciarias (…) Las cárceles así, en esas condiciones, fueron configurándose en algunos casos como auténticas escuelas del crimen. Dejaron de cumplir su misión de fomentar la rehabilitación de quienes hubieron cometido algún delito y se convirtieron en centros para la operación y la ampliación de redes criminales”, sostenía esa tarde con la voz grave y fuerte el presidente Felipe Calderón.
Era el lunes 19 de marzo de 2012, cuando visitó por primera y única vez la incipiente infraestructura del “súper máx” de Papantla.
Estaba acompañado entonces por gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; y sus secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Alejandro Poiré Romero y Genaro García Luna respectivamente. Ahora, ocho años después, dos de ellos están presos, el exgobernador acusado de diferentes delitos de corrupción y García Luna de proteger a narcotraficantes.
Pero ese invierno de 2012 sonreían todos y presumían las paredes grises del complejo penitenciario. Calderón presenció la colocación de una parte del muro perimetral del complejo que desde cuatro años atrás se había proyectado como una de las principales obras de su administración para ser concluido y entregado a finales de su gestión, a más tardar en noviembre de 2012.
El entonces Presidente destacó que se trataba de un centro penitenciario único, catalogado como de “ultramáxima seguridad”, que venía a romper con lo hecho en los 30 años previos a su gobierno cuando sólo se llegaron a construir seis penales federales; pero que al final de su administración se entregarían 22, es decir, “la mayor obra de infraestructura penitenciaria que se haya hecho en el país”, presumió el exmandatario.
Repitió decenas de veces la palabra justicia y aseguró que no habría impunidad, pero además se jactó aún más el panista: “Estaremos dando solución definitiva a la sobrepoblación de internos federales. Por vez primera en la historia del México moderno, el gobierno federal tendrá bajo su custodia a todos los reos del país, lo cual será una mejora significativa cualitativa y cuantitativa del sistema penitenciario federal”.
Fue una mentira. Su costo se elevó y no operó.
2014, corrupción y ningún acusado
Como parte de esta revisión, la Auditoría Superior detectó que, en un periodo de cuatro años, la obra incrementó su costo en contratos de obras complementarias, incremento de infraestructura y equipamiento donde se advirtió la autorización de “pagos indebidos de conceptos no ejecutados” por un monto de 47 millones 137 mil 700 pesos, mismos que según el dictamen de conclusión de los trabajos de auditoría, habrían sido deducidos después sin que se hubiesen aplicado los cargos financieros correspondientes en apego a la normatividad establecida.
De las tres observaciones, dos recomendaciones y dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria que emitió la ASF al respecto, se concluyó que aunque para diciembre de 2012 la obra estaba “casi” concluida con los edificios administrativos, de gobierno, mínima y súper máxima seguridad construidos, y aunque durante 2013 se realizaron trabajos mínimos; “el complejo penitenciario no se encuentra en operación debido a que no se han concluido en su totalidad los trabajos, con un avance estimado del 85%”.
Lo que ocasiona, “que no se cumpla con el beneficio proyectado a la población en cuanto a que se permita al OADPRS, disminuir la densidad de los internos en los CEFERESOS y CERESOS con mayor problema de sobrepoblación, el cual se proyectó para atender anualmente a dos mil 144 internos, en instalaciones de Súper Máx, Máxima, Media y Mínima seguridad a partir del año 2013. Además, se constató que existen oficinas de la residencia de la contratista sin conocer de qué manera se cubren los gastos de limpieza y seguridad que brinda la empresa”, refirió la ASF en su auditoría 13-1-04D00-04-0058 sobre la ‘Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz’.
Como no se subsanaron las observaciones, en 2014 el expediente de posibles responsabilidades debió enviarse a la Secretaría de la Función Pública, para imponer sanciones administrativas, y a la entonces Procuraduría General de la República. Pero nada ocurrió, ningún funcionario calderonista fue sancionado.
El segundo aire
Cercano el cambio de administración del gobierno federal, aquella promesa que el presidente Felipe Calderón hizo a mediados de marzo del que fue su último año de gobierno acerca de que, “en muy breve tiempo, este nuevo penal federal de Papantla entrará en funcionamiento”, parecía cada vez con menos probabilidades de cumplirse. La emblemática obra no llegó, y el proyecto de poner en marcha el súper penal en el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo no avanzó sino que al igual que con su antecesor sólo se retrasó su agonía y se tiró el dinero.
Dentro de los Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en 2015, en lo referente al Ramo 04 de Gobernación se incluyó bajo la clave “0836E000019” el plan para la “construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla”, el cual tenía como propósito, como lo indicaba el nombre del proyecto, el ‘adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario’.
Catalogado como un programa de “infraestructura gubernamental” se estimaba en los proyectos de ese ejercicio fiscal una inversión federal por un monto de 340 millones 882 mil 891 pesos, que en suma con la inversión de años anteriores por 3 mil 566 millones 652 mil 631 pesos; así como los “flujos estimados” para los años 2016 y 2017 por montos de 2 millones 146 mil 312 y un millón 73 mil 157 pesos respectivamente, el costo total del proyecto ascendía a 3 mil 910 millones 754 mil 991 pesos.
En septiembre de 2016, una investigación de ejecentral dio cuenta de los más de una centena de juicios abiertos tanto en México como Estados Unidos que le valió a la constructora Tradeco, una de las compañías ganadoras de la licitación para levantar el complejo de Papantla, que en 2016, la Secretaría de la Función Pública anunciara la restricción para que las dependencias del gobierno contrataran a la compañía que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se benefició con cientos de contratos que le generaron ganancias por arriba de los 26 mil millones de pesos.
La detención de la obra del penal en territorio jarocho no fue una excepción en el historial de la compañía de Federico Alberto Martínez Urmeneta y asociados con señalamientos de irregularidades e incumplimiento contractual. De acuerdo con lo reportado por autoridades a nivel municipal, la obra diseñada para contar con más de 2 mil 300 espacios y dormitorios registró al menos dos importantes atrasos dentro del tiempo estimado para concluir su edificación.
Uno de estos periodos de suspensión de labores se registró al inicio de la construcción y ocurrió entre agosto de 2009 y enero de 2010; y una segunda suspensión por parte de la hoy extinta Policía Federal se dio entre mayo y junio de 2013, cuando se reveló el despido de trabajadores de la obra provocando que el avance de la infraestructura quedara paralizada, sin que las autoridades penitenciarias o los representantes de las contratistas ofrecieran el detalle de dichas suspensiones.
Lo cierto es que no fue sino hasta enero de 2018, prácticamente en la recta final del gobierno de Peña Nieto, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la ahora extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunciaron el proyecto de inversión en asociación público-privada la ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, con la finalidad de “concluir las instalaciones, generar áreas nuevas, equipar con tecnologías de última generación, dotar de vehículos, equipo y mobiliario” del complejo licitado de manera directa desde 2009.
Considerando sus 28.1 hectáreas, el penal que “está parcialmente construido para resguardar a personas privadas de su libertad”, señala el anuncio del proyecto APP del 19 de enero de 2018, contempla una inversión de 3 mil 521 millones 800 mil pesos, para que dentro de los 22 años que se establecen como plazo del nuevo proyecto autorizado desde el 29 de noviembre de 2017, el conocido como “súper penal” de Papantla Veracruz tendrá que haber quedado concluido en el año 2020, pero se prolongará hasta el 10 de agosto 2040 que se establezca como fecha límite para su término de operación y mantenimiento del mismo.
Entre los trabajos del proyecto que se incluyen en la ejecución de la obra para poner en funciones el centro federal se menciona el rehabilitar y concluir los edificios existentes; la construcción de infraestructura adicional necesaria que permita la operación del complejo; dotar del equipamiento tecnológico de seguridad, telecomunicaciones e informática, así como de mobiliario y equipos necesarios. Y proporcionar los vehículos tácticos y de diversos propósitos para la transportación especializada requerida. El proyecto se anunció en el evento de Estrategia de Impulso a los Proyectos de Asociación Público Privada del entonces Gobierno Federal, el 9 de marzo de 2017.
El dato. En el actual gobierno se mantiene vigente un nuevo proyecto de inversión de 3 mil 959 millones de pesos para habilitar el “súper máx” de Veracruz.
Una inversión interminable
Desde enero de 2018, cuando se anunció la convocatoria para la reconstrucción, terminación y equipamiento del Complejo Penitenciario de Papantla el costo de la inversión del centro que originalmente debió haber iniciado operaciones en el segundo semestre de 2012, ha ido incrementando gradualmente tanto su monto de inversión y en consecuencia su costo.
Un análisis hecho por ejecentral con base a la información de la Secretaría de Hacienda, respecto a los ejercicios fiscales desde 2009, año cuando arrancó formalmente el proyecto, a la fecha, se advierte que a la actualización de las cifras al poder adquisitivo actual (abril de 2020) el monto de inversión pasó de los 45 millones de pesos en 2016, disparándose a los 264.5 millones en 2017.
Para 2018 cayó a los 221.3 millones, pero para los años 2019 y el actual en curso los montos alcanzaron los 2 mil 634.2 y mil 719 millones respectivamente. Generando un suma de inversión del orden de los 5 mil 600 millones de pesos, sin contabilizar la información de 2010 a 2013 por no estar disponible en la página de la SHCP.
En tanto, el costo total estimado del centro penitenciario refleja que de 2009 a 2019, al poder adquisitivo vigente se registra un incremento real de 19.5 más, al comparar los mil 301 millones de pesos de la inversión hecha hace una década, pasando por un incremento de 5 mil 080 para el ejercicio de 2011; 16 mil 560 millones para 2016, hasta llegar a los 25 mil 380 millones del año pasado, que finalmente se traduce en una variación porcentual de los 1,851.
El dato. En 2018, el costo del proyecto ascendió a más de tres mil 910 millones de pesos.
Un muerto viviente
En octubre de 2019, este periódico recibió la respuesta formal a la solicitud sobre cuándo entró en operaciones, la cantidad de internos que albergaba, y las especificaciones técnicas del Complejo Penitenciario Federal de Papantla. La respuesta de la unidad de transparencia del OADPRS a la petición foliada con el 3670000035519 fue clara: “por lo que respecta al Complejo Penitenciario Federal Papantla, ubicado en Papantla Veracruz, se hace de su conocimiento que al día de la fecha no alberga población penitenciaria, en virtud de que no se encuentra en operaciones”.
El Complejo Penitenciario Federal Papantla es un proyecto que se niega a morir. Y como tercer gobierno en discordia, la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador hará lo propio para rehabilitar en un plazo a vencer en agosto de este año y con una inversión de Asociación Público-Privada (APP) de 3 mil 959 millones de pesos equivalentes a 197 millones 950 mil dólares para concluir, de una vez por todas, la construcción del complejo penitenciario de Papantla, Veracruz.
De acuerdo con la última actualización el proyecto considerado en el programa de “Proyectos México, Oportunidades de Inversión”, del 2 de enero de este año, que está “diseñado y parcialmente construido para resguardar a 2 mil 160 internos, en cuatro niveles de áreas de internamiento con medidas especiales de seguridad”, para el penal el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año prevé una inversión de más del 52% del monto que se consideró originalmente para su concepción hace ya más de una década.
El proyecto, consiste en los mismos términos que el convenio dado a conocer por la anterior administración el 19 de enero de 2018, señala que la integración de la APP considera que la empresa constructora tenga una vigencia de operación de un lapso de 22 años, el cual se vencería en el año 2040. Y forma parte de los más de 20 proyectos de asociación público-privada contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
A la fecha, tras dos sexenios acuestas, y la evidente fuga de recursos que ha implicado la puesta en marcha del “súper penal” de Papantla, la comunidad de Gildardo Muñoz, considerada entre las de mayor índice de marginación del municipio veracruzano se compone con poco más de 600 habitantes, quienes en su mayoría carecen del acceso a servicios básicos como drenaje sanitario y pavimentación, la reactivación de las obras en el penal ‘sembrado’ en la comunidad sigue causando estragos como desde hace más de 10 años que se puso en marcha su construcción.
