La primera piedra fue colocada hace casi 20 años, durante la administración de Vicente Fox, pero sólo alcanzó para construir la barda perimetral. Nadie fue sancionado entonces por el incumplimiento. Su sucesor, Felipe Calderón, reactivó el proyecto y lo creció hasta convertirlo en lo que llamó “una obra emblemática” de su administración, por tratarse de una “de las más modernas, más eficientes del mundo”.
Aunque se supone que en marzo de 2012 estaba al 90% de su construcción y en breve recibiría a los nuevos inquilinos, no llegó uno solo. Lo que sí designaron fueron a los directores y personal de seguridad, además de firmar algunos contratos de servicios y en sus módulos se colocó tecnología de vanguardia que nunca se usó.
No podía operar, porque no se terminó toda la obra, y quedaron pendientes dos detalles: carecía del servicio de agua y de luz suficiente, porque las empresas constructoras, especialmente Tradeco, no hicieron la infraestructura para ello. Ningún funcionario fue sancionado.
›A este gran elefante blanco se decidió ponerlo en marcha, pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dotándole de recursos para la “construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla”. A pesar de los contratos a diferentes empresas, tampoco se utilizó. Creció la hierba, se oxidaron los castillos y desgajaron paredes y pisos, se echó a perder equipo y ningún preso llegó. Tampoco ha habido sanciones.
Ahora, por cuarto gobierno consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la obra y desde 2018 incluyó en el presupuesto fondos para, ahora sí, echar a andar este centro penitenciario. El nuevo proyecto de inversión es por tres mil 959 millones de pesos, nuevamente para “construir, ampliar y equipar”. Lo que ha destinado de dinero esta administración es poco más de lo que Felipe Calderón gastó. De acuerdo a los documentos de Hacienda este 31 de mayo debería haberse terminado, pero todo sigue igual para los que inicialmente fue construido porque simplemente nunca abrió.
Esta es la historia del Complejo Penitenciario Federal Papantla en Veracruz diseñado de súper máxima seguridad, y que tuvo directores, le fue asignado equipo, presupuesto y personal, pero que nunca ha tenido presos. Y en el que por lo menos se han ejercido, de acuerdo a lo que pudo ser documentado por ejecentral, cinco mil 600 millones de pesos.
Información recabada por este diario confirma que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigan a tres personajes centrales en esta trama: los excomisionados del sistema penitenciario José Patricio Patiño y el exsecretario de seguridad Genaro García (en el gobierno de Calderón), y Frida Martínez Zamora, exsecretaría general de la extinta Policía Federal, y Jorge Márquez Montes, ambos en la Secretaría de Gobernación en la administración peñista.
Además, la Auditoría Superior de la Federación ya practica una segunda auditoría a este elefante blanco que han mantenido cuatro gobiernos.
El orgullo calderonista
El 19 de marzo se cumplieron exactamente ocho años desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa recorrió las instalaciones del Complejo Penitenciario Federal Papantla en Veracruz. Oficialmente se dijo entonces que ya tenía un avance cercano al 90% en su infraestructura y se concebía como el primer penal federal de “súper máxima seguridad” en el país.
El proyecto integral para la edificación, adecuación, equipamiento y amueblado del llamado “súper penal”, anunciado desde 2008 y previsto por el calderonismo como un centro penitenciario único en su clase en México y América Latina, proyectado con los más altos estándares internacionales, como uno de los 12 centros federales de “máxima seguridad” a los que se comprometió edificar en su administración el presidente Calderón Hinojosa, consideró una inversión inicial calculada en dos mil 600 millones de pesos, que se amplió a cuatro mil 539 millones 657 mil 600 pesos para un periodo de ejecución de 2009 a 2013, en los cuales se oficializaron 15 contratos¸ cuatro de ellos referentes a la obra y 11 más de servicios relacionados con la gerencia y supervisión del proyecto, así como con los Directores Responsables de Obra.
La idea del complejo penitenciario construido en una área de 28.1 hectáreas cercanas a la comunidad de Gildardo Muñoz, a unos 30 minutos del municipio de Papantla, al norte de Veracruz, era, además, de alojar a dos mil 160 reos federales con los perfiles de “alta” y “muy alta” peligrosidad del país. En ese momento se justificaba la construcción por el crecimiento de los presos, ahora el número de detenidos se ha reducido.
Para diciembre de 2012, en lo que fue el arranque de la administración de Enrique Peña Nieto, aunque el complejo penitenciario de Papantla presentaba “un avance estimado del 85%”, se carecía de los servicios básicos como son luz, agua y drenaje, y sus finanzas registraban un historial de imprecisiones en el manejo y comprobación de los recursos ejercidos, así como en montos faltantes por ejecutar, advirtió la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2013.
Un proyecto viejo
Fue en junio de 2009 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna anunció en conferencia de prensa, el ambicioso proyecto de “potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario federal”. El esquema incluido en lo que fue el Cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón contemplaba rehabilitar las capacidades del penal de Islas Marías para incrementar su población; y la construcción de 12 centros penitenciarios que asumieran la custodia de todos los reos del fuero federal.
Con una proyección presupuestal de 32 mil 822 millones de pesos para albergar a 32 mil 500 internos. Los penales serían construidos por la fórmula de inversión de capital público-privada, por contratación de servicios. Destacando la construcción del primer “súper penal”, único en su clase para albergar a internos de nivel de peligrosidad bajo, medio, máximo y súper máximo en Papantla, Veracruz.
Pero, el proyecto no resultaba una novedad del gobierno calderonista. Ocho años atrás, su antecesor había iniciado la obra. “Bajo el sexenio de Vicente Fox comienzan a implementarse una serie de obras bajo el esquema de APP (Asociaciones Público Privadas), principalmente en el ámbito hospitalario, permitiendo que el sector privado tenga cada vez mayores atribuciones en ámbitos clave del Estado”, relataba en 2012 la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, titulada: “De violencia y privatizaciones en México: el caso de las asociaciones público-privadas en el sector penitenciario”.
“Con este proyecto se rescata una obra que se inició en el año 2000 y se suspendió por razones que desconocemos, y se retomaron digamos el muro perimetral y un edificio penitencial”, reveló el ingeniero José Sanjines Nader, encargado del proyecto del complejo penitenciario cercano a las ruinas arqueológicas de Papantla, en el municipio de Gildardo Muñoz, al norte de Veracruz, en la misma revista.
De acuerdo la publicación, el proyecto visualizaba un complejo de 2 mil 300 celdas individuales, con sistema de apertura electrónica, el cual además estaría habilitado con un hospital con cupo para 60 camas, una torre de cinco niveles, un helipuerto, área de talleres, dormitorios de custodios; así como la infraestructura para consolidar el primer centro nacional de observación y clasificación de reclusos, y una unidad de transporte penitenciario.
El Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 señala que el 3 de mayo de 2012, mediante el Acuerdo 03/2012 del Secretario de Seguridad Pública, se incorporó al Sistema Penitenciario Federal, el Complejo Penitenciario Federal Papantla, considerándolo como “el primer complejo penitenciario del país con cuatro niveles de seguridad: baja, media, máxima y súper máxima, incluido un módulo para secuestradores, que a junio de 2012, contaba con un avance de obra del 96 por ciento. No obstante que desde enero y junio de 2009 habían quedado concluidos los procesos jurídicos administrativos para la transferencia de la propiedad que se ubica en Papantla, Veracruz al Gobierno Federal, a fin de que, a partir de entonces, se iniciara la construcción del Complejo Penitenciario Federal.
De acuerdo con la denuncia que varios pobladores de las inmediaciones del terreno donde se construyó el penal hicieron respecto al otorgamiento de la cesión de derechos, en general a lo referente sobre la utilización de los espacios para su edificación, habrían sido informados sobre la construcción de un hospital, en mejoría de los servicios de salud pública de la localidad. Pero, habría tratado de versión errónea a fin de contar con las cesiones que permitieran se iniciara con la obra.
Nace un elefante
En marzo de 2009, en el marco de lo que se denominó como la primera sesión de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Nacional, el entonces subsecretario del Sistema Penitenciario del gobierno federal, José Patricio Patiño, anunció la inversión de más de 2 mil 500 millones de pesos para la construcción del complejo penitenciario federal de Papantla, Veracruz del cual se había hecho mención desde 2008, pero que se esperaba entrara en funciones a finales de 2010, anunciando que contaría con su propio Centro Nacional de Observación y Clasificación y una unidad especial para el traslado de los reos.
Lo cierto es que el ambicioso plan del “súper penal” no vio la luz tan cerca como se preveía, y cuando ocurrió fue mediante el otorgamiento por adjudicación directa de varios contratos, el primero fue el denominado “OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/021/2009”, en el cual se vieron beneficiadas las empresas: Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales Typp, S.A. de C.V.; Tradeco infraestructura, S.A. de C.V.; así como Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V. Teniendo inicialmente como plazo de ejecución de obra un periodo de 630 días naturales con vigencia “del 6 de julio de 2009 al 27 de marzo de 2011”.
No obstante, un nuevo convenio (OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/072/2011) con las mismas contratistas, por un monto de 515 millones 364 mil 300 pesos, igualmente por adjudicación directa, se concedió a fin de realizar obras complementarias e incremento de infraestructura y equipamiento del complejo carcelario amplió el plazo de ejecución a 244 días naturales, a realizarse del 1 de diciembre de 2011 al 31 de julio de 2012.
Para mayo de 2012, después de haberlo ido a visitar Felipe Calderón y asegurar en un acto público que faltaba poco para inaugurarlo porque estaba al 90%, el entonces presidente panista autorizó, mediante adjudicación directa, a la desarrolladora Typp un nuevo uso de recursos para la construcción de un Módulo de Máxima Seguridad y Obras Complementarias del Complejo Penitenciario de Papantla, en el cual se pretendía albergar a unos 500 internos considerados con los mayores nivel de peligrosidad. La adjudicación se formalizó el 11 de mayo de ese año por un suma de 272 millones 726 mil 500 pesos y un plazo de ejecución de 154 días naturales, que ampliaba el término hasta el 15 de octubre de 2012.
Pero no fue suficiente, se le siguió inyectando más y más dinero. Convenios adicionales celebrados entre el 1 de agosto, 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2012 (este último ya en el arranque del gobierno peñista) terminaron por ampliar el periodo de ejecución de la obra hasta marzo de 2013, según la revisión de la información y documentación que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entregó a la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública en 2013.
“La prisión debe representar un castigo para quien viola la ley, pero también una segunda oportunidad para las personas que regresarán a las comunidades una vez que purgaron sus penas.” Genaro García Luna, exsecrerario de seguridad pública, en octubre de 2012.
Un video para celebrar paredes grises
“Durante años, los gobiernos de distintos órdenes, de distintos partidos dejaron de invertir en la construcción y modernización de las caréceles con lo que comenzaron a crecer los problemas de hacinamiento y sobrepoblación. Y peor aún, se generó un caldo de cultivo para la corrupción de autoridades penitenciarias (…) Las cárceles así, en esas condiciones, fueron configurándose en algunos casos como auténticas escuelas del crimen. Dejaron de cumplir su misión de fomentar la rehabilitación de quienes hubieron cometido algún delito y se convirtieron en centros para la operación y la ampliación de redes criminales”, sostenía esa tarde con la voz grave y fuerte el presidente Felipe Calderón.
Era el lunes 19 de marzo de 2012, cuando visitó por primera y única vez la incipiente infraestructura del “súper máx” de Papantla.
Estaba acompañado entonces por gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; y sus secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Alejandro Poiré Romero y Genaro García Luna respectivamente. Ahora, ocho años después, dos de ellos están presos, el exgobernador acusado de diferentes delitos de corrupción y García Luna de proteger a narcotraficantes.
Pero ese invierno de 2012 sonreían todos y presumían las paredes grises del complejo penitenciario. Calderón presenció la colocación de una parte del muro perimetral del complejo que desde cuatro años atrás se había proyectado como una de las principales obras de su administración para ser concluido y entregado a finales de su gestión, a más tardar en noviembre de 2012.
El entonces Presidente destacó que se trataba de un centro penitenciario único, catalogado como de “ultramáxima seguridad”, que venía a romper con lo hecho en los 30 años previos a su gobierno cuando sólo se llegaron a construir seis penales federales; pero que al final de su administración se entregarían 22, es decir, “la mayor obra de infraestructura penitenciaria que se haya hecho en el país”, presumió el exmandatario.
Repitió decenas de veces la palabra justicia y aseguró que no habría impunidad, pero además se jactó aún más el panista: “Estaremos dando solución definitiva a la sobrepoblación de internos federales. Por vez primera en la historia del México moderno, el gobierno federal tendrá bajo su custodia a todos los reos del país, lo cual será una mejora significativa cualitativa y cuantitativa del sistema penitenciario federal”.
Fue una mentira. Su costo se elevó y no operó.
2014, corrupción y ningún acusado
Como parte de esta revisión, la Auditoría Superior detectó que, en un periodo de cuatro años, la obra incrementó su costo en contratos de obras complementarias, incremento de infraestructura y equipamiento donde se advirtió la autorización de “pagos indebidos de conceptos no ejecutados” por un monto de 47 millones 137 mil 700 pesos, mismos que según el dictamen de conclusión de los trabajos de auditoría, habrían sido deducidos después sin que se hubiesen aplicado los cargos financieros correspondientes en apego a la normatividad establecida.
De las tres observaciones, dos recomendaciones y dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria que emitió la ASF al respecto, se concluyó que aunque para diciembre de 2012 la obra estaba “casi” concluida con los edificios administrativos, de gobierno, mínima y súper máxima seguridad construidos, y aunque durante 2013 se realizaron trabajos mínimos; “el complejo penitenciario no se encuentra en operación debido a que no se han concluido en su totalidad los trabajos, con un avance estimado del 85%”.
Lo que ocasiona, “que no se cumpla con el beneficio proyectado a la población en cuanto a que se permita al OADPRS, disminuir la densidad de los internos en los CEFERESOS y CERESOS con mayor problema de sobrepoblación, el cual se proyectó para atender anualmente a dos mil 144 internos, en instalaciones de Súper Máx, Máxima, Media y Mínima seguridad a partir del año 2013. Además, se constató que existen oficinas de la residencia de la contratista sin conocer de qué manera se cubren los gastos de limpieza y seguridad que brinda la empresa”, refirió la ASF en su auditoría 13-1-04D00-04-0058 sobre la ‘Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz’.
Como no se subsanaron las observaciones, en 2014 el expediente de posibles responsabilidades debió enviarse a la Secretaría de la Función Pública, para imponer sanciones administrativas, y a la entonces Procuraduría General de la República. Pero nada ocurrió, ningún funcionario calderonista fue sancionado.
El segundo aire
Cercano el cambio de administración del gobierno federal, aquella promesa que el presidente Felipe Calderón hizo a mediados de marzo del que fue su último año de gobierno acerca de que, “en muy breve tiempo, este nuevo penal federal de Papantla entrará en funcionamiento”, parecía cada vez con menos probabilidades de cumplirse. La emblemática obra no llegó, y el proyecto de poner en marcha el súper penal en el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo no avanzó sino que al igual que con su antecesor sólo se retrasó su agonía y se tiró el dinero.
Dentro de los Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en 2015, en lo referente al Ramo 04 de Gobernación se incluyó bajo la clave “0836E000019” el plan para la “construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla”, el cual tenía como propósito, como lo indicaba el nombre del proyecto, el ‘adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario’.
Catalogado como un programa de “infraestructura gubernamental” se estimaba en los proyectos de ese ejercicio fiscal una inversión federal por un monto de 340 millones 882 mil 891 pesos, que en suma con la inversión de años anteriores por 3 mil 566 millones 652 mil 631 pesos; así como los “flujos estimados” para los años 2016 y 2017 por montos de 2 millones 146 mil 312 y un millón 73 mil 157 pesos respectivamente, el costo total del proyecto ascendía a 3 mil 910 millones 754 mil 991 pesos.
En septiembre de 2016, una investigación de ejecentral dio cuenta de los más de una centena de juicios abiertos tanto en México como Estados Unidos que le valió a la constructora Tradeco, una de las compañías ganadoras de la licitación para levantar el complejo de Papantla, que en 2016, la Secretaría de la Función Pública anunciara la restricción para que las dependencias del gobierno contrataran a la compañía que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se benefició con cientos de contratos que le generaron ganancias por arriba de los 26 mil millones de pesos.
La detención de la obra del penal en territorio jarocho no fue una excepción en el historial de la compañía de Federico Alberto Martínez Urmeneta y asociados con señalamientos de irregularidades e incumplimiento contractual. De acuerdo con lo reportado por autoridades a nivel municipal, la obra diseñada para contar con más de 2 mil 300 espacios y dormitorios registró al menos dos importantes atrasos dentro del tiempo estimado para concluir su edificación.
Uno de estos periodos de suspensión de labores se registró al inicio de la construcción y ocurrió entre agosto de 2009 y enero de 2010; y una segunda suspensión por parte de la hoy extinta Policía Federal se dio entre mayo y junio de 2013, cuando se reveló el despido de trabajadores de la obra provocando que el avance de la infraestructura quedara paralizada, sin que las autoridades penitenciarias o los representantes de las contratistas ofrecieran el detalle de dichas suspensiones.
Lo cierto es que no fue sino hasta enero de 2018, prácticamente en la recta final del gobierno de Peña Nieto, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la ahora extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunciaron el proyecto de inversión en asociación público-privada la ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, con la finalidad de “concluir las instalaciones, generar áreas nuevas, equipar con tecnologías de última generación, dotar de vehículos, equipo y mobiliario” del complejo licitado de manera directa desde 2009.
Considerando sus 28.1 hectáreas, el penal que “está parcialmente construido para resguardar a personas privadas de su libertad”, señala el anuncio del proyecto APP del 19 de enero de 2018, contempla una inversión de 3 mil 521 millones 800 mil pesos, para que dentro de los 22 años que se establecen como plazo del nuevo proyecto autorizado desde el 29 de noviembre de 2017, el conocido como “súper penal” de Papantla Veracruz tendrá que haber quedado concluido en el año 2020, pero se prolongará hasta el 10 de agosto 2040 que se establezca como fecha límite para su término de operación y mantenimiento del mismo.
Entre los trabajos del proyecto que se incluyen en la ejecución de la obra para poner en funciones el centro federal se menciona el rehabilitar y concluir los edificios existentes; la construcción de infraestructura adicional necesaria que permita la operación del complejo; dotar del equipamiento tecnológico de seguridad, telecomunicaciones e informática, así como de mobiliario y equipos necesarios. Y proporcionar los vehículos tácticos y de diversos propósitos para la transportación especializada requerida. El proyecto se anunció en el evento de Estrategia de Impulso a los Proyectos de Asociación Público Privada del entonces Gobierno Federal, el 9 de marzo de 2017.
El dato. En el actual gobierno se mantiene vigente un nuevo proyecto de inversión de 3 mil 959 millones de pesos para habilitar el “súper máx” de Veracruz.
Una inversión interminable
Desde enero de 2018, cuando se anunció la convocatoria para la reconstrucción, terminación y equipamiento del Complejo Penitenciario de Papantla el costo de la inversión del centro que originalmente debió haber iniciado operaciones en el segundo semestre de 2012, ha ido incrementando gradualmente tanto su monto de inversión y en consecuencia su costo.
Un análisis hecho por ejecentral con base a la información de la Secretaría de Hacienda, respecto a los ejercicios fiscales desde 2009, año cuando arrancó formalmente el proyecto, a la fecha, se advierte que a la actualización de las cifras al poder adquisitivo actual (abril de 2020) el monto de inversión pasó de los 45 millones de pesos en 2016, disparándose a los 264.5 millones en 2017.
Para 2018 cayó a los 221.3 millones, pero para los años 2019 y el actual en curso los montos alcanzaron los 2 mil 634.2 y mil 719 millones respectivamente. Generando un suma de inversión del orden de los 5 mil 600 millones de pesos, sin contabilizar la información de 2010 a 2013 por no estar disponible en la página de la SHCP.
En tanto, el costo total estimado del centro penitenciario refleja que de 2009 a 2019, al poder adquisitivo vigente se registra un incremento real de 19.5 más, al comparar los mil 301 millones de pesos de la inversión hecha hace una década, pasando por un incremento de 5 mil 080 para el ejercicio de 2011; 16 mil 560 millones para 2016, hasta llegar a los 25 mil 380 millones del año pasado, que finalmente se traduce en una variación porcentual de los 1,851.
El dato. En 2018, el costo del proyecto ascendió a más de tres mil 910 millones de pesos.
Un muerto viviente
En octubre de 2019, este periódico recibió la respuesta formal a la solicitud sobre cuándo entró en operaciones, la cantidad de internos que albergaba, y las especificaciones técnicas del Complejo Penitenciario Federal de Papantla. La respuesta de la unidad de transparencia del OADPRS a la petición foliada con el 3670000035519 fue clara: “por lo que respecta al Complejo Penitenciario Federal Papantla, ubicado en Papantla Veracruz, se hace de su conocimiento que al día de la fecha no alberga población penitenciaria, en virtud de que no se encuentra en operaciones”.
El Complejo Penitenciario Federal Papantla es un proyecto que se niega a morir. Y como tercer gobierno en discordia, la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador hará lo propio para rehabilitar en un plazo a vencer en agosto de este año y con una inversión de Asociación Público-Privada (APP) de 3 mil 959 millones de pesos equivalentes a 197 millones 950 mil dólares para concluir, de una vez por todas, la construcción del complejo penitenciario de Papantla, Veracruz.
De acuerdo con la última actualización el proyecto considerado en el programa de “Proyectos México, Oportunidades de Inversión”, del 2 de enero de este año, que está “diseñado y parcialmente construido para resguardar a 2 mil 160 internos, en cuatro niveles de áreas de internamiento con medidas especiales de seguridad”, para el penal el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año prevé una inversión de más del 52% del monto que se consideró originalmente para su concepción hace ya más de una década.
El proyecto, consiste en los mismos términos que el convenio dado a conocer por la anterior administración el 19 de enero de 2018, señala que la integración de la APP considera que la empresa constructora tenga una vigencia de operación de un lapso de 22 años, el cual se vencería en el año 2040. Y forma parte de los más de 20 proyectos de asociación público-privada contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
A la fecha, tras dos sexenios acuestas, y la evidente fuga de recursos que ha implicado la puesta en marcha del “súper penal” de Papantla, la comunidad de Gildardo Muñoz, considerada entre las de mayor índice de marginación del municipio veracruzano se compone con poco más de 600 habitantes, quienes en su mayoría carecen del acceso a servicios básicos como drenaje sanitario y pavimentación, la reactivación de las obras en el penal ‘sembrado’ en la comunidad sigue causando estragos como desde hace más de 10 años que se puso en marcha su construcción.
Fuente.-Jonathan Nácar/
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